Categoría: Sindicalismo

La discusión sobre los términos que se desarrollan en el contenido de la legislación laboral (arts144 y siguientes), establecen que el salario mínimo es para todas las personas trabajadoras, sin discriminaciones—no obstante las bordadoras en el trabajo a domicilio, las empresas que las tienen en la nómina no les pagan la cantidad para la industria textil, no las inscriben en el Ministerio de Trabajo, y éste no nace ninguna acción de vigilancia y protección; igualmente en el trabajo doméstico, los patronos que quieren el trabajo de casa completo y bien hecho no les pagan el salario mínimo.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Cubrirá las necesidades de un hogar—esto es un tanto subjetivo por cuanto el hogar necesita la cobertura de condiciones materiales de existencia; en lo moral y lo cultural—no obstante, hay diferencias en los hogares y es algo complejo su determinación: alimentación, vestuario; vivienda; salud-educación; pago de servicios (agua, energía eléctrica; telefonía; impuestos municipales) algunos de estos servicios que integran un costo de vida son subsidiados por el gobierno. No todos los hogares tienen los ingresos suficientes para una cobertura de las necesidades vitales de un hogar “normal”.

La fijación es de cada tres años, que implica una revisión a partir de cambios que afecten el costo de vida; y las necesidades a ser cubiertas por un salario mínimo. Pero, no todos devengan un salario mínimo, y tampoco este es entendido que debe ser revisado periódicamente; y que por ello existe la instancia Consejo Nacional del Salario Mínimo. El gobierno anterior lo revisó y modificó sustancialmente en 2017; luego la pandemia en 2020, lo desfasó y se modificó hasta agosto 2021.

La discusión es que vamos sobre el tercer año y ya se habla de una propuesta para el 2024, de un 25%; el de agosto 2021 fue del 20%; y la característica fue que no se discutió en el seno del Consejo, sino fue impuesto por el Presidente Bukele, anulando las funciones inherentes al Consejo, que se limitó a acatar “la orden” de arriba. Al parecer era necesario por el desfase, si era 20% el indicado tampoco fue claro. Esto determinó que el tripartismo en el CNSM, fuera abortado; y hasta la fecha se encuentra anulado por condiciones estructurales que no favorecen las condiciones para su debate en equidad y sobre todo por el interés de la justicia económica y social.

Es importante que un salario mínimo no niega ni menoscaba otros derechos; que puede ser mayor en virtud de otros marcos jurídicos como el contrato individual, el contrato colectivo, reglamentos o costumbre de la empresa.

Algunos problemas que se evidencian son que se apoyará con información de otras instancias como el de planificación y coordinación económica—que ya no existe—y el sector empresarial es un opositor nato a todo lo que implica aumentar el salario mínimo, en tanto ello les implica supuestos aumentos en los gastos de la nómina de empleados. El gobierno cubrió costos subsidiando un año a las mipymes que demostraran con datos, para ser subsidiados y se reservaron 100 millones de usd.

En consecuencia, se dice que un aumento de acuerdo al sector comercio, servicio e industria; luego industria de maquila y después el agro. Estas diferencias se vuelven un tanto obsoletas, por cuanto hace ver diferencias que no existen, lo urbano versus el campo o el tipo de trabajo según la actividad económica. Es el costo de vida de lo que hablamos y ello se establece de conformidad a la labor, sistemas de remuneración, zonas de producción y otros criterios que no se aclaran; y a nuestro juicio discriminativos.

Esto no mejora las diferencias existentes y las maneras de determinar un nuevo salario mínimo, en tanto en el fondo son formas discriminativas para otorgar un salario mínimo. El CDC, habla de que son casi 732,000 los beneficiados (incluyendo todos los sectores); no obstante, el movimiento sindical lo retoma de forma conservadora, y las personas trabajadoras se ven divididas, en tanto un simple anuncio dispara los precios; y las necesidades vuelven a no estar cubiertas al nivel de un costo de vida que se incrementa aceleradamente.

Los sectores empleadores nunca están de acuerdo, y sólo buscan la ganancia, que a su interés opinan que se ve disminuida, por el aumento en la nómina; sin embargo, el salario siempre es un estímulo para la producción—es decir hay mayores esfuerzos y energía para producir mercancías. Además, coloca el poder adquisitivo en otro orden que puede ser facilitador de un mayor consumo. Otros lo limitan a los índices inflacionarios, pero estamos claros que la inflación está impactando la realidad, sin que exista aumento de los salarios.

En consecuencia, es importante la reactivación del proceso de discusión, que se abra a discusión participativa y transparente las diferentes propuestas. En esto es base la información, la economía no está bien, el trabajo hace falta y hay una alta sub ocupación sin salario mínimo. Por tanto es de retomar su debate, poner las cartas sobre la mesa y llegar a acuerdos antes de agosto 2024.

*Sindicalista salvadoreño

Los derechos humanos en el campo laboral, siempre son una cuestión de poca vigencia; en tanto en el país hemos estado las personas trabajadoras sometidas a vaivenes en las relaciones de poder, por cuanto el asunto de estabilidad laboral—es decir la conservación de un empleo, a partir de la satisfacción plena de las necesidades y condiciones materiales de vida—no ha sido posible dentro de la forma de producir mercancías (bienes y servicios), por cuanto los procesos de trabajo son en mucho de explotación laboral—la obtención de ganancia en detrimento del mejoramiento de los derechos humanos.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Hablamos que las condiciones de empleo, son en mucho precarizadas; y tienen como consecuencia incumplimientos de derechos a saber: salarios mínimos que no compensan el costo de vida, es decir se presentan debajo de lo mínimo para sobrevivir.

En esto, hay violación al art. 159 CT, que impulsa hacer una revisión cada tres años, hoy prevalece el nulo diálogo social y la anulación de la instancia Consejo Nacional del Salario Mínimo; el poder que prevalece en el gobierno y la empresa privada establecen la no conveniencia de hacerlo, porque ello supuestamente haría elevar los costos de producción; y alejar la inversión, con la consiguiente disminución de los empleos existentes—pero como resolver los índices inflacionarios que encarecen los costos de vida.

Esta forma de analizar el costo de vida, violenta el derecho humano al trabajo y su paga; muchos sectores económicos están abajo del salario mínimo que establece la ley; y es tolerado por quienes tutelan los derechos, a cambio de otorgar al sector empleador condiciones que van en mayores perjuicios de los derechos humanos laborales. Las relaciones de producción, someten al más bajo costo la mano de obra, reducción de prestaciones y condiciones laborales que permitan a cada persona trabajadora obtener el mínimum vital.

La lógica económica sigue privando, y las acciones de la cartera de trabajo, no es la de una práctica jurídica de defensa efectiva y cumplimiento de la ley laboral; por el contrario, se pliega a los intereses de las empresas antes que ser una autoridad para desarrollar aspectos como la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, y sobre todo la progresividad.

Disponer en una sociedad como la nuestra de un alto sector de informalidad, hace nulo el goce de salarios mínimos y derechos en el trabajo; permite apoyar que el gobierno no fomente la progresividad del derecho al trabajo; y este se mantenga por debajo del costo de vida, lo que conlleva a un débil poder de compra casi permanente; y ello tiene como consecuencia, graves problemas de subsistencia; este sector en lugar de buscar acciones prácticas para sacarlo del empobrecimiento, es desalojado sin ninguna opción o alternativa; y la postura gubernamental es de ufanarse que ello es en pro de la estética de la ciudad.

De ello se desprende que hay personas discriminadas objetiva y subjetivamente de muchos derechos humanos; y no son titulares de todos, y el incumplimiento de principio de universalidad es claro.

La progresividad en materia de asociación laboral, ha sido afectada negativamente, y cada vez es más difícil mantener la legalidad del sindicato; y este derecho de asociación es violentado a diestra y siniestra por quien tiene el poder, poniendo en clara confrontación con la sociedad, que no logra comprender que detrás de cada persona trabajadora hay una familia, aseguran que el trabajo no es eterno y tarde o temprano deberá perderse, para alcanzar supuestamente un estadio más cualitativo de bienestar social.

Arena, con su modelo económico hablaba de la modernización del Estado, había nombramientos específicos de funcionarios(as) ad hoc a quienes se les encargaba esta tarea—desde las posturas del que tiene recursos a su disposición y propios, es sencillo un cambio de mentalidad, y vamos a pasar de servidores con trabajo público, a personas trabajadoras del sector privado—privatización de los bienes públicos—.

En un contexto de crisis plena económica, política, social, laboral, cultural y medio ambiental, es casi nada lo que los gobiernos de turno pueden hacer para disponer de derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales—desca—con plena efectividad.

Y la excusa que se desarrolla es que no se tienen los recursos suficientes para un efectivo cumplimiento de los derechos humanos. Y el aparato del Estado es completamente inepto para facilitar el cumplimiento y bienestar para toda la ciudadanía.

En un contexto de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre), podemos augurar para estos un deterioro cada vez más profundo, el mundo desarrolla cambios en todo sentido que no ofrecen para aquellos un cumplimiento universal, interdependiente, progresivo e indivisible.

Y lo que tenemos es una disputa entre derechos humanos que la coyuntura denota como más urgentes de defender. Sin embargo, los disca y, los derechos civiles y políticos son todos derechos que no deben llevar a mayores discriminaciones en una sociedad compleja y diferenciada, pero para lograr esto se hace necesario una mayor y más cualificada organización social que luche por la justicia y el progreso social para todas las personas.

*Sindicalista salvadoreño

Mucha de la situación que se vivencia en el país y en la región, se ve deteriorada por políticas públicas y en mucho anti laborales; en tanto avalan y refuerzan modelos económicos que concentran la riqueza en grupos dominantes, que se nutren de la explotación socio-económica, a través de mantener una forma de producir bienes y servicios, a quienes hacen la riqueza—las personas trabajadoras.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Las ideas y acciones para revertir esta afectación negativa que sufren la mayoría de la población y aún más los sectores populares, tiene que ver en mucho por la imposición de formas de sometimiento y pérdida de todo tipo de derechos; además del impulso de procesos de empobrecimiento que se nutren de las políticas de los gobiernos, y acciones de las patronales; que sólo favorecen los intereses de estos grupos con poderes económicos, políticos y que imponen un modelo cultural de alienación y de violencia estructural—social, económica, doméstica; además de cultural.

El movimiento sindical, es hoy abatido por estas políticas de gobierno y de patronales explotadoras, que sólo ven su ganancia en detrimento del bienestar común que se establece constitucionalmente. Este proceso histórico que vivimos, mantiene la cooptación del aparato de gobierno, que se impone para anular las libertades más vitales que permitan el desarrollo socio-económico sostenible y sustentable en el tiempo, para quienes se ven inmersos en una economía formal y no formalizada.

En mucho de este discurso, la libertad económica es la que más se sostiene, por parte de estos grupos que pretenden con ello un aprovechamiento del sistema de producción—sin embargo, no invierten para robustecer la economía, por el contrario, sacan sus ganancias para invertirlas en otras sociedades—pero sin ampliar el mercado interno, seguimos sostenidos por remesas de los hermanos lejanos y un alto endeudamiento público con diferentes organismos financieros nacionales e internacionales.

Esta situación está llevando a que exista mayor desprotección social para las mayorías de personas trabajadoras que laboran en la economía formal e informal, sobre manera para estos últimos que no tienen derechos de ninguna índole; y dentro de la formalidad se van deteriorando las condiciones de inestabilidad laboral que alcanzan por hoy altos números de empleos perdidos en diferentes sectores económicos.

