Por: Róger Hernán Gutiérrez*
En la semana que nos ocupa, se enviaron sendos proyectos de cambios en algunas regulaciones vinculadas con las instituciones autónomas e independientes en el sector público. A dónde apunta esta medida del gobierno, que si recordamos se pretendió realizar en el año 2012 por el ex presidente Funes, entonces se buscaba mermar lo autoritario, dominante e impositivo del sector empresarial representado por ANEP—lo que hoy ha quedado claramente expuesto por el Presidente Bukele, un poder que ha estado dominando históricamente la gestión gubernamental en su provecho.
La oligarquía también representada en los gremios empresariales dentro de ANEP, vinculados con los intereses de la gran empresa han estado involucrados en todo lo que significa el aparato del Estado, de forma directa e indirecta—en las instituciones públicas relacionadas con la economía (financiero, bancario, política fiscal, cambiaria, macroeconomía, etc); la obra pública (vivienda, construcción, recursos hídricos, carreteras, transporte, etc); generación de energía eléctrica, telecomunicaciones y, otras áreas de interés como la formación profesional para mantener el dominio sobre los intereses del país y de la gente.
Esa acción de Funes, implicó que los “sectores democráticos” de aquel entonces despotricaran aduciendo que se trataba de una dictadura, y solicitaron el amparo a los 4 magníficos, quienes con una resolución los ampararon a su interés y bloquearon la democratización que se buscaba en aquella oportunidad. Este fue el inicio de que la ANEP montara luego quejas ante la OIT por la violación al C144, que no permite la injerencia gubernamental en la selección de los representantes empresariales y laborales. Situación que aún se manifiesta en los espacios internacionales que mantienen a El Salvador en una lista negra—lo que en la reciente gira a OIT del Ministro de Trabajo tuvo que abordar con algún que otro cabildeo, que podría o no sacar al país de esa grave acusación. Ahora, la correlación es diferente y la democracia de hoy se impone y, los poderes fácticos como ANEP y otros grupos empresariales dominantes, están siendo desarticulados, y dando paso a otros representantes gremiales, parece que la postura del Presidente Bukele es que lo público es de quien lo gobierna, y no de las gremiales empresariales que están por vía de reglamentos inmersas en casi toda la institucionalidad pública, lo que ha conllevado a dominar el aparato del Estado para alcanzar procesos de acumulación de riqueza en detrimento del resto de sectores económicos y sociales en el país.
Para los sectores laborales, esta medida da pie a pensar que la correlación que los sectores empresariales poderosos han sostenido por largos años, puede estar cambiando—el punto acá es preguntarnos en beneficio de qué nuevo grupo o de quien, en tanto aún no se perciben transformaciones estructurales en favor de la gente. Si observamos la lógica tripartita, no se ve que este cambio vaya modificar algo en aquellos asuntos que permitan un interés más enfocado en las personas trabajadoras que en los grupos fácticos dominantes—tomemos el caso del ISSS, acá están repartidos los intereses de las gremiales (odontólogos y médicos); y los empresarios asociados con la industria de la salud y farmacéutica—donde igualmente con los representativos gubernamentales han dispuesto de compras y el uso de los fondos de los cotizantes en favor de intereses corporativos importantes.
El Fondo Social para la Vivienda, FONAVIPO vinculados como instituciones que fortalecen políticas públicas que protejan, fomenten y refuercen el derecho a vivienda digna. Para mucha población que no tiene acceso a vivir con condiciones de una casa con toda la protección: infraestructura, acceso a agua potable, seguridad ciudadana y otras necesidades, están instituciones no cumplen con esa finalidad y, los representantes empresariales, están claramente defendiendo los intereses corporativos gremiales como CASALCO.
Mover un estamento de representación empresarial acostumbrado a tener bajo su lógica económica a todo lo que es rentable y de interés particular a los grupos corporativos, de carácter oligárquico, es en principio algo sano, se quiso hacer en el gobierno del frente, con grandes obstáculos en aquella oportunidad, ahora hay un nuevo poder instituido, y los intereses poderosos de las gremiales empresariales están al parecer cuestionadas, será realmente una transformación o sólo es un cambio que nos lleva nada más que a un maquillaje en el proceso de hegemonía del poder. Y simplemente un relevo de representantes empresariales no significa una acción contra la oligarquía reinante en el país; y eso de que nadie está atrás del gobernante de turno—sea persona o grupo económico—no parece por hoy muy creíble.
*Sindicalista salvadoreño
