En 1576 el colonialista y cronista español Juan López de Velasco escribió sobre el río Acelhuate: “En los arrabales de la ciudad, dicen, salen tres ojos muy grandes de agua caliente, muy buena e clara e sin ningún mal sabor, y que es sacándola se enfría y bebe; en su nacimiento es algo cálida aunque se puede sufrir, y como va corriendo, se va resfriando; no creo que en el mundo puede haber mejor disposición para baños que en las dichas fuentes”.
Hoy, el Acelhuate es el río emblemático de la contaminación fluvial en el país, cuando la contaminación es la regla y no la excepción. En 2011 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) clasificó los ríos salvadoreños según la calidad de sus aguas. Ninguno los tiene con calidad excelente. En el 12% es buena, en el 50% es regular en el 31% es mala y en el 7% es pésima.
CRISIS DESDE 2016
En el país existen 360 ríos, que conforman 10 regiones hidrográficas. Además hay 4 lagos naturales y 4 embalses artificiales para generación hidroeléctrica. A pesar de todos estos recursos valiosos, ya en 2006, el país estaba al borde de una crisis ecológica, producto de una deuda ambiental en cuyo centro está el problema del agua. El MARN, que para entonces tenía solo ocho años de vida, había ganado más puntos ante la empresa privada que ante la población o los movimientos ecológicos. En ese año, el PNUD, en su Informe sobre Desarrollo Humano, titulado “Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua”, advirtió que si no se decidían acciones integrales e inmediatas. El Salvador iba a “enfrentar escasez de agua en unos 15 años”.
DEFORESTACION: LEGADO COLONIAL
Los mismos conquistadores españoles que alabaron los recursos naturales de El Salvador fueron los que iniciaron su destrucción. La tala de bosques fue necesaria para impulsar las minas, para expandir la ganadería, para estimular cultivos en latifundios, pilares de la economía colonial. El desarrollo del modelo agroexportador con el monocultivo de añil, de algodón, y posteriormente de azúcar, profundizó la deforestación. El monocultivo del café fue el único que no implicó la tala indiscriminada de árboles.
CONTAMINADAS
Actualmente, El Salvador es el segundo país más deforestado en América Latina después de Haití. El MARN informa que más del 80% del territorio salvadoreño está deforestado y la escasa cobertura vegetal del país es apenas el 1.1% de la masa boscosa de Centroamérica. Todos sabemos que la destrucción del bosque ocasiona múltiples daños, uno de los más inmediatos la pérdida de capacidad de producir agua, porque un territorio deforestado no favorece la infiltración y menguan sus mantos acuíferos. Esto agudiza la crisis. Se incrementan las temperaturas y se reduce el nivel de evaporación y transpiración del agua en la atmósfera, lo que actualmente representa un 59% de la precipitación.
DESIGUAL ACCESO
La Alianza para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales informa que el 76.5% del total de hogares salvadoreños cuenta con acceso a agua potable. En el área urbana, es el 85.6%, mientras que en el área rural casi 4 de cada 10 familias carecen de acceso a agua por cañería.
Son pocas las familias salvadoreñas que tienen agua y que la reciben las 24 horas del día. Aunque el 91% de la población del área metropolitana de San Salvador cuenta con cañerías, el servicio es irregular y los cortes de agua pueden durar desde horas hasta semanas, a veces por la planificación del servicio y a veces por daños en las tuberías o por obras de reparación. Tanto en el campo como en la ciudad, tener una cañería en el hogar no equivale a tener asegurada el agua.
Aunque el país ha cumplido la primera parte de la meta 7C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), referida al acceso al agua, y está en camino de alcanzar la relativa a las fuentes mejoradas de saneamiento, falta mucho para garantizar acceso pleno al recurso hídrico y los más afectados son mujeres, niños y niñas de áreas rurales y de áreas urbanas marginales.
GANANCIA DE EMPRESARIOS
La mayor brecha en la demanda y el acceso al agua se evidencia entre los empresarios agropecuarios, agroindustriales e industriales y la población en general. En el sector agrícola, no todos las y los agricultores tienen acceso al agua. Dominan las empresas de los sectores azucarero y ganadero aglutinadas en la Cámara Agropecuaria (CAMAGRO).