Esto ha tenido su asiento sobre la base del poder económico, donde ha imperado como política de gobierno, el tema de mayor libertad económica—que conlleva la anulación y debilitamiento de la parte pública, a través de diferentes procesos de desregulación y flexibilidad laboral, de privatización de los bienes del Estado y de la cooptación del aparato de gobierno, entre otras acciones; en tanto se impulsan procesos económicos que accionan y favorecen la alta concentración de la riqueza producida en pocas manos, por el contrario se refuerzan los abusos y arbitrariedades, que potencian lo económico y ganancia para los grupos oligarcas, en detrimento de la población laboral y sectores populares.

La protección social, como elemento de desarrollo humano, debe incorporarse como derecho a partir de la conservación de bajos salarios que no llenan los mínimos vitales, de prestaciones sociales y económicas, que cubrirían los deficitarios salarios en las personas trabajadoras, para un mínimo de sobrevivencia familiar e individual.

La salud, la protección contra eventos de riesgos profesionales; la cobertura por eventos de invalidez, vejez y muerte de quienes se ven en procesos de riesgos e involución laboral, como también en aquellos derechos que implican condiciones materiales de vida favorables, el caso de vivienda propia; la educación pública, el pago de los servicios públicos; la tasa de impuestos por renta y por compra de mercancías; la transportación pública y el mejoramiento de la cultura de bienestar propio y familiar.

Es así de importante que exista esta cobertura, esta protección social, que requiere de ser subsidiada por el Estado; y financiada por las empresas, sin embargo, vemos como los fondos de pensión se ven apropiados y sin la rentabilidad que implica la forma de funcionar del sistema de pensiones; ahora se perciben amenazas para apropiarse de los recursos acumulados de la reserva técnica del ISSS, para diferente cobertura médico hospitalaria; además, se toman los fondos acumulados para el desarrollo de la formación profesional; entre otras nefastas políticas públicas.

No obstante, las condiciones socio-económicas y laborales se van debilitando en tanto los derechos humanos que las protegen se ven disminuidas; y van cediendo a la libertad económica que ha llevado a la venta del país, en un mundo donde la mercancía tiene mercado y se vende; y en una globalización económica que no protege a las personas en tanto todo se mide por la oferta y la demanda que exista.

*Sindicalista salvadoreño

CONTEXTO DE 1989

Eran momentos históricos de lucha socio-política, por parte de las fuerzas sociales organizadas en sindicatos, federaciones y la unidad nacional de trabajadores, que abarcaban diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. En aquel entonces se continuaba con el conflicto armado, y la lucha político-militar arreciaba en diferentes puntos del país.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

En mucho las fuerzas gubernamentales y la oligarquía habían tomado el poder y aparato del Estado, imponiendo su modelo económico. E imponían la filosofía neoliberal como atractivo al pueblo votante con Cristiani a la cabeza (hoy exiliado en un país de Europa), con características como la desarticulación y des-institucionalización del Estado, se pretendió imponer el discurso económico de otras acumulaciones de riqueza a través de las privatizaciones, la reprivatización de la banca, el comercio exterior y la distribución de energía.

Ahora, la acumulación de riqueza en áreas económicas como los servicios de la banca y sectores financieros, el comercio exterior y la energía, incluyendo las telecomunicaciones, pensiones, son sectores que han acumulado una inmensa riqueza. Como contrapartida a esto se introdujo en el discurso mediático y alienante para la población la teoría del rebalse, esperar que la economía se fortaleciera vía el neoliberalismo y la economía de mercado—una globalización económica que iba en la teoría de fortalecer los servicios y el comercio—aumentando las exportaciones y construyendo un país de servicios en la región.

Esta vez la oligarquía (Cristiani, Simán, Calleja, Meza Ayau, Murray Meza, etc) habían tomado el aparato del Estado (jun1989) y disponían a su antojo de los 3 poderes de Estado; fortaleciendo una élite dominante que fue tomando a su interés y necesidad el país y sus diferentes recursos.

En consecuencia, el movimiento sindical habiendo alcanzado un alto nivel de politización dentro de la coyuntura en que se vivía, era de acuerdo a la inteligencia militar de aquel entonces un foco de subversión e ingobernabilidad, siendo esas las razones de colocar un artefacto explosivo en total impunidad en el local de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Salvadoreños-FENASTRAS, siendo el atentado dinamitero a mediodía en el local sindical sobre la 10 av. sur, frente al mercado ex -cuartel, ocasionando una centena de muertos y heridos—entre ellos nuestra lidereza sindical FEBE ELIZABETH VELÁSQUEZ, quien junto a otros tantos compañeros y compañeras sindicalistas ofrendaron sus valiosas vidas por la causa de la clase trabajadora.

Luego de estos incidentes represivos y opresivos en la coyuntura de la pacificación y terminación del conflicto armado, fue solicitado a la Asamblea Legislativa, que se conmemorara el 31 de octubre de cada año como Día del Sindicalista, según acuerdo legislativo D.L. N°589, del 4 de octubre de 1990.

Contexto Actual.

Los artefactos explosivos no son hoy una opción aparente del gobierno dominante y las fuerzas armadas como lo eran en aquella época, sin embargo la sociología y psicología intimidante de los grupos dominantes en el gobierno y fuerzas armadas incluyendo la policía nacional civil, vuelve similar el contexto de represión hacia el movimiento sindical—se tiene similar alianza entre los grupos empresariales y el gobierno—para responder a los grupos sindicales en clara disidencia contra las políticas del actual Presidente Bukele.

Hay un control socio- político por parte del régimen en el poder, en todo aquello que manifiesta una oposición organizada y el movimiento sindical autónomo e independiente, presenta una acción en contra de todo aquello que pretenda desarticular la acción sindical, a través del control político-administrativo del actual Ministro de Trabajo como de los aspectos ilegales y acciones anti sindicales del sector privado, en sectores que acumulan como son los servicios de la banca y financieros, las telecomunicaciones, la generación y distribución de la energía; y de aquellos otros sectores de comercio e industriales.

La coerción legalista por medio del discurso anti legal, a través de una acción estatal permanente de violación a los derechos humanos en general y a una casi total desprotección social: en salud, pensiones, salud ocupacional, protección familiar, maternal, educacional, vivienda y demás anulación y/o deterioro de necesidades de las personas trabajadoras. Que coarta e impide el acceso a justicia y al debido proceso legal.

Las libertades sindicales como en aquella historia durante el conflicto armado, están hoy limitadas por el régimen de turno, capturas ilegales, anulación de derechos, a través de mecanismos anti sociales y una cultura de anulación del derecho a inocencia; el hacer sindicalismo hoy como ayer, encuentra muchos valladares y oposición para hacerlo en total libertad, la férrea cultura y práctica anti sindical del régimen y sectores privados, al disponer leyes en pro de sus intereses y contrarios a un claro ejercicio del derecho de las personas trabajadoras a contratación colectiva, organización y huelga.

*Sindicalista salvadoreño

La caracterización de la clase trabajadora del país de no crecer cualitativa y cuantitativamente en el asocio o afiliación a la organización en sindicato, estos en federaciones y éstas en confederaciones y de aquí a la central única, no es posible por ser personas trabajadoras oprimidas por el sistema de dominación imperante, que anula la conciencia crítica y evita el análisis reflexivo de la realidad.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Los casos que se nos vienen para el comento son en los sectores privados, en cuanto a la actividad de la industria, donde la anulación de las libertades sindicales, es concreta—el asalariado privado fabril, asume que es “apreciado y tomado en cuenta por las estructuras jerárquicas y verticales, que explotan en el sistema de producción— haciéndole creer que si se faja, si no protesta, sino se revela, sus sueños de promociones, beneficios y mejoramiento de sus condiciones socio-laborales serán realidad.

La estrategia empresarial es crearle y fortalecerle mitos como el de la movilidad social; “querer es poder, si tienes la voluntad lo conseguirás siempre, o creer que puede ser empresario y lo alientan al llamarlo colaborador(a), cual si se tratara de alguien en igualdad y equidad; esto se extiende para la sociedad marginada y excluida, en el trabajo independiente e informal que en mucho se catalogan por el sistema opresor como mini y pequeños empresarios.

Mucho de las libertades sindicales—derecho a organización, contratación colectiva y huelga—se ven anuladas y/o limitadas a sectores productivos específicos, sin embargo, en el caso de las maquilas desde 1990 que se instalaron bajo el régimen de zonas francas, luego de más de 30 años, todavía no se logra un contrato colectivo—los maquileros son ejemplo claro de reforzar una cultura del silencio, quien la rompe es sujeto(a) de despido; y el dueño le impone sus reglas y claramente le intimida que no va ganar los juicios laborales, la conciliación laboral y el diálogo laboral con los representativos del sindicato.

Recientemente conocimos que muchos sindicatos pierden la titularidad, que no es más que no conservar la mayoría más uno de afiliados al sindicato, en relación con la totalidad de personas empleadas en el centro de trabajo—es claro que esta suma es muy alta y difícil de cumplir, por el nivel existente de rotación laboral y número total de personas empleadas; en consecuencia, no se alcanza a cumplir la titularidad y con ello jamás se logra una negociación obligatoria—quedando a la voluntad del patrón.

En el caso del sindicato existente en el Ministerio de Trabajo, acaba de perder su titularidad, por el estado de opresión existente, que debilita la fuerza del sindicato, al establecer que quien esté afiliado a dicho sindicato, será despedido y/o marginado dentro de las relaciones laborales existentes; y en consecuencia, las débiles conciencias en las personas trabajadoras que se encuentran en posiciones de adormecimiento y ceguera, son fácilmente intimidados, y en expresa voluntad se desafilian, ello tiene como respuesta un claro nivel de desunión, debilitamiento de la representatividad; y sobre todo del grado de autonomía e independencia del sindicato de la ligazón con la patronal.

Es claro que la docilidad del grupo sindical en el Ministerio de Trabajo, en el ex INPEP, en Obras Públicas, las alcaldías y en otras tantas instituciones públicas, el precio ha sido muy alto, lo que ha dispuesto una membresía atemorizada, llena de desunión y en clara pérdida de fuerza para el mejoramiento en la defensa laboral y de condiciones socio-económicas contenidas en los contratos colectivos.

El sistema opresor, continuamente, permanentemente y reiteradamente, está anulando la voluntad de la persona trabajadora, quienes se ven abrumados por el fatalismo—aumentando el estrés, la depresión, y en mayor gravedad el alcoholismo, la drogadicción y violencia doméstica; la incapacidad de sobreponerse al ámbito de represión que se vive en el centro de trabajo; y adormecidos y ciegos aceptan la injusticia, la violencia laboral y fácilmente caen en la deshumanización de la persona trabajadora.

Los grupos laborales disidentes, resentidos, venales, traicioneros se encuentran proliferados en el conjunto de la organización sindical, haciendo funcionar la estrategia comunicacional, en las redes sociales, en las unidades de recursos humanos, en la supervisión laboral, para mantener el control de quienes no aceptan la sumisión del sistema opresor; haciendo retrasar la transformación como personas trabajadoras, llenas de inteligencia, pensamiento y acción y, no sometidas al patrón; y con ello retrasando un proceso de liberación hacia unidades laborales—públicas y privadas—y sociedades de mayor bienestar socio-económico, político y cultural.

*Sindicalista salvadoreño

Sabemos que la riqueza no es producida por el dinero, las acciones monetarias, ni las diferentes herramientas de trabajo o los impuestos recolectados por la hacienda pública, ni por ser una empresa pujante, entre otros factores de la producción, sino por las energías y tiempo utilizado para realizar una labor productiva—bien o servicio-.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Y ello sólo lo puede realizar la persona trabajadora, que para llegar a mejores condiciones de trabajo y de vida necesita la organización en sindicato; sin embargo, como fuerza de trabajo no somos valorados como tales y somos reprimidos por el marco jurídico—en su carácter administrativo y judicial. La legislación nacional e internacional en lo poco de favorable a la defensa laboral, la protección social y el desarrollo de derechos socio-laborales, no es lo suficientemente en pro, en tanto la empresa y los gobiernos pro empresariales ejercen su poder de dominio y represión sobre las masas trabajadoras.

