Los anuncios periódicos de la parte gubernamental, en lugar de ser positivos y práctica de un derecho laboral progresista y consecuente, son cada vez de mayor zozobra y de anulación de derechos laborales y sindicales conquistados, de mayores imposiciones que afectan directamente los intereses de las personas trabajadoras, y que por cualquier lado que se analicen sólo significan un alto grado de voracidad del gobierno por cooptar los fondos de ahorro y de salud, entre otros acumulados por años, con un enorme esfuerzo de disponer de un derecho de protección con suficiencia y calidad para cubrir los diferentes eventos que puedan suscitarse en la vida socio-laboral de las personas trabajadoras.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
Si recordamos en el ejercicio de arena (1989-2009), la consigna era la de privatizar las instituciones públicas rentables y/o fondos de trabajadores(as), con la justificación que el Estado per se, es un mal administrador, ahora (2021 en adelante) la situación es parecida, sólo que ahora es el Estado el que se apropia de los fondos que no son suyos: cotizaciones de las personas trabajadoras para constituir servicios de salud, de pensionamiento y de otros fondos vía la contratación colectiva—esta parte la desarrolla anulando la organización sindical, con la connivencia del Ministerio de Trabajo, y lo hace por vía de decretos legislativos que anulan leyes de creación; legislando con leyes especiales que están por encima de cualquiera otra ley que pueda oponerse.
La jugada gubernamental, tiene a su base, la búsqueda de apropiación de fondos que no son propios, dado el esquema de gastos presupuestarios, impuestos, donaciones y préstamos que hacen insuficiente un ejercicio sano del gobierno y su debido cumplimiento de los diferentes servicios públicos, y tienen como consecuencia mayores gastos con un alto déficit de ingresos que tienen cada vez más un alto crecimiento y continuado endeudamiento público, que cada vez va siendo casi impagable, creándose una situación de ingobernabilidad, en tanto la demanda social para cubrir necesidades vitales como seguridad pública, salud, vivienda, educación, alimentación, transporte, recreación y otras, no las puede satisfacer.
La salida es aumentar los impuestos—el FMI, presiona por un aumento del IVA—es algo que hasta ahora no se ha querido hacer. Ni mucho menos imponerlo a las ganancias, a los activos de lujo u otro tipo de impuestos al capital. Como consecuencia el Estado vende letes (letras del tesoro), bonos u otros similares para obtener dinero y cubrir los diferentes déficits presupuestarios. La deuda pública, son más de 26,000 millones y viene arrastrando un déficit del presupuesto de 1900 millones, y no se ve por ningún lado como pagarla. A quien se los vende puede hacerlo al exterior o a lo interno la banca nacional u otro ente que pueda y quiera comprarlos. Pero si no los vende o se obliga a venderlos con una alta tasa de interés y de más corto plazo, el endeudamiento se complica más.
Ahora bien, los posibles ahorros son reducir la plantilla laboral en el sector público, esto ha sido aplicado por todos los gobiernos—despedir, el actual gobierno lleva ya más de 25,000, y lo hace vía cierres de la fuente de trabajo, de los servicios o fusiones entre instituciones o pasando el área de servicios de una cartera a otra institución pública. Sin embargo, esto ha llevado a que salgan unos y entren otros y, en mucho la plantilla tal vez se reduce en cantidad, pero con más altos salarios, lo que no corrige el déficit, sino lo agrava. Es más, hay sectores privados ligados al gobierno que ofrecen servicios o lo proveen ofertando y/o licitando, con los precios inflados o que no son reales, con el consiguiente aumento en el presupuesto e incrementos en la corrupción pública, lo que obliga a colocar empleados y/o funcionarios vinculados con el negocio privado.
Estas acciones del gobierno, pretenden políticamente anular la posible organización sindical existente, y cooptar fondos de prestaciones y de aportaciones varias contempladas en el presupuesto como cooperativas, becas, subsidios, bonos, uniformes, fondos deportivos y de servicios sociales, seguros médicos y personales, etc. Incorporación del concepto de ventas de los servicios públicos, que bajo un pago, pretenden cubrir algunos costos tales como: inscripciones, dietas, solvencias, certificaciones, registros, licencias, fotocopias, alimentación, festividades, papelería, compras diversas, gasolina, repuestos y otros diferentes bienes y servicios necesarios.
Este tipo de cuestiones ha llevado que haya restricciones en los usos eficientes de los diferentes presupuestos institucionales, que terminan por no gastarse los fondos y regresarlos o ser utilizados en otras finalidades, con el claro perjuicio de las necesidades de quienes lo solicitan o son población meta. Toda esta situación provoca que haya de manera dolosa un ahogamiento y restricciones al ejercicio sindical. El sindicato es de empresa, y terminando la institución vía decreto legislativo, suprime la personería del sindicato y el contrato colectivo se diluye terminando con su funcionamiento y vigencia, bajo supuestos ahorros que no conducen más que a cubrir otras cosas que se caracterizan por su opacidad y poca rendición de cuentas.
*Sindicalista salvadoreño
