El sábado 16 de junio la lucha por la no privatización del agua tuvo dos aportes importantes; por una parte el pueblo continuó expresándose públicamente en las calles con una multitudinaria marcha en la que participaron diversos sectores políticos, sociales, universitarios, profesionales, empleados públicos y privados, iglesias de diferentes denominaciones que mostraron la unidad y unanimidad popular que existe contra la privatización del agua.
Por su parte el Presidente Salvador Sánchez Cerén durante el programa Gobernando con la Gente, que se realizó en la comunidad Nuevo Gualcho, municipio de Nueva Granada, Usulután, de forma categórica expresó: “Tenemos una amenaza muy seria en el país, como es la privatización del agua. Como gobierno no vamos a permitir que se privatice el agua, vamos a luchar” lo cual implica que cualquier proyecto de ley que apruebe la derecha legislativa dominada por los oligarcas de ARENA, será vetado por el mandatario.
Los voceros de ARENA y la ANEP, al defender su proyecto dicen que no quieren privatizar el agua, pues ello iría en contra de una resolución de la Sala de lo Constitucional; ni siquiera alegan que la privatización va contra los intereses y preservación de la vida del pueblo; por que lo que quieren es volver eficiente la administración del recurso a través de un ente rector denominado Autoridad Nacional del Agua (ANA) en la que el sector privado tendría mayoría sobre la representación estatal, de tal forma que los intereses que prevalecería serían los de la empresa privada que ya sabemos su prioridad es el lucro, un buen ejemplo lo tenemos en la privatización de las pensiones, ámbito en el que los grandes ganadores son los dueños de las AFP y los explotados son los trabajadores cotizantes y los pensionados.
¿Cómo le vamos a creer a la derecha arenera que no quiere privatizar el agua si de entrada hicieron a un lado la propuesta de ley consensuada con las organizaciones populares, de la cual ya se había avalado 92 artículos en la legislatura pasada y adoptaron como documento referente de trabajo la Ley Integral del Agua presentada de forma inconsulta por la ANEP?
Las organizaciones políticas y sociales representativas del pueblo coinciden en que el ente rector del agua, por ser esta un recurso público tiene que ser administrado por el sector público, con procedimientos de control comunitario que permita a los usuarios verificar que el servicio sea renovable, eficiente, de calidad y accesible, lo cual exige que la lucha contra la privatización del agua continúe firme.