Por otra parte, la lógica de presionar a quien produce la riqueza—la persona trabajadora— se debe a que de esa manera obtiene más plusvalía (trabajo realizado sin paga); y bajo procesos de acumulación de riqueza, organización del trabajo con carácter corporativo, controlador y vigilante de quienes hacen el trabajo que la produce, sin mejoras sustanciales de las condiciones laborales en materia de salarios, empleo estable, prestaciones progresivas y respeto cabal a los derechos laborales inherentes como persona trabajadora.

No obstante, lo producido, vendido y convertido en ganancia en un mercado impositivo, selectivo, y coercitivo de qué, cómo y dónde producir, termina por ser una riqueza sin distribuirse equitativamente entre quienes la trabajan (crean) y los dueños de los medios de producción, sino es planteada la labor productiva como un eje de acumulación para un grupo de corporaciones dominantes en formas monopólicas u oligopólicas, que se favorecen del mercado globalizado.

Por qué entonces deben reprimirse las diferentes acciones de las personas trabajadoras sindicadas y no sindicadas, en pro de la defensa de sus intereses, de sus derechos socio-laborales consagrados en las legislaciones democráticas que contienen en su base la justicia social. Sabemos que la construcción de derechos en materia laboral se trata de un derecho positivo y progresivo; con mucha sustentación jurídica en el principio de la realidad, el principio de protección identificado en la norma o la situación lo más favorable a la persona trabajadora, en igual forma en caso de duda el principio pro operario que recae en lo más favorable para quien trabaja y no para quien se sirve de quien le hace la producción.

El conflicto económico de intereses, continúa siendo reprimido de diferentes maneras y los diferentes grupos laborales se ven anulados en los procesos reivindicativos que impulsan ante el gobierno y patronos; conllevando a una crisis y estados jurídicos de indefensión. La responsabilidad recae en acciones de represión jurídica y de dominación de intereses por quienes detentan el poder en la empresa, los grupos corporativos y el gobierno de turno.

En el sector público, se impuso la acción arbitraria, sin tomar en cuenta el debido proceso, en tanto la idea de un Estado corporativo controla el órgano judicial, perdiendo la independencia judicial, a esto aunamos a los grupos sindicales venales que en lugar de reivindicar el estatus de las personas trabajadoras, se pliegan al carácter corporativo de la fuerza dominante; anulando su independencia y autonomía y que van reforzando la injusticia social, debilitando la razón de ser de los sindicatos.

Se han despedido cantidades de empleados públicos, argumentando el clientelismo político, sin embargo este continúa vigente en el ejercicio del gobierno de turno, los cambios en las leyes vía diferentes reformas y/o nuevas leyes, van rompiendo con las libertades sindicales ganadas en la progresividad dada por los convenios internacionales (87,98,135,151 y 154) a partir de su ratificación convertida en ley de la república, más sin embargo, la inoperancia y poca funcionalidad en la aplicación de la legislación por parte de los operadores de justicia, por hoy lo convierte a una situación laboral maniatada, que anula la democracia y la justicia social.

El sector privado igual, históricamente ha existido un abuso patronal y anulación plena de derechos consagrados a las personas trabajadoras, hay una oposición férrea a constituir organización sindical, en sectores bancarios y financieros—está prohibida—e igualmente en la nueva o diferente institucionalidad pública, por anulación, fusión y creación en virtud de reformas y/o nueva ley, condicionando al despido, inestabilidad y deterioro de los servicios públicos, por el truncamiento y situación laboral abortiva de la experticia alcanzada, ya sea por edad o por estar incorporado al derecho a estar afiliado al sindicato.

La represión actual lleva a una desprotección social, que evita y anula el ejercicio a derechos como estabilidad laboral, indemnización, fuero sindical, fuero maternal, pensionamiento, y derecho a libertad de expresión y de acción entre otros, por ser criminalizados por el actual régimen y sectores privados.

*Sindicalista salvadoreño

Mucho del asunto que nos compete es la cuestión de las relaciones laborales, el empresario asume que trabaja y por ello se lleva la ganancia, acumulando la riqueza que producen las personas trabajadoras.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Pero somos los asalariados que integramos la clase proletaria lo más importante en esa ecuación laboral; por tanto, esa posición nos debe hacer sentir fuertes y si lo hacemos en unidad seremos invencibles.

No obstante, el patrón, quien es tal por cuanto es el propietario de los medios de producción, cree que por poner la inversión (el dinero) representa lo más importante de una sociedad, la cuestión no es así, éste necesita de la fuerza de trabajo, de todas aquellas personas que con su energía hacen un trabajo, y por la cual venden su tiempo y habilidades, a esa persona empresaria que lo necesita. El dinero nunca hará riqueza, porque no puede, son quienes venden su fuerza de trabajo, los que la hacen.

Sin embargo, esas personas que trabajan, no son valoradas en la sociedad y viven en condiciones de pobreza, algunos pocos llegan a salir de la pobreza, pero es la excepción, Por toda esta implicación de la necesidad de comprar fuerza de trabajo, es que los dueños de los medios de producción, asumen una lógica de dominación que intimida y presiona a quienes venden su tiempo y energía para hacer el trabajo.

Las relaciones sociales de producción, no son equitativas y existe explotación laboral, el propietario de los medios de producción en esa relación obtiene plusvalía (trabajo realizado no pagado). Pero un poco más de 135,000 empresarios no pueden ser quienes se lleven toda la riqueza y más de tres millones que comprender la población económicamente activa, no se lleven nada. Este es un problema que puede superarse, en tanto la clase trabajadora entienda que el temor infundido por el patrón a ser despedido, puede ser enfrentado con fuerza, si lo hacemos de forma unitaria, bajo la sombrilla del sindicato.

No tiene sentido que el patrón se oponga al sindicato per se, lo hace por la razón que el sindicato es la estructura de personas que luchan por y para las personas trabajadoras, en un conflicto constante con el patrón que se lleva todo, obligando a través de leyes que favorecen sus intereses en detrimento de los intereses de la otra parte—la clase trabajadora—se necesita del sindicato para recoger las necesidades de las personas trabajadoras en unidad y solidaridad; y, mediante el diálogo y la negociación resolverlas con el empresario y el gobierno.

En ninguna parte de las leyes laborales en tanto son hechas por el gobierno, quien a la vez representa a los empresarios, recoge el asunto de la distribución de riqueza; y por ello se incrementa el problema del empleo, de los bajos salarios, del desempleo; así como crecimiento de la informalidad laboral. Existe una inequidad en las relaciones laborales, que es tolerada por los gobernantes, en tanto estos responden a las personas propietarias de los medios de producción; y no a la clase trabajadora.

El movimiento sindical debe entender que su lucha no puede ser aislada, debe incorporarse a la sociedad con propuestas y en base a una lucha unitaria, solidaria y por la justicia social. Las cuatro paredes de la empresa y el cuadrado del puesto de trabajo, no es la realidad; las condiciones de pobreza y de un continuo empobrecimiento en que viven las personas trabajadoras, es resultado de la acumulación de la riqueza que producen, en tanto gobiernos y empresarios se unen para anular y reducir el valor monetario de la energía y el tiempo de trabajo.

Los salarios no aumentan, no obstante la riqueza se va acumulando sin ninguna redistribución para quien la produce—hay intenciones y acciones claras de gobernantes y grupos empresariales para no aumentar el salario mínimo, que todos sabemos no cubre el costo de vida, el aumento de los precios de la mercancías que la clase trabajadora necesita para vivir es de todos los días, lo que hace difícil la subsistencia vital: alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, servicios de agua potable, energía, comunicaciones y otros y los salarios no alcanzan, ni las prestaciones y derechos mejoran.

Pero la riqueza sigue concentrándose en pocas manos, los políticos que gobiernan no hacen mayor cosa, es por tanto necesario impulsar la lucha sindical y organizar a toda persona trabajadora que sabemos está siendo violentada en sus derechos vitales como ser humano(a). El Sindicato, y el movimiento sindical deben llegar a la comprensión y concienciación de que todo lo que usamos en el mundo, desde las tareas más elementales a las más sofisticadas que producen un bien y/o servicio, es hecho con fuerza de trabajo, que sirve a la sociedad y produce riqueza para alguien.

*Sindicalista salvadoreño

FEASIES, en pro de la clase trabajadora, se pronuncia por una situación socio laboral y político-sindical, que lleve siempre a un horizonte sindical de lucha social por el bienestar pleno de las personas trabajadoras, en el lugar que sea se encuentren dando su fuerza de trabajo por ingresos suficientes que les permitan mejoras sustanciales en las condiciones materiales de existencia, para una vida plena de bienestar y protección social.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Las relaciones sociales de producción no se han modificado sustancialmente desde la revolución industrial (1760), contexto complejo y de alto condicionamiento a la explotación laboral, que sienta las bases para la existencia de sindicatos, para enfrentar las acciones voraces de un capitalismo que crecía y evolucionaba a cada momento, terminando con la etapa feudal, pasando por el despojo de los comerciantes a los artesanos, apropiándose de los medios de producción y su producción; para luego pasar a la producción en serie con la máquina de vapor, los telares industriales, y otros progresos.

En el país hubo intenciones de introducir una fase industrial para el país, que no pasó de ser un mínimo desarrollismo industrial, en tiempos de M.E. Araujo, en 1913; de Osorio en el 50 y el impulso del modelo de sustitución de importaciones y luego zonas francas para maquila electrónica en el 70.

Luego la economía de guerra, desaceleró la propia economía productiva del país; no así la corrupción estructural en materia del contrabando de todo tipo, el armamentismo, las ayudas económicas militares y el agotamiento del militarismo. Doce años de conflicto armado que estancó procesos de desarrollo económico y social, tratándose de provocar cambios estructurales en lo económico-social, en base a una revolución armada.

Los acuerdos de paz, acabaron con la violencia armada y la militarización del país, sin cambiar el régimen económico-social, los acuerdos de paz crearon cierta institucionalidad como mejoramientos de políticas de derechos humanos, que ahogaban la libertad ciudadana. Se enrumbaron nuevos procesos electorales con los cambios constitucionales, se agotaron a los partidos tradicionales durante 30 años (1989-2019).

Ese proceso histórico, arrojó la exacerbación del individualismo, como forma de creer que sólo puedo acceder a estados de bienestar sin la ayuda del Estado, se fue anulando la institucionalidad del Estado, se incorporó la filosofía neoliberal, y los modelos de libre mercado; se agotaron las capacidades intelectuales con la reforma educativa de arena, la creación de varias universidades privadas, la cooptación del gobierno; se impulsó la privatización de los servicios públicos, en aquellas instituciones rentables como la energía—distribución y comercialización—las comunicaciones, los fondos de pensión, el agua, la salud y la reprivatización de los bancos, del sistema financiero y el comercio exterior. Se dolarizó la economía, y se fue perdiendo la vida ciudadana; exacerbando la violencia social y criminal.

Ahora nos encontramos en la búsqueda de nuevas relaciones de producción en una incipiente fase del capitalismo informacional o tecnológico, y son otros grupos dominantes, los que se mueven por alcanzar una hegemonía diferente. No obstante, la clase trabajadora, va históricamente existiendo sin alcanzar el bienestar común plasmado en la Cn. que está enfrascada en un anacronismo sin superar el período de la guerra—vuelve el militarismo a imponer una lógica de prevalencia y favorecimiento para el grupo de dominio del gobierno. La tecnología va fortaleciendo la comunicación de contacto, se rompe con los movimientos de masas, la participación política es más de corto plazo, una flexibilidad política, poco o nada ideologizada.