El Foro del Agua, agrupación de organizaciones comunitarias y ambientales, señala que el consumo promedio de agua para riego de la caña de azúcar es de más de 205 millones de metros cúbicos para un área de más de 36 mil hectáreas en la zona costera. Un porcentaje importante del riego proviene de los someros acuíferos de la zona. El resto, de aguas superficiales, muchas veces sin autorización. Otras veces sí hay autorización. Una autorización que es lícita, pero ilegitima. Un ejemplo es el Central Izalco, propiedad de la familia Regalado, en la zona occidental del país. Esta familia paga solamente 113 dólares anuales por el uso ilimitado del agua que emplea. Esta autorización constituye una burla para la población de la zona. Muchos pobladores pagan 10 dólares al mes por el consumo que hacen en sus hogares. De los 7 mil productores de azúcar del país, dos familias controlan el 70% del mercado interno y el mercado preferencial de exportación a Estados Unidos: la familia Regalado y la familia Wright, principales beneficiarias de la falta de regulación del uso del agua.
UN GRAN NEGOCIO
En el sector industrial pasa algo similar: No todas las industrias utilizan una cantidad desproporcionada de agua para los procesos productivos que les permiten acumular riqueza. Los que más la emplean son la industria embotelladora, la industria de la construcción y la industria extractiva.
El caso más flagrante lo representan las empresas embotelladoras. La cervecera sudafricana SABMiller, propietaria de Industrias La Constancia y principal fabricante de gaseosas y cervezas en el país, distribuidora de los productos de Coca-Cola a nivel nacional y regional, tiene acaparado el mercado de agua embotellada con su marca, Agua Cristal, y ocupa el primer lugar en el uso y abuso del agua para generar ganancias. Desde 1999 esta empresa viene extrayendo agua del acuífero de Nejapa con dos pozos que en la actualidad extraen 34.67 millones de metros cúbicos anuales, siendo la recarga de esos pozos de 18 millones de metros cúbicos, lo que significa que en 30 años esta fuente secará.
En 2013, esta empresa transnacional solicitó una ampliación de su planta, con la perforación de un tercer pozo. La solicitud, que implicaría el traslado de sus instalaciones en San Salvador al municipio de Nejapa, constituía una afrenta a la población del municipio de Nejapa, donde sólo un 50.2% de la población tiene acceso a agua domiciliar. Gracias a la lucha que ha librado el pueblo de Nejapa durante años, el gobierno ha dado largas a la solicitud de la empresa y el caso sigue abierto.
RESPONSABILIDADES
Las urbanizadoras y constructoras también cometen abusos. En municipios como San José Villanueva y Zaragoza, de La Libertad, un 75% de la población tiene dificultades para conseguir agua para beber. Esto sucede, mientras según el Foro del Agua, a residenciales como La Hacienda, Los Sueños y El Encanto Villas y Golf, se les otorga el servicio de agua sin ninguna restricción. Incluso, tienen suficiente agua para regar el campo de golf.
La extracción de material pétreo de ríos y zonas de recarga afecta el cauce natural y la cantidad y calidad de las fuentes de agua, generando también desequilibrio en la fauna y la flora de estos ecosistemas, convirtiéndose en una amenaza para las poblaciones situadas aguas abajo de estos ríos. El ejemplo más claro es el del río Jiboa, donde varias empresas, entre las que se destaca CESSA, principal cementera del país, propiedad de la transnacional suiza Lafarge Holcim, vienen extrayendo arena, grava y roca para materiales de construcción.
PRIVATIZACIÓN
El desbalance en el acceso al agua huele a privatización. Aunque el agua es de los pocos bienes públicos que no se privatizaron durante los años 1989-2008, los permisos injustos y escandalosos y las concesiones encubiertas fueron formas embrionarias de privatización pues operan con la misma lógica: el Estado cede un bien público a quienes lo compran y lo convierten en “su propiedad”.
En 2003, la entonces Procuradora de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, declaró: “Quiero alertar a todos que, con la supuesta intención de querer mejorar el servicio de distribución del agua, se están impulsando modalidades de prestación del servicio que peligrosamente pueden conducir a la privatización de este servicio”.
