Mucha de la situación que se vivencia en el país y en la región, se ve deteriorada por políticas públicas y en mucho anti laborales; en tanto avalan y refuerzan modelos económicos que concentran la riqueza en grupos dominantes, que se nutren de la explotación socio-económica, a través de mantener una forma de producir bienes y servicios, a quienes hacen la riqueza—las personas trabajadoras.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
Las ideas y acciones para revertir esta afectación negativa que sufren la mayoría de la población y aún más los sectores populares, tiene que ver en mucho por la imposición de formas de sometimiento y pérdida de todo tipo de derechos; además del impulso de procesos de empobrecimiento que se nutren de las políticas de los gobiernos, y acciones de las patronales; que sólo favorecen los intereses de estos grupos con poderes económicos, políticos y que imponen un modelo cultural de alienación y de violencia estructural—social, económica, doméstica; además de cultural.
El movimiento sindical, es hoy abatido por estas políticas de gobierno y de patronales explotadoras, que sólo ven su ganancia en detrimento del bienestar común que se establece constitucionalmente. Este proceso histórico que vivimos, mantiene la cooptación del aparato de gobierno, que se impone para anular las libertades más vitales que permitan el desarrollo socio-económico sostenible y sustentable en el tiempo, para quienes se ven inmersos en una economía formal y no formalizada.
En mucho de este discurso, la libertad económica es la que más se sostiene, por parte de estos grupos que pretenden con ello un aprovechamiento del sistema de producción—sin embargo, no invierten para robustecer la economía, por el contrario, sacan sus ganancias para invertirlas en otras sociedades—pero sin ampliar el mercado interno, seguimos sostenidos por remesas de los hermanos lejanos y un alto endeudamiento público con diferentes organismos financieros nacionales e internacionales.
Esta situación está llevando a que exista mayor desprotección social para las mayorías de personas trabajadoras que laboran en la economía formal e informal, sobre manera para estos últimos que no tienen derechos de ninguna índole; y dentro de la formalidad se van deteriorando las condiciones de inestabilidad laboral que alcanzan por hoy altos números de empleos perdidos en diferentes sectores económicos.
Esto ha tenido su asiento sobre la base del poder económico, donde ha imperado como política de gobierno, el tema de mayor libertad económica—que conlleva la anulación y debilitamiento de la parte pública, a través de diferentes procesos de desregulación y flexibilidad laboral, de privatización de los bienes del Estado y de la cooptación del aparato de gobierno, entre otras acciones; en tanto se impulsan procesos económicos que accionan y favorecen la alta concentración de la riqueza producida en pocas manos, por el contrario se refuerzan los abusos y arbitrariedades, que potencian lo económico y ganancia para los grupos oligarcas, en detrimento de la población laboral y sectores populares.
La protección social, como elemento de desarrollo humano, debe incorporarse como derecho a partir de la conservación de bajos salarios que no llenan los mínimos vitales, de prestaciones sociales y económicas, que cubrirían los deficitarios salarios en las personas trabajadoras, para un mínimo de sobrevivencia familiar e individual.
La salud, la protección contra eventos de riesgos profesionales; la cobertura por eventos de invalidez, vejez y muerte de quienes se ven en procesos de riesgos e involución laboral, como también en aquellos derechos que implican condiciones materiales de vida favorables, el caso de vivienda propia; la educación pública, el pago de los servicios públicos; la tasa de impuestos por renta y por compra de mercancías; la transportación pública y el mejoramiento de la cultura de bienestar propio y familiar.
Es así de importante que exista esta cobertura, esta protección social, que requiere de ser subsidiada por el Estado; y financiada por las empresas, sin embargo, vemos como los fondos de pensión se ven apropiados y sin la rentabilidad que implica la forma de funcionar del sistema de pensiones; ahora se perciben amenazas para apropiarse de los recursos acumulados de la reserva técnica del ISSS, para diferente cobertura médico hospitalaria; además, se toman los fondos acumulados para el desarrollo de la formación profesional; entre otras nefastas políticas públicas.
No obstante, las condiciones socio-económicas y laborales se van debilitando en tanto los derechos humanos que las protegen se ven disminuidas; y van cediendo a la libertad económica que ha llevado a la venta del país, en un mundo donde la mercancía tiene mercado y se vende; y en una globalización económica que no protege a las personas en tanto todo se mide por la oferta y la demanda que exista.
*Sindicalista salvadoreño