En ese contexto FEASIES, cumple 36 años de existencia, en una resiliencia, en un trabajo que va proyectando salidas; pero la voracidad económica de las empresas siguen pujantes con base a una alta explotación laboral; una flexibilidad y desregulación laboral, que violenta los derechos constitucionales de protección laboral, las condiciones laborales se han precarizado, los salarios se estancan y se desvaloran, el empleo es cada vez más inestable; el costo de vida aumenta los valores monetarios básicos negando la cobertura de las necesidades de las personas trabajadoras como son alimentación, vivienda, educación, salud, recreación; protección social, haciéndolos en mucho nada alcanzables para los ingresos y poder adquisitivo del momento económico.

La reivindicación se centra en cuestiones concretas y materialmente viables, una flexibilidad militante acompaña los procesos de demandas, construyendo relaciones de producción de poco avance en la creación y obtención de mayor riqueza. Se han ido anulando los desarrollos sindicales en el sector público, los despidos de dirigentes sindicales rompen con el fuero sindical, los salarios se estancan, se anulan los contratos colectivos, se reducen las plantillas, por la supresión y fusión de instituciones, además del oportunismo político. Ya no hay carrera administrativa, y hay una alta restricción para ejercer sindicalismo.

FEASIES, saluda su XXXVI Congreso Federal y llama a la unidad, a entendimientos socio-económicos, a diálogo político con las empresas y gobernantes, para alcanzar una sociedad de bienestar; a provocar transiciones justas que lleven a la equidad de los diferentes grupos vulnerables y al rescate de los derechos laborales y sindicales para tod@s.

*Sindicalista salvadoreño

La situación estructural de la población total salvadoreña es en números 61705,697. Con una alta población de salvadoreños(as) en diferentes partes del mundo que hacen a la economía con cierta estabilidad, a través de las remesas que llegan a significar ingresos importantes para mantener una economía, sin la producción necesaria para un desarrollo económico; y alcanzar bienestar.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La distribución así, disponemos de una población en edad de trabajar (PET) de 41995,745 (74.5%), correspondiendo a un porcentaje mayor de mujeres 54%; en comparación de hombres de 46%; no obstante, esta población no toda está laborando en la formalidad o informalidad, que es la población económicamente activa (PEA), de 31104,067, distribuida en 41% mujeres y 59% hombres; en esto observamos que el sesgo de género empieza a pronunciarse, en tanto son los hombres los que presentan condiciones para trabajar un tanto mejores que las mujeres.

Números así denotan una presión por que cada año se deben crear al menos 65,000 empleos para absorber a la PEA; y una cantidad de 35,000 para incrementar la participación de mujeres en el mercado laboral, esto estaría exigiendo aumentar el trabajo decente en un 40% de la pea; y trabajar en la mano de obra subutilizada (subempleada y desocupada) de reducción en un 20%.

No obstante, cuando observamos, la distribución de la población ocupada (PO), que dispone de un trabajo estable, temporal, a tiempo completo y/o parcial, llegamos a una población de 21908,119. Correspondiendo a la población total de 43.4%, que en términos de la fuerza de trabajo representan 196,747 personas, el 93.7%, implicando una fuerza desocupada de 6.3% que pareciera ser controlable.

Disponemos de una distribución de población asalariada de 11627,247, que corresponden a 31% mujeres y 69% mujeres que denota claramente el sesgo de género; distribuido en 11402,467 en el sector privado, donde implica el 29% son mujeres; la empresa privada si se le juzga en términos de género, no ofrece una equidad a la hora de otorgar un empleo y, en el sector público son 221, 870, con el 43% de mujeres, un tanto más equilibrado.

En consecuencia, dentro de áreas de subutilización encontramos a trabajadores(as) por cuenta propia de 89,442, con el 66% de mujeres; el servicio doméstico de 135,988, donde es el 92% de mujeres. Empresa familiar no remunerado, 165,767 personas; cuenta propia sin local, es de 751,022. Y disponemos de 131,574 empleadores/patronos.

La estructura, los datos han quedado desde 2019, EHPM y datos de la OIT. Sin embargo, no se explican la situación de la DIGESTYC, y de otras instituciones que se suprimen de carteras de Estado y se van a integrar con otras, pero no son claros los propósitos, sino se advierte ciertas acciones para ocultar información y que esta no sea del dominio público, y saltan infinidad de razones de diferentes sesgos para que la información no sea analizada y se construyan datos en lo posible. El 28.2% de la población total se clasifica como económicamente no activa.

Claramente nos denota que las políticas públicas y los llamados modelos de desarrollo económico, no han estado a la altura de las necesidades de la gente. El modelo agroexportador, centrado en el mono cultivo del añil o del café, y después el algodón y el azúcar; no ha sido viable y la oligarquía terrateniente, cooptó al país hasta tenerlo en condiciones económicas difíciles, hasta 1989. En este proceso se intentaron a través de épocas desarrollistas introducir un modelo de industrialización en período de Manuel Enrique Araujo (1913); de Oscar Osorio; el mercado común centroamericano (1950-1967), conocido como modelo de sustitución de importaciones,
Luego se llegó al modelo de promoción de exportaciones (1989), donde se pretendió emular a los tigres del Asia, pero que los niveles del eje de acumulación financiero (capital bancario más capital industrial), los tratados de libre comercio y otras variables como la economía de guerra, implicaron para los sectores oligárquicos la reducción del Estado, a través de las diferentes privatizaciones que terminaron por vender al país, lo que ha implicado un deterioro estructural de los servicios públicos, que continúan en un deterioro acelerado—aunque hoy la promesa con la empresa GOOGLE, se contraten sus servicios; y durante un proceso de 5 años pueda disponerse de una diferente lógica para los servicios públicos.

La constante ha sido la profunda desigualdad, la concentración del poder y la riqueza, la expulsión de la gente resultado de las nulas oportunidades dentro del país, siguen estando presentes. Ahora estaría implicando que una alta proporción de población adulta y de adultos mayores vaya siendo desplazado de su trabajo. El período Bukele, estaría implicando una alta proporción de despidos e incorporación de supuestos contingentes de personas jóvenes, que irán relevando a la persona mayor en todo los que implica la institucionalidad pública.

*Sindicalista salvadoreño

Por más que nos aventuremos a decir que las condiciones laborales se van cambiando para un grupo mayoritario de la población económicamente ocupada, es muy poco lo rescatable, los sectores empresariales con poca visión para realizar esos cambios, la regla de la ganancia sigue privando en todo el proceso productivo; no hay modificaciones si la ganancia no aumenta, el asunto en cuestión del capitalismo no es lo que se produce, en tanto bienes y servicios que son mercancía, donde hay clara explotación laboral y la plusvalía (trabajo realizado no pagado) marcan claramente que por ahí no es la cuestión.

Por: Roger Hernán Gutiérrez*

El punto está en la venta de los servicios y bienes, el valor mercancía, se ve afectada por condiciones de mercado que para unos es favorable, pero para otros no tanto. Los empresarios que venden lo producido, y no acumulan altos inventarios, y tienen una dinámica de comercialización que lleva a que sea lo producido claramente con un valor de mercancía comprable e interés en el mercado; sin embargo, el mercado interno es estrecho, en tanto condiciones laborales—salario, empleo—son bajos e inestables, que lleva al consumidor a no tener poder adquisitivo y, los ingresos en mucho insuficientes, casi siempre temporales, que hoy se tienen, pero mañana a formar parte de grupos altos de población económicamente activa en el desempleo.

Se hace por tanto necesario cambiar la lógica económica, un Estado distribuidor de la riqueza producida por muchos, y no uno pro empresarial del grupo económico que acumula, domina y toma las decisiones.

El negocio es tanto tiene mercado o se le crean condiciones exitosas de altas ganancias, bajísimos costos de producción; incorporando a esa lógica, los bajos salarios, el desmejoramiento de las condiciones laborales, agregados la conculcación de los derechos, el anti sindicalismo (acción patronal para que no haya organización sindical) que intente equilibrar costos-beneficios.

El patrón ejecuta anti sindicalismo y bajo la anuencia gubernamental que no permite evacuar el reclamo, la demanda, la lógica administrativa y jurisdiccional en completa dilatoria, sin que prevalezca la justicia y ni tan siquiera la legalidad.

A dónde encontramos una lógica económica de provecho para hoy, que haga proyectar en el corto, mediano y largo plazo desarrollo económico, sustentable y sostenible en el tiempo. La gran mayoría trabajadora está en la informalidad, los números para crear nuevo empleo formal anual en más de 50,000, que se necesitan, no se tienen. Los profesionales sin insertarse a laborar en condiciones de desarrollo socio laboral en las diferentes actividades económicas, que garanticen el empleo y el nuevo empleo decente.

Poca absorción de la nueva mano de obra, la mayoría en condiciones de poco o nada calificado, las universidades y tecnológicos funcionando sin pro actividad, sin recursos, sostenidas por las cuotas incrementadas a ciencia y paciencia de un Ministerio de Educación totalmente inoficioso.

Un sistema de educación divorciado de la necesidad de hacer que la población estudie, lea, escriba, obtenga conocimiento, habilidades que le lleven a alcanzar diferentes capacidades para producir lo que necesita el país y, eleve a la población laboral en competente para encausarse a una resiliencia para el nuevo mundo del trabajo; muy distante para la mayoría, niñez y juventud con muchas habilidades, dentro de hogares desarticulados, violentados, pero sin orientación pedagógica, sin dirección de explotar las habilidades, los intereses que le permitan ser una persona de provecho para la sociedad.

La tecnología abruma, y estos grupos de jóvenes, sin el poder adquisitivo para obtenerla, sin los recursos para insertarse al sistema educativo ofertado, de muy baja calificación en cuanto a infraestructura, profesorado deficiente, dirección educativa, programas básicos y especializados sin recoger lo que se requiere para impulsar una calidad educativa para todos los que la demandan y la necesitan.

El grado de autoritarismo de nuestra historia, sigue mutando a formas más sofisticadas de ejercer dominación, incrementar la alienación masiva (estar fuera de la realidad). Un alto grado de condicionamientos que anulan los sentimientos personales y colectivos más positivos, los valores y principios que rescaten a una población ensimismada de violencia de todo sentido. Autoridad con poca congruencia para con los derechos humanos, siempre en lucha contra la dominación y el poder enquistado en los intereses en pro del negocio.

Derechos socio laborales siempre conculcados, en tanto van en pro de la justicia social, exacerbación del anti sindicalismo, que anula las motivaciones e instintos básicos de los grupos sindicales, para plantearse cambios, reformas, transformaciones que superen la realidad de poco provecho en lo social, político, económico, cultural y medio ambiental. La inercia sindical, que es profesada sin responsabilidad y sin culpa, de poca vergüenza; desorientada para tomar las riendas y encausar la ruta hacia el progreso, la libertad y la anulación del autoritarismo que crece con cada inercia en el trabajo, la familia y la sociedad en general.

*Sindicalista salvadoreño

Reconocemos que hay movimientos y acciones del Presidente Bukele, que no entendemos a qué apuntan y hacia donde pretende llevar el país, me limito a la parte laboral, en tanto las demás áreas de la vida como la economía y demás políticas públicas: educación, vivienda, salud, medio ambiente sabemos que manifiestan en la práctica una situación difícil y compleja, que poco o nada tienen de bienestar para los sectores populares.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Las diferentes reformas y aparentemente nuevas y el mejoramiento de leyes, incluyendo la reforma constitucional, son pocos sectores quienes participan, las leen y las entienden, en esto los medios de comunicación son o han sido poco responsables para que la población esté enterada del texto y del contexto en que se dan las cosas que se aprueban, sin mayores análisis por los órganos del Estado, ni por las organizaciones sindicales.

