¿Es en la coyuntura electoral actual de interés para el grupo de partidos políticos la aprobación de una reforma o ley de mejoramiento de los servicios públicos?
Definitivamente los servicios públicos a saber educación, salud, vivienda, recreación, seguridad ciudadana y jurídica, seguridad social, agua potable, migración, y tantos otros que son parte del desarrollo del Estado como parte de sus deberes y obligaciones constitucionales.
En una sociedad hay en su existencia lo que denominamos modelo económico que se vivencia y da un rol para el Estado que puede estar de forma dependiente del poder económico o del poder social.
¿Qué es el modelo económico? es la forma de organización y funcionamiento de la economía de un país. Lo que nos dice el modelo es de qué vive un país, o sea, cuáles son los productos o servicios más importantes, que permiten que la economía funcione. En El Salvador, durante muchos años esos productos fueron el café y el algodón, cuya producción se destinaba principalmente al mercado internacional. Por eso se hablaba de modelo agroexportador.
Esta situación económica necesita de un sistema político que funcione acorde a ese modelo, en consecuencia el aparato del Estado, ha actuado en favorecimiento de los intereses de los sectores oligárquicos del país, de la burguesía terrateniente que mantuvo en su poder los anteriores gobiernos militares del partido de conciliación nacional-pcn-y todo el aparato de represión política y militar que encausó la violencia del Estado contra los intereses de los sectores populares en el campo y la ciudad.
¿Por qué entonces la necesidad de impulsar reformas y mejoras en los servicios públicos del aparato del Estado? ¿Quién gana o se beneficia y quien pierde ante un proceso de esta índole? Los sectores laborales en el sector público, históricamente han estado condicionados al clientelismo político e inclusive en tiempos de conciliación, generaban alta, cuál si fuera un régimen militarista, se recolectaban cuotas obligatorias para apoyar al partido político, y esto hacia una masa laboral muy sumisa y subordinada al poder de ese entonces. Recordemos el ejercicio del Coronel Molina (1972-1977) quien pretendió de manera reformista cambios en la propiedad agraria, sin embargo la reacción de la burguesía terrateniente fue brutal creando instancias como el frente agrario de oriente FARO-ANEP, que se opuso férreamente para impedir algunos mínimos cambios en la estructura de propiedad de la tierra.
Para 1989 la realidad era otra. Los impuestos al café solo le dieron al gobierno el 5% de sus tributos. Y el gobierno ya no dependía del comercio exterior para generar sus ingresos tributarios, el 82% de los cuales provenía el timbre, la renta y otros impuestos[1]. La crisis del café y el algodón también se reflejó en la disminución del empleo. Para la cosecha 1988/89 el empleo en ambos cultivos había caído en un 70% respecto al nivel alcanzado en 1979/80[2].
Cuando se toman el poder del Gobierno, y se constituye el partido de conciliación nacional se creó la ley del servicio civil (1961 y reformas continuas entre 1962 y 63) la que con algunos cambios mínimos se reformó incorporando la parte del derecho colectivo (2009), luego de reformas para facilitar la formación de sindicatos en el sector público. Así también se han presentado cambios en el sector público—que implicó despidos masivos—luego de la implantación del neoliberalismo como una doctrina que plantea que los problemas económicos de un país se deben a la existencia de un desequilibrio comercial creciente que provoca escasez de divisas y limita la capacidad de importar, lo que afecta la inversión y la producción, provoca desempleo y disminuye el ingreso. Ante esa situación, el país recurre al endeudamiento externo, para financiar importaciones y restablecer los niveles de inversión. Pero la persistencia del desequilibrio comercial vuelve a agotar las reservas y hace que el país deje de ser sujeto de crédito, lo cual de nuevo provoca una caída de las importaciones, la inversión y la producción.
En consecuencia, los diputados(as) están pensando, conocer cuál es la correlación próxima, para dar pie a los cambios en el sector público—hay varios proyectos presentados desde un ante proyecto de reformas-hasta la completa aprobación de una nueva ley del servicio público. El asunto es de interés nacional y se mantiene un debate estéril en el seno legislativo sin dar apertura a la participación de los sectores laborales que se verán afectados, así nuestra realidad nacional.
*Sindicalista salvadoreño
[2] Ministerio de Hacienda y BCR
[3] Barry, Deborah y Rosa, Herman: «Crisis de la Economía Rural y Medio Ambiente en El Salvador.» Boletín Prisma, No.9, enero-febrero de 1995