EL FORO DEL AGUA
Aquel año 2006, una serie de organizaciones comunitarias y ecológicas de El Salvador se unieron para buscar cambios de fondo en la gestión del agua. Recién había salido el informe del PNUD, que revelaba el nudo ecológico principal en la problemática del agua -su gestión injusta para favorecer los intereses de los más ricos- y el Foro del Agua respondió exigiendo “una gestión responsable, eficiente, equitativa y participativa de los recursos hídricos y evitar su privatización”.
En marzo de 2006 el Foro del Agua presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley que prohibía la privatización, priorizaba el consumo humano y establecía entes controladores con participación ciudadana y estatal. Existen en el país más de 2 mil juntas rurales de agua, entes comunitarios que administran el agua de su comunidad. La ley les daría representación.
EN LA CONSTITUCIÓN
Aunque la propuesta de Ley del Agua quedó enterrada por otros temas, el Foro del Agua, junto a otras organizaciones, levantó la lucha por incluir en la Constitución el derecho al agua y a la alimentación.
En la última sesión de la Asamblea saliente en 2012, la reforma al artículo 69 fue aprobada unánimemente, y quedó escrito: que “el agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes”.
Sólo faltaba que la Asamblea entrante ratificara esta reforma constitucional. Pero pasaron tres años y eso no ocurrió. Aunque las fracciones legislativas del FMLN y de GANA apoyaron la reforma, diputados de ARENA, del PCN y del PDC negaron sus votos una y otra vez.
LA DERECHA TAMBIÉN LUCHA POR EL AGUA
La derecha ha utilizado varios argumentos para oponerse a las propuestas populares sobre el agua. Han dicho que es “confiscatoria de la propiedad privada”, que “aumentara” la burocracia en la emisión de permisos, lo que limitará la inversión”, que “significará más impuestos para la gente”, que “busca regular una falsa escasez del agua” y que “afecta al consumo de las comunidades rurales”.
A finales de 2013, apareció en la Asamblea Legislativa, un anteproyecto de ley firmada por la Asociación de Regantes, que proponía una Autoridad Hídrica compuesta por siete personas, cinco provenientes del sector privado y dos del Estado. Meses después, en el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE, 2014), máximo foro de la ANEP, se presentó públicamente otro anteproyecto de ley que era casi una fotocopia de la propuesta de la Asociación de Regantes.
En el ENADE los protagonistas son gremios empresariales, como la Cámara Agropecuaria (CAMAGRO), la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), la Asociación Salvadoreña de Industriales de Agua Envasada (ASIAGUA), todos ellos ganadores en la escasa regulación del uso del agua y propulsores de la privatización. Aunque su propuesta llegó a las portadas de todos los diarios nacionales, nunca llegó a la Asamblea Legislativa.
EL PUEBLO SIGUE LUCHANDO
Las comunidades y organizaciones agrupadas en el Foro del Agua han luchado contra La Constancia, contra las familias Wright y Regalado, contra la empresa constructora El Roble y contra otras empresas porque consideran que “les han robado el agua”.
Han triunfado en algunas de sus luchas. Un ejemplo son las comunidades organizadas en el Comité de Microcuenca y Asociación Istatén, que ganaron una demanda contra los cañeros por la sobreexplotación del río Paz, limítrofe entre El Salvador y Guatemala, y dieron inicio a la recuperación de cinco kilómetros del río Aguacate en el municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán. Estas luchas importantes no han llegado a las principales páginas de los diarios.
En 2016, los diarios sí se llenaron de notas sobre las luchas de cientos de ciudadanos que protestaron en distintos lugares del área metropolitana de San Salvador, cerrando calles de la capital y carreteras, como la que conduce al aeropuerto internacional. Todos exigían el abastecimiento del agua.