La educación general y formación profesional para las personas trabajadoras es muy baja y no evoluciona para hacer y tener una clase trabajadora calificada, resiliente, insertada con propósitos de superación individual y colectiva—los sesgos educativos son una realidad, los profesionales analfabetos—salidos de las diferentes universidades que arena produjo para privatizar la educación y anular a la universidad pública como aquéllas con alguna práctica consecuente, invaden la sociedad sin ofrecer competencias que mejoren sustancialmente los diferentes procesos productivos.

Claramente sabemos que el sector económico dominante busca el eje de acumulación que los haga más ricos; y las personas trabajadoras simplemente buscan un medio de subsistencia, sea este desde los botes de basura hasta un trabajo decente con salario mínimo, la informalidad, el trabajo familiar, la microempresa o el emprendedurismo—focalizado en pocos éxitos para desarrollar competencias y habilidades relacionadas a la creación de nuevos emprendimientos en lo técnico, científico, empresarial, social.

Mucho del trabajo del INSAFORP, estaba en esa intención de llegar a una mejora sustancial de la población en capacidad de laborar, la población económicamente activa. Sin embargo, no pasó más que a dar dinero a grupos sindicales, consorcios empresariales privados, universidades de escaso desarrollo educativo; y un abusivo uso de los fondos acumulados en pro del sector empresarial, que al cotizar el 1% de la plantilla laboral con empresas de más de 10 trabajadoras se adueñó de la institución pública, era lógico en el contexto de la globalización y modelo de mercado impuesto por arena, su política y modelo económico.

Lo acumulado por larga data estableció un régimen institucional casi feudal, donde el Consejo Directivo era dominado por su Presidente nombrado por la ANEP, donde el Estado no tuvo mayores injerencias para articular algo con el sistema educativo nacional y/o institutos tecnológicos que mucho lo necesitaban. Ni tampoco con la UES. El sector laboral representado allí, anquilosado en un tripartismo obsoleto y venal. El Presidente Funes en su período intentó hacer mínimos cambios para deshacer ese caciquismo, sin conseguirlo; y la cosa de la formación profesional siguió encasillada en pastelería, corte y confección, barbería, cosmetología y otras profesiones por demás insignificantes, pero favoreciendo a gerentes y personal ejecutivo de las empresas.

Ahora el gobierno ha desarticulado de un plumazo la formación profesional promovida por el INSAFORP y se anexó en ese atarrayazo al INJUVE, idea del Presidente Sánchez Cerén con poco oficio para el problema estructural de encausar la juventud, que no tiene ninguna oportunidad de insertarse a la economía del país con alta probabilidad de desarrollo humano sostenible.

La cuestión es que como todo lo que implica reforma pública en el actual período, es disponer de un coto de caza, donde se tengan fondos ($) acumulados y sin mayor compromiso para impulsar una diferente formación profesional y rendición de cuentas; la empresa privada por el hecho de cotizar y apropiarse de los fondos, por venir del sector empresarial, poco o nada rendía cuentas—era su “dinero”.

Hoy la reforma hace para el Gobierno una institución rentable y que le permite disponer de recursos económicos para combatir lo que se proponga realizar en el período que está por finalizar; y con un mínimo de funcionamiento y personal, con nombramientos bastante dogmáticos y selectivos, que dan pauta a pensar en personas dóciles y de beneficio para el régimen autoritario que vivimos.

Lo que nos preguntamos es si la cura será peor que la enfermedad—la privatización de la formación profesional, y supuesto desarrollo de la juventud, tiene un giro hacia la “estatización”, como lo de los fondos de pensión, y el neoliberalismo de arena en su interés y esfuerzo por un eje de acumulación favorable, pareciera revertirse. Lo que es de sumo importante es que la mata donde se rascó el tigre, parece que la tiene otro poder, que seguirá rascándose en detrimento de cómo hacer una economía de progreso con desarrollo sostenible y sustentable para la mayoría de los sectores populares marginados, excluidos y discriminados por élites dominantes.

*Sindicalista salvadoreño

En un contexto de impulso de procesos de desregulación y flexibilidad laboral, impuestos en la lógica neoliberal (1989 a la fecha), donde se establecen condiciones favorables para el capital, a partir de un provecho en pro de la ganancia y en deterioro del trabajo reflejados en una deficiente tutela de los derechos laborales y sindicales, no es aprobable.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Partimos acá de acciones de debilitamiento de la institucionalidad pública y del predominio del mercado por sobre el Estado, en una clara apropiación de los recursos públicos a través de privatizaciones o reprivatizaciones bajo dominio estatal.

En ese contexto el debilitamiento consistía en quitar al Estado el predominio de los recursos que rentabilizaban las acciones públicas (banca, comunicaciones, previsión social, distribución y comercialización de la energía eléctrica, comercio exterior) por sobre la defensa de los derechos de ciudadanía; esto cambió con arena (1989-2009) y la lógica de mutación completa de la oligarquía terrateniente por otra vinculada con los recursos e instituciones financieras-el capital financiero, la conversión del capital bancario y el capital industrial. La prevalencia del mercado (globalización económica), ahogamiento del mercado interno y fortalecimiento de la inversión extranjera y la exportación de capital con base a la deslocalización de procesos industriales o por la vía de préstamos.

En ese marco era difícil la lucha socio política para la organización sindical, por transformaciones en la legislación laboral; la cual desde 1972 con la guerra civil y deterioro del gobierno militarista, venía deteriorándose hasta llegar a ser un aparato legal de desprotección social de derechos y des- mejoramiento de la equidad en la relación trabajo-capital. La ley laboral de predominio administrativo más que un derecho laboral positivo—progresivo en su esencia y con alta primacía de la realidad.

Dichas políticas neoliberales, ahogaban el ejercicio de la ley laboral, al ir eliminando la poca protección social existente, la administración del trabajo fue readaptando su quehacer a partir de algunas reformas laborales suscitadas en el Foro Social y Económico, donde en su base se pretendió fortalecer el tripartismo institucional, convenios internacionales (OIT), en la lógica de mercado de conciliar intereses de la ganancia versus los derechos sociales.

El período 2009-2019, administrado por el FMLN, fue nada más mantener lo mínimo creado por los acuerdos de paz; sin embargo, se mejoraron los salarios mínimos—en el campo y la ciudad—además de la categoría por actividad económica; manejo “light” de leyes mercantilistas—tratados comerciales, zonas francas, zonas económicas especiales, deterioro de la administración del trabajo por construir una fuerte inspección y eficaz resolución alternativa de conflictos.

En todos estos momentos de control del desarrollo económico-social por parte del capital hegemónico, terminó debilitándose en general, el proceso productivo terminó conflictuado con el ejercicio moderado de la izquierda partidaria. Se iniciaron cambios en lo laboral, pero sin la consistencia necesaria para una verdadera transformación, la hegemonía del capital mutaba a nuevas lógicas de acumulación que se han aferrado a condiciones partidarias sin conseguir procesos de bienestar socio-económico para la población laboral—empobrecida a diario y atacada por el desempleo, los bajos salarios, la disminución acelerada de derechos socio-laborales y el alto costo de la vida.

La reforma laboral que se procesa y valora en las cúpulas del gobierno de Bukele, tiene el arrastre de pretender hacer y ser una legislación moderna, de supuesta avanzada ante la situación económica que predomina, deteriorada en mayor acción por la pandemia del Covid 19 (2020), donde pretenden intervenir las mínimas organizaciones sindicales—potables al actual Ministro de Trabajo—con oportunidad de conseguir un diálogo constructivo y dentro del marco de dificultades para los intereses laborales, cuando estos buscan y exigen transiciones justas, democracia de la economía y ejercicio de un modelo productivo, que recoja oportunidades, distribución equitativa de la ganancia; además de una clara y sostenible protección social para la clase trabajadora.

Es por tanto la reforma laboral que se conoce en supuestos espacios democráticos, inconveniente en el ámbito de una economía sesgada, en conflicto por una hegemonía del poder, y tomando el ejemplo de estancamiento de la reforma constitucional, que no sabemos en qué condiciones de discusión y nivel decisorio ha quedado; leyes secundarias que luego deben adecuarse a un texto constitucional, pareciera acá un pensamiento poco atinado, ante una ley primaria que se debate sus contenidos ante esta debilidad hegemónica en los grupos de poder.

Las organizaciones sindicales, no tenemos hoy una inteligencia y capacidad analítica para disputar las presiones sobre el proyecto de reforma laboral, lo hemos dicho, la anacronía de la actual es una realidad, sin embargo, no es suficiente para embarcarnos en una nueva legislación laboral que muy pronto puede quedar desfasada por varias razones: el marco de una débil economía, el conflicto del dominio del capital, las deficiencias decisorias y directivas en el gobierno actual, el deterioro partidario, las acciones de reelección para la continuidad del autoritarismo del poder, además relaciones laborales y procesos productivos viciados, faltos de derechos socio-políticos, desventajosas para la clase trabajadora.

*Sindicalista salvadoreño

Pronto se van a desarrollar pláticas de una supuesta discusión entre líderes sindicales pro Ministro de Trabajo sobre las reformas laborales que el propio personaje ministerial estaría interesado en aprobarse.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

El punto acá es que la sintomatología del ámbito laboral, está algo enmarañada a partir del conflicto en el área de salud del país, derivado de las destituciones de los médicos en servicio social, y la discusión en el tema de que es más importante en el sistema integral de salud, la atención a los pacientes en todo momento y lugar versus el uso corrupto de fondos y recursos del ISSS, a través de los contratos turbios de provisión de medicamentos, de la atención con toda capacidad de exámenes de laboratorio, la situación del número necesario y suficiente de médicos para el abordaje integral de atención a pacientes en diversos estados de insalud, y de otros pormenores deficientes para el bienestar social.

Además se ha presentado un estira y encoje entre los intereses del sector de médicos involucrados en el SIMETRISSS y el Colegio Médico, que acompañan a los afectados por decisiones de destitución del gobierno, que no son bajo procesos de legalidad, sino son acciones de presión política para acallar los intereses de los gremios, situación que está llevando a un serio conflicto de cuestiones que afectan los intereses propios de los profesionales de la medicina organizados en la defensa de los derechos laborales de sus agremiados; aunado al acompañamiento del STISSS, que ha conducido a polarizaciones entre los grupos sindicales pro Ministro de Trabajo y pro Nuevas Ideas, llevado a situaciones posibles de denuncias de grupos vinculados con eventos de corrupción.

Este ambiente de dificultades anula la posibilidad de una aprobación de consenso de buenas reformas laborales, en tanto se sostiene una serie de conflictos entre grupos de interés, que no posibilitan que haya un acompañamiento de las fuerzas sociales independientes involucradas en el proceso de reformas, en el ámbito de un mejoramiento sustancial de la legislación laboral—de por si caduca, anacrónica y falta de un derecho laboral positivo y progresista, en tanto los grupos económicos dominantes que detentan una economía para su propio favorecimiento, jamás estarán en la condescendencia y el interés genuino de un diálogo constructivo, que lleve a procesos de transición justa entre el capital versus el trabajo.

Hay programada sesiones para analizar la reforma laboral, sin embargo, las condiciones de diálogo no son las mejores, y no se espera más de lo que tiene, un proceso viciado, de poco provecho para los derechos sindicales de la clase trabajadora—el capítulo del derecho colectivo y sus posibles mejoras—siempre tiene el valladar de una economía que no produce, y de férreas oposiciones de los grupos económicos por hacer que los derechos laborales mejoren sustancialmente y se incluyan en virtud de la ley laboral mejores distribuciones de la riqueza producida por las personas trabajadoras.

