Los derechos humanos en el campo laboral, siempre son una cuestión de poca vigencia; en tanto en el país hemos estado las personas trabajadoras sometidas a vaivenes en las relaciones de poder, por cuanto el asunto de estabilidad laboral—es decir la conservación de un empleo, a partir de la satisfacción plena de las necesidades y condiciones materiales de vida—no ha sido posible dentro de la forma de producir mercancías (bienes y servicios), por cuanto los procesos de trabajo son en mucho de explotación laboral—la obtención de ganancia en detrimento del mejoramiento de los derechos humanos.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
Hablamos que las condiciones de empleo, son en mucho precarizadas; y tienen como consecuencia incumplimientos de derechos a saber: salarios mínimos que no compensan el costo de vida, es decir se presentan debajo de lo mínimo para sobrevivir.
En esto, hay violación al art. 159 CT, que impulsa hacer una revisión cada tres años, hoy prevalece el nulo diálogo social y la anulación de la instancia Consejo Nacional del Salario Mínimo; el poder que prevalece en el gobierno y la empresa privada establecen la no conveniencia de hacerlo, porque ello supuestamente haría elevar los costos de producción; y alejar la inversión, con la consiguiente disminución de los empleos existentes—pero como resolver los índices inflacionarios que encarecen los costos de vida.
Esta forma de analizar el costo de vida, violenta el derecho humano al trabajo y su paga; muchos sectores económicos están abajo del salario mínimo que establece la ley; y es tolerado por quienes tutelan los derechos, a cambio de otorgar al sector empleador condiciones que van en mayores perjuicios de los derechos humanos laborales. Las relaciones de producción, someten al más bajo costo la mano de obra, reducción de prestaciones y condiciones laborales que permitan a cada persona trabajadora obtener el mínimum vital.
La lógica económica sigue privando, y las acciones de la cartera de trabajo, no es la de una práctica jurídica de defensa efectiva y cumplimiento de la ley laboral; por el contrario, se pliega a los intereses de las empresas antes que ser una autoridad para desarrollar aspectos como la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, y sobre todo la progresividad.
Disponer en una sociedad como la nuestra de un alto sector de informalidad, hace nulo el goce de salarios mínimos y derechos en el trabajo; permite apoyar que el gobierno no fomente la progresividad del derecho al trabajo; y este se mantenga por debajo del costo de vida, lo que conlleva a un débil poder de compra casi permanente; y ello tiene como consecuencia, graves problemas de subsistencia; este sector en lugar de buscar acciones prácticas para sacarlo del empobrecimiento, es desalojado sin ninguna opción o alternativa; y la postura gubernamental es de ufanarse que ello es en pro de la estética de la ciudad.
De ello se desprende que hay personas discriminadas objetiva y subjetivamente de muchos derechos humanos; y no son titulares de todos, y el incumplimiento de principio de universalidad es claro.
La progresividad en materia de asociación laboral, ha sido afectada negativamente, y cada vez es más difícil mantener la legalidad del sindicato; y este derecho de asociación es violentado a diestra y siniestra por quien tiene el poder, poniendo en clara confrontación con la sociedad, que no logra comprender que detrás de cada persona trabajadora hay una familia, aseguran que el trabajo no es eterno y tarde o temprano deberá perderse, para alcanzar supuestamente un estadio más cualitativo de bienestar social.
Arena, con su modelo económico hablaba de la modernización del Estado, había nombramientos específicos de funcionarios(as) ad hoc a quienes se les encargaba esta tarea—desde las posturas del que tiene recursos a su disposición y propios, es sencillo un cambio de mentalidad, y vamos a pasar de servidores con trabajo público, a personas trabajadoras del sector privado—privatización de los bienes públicos—.
En un contexto de crisis plena económica, política, social, laboral, cultural y medio ambiental, es casi nada lo que los gobiernos de turno pueden hacer para disponer de derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales—desca—con plena efectividad.
Y la excusa que se desarrolla es que no se tienen los recursos suficientes para un efectivo cumplimiento de los derechos humanos. Y el aparato del Estado es completamente inepto para facilitar el cumplimiento y bienestar para toda la ciudadanía.
En un contexto de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre), podemos augurar para estos un deterioro cada vez más profundo, el mundo desarrolla cambios en todo sentido que no ofrecen para aquellos un cumplimiento universal, interdependiente, progresivo e indivisible.
Y lo que tenemos es una disputa entre derechos humanos que la coyuntura denota como más urgentes de defender. Sin embargo, los disca y, los derechos civiles y políticos son todos derechos que no deben llevar a mayores discriminaciones en una sociedad compleja y diferenciada, pero para lograr esto se hace necesario una mayor y más cualificada organización social que luche por la justicia y el progreso social para todas las personas.
*Sindicalista salvadoreño