¿Cuál era la diferencia entre esta lucha y las del área rural? Las dos eran acciones colectivas de comunidades que exigían el agua para consumo humano. Las dos eran legítimas expresiones de un pueblo que reclama respuesta a una necesidad básica. La diferencia era que las comunidades de Ahuachapán demandaban a los cañeros y ganaderos, los de Nejapa a La Constancia y a la Coca-Cola y los de La Libertad a las empresas constructoras, mientras que las comunidades urbanas reclamaban al Estado y demandaban la presencia del presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para negociar con él.
LA “OLIGARQUÍA DEL AGUA”
En junio de 2017, los partidos de derecha (ARENA, PCN, GANA y PCD) presentaron formalmente su propuesta de ley. Su iniciativa giraba alrededor de la creación de una institución autónoma cuya dirección tendría cinco miembros: dos del sector público y tres del sector privado. La diputada Estela Hernández, del FMLN, hace énfasis en que, “por primera vez en las propuestas de la derecha hablan con nombre y apellido de la participación de CAMAGRO y la ASI”. En representación de “los oligarcas del agua”, la derecha se había quitado finalmente el disfraz y mostraba su interés privatizador.
Curiosamente, los dos portavoces de estos partidos, representados en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, fueron Johnny Wright, cuya familia domina la producción y procesamiento del azúcar y Mario Ponce, quien, según la vox populi, representa los intereses de algunas empresas transnacionales vinculadas a la comercialización del agua. Ambos argumentaron que su propuesta se basa en un proyecto previamente consensuado con la ANEP y con el MARN. Inmediatamente, el MARN se desmarcó de la propuesta, negando que reflejara sus planteamientos para la gestión del agua en el país.
Inmediatamente, el Foro del Agua se integró a una alianza más amplia con otras organizaciones sociales, que se bautizó Alianza Contra la Privatización del Agua. Hubo manifestaciones en las calles de San Salvador, frente a la Asamblea Legislativa y en las oficinas departamentales del órgano legislativo en todo el país, con el apoyo de la Iglesia Católica y de la Procuradora de los Derechos Humanos.
UNA PROPUESTA PRIVATIZADORA
La Alianza puntualizó los tres aspectos de la propuesta de la derecha que revelansu naturaleza privatizadora: “1. Propone un Ente Rector de carácter autónomo cuya directiva es conformada mayoritariamente por ANEP y COMURES (la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, dominada por partidos de derecha), con facultad de decidir sobre cualquier aspecto relacionado con el agua: permisos, cánones por el uso, personal del ente rector, normativas del agua potable, etc, mostrando así un claro conflicto de intereses al pretender que los grandes usuarios del agua jueguen un rol de juez y parte. 2. Elimina la conformación de comités, gestión de cuencas y, por ende, la participación efectiva de la población. 3. Prioriza el uso mercantil de las empresas sobre el derecho humano al agua de la población abastecida por juntas de agua y genera condiciones para la privatización del servicio de agua potable”.
LA PROPUESTA DE LA UCA Y LA IGLESIA
En esta disyuntiva la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” hizo otra propuesta, acuerpada por la Iglesia Católica. El arzobispo de San Salvador, José Escobar Alas, la presenta así: “Esta propuesta especifica cómo debería actuar el ente rector, de carácter predominantemente estatal, pero con participación no estatal y también con un espacio asesor de amplia participación ciudadana y con estructuras organizativas de carácter local que incluyen las juntas de agua”.
No se cierra la participación a la gran empresa, que siempre puede acceder a puestos en la dirección de un ente rector del agua, pero su participación no sería mayoritaria y no sustituiría totalmente la participación de las juntas de agua.
“QUEREMOS AGÜITA EN TODAS LAS COMUNIDADES”
Para los sectores de la población que celebran que en los últimos ocho años han ido cerrándole la puerta a las políticas privatizadoras propias del neoliberalismo, contar con una ley contundente en el tema de la defensa del agua es imprescindible.
Bien resumió las demandas populares María Barahona, pobladora de Tecoluca, en San Vicente, participante en las movilizaciones de la Alianza contra la Privatización del Agua: “Lo que nosotros no queremos es que privaticen el agua. No queremos tampoco siembras de cañales cerca de donde tenemos el nacimiento del agua. Que no pongan cara el agua, que no escasee el agua. Y que todos los salvadoreños tengamos agüita en todas las comunidades”.
