ACCIÓN SINDICAL EN ANÁLISIS PARA POTENCIAR EL DIÁLOGO CON EL GOBIERNO Y GREMIALES EMPRESARIALES EN EL SALVADOR

Por: Róger Hernán Gutiérrez.

La existencia de organizaciones históricas en el sector sindical de la década de los 70 y 80, previo al conflicto bélico y durante aquél, manifestó un contexto de militarismo y política electoral agotada por los fraudes y la impunidad, además de la represión, tortura y persecución político-militar, y la injusticia social y económica; que generaban una violación a derechos humanos, siendo la politización de las masas populares y la unidad en la acción entre otros elementos aglutinantes con los cuales se enfrentó la crisis económica, social, política y militar en el país, teniendo como resultado los acuerdos de paz y el fin del conflicto armado.

Se instalaron en la década del 90 las empresas de maquila de confección textil y accesorios, y se asientan formas de explotación laboral mayores, en zonas francas y recintos fiscales; creándose un quinto salario mínimo debajo de la industria en general, y se impone la medida en tanto la crisis de empleo había llegado a planos de insostenibilidad y deterioro económico, en un contexto de exportación de capitales y deslocalización de empresas, además de condiciones comerciales de favorecimiento a los países industrializados, que debilitó fuertemente la agricultura y soberanía alimentaria, se potencia la actividad bancaria y financiera, el comercio y los servicios, desmejorando el valor agregado de la actividad económica. Esta década alcanzó importantes niveles de privatización en los servicios públicos como telecomunicaciones, pensiones; regreso a la reprivatización de la banca y el comercio exterior.

El Foro de Concertación Económico Social (1992-93), no alcanzó los niveles resolutivos y tuvo corta duración, y se impuso el desmontaje pleno de la lógica política prevalente y se apertura una fase de rescate del estado de derecho, los resultados fueron la constitución del Consejo Superior del Trabajo y la ratificación de 14 convenios de la OIT, no así los de libertad sindical. Se tuvo la 1ª Delegación tripartita de El Salvador para asistir a la 80ª conferencia de OIT (1993).

Se tuvo un auge del sindicalismo en oposición a la privatización del ISSS con las marchas blancas (2002); y por la ratificación de los convenios 87, 98 y 151 de la OIT en 2006, a partir de condiciones comerciales de parte de la Unión Europea, a diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que trajo mayores empobrecimientos en condiciones laborales y económicas sumamente desventajosas para el país. En El Salvador (2021) existen un poco más de 600 sindicatos inscritos legalmente, en el sector público más de 100 y en el sector privado 500. Lo importante acá es que el actual Ministerio de Trabajo no lleva estadísticas de cual es la realidad y ello tiene que ver con la desinformación y el manejo publicitario para sustentar ficticiamente que el 90% apoya la gestión ministerial. La contratación colectiva es mayor en el sector público, sin embargo, ha ido disminuyendo por cuanto la injusticia, los niveles

presupuestarios y de deuda pública hacen insostenible mucho del nivel de prestaciones alcanzadas.

Muchas limitaciones se observan que mantienen una inercia sindical, el control e injerencia del gobierno, y un sector público mermado por las formas autocráticas de ejercer el poder público, con abusos en materia de las garantías sindicales (despidos de directivos sindicales), sin el debido proceso. Actualmente a diferencia del pasado que se controló al movimiento sindical y se propició a que se expandiera el sindicalismo despolitizado, desarraigado, en pro del patrono y alevoso a atacar el progreso sindical. No tiene actualmente comunicación con la administración pública y los gremios empresariales.

Hay claras manifestaciones de una falta de autonomía sindical, muchos sindicatos paralelos en función de la patronal, gobierno y del partido, hay contradicciones en atender los conflictos en el sector público, en tanto la normativa laboral no se aplica y se han desmontado las comisiones del servicio civil y los sindicatos no tienen asidero con el MTPS, ni el Tribunal del Servicio Civil, obsoleto en materia de garantizar libertades sindicales y derechos laborales en el sector público.

Entre los retos, para reorganizar el movimiento sindical es buscar unidad y construir autonomía sindical, politizar a los empleados y empleadas públicas, y del sector privado, esto implica concienciación y acercamiento con la gente que trabaja; promover una verdadera vocación de servicio público que cada vez es menos favorable como derechos de ciudadanía; promover la participación activa de las mujeres en los sindicatos y construir convención colectiva en el sector público y privado que permita el diálogo, la participación en transición justa, entendimiento básico sobre la justicia, la equidad y un rescate a los procesos de constitución, desarrollo organizativo, mejoramiento de condiciones laborales como salarios y prestaciones.

*Sindicalista salvadoreño.