El gobierno sigue en su proceso de afianzar una hegemonía económica y de mantener a grupos empresariales sometidos a presiones e intimidaciones con base a ya no garantizarles protección legal, a clarificar su situación de impuestos a la renta, a presionar a quienes evaden la seguridad social imponiendo el sistema de planilla única a partir de junio2023, entre otros intereses vinculantes.

La reforma laboral es de poca utilidad en tanto son reformas de maquillaje que no transforman la realidad de explotación laboral, la ley sigue siendo débil en su negociación; muy en pro de los intereses de los patronos y de poca vigencia para la protección social, los temas salariales, de empleo, de mejoramiento de prestaciones de ley que vayan paliando el empobrecimiento económico; sigue siendo un sistema jurídico contraproducente y, la fuerza del Ministro con los grupos sindicales en pro, no llegarán muy lejos, sobre todo que la aprobación de las reformas la tiene que hacer el órgano legislativo, donde el Ministro Castro no reúne una correlación importante; sin embargo, es un cartucho que piensa reventarse de manera aventurada a ver que puede sacarse de él.

El diálogo social involucrado en la reforma laboral, no tiene la fuerza social suficiente para imponer una reforma de abajo hacia arriba, con elementos de reforma laboral y sindical que vengan desde discusiones y propuestas de abajo, y en un plano horizontal por los intereses de la clase trabajadora. La discusión que se ofrece no tiene las características que apoyen un trabajo de real transformación de la ley laboral; la economía actual sigue siendo poco vinculante con los derechos laborales y sindicales, y priva sobre los diferentes derechos humanos, la ganancia, el negocio mantienen las pérdidas de salario, pérdida de empleos, aumenta la desprotección social y refuerza condiciones de flexibilidad y desregulación laboral que siguen por hoy a la orden del día.

*Sindicalista salvadoreño

Los diferentes grupos sindicales liderados de acuerdo a propios intereses y conveniencias se encuentran en pugnas que en mucho pueden ser eventos que nos pueden llevar a corregir el rumbo, a ganar una correlación de fuerzas para la clase trabajadora en general, con todas sus características trabajo asalariado, trabajo doméstico, trabajo a domicilio, trabajo independiente e incorporados los núcleos de grupos laborales que defienden derechos laborales muy propios como son las mujeres, jóvenes, con capacidades especiales, LGTBI, originarios y demás categorización evolutiva por un capitalismo arcaico y nada consecuente con el bienestar y la justicia social.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Es ya momento para que el rumbo se corrija, tomando decisiones que encaucen los verdaderos intereses de la clase trabajadora—encontramos en esta lite, grupos pro Ministro de Trabajo catalogado como de caballo de Troya, por aquellos grupos de élite enquistados en el gobierno de turno. Están los pro argolla que apoyan al grupo de diputados con el poder para detener y/o dar viabilidad a cosas importantes relacionadas con políticas públicas y la propia institucionalidad del país.

Todos debemos reconocer que la clase trabajadora, sigue subsistiendo y cargando con todos los desatinos históricos de los grupos oligárquicos, de los grupos neoliberales ortodoxos del modelo y, de aquellos grupos que apoyan un capitalismo emergente. Los grupos sindicales mantienen las relaciones políticas con los que detentan el poder, y siguen empecinados en adherirse a estos grupos dominantes para ver si subsisten en el ámbito de conflictividad que se vive como clase trabajadora.

Es difícil sostener la verdad y más luchar por esta verdad, los diferentes estamentos en la sociedad se encuentran tratando de imponerla a su conveniencia y caprichos políticos, el proceso electoral que se avecina está sacando todas las vísceras que ostentan estos grupos y de manera descarnada se van moviendo en acusaciones y acciones de desestabilización del grupo dominante. Como mucho se dice la cuña para que duela debe ser del mismo palo, los grupos encarrilados en el proyecto Bukele, van señalando aspectos a partir de detonantes importantes en la vida socio política del país.

Para el caso del eje de la corrupción, que es un fenómeno afincado en mucho de la historia salvadoreña y no es particular de determinado grupo dominante de la época, la corrupción en toda su gama no sólo se enmarca en los aspectos de dinero, sino de intereses vinculados con éste, y de movimientos de dominación de unos sobre otros, recordemos la corrupción electoral dentro del período del pcn (1962-1979); la oligarquía cafetalera para imponer su dominio (1870-1989); la corrupción surgida durante el conflicto bélico (1980-1992); la impuesta por la oligarquía financiera sostenida a partir de los acuerdos de paz (1989-a la fecha) y finalmente la de los grupos capitalistas emergentes en la conquista de una hegemonía del poder (2019 a la fecha).

Los grupos sindicales adheridos a esos eventos históricos como AGEPYM en los tiempos del PCN, los grupos sociales pro FMLN antes y durante la guerra, los grupos vinculados con la ANEP y grupos empresariales, después de los acuerdos de paz, con el modelo no sindicato, con los partidos políticos a partir de la reforma constitucional de 1983 (PCN, PDC, ARENA, FMLN, GANA, Nuevas Ideas, etc); los vinculados con el Ministro de Trabajo en la actualidad, que controla el tripartismo corrupto en el ISSS, INSAFORP; ISP, FSV entre otras instituciones; hasta llegar a grupos sindicales más independientes y autónomos de las garras del poder dominante.

Decisiones importantes deben surgir para corregir el rumbo y ganar una correlación de la clase trabajadora, enrumbada al bienestar económico y justicia social, pero para ello el conflicto suscitado por las declaraciones baladíes de médicos, por los acontecimientos en el estadio Cuscatlán, en un desacreditado partido de futbol, que llevó a despertar a médicos en servicio social, que fueron destituidos sin razones valederas, ni en un debido proceso, sumadas las reacciones de apoyo solidario de los sectores élites organizados en SIMETRISSS y Colegio Médico, que anexó luego al STISSS, en una cuestión que es eminentemente política, pero que cruza por las malas condiciones de salud que vive la clase trabajadora y que poco o nada se defiende, ha quedado a una luz, que de ser la correcta puede anticipar eventos que apoyen consecuentemente procesos en pro de intereses de las personas trabajadoras.

*Sindicalista salvadoreño

La situación productiva del país no alcanza niveles que generen una dinámica de bienestar para todos los grupos laborales, que día a día buscan en base al trabajo que hay su subsistencia diaria; y el sindicalismo parece no estar donde se le necesita y pasea entre el conformismo de una situación socio laboral, que percibe como irreversible y difícil de cambiar en pro de los intereses de los sectores populares, que siguen soportando los vaivenes de políticas públicas infructuosas y en pro de la argolla dominante.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

El sindicalismo acomodado a una situación productiva que es insostenible en el mediano plazo, denota que la sociedad va cayendo en contextos de atraso económico y grave ausencia de bienestar para los grupos que más lo necesitan y lo requieren. Nos preguntamos y lo poco positivo laboral que se ha producido en este período 2019-2023, a dónde ha apuntado, en tanto pareciera por las acciones de gobierno y empresariales, que sólo han conducido a mayores deterioros y caídas de más profundidad a lo que teníamos antes de la pandemia.

La situación comparativa que algunos opinantes desarrollan parece en mucho no llevar a nada, pues compararse siempre termina siendo vano y fútil, en tanto se presentan opiniones pasadas y presentes que argumentan que estábamos mejor antes o que hoy hemos logrado superar la situación problemática que lo anterior no pudo resolver; en fin elogios a sí mismos, pero quienes reciben las consecuencias de no superar las causas del asunto que debe ocuparnos, no interesan y sólo se hace un manejo propagandístico y publicitario de esa no realidad y, allí termina el debate, acusaciones y difamaciones, datos ambiguos, datos poco claros y una serie de actos que viven de la opacidad de los fines con que se programaron e hicieron; y nuestro instituto de la opinión pública, anquilosado, obtuso y fuera del contexto que requerimos para saber y conocer más del asunto en cuestión.

¿Dónde el sindicalismo, surge en posicionamiento y consecuente con la situación productiva que vivimos?, parece que mucho de su quehacer está atrofiado por los vaivenes de la dictadura, de las condiciones de intimidación y presión político-militar que vivimos para la mayoría y para la protección de las cúpulas dominantes. Los sectores productivos que asumen en la inversión de apertura de centros de trabajo, de medios de producción y desarrollo productivo de bienes y servicios, siguen sin encajar en la realidad de empobrecimiento, de falta del empleo decente y suficiente para los sectores populares, de salarios hoy abajo del costo de vida, estancados y sin las políticas de empleo y salarial que conduzcan a una mejor oportunidad de convivencia y bienestar en la sociedad.

El sindicalismo tal como lo vemos en la realidad, no está actuando de conformidad, y lo hace así en tanto sus liderazgos están empobrecidos de ideología, de conocimiento y competencia para entender el asunto socio laboral que debe motivarnos a enfrentar. Los relevos están desprovistos de la visión estratégica que debe impulsarlos a modificar el contexto al que se nos somete, la falta de lectura suficiente y fundamental para comprender a lo que nos enfrentamos, hace mella en las más positivas ideas y acciones unitarias que surgen en la discusión sobre los problemas de la clase trabajadora.

Se menciona la introducción de reformas laborales, de arriba hacia abajo, en mucho inconsultas y sobre todo sin los mecanismos y espacios de discusión adecuados, con los que han hecho el proyecto y con quienes se les aplicará en poco tiempo tales reformas. Sabemos que la deficiente lectura comprensiva en el grueso de la clase trabajadora, denota la dificultad de un sindicalismo sano y lleno de vida que conduzca y lidere hacia derroteros más de bienestar y compromiso social con las personas trabajadoras. El desfase en la materia de legislación laboral (1972) es obvio; y las reformas laborales subsiguientes (1972-2023) no han podido integrar una realidad social muy compleja, en tanto el crecimiento de la informalidad, de la sub contratación, de la tercerización de la economía como manera vital de basar el quehacer productivo del país persisten. La exportación es débil en tanto el país se encuentra en una vorágine, y así la inversión extranjera directa y la exportación de capitales como préstamos y/o instalación de fábricas—resultado de la deslocalización mundial—no han podido prevalecer, ni dar sustento y sostenibilidad a una diferente economía y por ende a una convivencia social y productiva diferente.

Se describe un país que el sindicalismo no acepta en su dirigencia su inexistencia, y en tanto persiste la falta de ingresos suficientes, un acelerado incremento del costo de vida; un alto proceso de precarización de los servicios públicos. En consecuencia, urge un sindicalismo que salga de su postración y empiece a reivindicar de forma unitaria, solidaria y con conocimiento y estrategia clara el proceso de los servicios productivos.

*Sindicalista salvadoreño

Los tiempos neoliberales regresan para el supuesto fortalecimiento del gasto público. ¿Por qué hay dentro de las políticas públicas, de un gobierno que se autodenomina trabaja para superar una situación económica de larga data, donde grupos dominantes y partidos tradicionales acabaron con una gestión pública de provecho para la gente?; ¿qué aspectos llevaron a establecer precio a los servicios que brindan instituciones públicas, sobre todo en aquéllas que trabajan en su atención ciudadana con sectores populares y clase trabajadora con ingresos y condiciones precarias de subsistencia?

