Si observamos el asunto de las promesas de campaña electoral del Presidente Bukele, se visualizan en un principio del período el tema de la corrupción, la situación de la reforma al sistema de pensiones; lo referido a la violencia criminal; además de otros puntos que pudieran vincularse a la economía del país.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
La situación comenzó con el espacio similar al trabajo de la comisión internacional contra la impunidad en Guatemala CICIG, con elementos como el servicio público o civil, su grado de burocracia y estabilidad; impunidad y redes ilícitas, magistrados corruptos; sin embargo, para El Salvador, no se logró desarrollar y hubieron enconados estiras y encoges que no permitieron vislumbrar si había un real interés por destapar la olla de la corrupción.
Para Bukele, esto no fue suficiente y se pasó a trabajar en la violencia criminal con el avalado y vilipendiado plan control territorial, que ha consumido buena parte de los recursos disponibles y no disponibles para cubrir su desarrollo; y ello a partir de consolidar la situación de la Asamblea Legislativa (mayo 2021); que permitió cambios según algunos juristas con violentación de la Cn, pero que impulsó modificaciones importantes en materia de recursos económicos después de los sucesos del 20/feb2020; en la Fiscalía General, despidiendo al fiscal arenero; y la Sala de lo Constitucional, que había alcanzado a partir de muchos fallos turbios y poco transparentes un estatus por encima de la Constitución, con perjuicio en fallos contra el gobierno del FMLN, en términos de impuestos y otros pormenores económico-políticos, que no eran aceptados por ARENA.
Esta acción fue muy criticada, pero ha permitido un desarrollo pleno del plan control territorial con recursos y el régimen de excepción, prorrogado más de 16 veces. Y la Sala de lo Constitucional, se instaló para favorecer la continuidad de Bukele en otro ejercicio (2024-2029), y dar interpretaciones constitucionales no muy claras, así como pronunciamientos cuestionados en términos del uso del habeas corpus y del recurso de amparo, y confabularse para el problema de diluir controversias entre los órganos del Estado.
En ese sentido la economía no se ha dispuesto en consonancia con el bienestar de la clase trabajadora, y el período pandémico, abortó algunas posibilidades, sin embargo antes afectó la estabilidad laboral violentando el debido proceso y donde demandas judiciales en otras salas siguen esperando el sueño de los justos, más de 30 mil empleos afectados con despidos arbitrarios, suspensiones, encarcelamientos, además de fusiones de instituciones públicas, anulaciones de un ejercicio sindical en el sector público importante, entre otras acciones que la cartera de trabajo no ha querido afrontar como fueron los problemas laborales con los médicos recientemente, los cierres en las maquilas, destituciones resultado de problemas por la crisis en la cadena de suministros y los procesos inflacionarios en el país y en el mundo.
En fin, la economía, que es el factor x para los intereses sindicales, laborales, de producción, sigue siendo dependiente de intereses de poderes fácticos que buscan seguirse favoreciendo del eje de acumulación definido por el neoliberalismo, la privatización y la anulación de la institucionalidad pública. El hegemón (liderazgo con poder), que era la oligarquía financiera, bancaria e industrial, ha ido debilitándose, y las correlaciones siguen estando cuestionadas y, no muy claras en la búsqueda de otros mercados y otro universo de relaciones productivas.
Por hoy se trata de un grupo de la pequeña burguesía, que posiblemente busca convertirse en una burguesía hegemónica y nueva, que consolide el poder, resolviendo el dilema del Estado para qué y para quién, con qué funciones sin cambiarlo en su esencia, se ha probado que cambios de gobierno a partir de procesos electorales no han transformado el Estado, y es por tanto una disputa aún sin resolver.
La reforma de pensiones tan esperada por la clase trabajadora, no fue posible y la reforma tendió a cambiar el nombre de la ley y crear una nueva institución, desarticulando la organización sindical, su ley de creación y más con una misión financiera, de control y apropiación de los fondos de pensión administrados por las AFP, evasión de la deuda del Estado y finalmente sin enfoque de género y mejoras en el monto de pensión; así como sin garantías para la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Existe una importante exclusión de las mayorías, y es por ello vital que se creen nuevas correlaciones que permitan al que tiene el poder transformar el país, sin hacer una revolución para ello. Los recursos tecnológicos son base hoy para las comunicaciones, el contacto con la gente; sin embargo, estamos en una situación casi desideologizada, que hace diluir en el contexto de la realidad cuál es la participación política de la gente excluida y empobrecida, sin proyecto y/o programa político concreto; que eleve al bienestar pleno de la gente trabajadora.
*Sindicalista salvadoreño