El atarrayazo indiscriminado: Cuando la red de pesca ya no distingue entre criminales y ciudadanos.
Por: Miguel A. Saavedra.
Sin protección al inocente, no existe justicia real.
Toda sociedad cansada del miedo puede aceptar medidas extraordinarias para recuperar el control. Ese fue el punto de partida del régimen de excepción,una acción necesaria de alivio frente a años de violencia y dominio criminal. Pero el problema comienza cuando la herramienta deja de ser quirúrgica y se convierte en una red lanzada contra todo lo que resulte incómodo, crítico o simplemente vulnerable.
Lo que nació como una operación contra estructuras delincuenciales empieza a parecerse peligrosamente a un mecanismo de arrastre social, donde ya no solo caen criminales, sino también periodistas, trabajadores, líderes comunitarios y ciudadanos comunes atrapados bajo una lógica de sospecha permanente.
Estamos ante el fenómeno del «atarrayazo»: una pesca indiscriminada donde el criterio de sospecha ya no es el tatuaje ,el aspecto o las señales que muestra, sino el descontento social y la voz crítica.
El mapa de la nueva persecución: Los «nuevos terroristas»
Parecen obsesionados con convertir la seguridad en un espectáculo de consumo político: videos hiperproducidos, cifras gigantes y escenografías de control diseñadas para impactar emocionalmente y bloquear cualquier cuestionamiento legal o técnico. La imagen importa más que el debido proceso. La percepción importa más que la verdad jurídica. Mientras las cámaras venden poder y eficiencia, queda fuera del encuadre el costo real del sistema: los inocentes atrapados en la maquinaria del “atarrayazo” indiscriminado.
Bajo la sombra del penal de fondo, el poder ha comenzado a perfilar un nuevo tipo de «enemigo interno». Si usted pertenece a uno de estos sectores, el Estado ya no lo ve como un ciudadano con derechos, sino como un obstáculo a remover:
Periodistas y comunicadores: Aquí la verdad se ha vuelto elástica. Investigar una cifra o revelar un abuso se etiqueta como «apología» a conveniencia del despacho de turno. Contar la verdad NO es apología.
Defensores de la tierra y ecologistas: Quienes protegen el agua o su propiedad frente a megaproyectos de dudosa transparencia son perfilados como «obstáculos al desarrollo». La defensa del territorio se paga con la amenaza de la detención. Defender tu casa NO es oponerse al Estado.
Sindicalistas y Empleados Públicos: El régimen ha saltado de las calles a las oficinas. Hoy, exigir un salario justo o protestar por un despido arbitrario se responde con un susurro gélido del encargado de recursos humanos: «Cuidado, que el régimen aplica para todos». Pedir respeto al empleo y un salario a tiempo NO es terrorismo.
Políticos y líderes sociales disidentes: Aquí la justicia tiene dedicatoria. Se aplica la fórmula de la «venganza administrativa»: primero se captura, luego se fabrican las pruebas y se construye el ilícito a medida. Tener un pensamiento político diferente NO es ilegal ni debe ser perseguible.
Vendedores Informales: El ordenamiento urbano ha dejado de ser un ejercicio de diálogo para convertirse en un despliegue de fuerza. La sombra del régimen es el argumento final para desalojar sin alternativas.
El error táctico de la «extorsión estatal»
Usar herramientas de guerra contra ciudadanos que exigen derechos no es una muestra de fuerza, es una confesión de incapacidad. Este uso desvirtuado del Régimen de Excepción es un error garrafal por tres razones que la comunidad internacional ya empieza a notar:
La inflación de la amenaza: Si tratas a un ecologista o a un vendedor igual que a un cabecilla de pandilla, estás «normalizando» al criminal. Si todos son «terroristas», el término pierde su peso real y la verdadera seguridad se debilita.
Un Estado que necesita amenazar a sus propios empleados con la cárcel para que callen, es un Estado que ya no convence, solo vence por la fuerza bruta.Muchos apoyaron el régimen para sacar a los pandilleros de sus colonias. Pero nadie firmó un cheque en blanco para que ese mismo régimen se use para expropiar tierras o encarcelar a quien exige sus derechos laborales.
Seguridad sí, pero no a costa de la verdad
No hay que confundirse un trabajador que defiende su empleo no es una amenaza nacional. Una madre que protege su parcela no es una terrorista. Un periodista que cuestiona una cifra no es un cómplice del crimen.