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La situación de establecer precio por costo del servicio a diferentes peticiones ministeriales, pareciera algo sin mucha importancia, analicemos la cuestión. Esto se hace en momentos donde nos encontramos en una economía con niveles de ingresos públicos muy mermados por razones diversas, que han venido siendo difíciles de superar, y la promesa de imponer impuestos progresivos al capital y a grupos dominantes que obtienen ganancias exageradas en el reducido movimiento económico del país, no ha sido posible por razones que se desconocen, en tanto el trabajo de manutención de vasos comunicantes, publicidad y propaganda de la acción mínima que este gobierno y la acción del Presidente Bukele realiza, hace confuso saber con certeza si la economía progresa y con ello los impuestos retenidos establecen importantes dinámicas a nuestra economía.

Hay costos o precios por toda índole de servicios públicos, que ya no pueden supuestamente cubrirse con el salario de cada empleado público que en el lugar labora y que se le paga –a través de la recaudación de los impuestos retenidos por el fisco—por realizar dichos servicios públicos asignados. Esto arrastra graves dificultades por cuanto el gasto público se eleva no por quienes están en la línea media de servidores públicos, que conlleva salarios de un promedio de 400 a 600 usd.

Sino, los grupos de personas con cargos públicos ingresados en el actual período de Bukele, que ostentan puestos de trabajo público de jefaturas básicas, intermedias y superiores, que justifican los salarios por la responsabilidad, en términos elevados o fuera del contexto de los ingresos públicos que se disponen; ello a pesar de que es un problema de larga data, en tanto los recortes presupuestarios de personal y recursos de funcionamiento se presentan en cada período.

Siendo siempre una austeridad demagógica, anulación a los incrementos de salarios y mejoras económicas en el presupuesto que se anuncian en cada período fiscal, que anula las corrientes de demandas de los sectores bajos y peticiones sindicales vías contrato colectivo, que justifican que los presupuestos se recortarán o se mantendrán sin cambios por un período. El conflicto económico se mantiene con las finanzas públicas, y el pago de los servicios públicos pretenderían cubrir partidas deficitarias de funcionamiento; sin embargo, sabemos que mucho de los ingresos no son suficientes para reforzar los presupuestos institucionales, y podría no establecer llenar algunas partidas de gastos, sino también tiene otras valoraciones—corrupción institucionalizada.

Los servicios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, son claves para lo que significa una protección de derechos laborales y sindicales; todos sabemos que ejercer organización sindical en el país es siempre un conflicto de intereses entre patronos privados y públicos y la representación laboral—organizada o no en sindicato.

Premisas de campaña como aquella que el “dinero alcanza cuando nadie se lo roba”, ha quedado desfasada en tanto el dinero sigue faltando ya sea por la corrupción que sigue campante o porque esas nuevas pretensiones de funcionarios(as) de la argolla y demás han aumentado la masa salarial rebasando el nivel de ingresos públicos.

Los costos por servicios como inscripción de una nómina sindical, solicitar certificaciones varias para diferentes necesidades como credenciales, revisión de documentación, constancias de peticiones, solicitudes diversas estarían implicando costos para las personas naturales y jurídicas, se pensaría que sólo es el patrón el que solicita los servicios ministeriales y, que tiene recursos suficientes para cubrirlos sin algún desbalance económico. Sin embargo, para la clase trabajadora los costos(precios) por tales servicios abona en el obstáculo que estaría significando hacer organización sindical y el sostenimiento de la acción sindical para su desarrollo funcional y operativo en tiempo y oportunidad.

En consecuencia, las razones no son clarificadas para este tipo de solicitudes desde el ejecutivo, y los diputados de Nuevas Ideas, no valoran los impactos sociales negativos de la medida; además, estaría implicando un proceso de ventanilla, extensiones de recibos, nuevas acciones que se salen de la cobertura esencial del MTPS, y que en lo concreto sólo estarían significando refuerzos al pago de papelería, servicios de fotocopiadora, de mecanografía y/o digitalización que ya están integrados a las funciones y, para nosotros nos parece que vienen a obstaculizar, retrasar y violentar libertades sindicales y derechos laborales conquistadas por la lucha político-sindical.

*Sindicalista salvadoreño

El ámbito laboral sigue estando afectado negativamente por contextos que requieren de masas laborales silentes, acomodadas, apegadas a su idiosincrasia relacionado con el temperamento y carácter individual muy conservador, que arriesga muy poco, y talvez harto de fraudes, engaños, manipulaciones en ambientes político electoreros.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Una y otra vez caídos en la trampa de que ahora si habrá cambios en mucho de la vida de los grupos laborales diversos—los discursos presidenciales, caen a la población como telarañas de las cuales no se puede desatar y escapar la mente, aceptando las argumentaciones, las promesas, las supuestas nuevas ideas, que van atrapando e inmovilizando, en la creencia que todo está bien.

Pero sin embargo, escuchamos valoraciones sencillas de la gente “no se ha vendido nada”, lo cual tiene un significado profundo, luego de que las palabras del discurso presidencial, se van difundiendo hacia aquellos que no lo oyeron, los youtuber´s se encargan de hacerlo creíble, de propagandizar lo que fue algo coherente o del agrado de la gente que se citó al sitio del discurso de manera manipulada o convocada por cantos de sirena previos al evento, cadena de radio y televisión, que se asegura que mucha población no se lo pierda, los costos no se limitan, en tanto los supuestos beneficios lo valen.

Las redes sociales, cual jauría se nutren hacia los grupos laborales, bastantes incautos o cansados de oponerse al poder que cada día los destruye con bajos salarios, desregulación laboral, prestaciones anuladas, condiciones  materiales de existencia paupérrimas, despidos arbitrarios, cierres programados e intempestivos de fuentes de trabajo, que determinan su situación socio-económica, en el hogar, en la familia, afectada negativamente por la precarización de la vida, los derechos conculcados—infringida la ley por acción y por omisión—no funciona la sede administrativa en el día a día (inoperancia en la tutela laboral administrativa) por parte de la autoridad de trabajo.

Al final la frase “no he vendido nada” de la persona que vende en la calle, de aquella que lo hace en la comunidad, vuelve a surgir, similar a nuestra situación socio-económica, que va cayendo en un hoyo sin fondo—talvez “el señor Presidente anuncie algo que me va mejorar la vida”—la realidad golpea a diario, poco o nada ha mejorado—no puedo ir al evento que se anuncia, no tengo para la entrada, y luego el transporte que se requiere es otro costo que no tengo, lo haré a través del celular, pero no tengo para comprar datos; en fin los ataques sutiles se  refuerzan para hacerme sentir que la pobreza, que la precariedad en que vivimos es un mito, las redes sociales oficialistas se han encargado de manipular el sentimiento y el pensamiento.

Y una vez más la propaganda oficial y sus incondicionales en su defensa, pretenden acallar la legitimidad y legalidad de un bienestar para la clase trabajadora, en esta ocasión la integración de nueva legislación en lo laboral a un año de haber sido ratificada, con lógicas democráticas, justas y solidarias, toca poner en una práctica consecuente la nueva normativa y adecuarla a la realidad laboral que vivencian hoy las personas trabajadoras.

El 7 de junio de 2022, se lograron establecer por parte de las autoridades ejecutivas y legislativas, retomar demandas y necesidades históricas de la clase trabajadora, el mejoramiento de las condiciones laborales vinculadas con mayor bienestar en el trabajo, ratificando 5 convenios, a saber: 102, relativo a la seguridad social; el 148, que regula sobre la salud y seguridad en el trabajo; 154, asociado con la mejoría en el derecho a negociación colectiva en el sector privado y público; 183, vinculado con la mejoría en el derecho a maternidad y el C190, que debe desarrollar la situación intimidante y degradable para la persona trabajadora, relacionada con la violencia en el trabajo, sobremanera hacia la mujer trabajadora que constantemente es discriminada, acosada y abusada por su condición.

A un año de la ratificación de los convenios 102, 148, 154, 183 y 190, los esfuerzos de empleadores y del gobierno, son contradictorios y poco relevantes a lo que se pretendía con su ratificación, y como efecto no hay una congruencia para la homologación y armonización del convenio con la legislación laboral nacional. La voluntad política del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, no corresponde para un ejercicio de las diferentes instancias públicas como la administración del trabajo, gobernación, Ministerio Público y, órganos legislativo y judicial, y dolosamente no saben tutelar los derechos laborales de los trabajadores y menos homologar la legislación laboral del país con los estándares internacionales descritos.

Esta parte ha quedado en deuda su cumplimiento, a un año de su ratificación, no corresponde para la defensa ante la desregulación y flexibilización de derechos constituidos en el cuerpo legal hoy, anulados y restringidos por un nivel de gobernanza, incapaz de alcanzar bienestar para la gente que trabaja, y no sólo para las élites de poder, nuevas o recicladas.

*Sindicalista salvadoreño

Las iniciativas laborales se topan con la incompetencia y el nulo diálogo social de parte de la fracción legislativa de Nuevas Ideas.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Recientemente se presentó ante el seno legislativo, inoperante en mucho de su quehacer en la promulgación de leyes en pro de la clase trabajadora, un ante proyecto de ley para apoyar la situación laboral en el contexto de crisis de producción en la confección de prendas e indumentaria, en las fábricas conocidas como maquilas. Supuestamente estas se han visto afectadas por la situación inflacionaria que ocurre en USA, el mayor mercado para este tipo de producción. A tal grado que hay afectaciones en las fábricas que confeccionan marcas prestigiosas, además de aquellas marcas que han instalado sus propias fábricas, a saber: Fruit Of The Loom; Hanes Brands; Under Armour y otras conocidas.

Es una situación laboral aseguran los maquileros organizados en CAMTEX, de afectación en el socio comercial más importante del país EEUU, en cuanto a las dificultades en la cadena de suministros y participación en conflictos bélicos y el posicionamiento de una nueva correlación de fuerzas en un mundo cada vez más multipolar. El país tiene condiciones para producir, sin embargo, es una maquila muy poco tecnológica; y con mano de obra poco o nada calificada; esa situación inflacionaria ha disminuido la capacidad de demanda de ropa en los consumidores, lo que afecta los pedidos para el país. Esto supuestamente ha sido comunicado en debida forma en un supuesto “diálogo fluido con las autoridades del gobierno que están relacionadas con la industria” como el Ministerio de Economía, la Secretaría de Comercio e Inversión y Aduanas. Según CAMTEX, la empresa ha comunicado a las autoridades salvadoreñas su decisión y “que como siempre lo han hecho, van a cumplir con todos los requisitos de la ley, en lo relativo a la relación laboral con este grupo de empleados despedidos”.

Este tipo de declaraciones caen en el vacío cuando se manifiestan posiciones recalcitrantes en los diputados oficialistas, que no quisieron debatir el proyecto de ley presentado por organizaciones sindicales, que recogiera la situación laboral que se vive en el país, y le diera una salida al problema de empleo y de incumplimientos con los derechos en tanto hay cierres de empresas de maquila, por la misma razón—lo que les cuesta ver a los diputados, es quizás entender que es una relación comercial con los EEUU, y pareciera según el análisis de los diputados, que eso está en concordancia con la supuesta línea política que Bukele rechaza las acciones de dominación que establece los EEUU al país.

