Diversas organizaciones exigieron esta semana a los diputados que aprueben la reforma Constitucional por el Derecho Humano al Agua; además, advierten que hay una contradicción entre el discurso y la práctica del Gobierno respecto a la privatización del agua.
El pasado 7 de septiembre, una comisión representativa de las distintas asociaciones defensoras del agua, de las iglesias, de la UCA y de la sociedad en general, asistieron a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa para solicitar, nuevamente, que se incluya en el Artículo 2 de la Constitución de la República el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.
A un mes de dicha reunión, los diputados no han cumplido su promesa de inclusión de este derecho a beneficio de toda la población salvadoreña.
Wilmer Sánchez, de la vicerrectoría de Proyección Social de la UCA, y parte de la Alianza por la Reforma Constitucional por el Derecho Humano al Agua “De la creación a la Constitución”, afirma que el retraso de los diputados sigue estando vinculado a intereses políticos y económicos.
Por su parte, Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, y parte de la Alianza por la Reforma Constitucional por el Derecho Humano al Agua “De la creación a la Constitución”, advirtió que por parte del Gobierno de Nayib Bukele hay una contradicción entre el discurso y la práctica respecto a la privatización de los recursos hídricos.
En 2018 se entregaron más de 200 mil firmas a la Asamblea Legislativa para pedir que se apruebe de forma urgente el derecho humano al agua y al saneamiento y una Ley General de Aguas.
La propuesta de la Alianza por la Reforma Constitucional por el Derecho Humano al Agua “De la creación a la Constitución” incluye seis elementos: derecho humano al agua, al saneamiento, leyes especiales de orden público, participación ciudadana, gestión con carácter público y sin fines de lucro.
