El enfrentamiento que ahora apreciamos entre los distintos poderes se origina en la intencionalidad del Ejecutivo por controlar la totalidad del ejercicio estatal, sin recurrir a nadie y menos aún sin dar cuentas a nadie.
Para ilustrarlo; a la continua queja de parte del Ejecutivo por supuestamente carecer de recursos estatales para echar adelante su programa, lo que según él es consecuencia de una “…maliciosa y perversa intención por dañar su imagen electoralmente, pero además por provocar de modo intencionado el que las personas fallezcan por negligencia…”, en el marco de la pandemia por supuesto, simplemente debemos preguntarnos: De donde entonces son los recursos con los que entregara los $300.00 para medio millón de personas, los paquetes de ayuda alimentaria, el despliegue de seguridad, la asistencia médico hospitalaria, la construcción del mega hospital en la sede de CIFCO?
Son sencilla y simplemente, fondos públicos, los que él asevera no haber recibido nunca y que sin embargo, utiliza. El problema de fondo lo es la rendición de cuentas, a lo que el ejecutivo se niega, porque sí, al tiempo que manipula a la población que le es afecta a través de un discurso visceral, lo cual es grave en razón de las tensiones sociales que provoca intencionadamente con una visión electorera.
Es decir, tanto la Asamblea Legislativa como la Corte Suprema sencillamente demandan del ejecutivo un informe apropiadamente sustentado, que indique cómo, donde, conque, para que y cuanto se usara en tal o cual evento que por separado éste financiara.
Sencillamente porque la ley así lo demanda.
También la ley ya explica cuando el estado (entiéndase el ejecutivo) deberá rendir cuentas – pues son fondos públicos -, lo que no se suscribe a la buena o no voluntad del ejecutivo en turno, a que le parezca o no, sino que sencillamente ya la ley así lo establece [Ley de la Corte de Cuentas/Sistema Nacional de Control y Auditoria de la Gestión Pública/artículo V de la Constitución], por lo que lo exigido tanto por la corte como por la asamblea es además de legal, obligatorio, lo que coloca al ejecutivo en desacato con la ley.
Dicho de otro modo, a lo aseverado por el ejecutivo en torno a la rendición de cuentas solo “…al final de su mandato…” es un llano acto de desobediencia a lo dictado por la legalidad, lo que deriva en sanciones ya establecidas, y que éste evade, apoyándose en el sustento electoral que se supone mantiene en la población.
Por otro lado, su apuesta se basa en el cálculo que supone que en las votaciones venideras arrasará con la oposición, logrando el control del legislativo y consecuentemente, del judicial, pudiendo entonces adelantar sus operaciones sin oposición, y como la historia nos demuestra, evadiendo el tenor constitucional.
Entonces, a las excusas que el ejecutivo atañe sus negativas, suma los propios vicios, que van desde el nepotismo hasta el desacato, lo que no puede continuar en razón de que los tiempos impondrán a su gestión, la debida aplicación de la ley.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández. Educador salvadoreño