La situación laboral que se demandó ante la Asamblea Legislativa, al parecer es de desconocimiento de parte de la fracción legislativa oficialista—quienes sin mayor análisis, rechazaron la iniciativa de ley, lo que en concreto implica no estar en pro de resolver la situación de desempleo, cierre de fábricas; desfavorecimientos de condiciones y derechos laborales, así como de incumplimientos de ley (indemnización, salarios, vacaciones, permisos por salud, subsidios, bonos, horas extras adeudadas, justificando el patrón la crisis económica arriba señalada—

No obstante, poco se conoce de las actuaciones por parte de diversas instancias del gobierno para atender el conflicto laboral, en primera instancia un Ministerio de Trabajo, que poco o nada hace para profundizar el análisis de la demanda laboral, en los elementos que afectan las relaciones laborales. Las fábricas están cerrando, las personas se quedan sin empleo de la noche a la mañana, otras reducen significativamente la plantilla laboral, se desmejoran las condiciones de trabajo y, sabemos que en mucho son acciones que afectan a personas con menos calificación laboral, con problemas de salud, de condiciones sindicales, de edad, de discriminación. La falta de diálogo social entre intereses de los empleadores y las personas trabajadoras es de una ausencia importante; y por ende las decisiones se toman afectando a la clase trabajadora y prevalecen los intereses del empleador—no existe una inspección y conciliación laboral con toda la entereza que implica la problemática detallada. La intención era reformas sustanciales en la ley de zonas francas, impuesta por la lógica de arena, y que pretendía crear empleos formales—sin embargo, hoy estos empleos están desapareciendo, sin que dinámicas de defensa laboral surjan en el Ministerio de Economía y de Trabajo, que son los que se mencionan en la ley de zonas francas.

El diálogo social basa su lógica en que debe existir todo tipo de negociaciones y consultas, lo que de nuestro lado lo denominamos una transición justa; es vital que haya información que entere sobre la realidad laboral y situación de las empresas, de tal manera de prever o idear formas de resolver el conflicto. No obstante, todo apunta a que las empresas deciden y toman acciones que en el 99% afectan intereses laborales; conservando la situación económica y legal para las empresas; lo que impide que temas de interés común no se puedan sostener y, por ello el proyecto presentado ante la asamblea fuera simplemente abortado y no aprobado en beneficio de las personas trabajadoras.

*Sindicalista salvadoreño

Después de haber concluido el discurso presidencial de su cuarto año de gestión, las expectativas de las personas trabajadoras empezaron a surgir, el discurso sonó demagógico en cuanto se refirió a los elementos novedosos en las tres propuestas anunciadas en cuanto a la reducción de municipios; la reducción de diputados (as), y la más retórica la propuesta contra la corrupción.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

El discurso expresó que la reducción de municipios y el funcionamiento a base de distritos, era lógico pensar sobre su vinculación con la plantilla laboral—el discurso sin embargo pretendió aminorar el golpe—la cesantía laboral, el despido y la anulación de derechos laborales por ser una propuesta de un supuesto beneficio al país, por ende el sacrificio de las personas trabajadoras, debería considerarse como patriótico, en tanto la reforma es de mayor importancia para el país, que la estabilidad laboral y conservación del empleo—lo que implicaba apegarse a la gestión de Bukele, aun cuando la subsistencia de alguien estuviera en juego.

La demagogia se centró en referir a la ineptitud, incompetencia, abuso, alta discrecionalidad y elementos de la corrupción en el ejercicio de los gobiernos locales. La historia salvadoreña es rica en marcar el camino de los gobiernos locales como piñatas, garduñas donde se ha favorecido al régimen de partidos políticos, en detrimento de los intereses de la población local.

Se dijo también que en los distritos funcionarán los servicios municipales que la población requiere; por ende, no debería haber más preocupación que la medida tenga el respaldo necesario de la Asamblea Legislativa para aprobar tales propuestas; y ¿quizás del pueblo?

Además, para justificar tal propuesta, la misma se centró en que los Concejos Municipales no hacen nada o muy poco, y que en mucho hay anomalías o situaciones turbias, que afectan la funcionalidad del municipio; y que hay un sinfín de asesores, el asesor del asesor y una buena cantidad de funcionarios que simplemente son carga presupuestal y no ayudan a un ejercicio sano de la municipalidad. Con esto se quería decir que no iba a ser afectada la plantilla laboral que cumple con los servicios municipales a la población.

Sin embargo, el hervidero de la medida, está cosechando lo que quizás no se dijo, la cesantía de mucho personal de puestos diversos de las diferentes áreas municipales como servicios generales, recolectores de basura, administrativos y otros de menor categoría. Las denuncias, demandas y reclamos por acciones de despido, de cesantía por diversos motivos recogen que mucho antes de implementarse, los recortes de personal se están evidenciado, y las justificaciones y sobre todo la legalidad de tales acciones brillan por su ausencia. Parece ser que toca sin más interponer las demandas ante el juzgado de la localidad, que pueda ventilar el asunto de los despidos injustos e ilegales, y con la incertidumbre de la sede jurisdiccional.

Por otro lado, la denuncia ante la comunidad nacional, y las acciones que pretenden responder a las arbitrariedades del alcalde o alcaldesa y/o del Consejo Municipal, están surgiendo y van en una importante escalada; la organización sindical en las municipalidades, es momento que empiece a actuar con la concordancia de la gravedad de la situación.

Los casos de pasar de ser un municipio a ser un distrito, qué estaría implicando, en lo que se relaciona con los servicios a la población, no están claros y la falta de entendimiento y diálogo social con los afectados de parte de la municipalidad no existe. Es decir, una absoluta falta de transición justa.

Al parecer lo que ha venido sucediendo son arbitrariedades, abusos de poder, de parte de las autoridades municipales; argumentando falta de recursos económicos para el municipio, o decisiones unilaterales de la Presidencia, por otro lado las acciones de afectación de servicios como la recolección de los desechos sólidos, y el cierre de la municipalidad de áreas determinadas por horas, días, semanas, meses son las formas tradicionales de defensa laboral; sin embargo los conflictos laborales en las municipalidades son cosa de todos los días, atrasos salariales, no otorgamiento de diversas prestaciones socio-laborales, atrasos o incumplimientos en los derechos laborales como el no enteramiento de las cuotas a la salud (ISSS) y previsionales (afp), al pago de cuotas de préstamos en diversas instituciones bancarias, cooperativas, etc. Esto es algo que no sorprende a nadie.

En concreto la medida anunciada por la Presidencia, busca la anulación de lógicas municipales que han prevalecido por el orden constitucional imperantes, y sobre todo partidarias que implican jaloneos, disputas de poder, apropiación de recursos de la deuda política, financiamientos poco o nada claros de campañas, y la anulación de los famosos consejos plurales—que no han tenido una práctica municipal democrática, ni efectiva y eficiente para dirimir el mejoramiento de los intereses de la localidad entre los diversos intereses partidarios.

Pero el problema es que no se van con la propuesta quienes han usufructuado la propiedad pública y asuntos municipales, sino que las personas trabajadoras son las cesadas, despedidas, anuladas en sus derechos laborales y la medida de reducción de los municipios no se ve donde se aplica el detalle sobre la persecución de la corrupción municipal.

*Sindicalista salvadoreño

Su trabajo, su oferta, sus acciones, sus decisiones, y el compromiso hacia la sociedad salvadoreña (Parte II)

Por: Roger Hernán Gutiérrez*

¿Hemos avanzado en materia sindical? Las diferentes épocas denotan momentos difíciles de existencia en un marco de lucha política por el poder, en cuanto éste pretende acercarse a los intereses del pueblo, de la gente, surgen grupos en pro y en contra, que no permiten avanzar lo que en ese contexto se necesita, la subcultura de discusión bajera, debate estéril, agrupamientos socio laborales inconsistentes, con débil fuerza cualitativa y cuantitativa, han reducido en la actualidad sustancialmente la organización sindical.

La movilización social llegó a ser muy fuerte, y de liderazgos creíbles, estaba claro la lucha de una izquierda política por alcanzar el poder—el agotamiento de los eventos electorales (1972-1977), fueron hechos sintomáticos en cuanto constituir una opción de poder electoral que se agotó con el exilio y nuevos fraudes electorales del militarismo y la oligarquía. La construcción de la Unión Nacional Opositora (PDC-MNR-UDN), alcanzaba el liderazgo con las figuras de Duarte y Ungo, y paralelo a esto se destacaban los grupos radicales que habían optado por la vía armada y tuvieron su apogeo con la creación del fmln (oct1980) y la ofensiva de enero/81.

Este marco de eventos políticos, afectaron los movimientos sindicales, para el caso la Federación Unitaria de Sindicatos de El Salvador-FUSS (1963) que agrupaba orígenes del partido comunista convertido ya en la guerra civil como las FAL. Cada agrupamiento guerrillero tenía a su base vínculos con agrupamientos sociales a saber: Bloque Popular Revolucionario (BPR); Frente de Acción Popular Unificada (FAPU); Ligas Populares Revolucionarias 28 de feb (LP-28feb); Movimiento de Liberación Popular-MPR, que fueron generando dinámicas que llevaron a transformaciones sindicales y sociales importantes con FENASTRAS (1972); FESTIAVTCES (1974); y FSR (1978).

Estos movimientos sindicales agruparon importantes visiones político laborales, dentro de los centros de trabajo privado en un principio. Por otro lado, la oposición sindical CGS (1958), FESINCONSTRANS, FLATICOM, CGT por parte de los sindicatos blancos; y luego en el sector público. Paralelo a esto seguían existiendo movimientos laborales asociados a la democracia cristiana como la CTS-CNTS, la social democracia y otras con plegamientos claros hacia el gobierno militarista de la época como la AGEPYM.

El momento de auge se tradujo en la época de 1983, con la movilización política contra el estado de sitio y la represión (1980-1983), se funda en sep/1984 la Coordinadora Sindical de Trabajadores-CST; en abr/1985 el Consejo Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales-CCTEM, que llevaron a la existencia de la organización de masas más grande que ha existido en el país, la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños-UNTS en feb1986.

Además, ya se habían integrado esfuerzos y agrupamientos importantes del agro con FECCAS-UTC, la docencia ANDES 21 de Junio, las comunidades eclesiales de base con el trabajo de la iglesia progresista; daban pie a una época de mayor resistencia, defensa y lucha revolucionaria en el país; así como los grupos marginados, excluidos, y de grupos estudiantiles de secundaria, técnicos y universitarios entre otros.

El conflicto armado (1980-1992) derivó en golpes a la organización sindical, en un debilitamiento en el sector privado que hasta la fecha no ha podido reconstruirse. La guerra fue afectando los centros de trabajo, muchas organizaciones sindicales perdieron su existencia legal, se desorganizaron los procesos legales en lo administrativo y judicial; por el grado de politización alcanzado; se retrasó la aplicación de reformas laborales (1972), con la reforma al Código de Trabajo (1963); y siguieron mínimos cambios en la materia sindical resultado de ese proceso político, como el Foro de Concertación Económico Social (1993-1994). El actual Ministro Castro ha prometido en diferentes oportunidades (2022-2023) reformarlo, dado que se encuentra la ley laboral en un claro anacronismo, pero el compromiso va del diente al labio.

La obsolescencia de la legislación laboral es el resultado del trabajo organizativo de ARENA (1989-2009), su reforma bajo la teoría de la no sindicación, la anulación de la existencia legal de sindicatos, y la incidencia entre la globalización económica y la prevalencia del mercado por sobre los derechos humanos y sindicales. Se han ratificado convenios de la OIT, desde el gobierno de la DC (2); arena (24), del frente (1); de Bukele (5), que aún a la fecha no se integran en el marco laboral existente.

Los diferentes procesos de reforma política impulsados terminaron con los avances en materia de organización sindical, la reprivatización de la banca, del comercio exterior, la apertura de los mercados, los tratados de libre comercio y la lógica de conversión de todo lo existente en mercancía, se privatiza la distribución eléctrica, las telecomunicaciones, los puertos y aeropuertos, los fondos de pensión, implicando el deterioro orgánico de la organización sindical en dichos sectores económico-sociales. La lógica económica es la precarización, y el mundo del trabajo cambia radicalmente ¿hay oportunidad para el movimiento sindical?

*Sindicalista salvadoreño