El «atarrayazo» es el método de quien no sabe pescar con precisión y prefiere llevarse todo por delante.Pero en este caso parece premeditado para generar miedo general y obligar sometimiento total poder.
Exigimos que el plan de seguridad vuelva a su carril original si es que alguna vez lo tuvo de forma legítima: combatir el crimen organizado y los grupos criminales. Sacarlo de ahí para meterlo en los sindicatos, las redacciones , las comunidades rurales , en las oficinas de Estado y hasta en el desalojo a vendedores de la calle es contaminar la seguridad con persecución y venganza política.
Un régimen que persigue a ciudadanos por su opinión le falta al respeto a las víctimas reales de las pandillas. La seguridad que se usa para silenciar al ciudadano honrado deja de ser seguridad y se convierte en extorsión estatal.
A esta hora los observadores internacionales dejado de mirar las cifras de superficie y empezaron a dimensionar lo que la red se está llevando en el fondo
«Organizarse para exigir dignidad NO es conspirar. Un Estado que teme a sus defensores es un Estado que sabe que está fallando.»
La seguridad auténtica no necesita destruir a quienes vigilan el poder. Cuando el Régimen de Excepción se convierte en la única herramienta de gestión política, el Estado deja de ser el protector del ciudadano para convertirse en su principal extorsionador.La verdadera victoria no es ganar una guerra contra un enemigo interno, sino construir una paz que no necesite de la guerra para sostenerse.
La red ya no solo atrapa cuerpos; está intentando asfixiar la esperanza de una sociedad que se atreva a decir «No».Apostar a la eternidad del régimen es admitir que el Estado es incapaz de gobernar bajo la ley.
Defender al inocente no es una postura de oposición política; es una exigencia de eficiencia operativa. Un Estado que no sabe distinguir a su enemigo termina agotando sus propios recursos en una guerra contra su propia gente, mientras el verdadero adversario observa desde el punto ciego de la ineficiencia.
La detención prolongada de ciudadanos inocentes (panaderos, estudiantes, dirigentes políticos y sociales) se analiza bajo la métrica del costo de oportunidad. Cada dólar invertido en custodiar, alimentar y procesar judicialmente a un «falso positivo» es un dólar que se le ha confiscado a la inteligencia criminal real.El «daño colateral» a inocentes destruye el capital social.
El uso de juicios masivos funciona como una poderosa ancla narrativa y psicológica. Presentar bloques de 400 o 500 detenidos juntos genera automáticamente en la opinión pública una percepción de culpabilidad colectiva. Y no habría problema si todos fueran criminales plenamente individualizados y con pruebas sólidas en su contra.
Pero lo peligroso es que el sistema parece operar bajo un “sesgo de arrastre”, donde la culpabilidad comprobada de algunos termina contaminando mediáticamente a quienes no tienen vínculos reales con estructuras criminales.
La lógica del castigo sin distinción,si van mezclados, todos deben ser culpables. “Se van justos por pecadores”, repiten algunos como si fuera un daño aceptable. Pero cuando la justicia renuncia a distinguir entre el culpable y el inocente, deja de ser justicia y se convierte en perversidad judicial institucionalizada.
De ser así el objetivo no es la justicia individualizada, sino la validación estadística. El número masivo sirve para saciar la demanda de castigo de la audiencia, utilizando el ruido mediático para invisibilizar el «error de selección de objetivo».
No quieren reconocer o les da vergüenza decirle a la población que por error de procedimiento, ¡Hay miles que no la deben «no todo el que está preso es delincuente,mucho menos terrorista!», el sistema está obligado a responder por la calidad técnica de sus operaciones y la administración responsable del dinero del pueblo.
La seguridad auténtica necesita legitimidad, inteligencia y límites claros. Cuando pierde esos límites, deja de proteger ciudadanos y comienza a administrar obediencia al poder. No olvidar a los inocentes, esto no es un discurso lejano ni complicado; es algo muy concreto que cualquiera puede entender en la vida diaria. Defender a los inocentes es necesario porque hoy puede ser otro el señalado, pero mañana podrías ser tú, un familiar, un vecino o alguien cercano que conoce todo el mundo en la colonia.
Cuando un sistema deja de distinguir con cuidado, el riesgo deja de ser ajeno y se vuelve cercano. Por eso es importante mantener esa idea simple pero firme: que la seguridad nunca debería construirse a costa de la injusticia, porque proteger al inocente es, en el fondo, protegernos a todos.