Categoría: Sindicalismo

En el marco y contexto jurídico que nos vemos involucrados en la sociedad como parte de la clase trabajadora—la Constitución de la República (1983 y anteriores)—poco o nada ha tenido de protección social, funcionalidad de los derechos laborales y grado de desarrollo evolutivo de lo que significa el derecho al trabajo, al empleo, salud, vivienda, salarios justos y decentes, educación, entre otros factores para el desarrollo humano.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La Cn. ha sido una norma de poco provecho para las personas trabajadoras que buscan en un trabajo un futuro individual y familiar estable, sostenible y sustentable—incluso cuando se desmonta la guerra civil y se dijo que se volvía al Estado de derecho, lo que significó fue el debilitamiento del foro de concertación económico y social y su aborto, a partir del cual se impuso el modelo de acumulación capitalista en base al mercado y la globalización económica, la oligarquía no cedió su poder, ni compartió la ganancia acumulada para una mejor distribución de la riqueza producida; y continuó su curso y esta vez el marco de la Constitución no fue valladar para impedir el despido de más de 40,000 empleados públicos (Cristiani, Calderón Sol) y la desarticulación de la organización sindical en el sector público.

Se desmontó lo que se había nacionalizado—banca, comercio exterior—se impuso la privatización de las entidades públicas que significaran una oposición al mercado y los intereses privados: así se reorganizó la vivienda, y se disminuyeron funciones en el Fondo Social para La Vivienda, y desapareció el Instituto de Vivienda Urbana-IVU-; se desmontó el comercio de cereales, leche y granos básicos que regulaba el Instituto Regulador de Abastecimientos-IRA; de nuevo se reprivatizó la banca, comercio exterior; se reformó el impuesto de la renta, el patrimonio y se introdujo el impuesto al valor agregado (IVA) afectando el poder adquisitivo de los marginados y excluidos socialmente, generándose la fase de mayor empobrecimiento de la población con nulo o muy poco poder adquisitivo.

La Cn. vigente no hizo nada para revertir la situación que planteaba el gobierno de ARENA, y tampoco muchos de los sectores alineados al poder oligárquico, que hoy reclaman por un Estado de derecho perdido, hicieron alguna acción para revertir las violaciones constitucionales—el pueblo en esa época era completamente ignorante y menos reclamaba una situación de intereses dominantes (oligárquicos), y el concurso de una clase gobernante (partidos políticos) que nos condujeron a una situación de mayores deterioros constitucionales, a los cuales no se hizo alusión cuando los principios, valores y dogmas eran pisoteados a favor de la clase dominante.

La armonización de las leyes al texto constitucional no se hizo, ejemplo el derecho constitucional por omisión a la instalación de salas cunas y de cuido para los hijos(as) de trabajadores(as), el cual aún sigue violentándose después de diferentes períodos de prorroga a la práctica y ejercicio de la ley. Mucha de la ley secundaria no se adecua al marco constitucional; y la inercia va dando pauta al anacronismo y obsolescencia de la realidad que hoy impera.

Es una acción de trascendencia el anuncio del proceso de reforma constitucional, por cuanto hay una realidad que ya no comulga con el texto constitucional. La clase trabajadora debe conocer sin más dilación el proceso de reforma—que es necesaria—apropiarse de los contenidos que hacen referencia al desarrollo de los derechos de las personas trabajadoras; y dejar en el texto constitucional toda aquella normativa, valores, filosofía, principios claros y diáfanos que nos permitan a toda la ciudadanía accesar al proceso por una nueva República. Lo pétreo es un problema en tanto mantiene anquilosado una forma de ejercer la democracia representativa, es importante dar paso a la democracia participativa.

No puede darse una transformación hacia la nueva República, si mantenemos esquemas de oposición férrea a un Estado de derecho diferente en el que hemos existido por larga data, sabemos de los riesgos que implican llegar a una nueva sociedad, por cuanto los intereses mezquinos, ególatras, anti solidarios e inconsecuentes al grado de perspectiva de solución se requiere, están presentes—la democracia es siempre frágil si no favorece a una mayoría—el país requiere de una dirección que ante ponga los intereses personales, no obstante el proceso de la reforma constitucional es frágil y se vigila porque lo pétreo no se cambie—alternancia en el ejercicio del poder—

Pero lo que se requiere es que aquello que se violenta a diario por el interés del dinero y de grupos dominantes sea abolido, y empecemos a construir sobre la base de los derechos y necesidades de la gente excluida y marginada que es la mayoría; y así dar paso al desmontaje del poder dominante actual, y dar paso a una Constitución que plasme sin ambigüedades lo que todos queremos para sembrar futuro.

*Sindicalista salvadoreño

Hay claros desbalances en la justicia impositiva, hay acciones gubernamentales que van imponiendo modificaciones en multas, incremento de pagos de tramitaciones de servicios públicos, y un control poblacional para sacar recursos fiscales a las gentes comunes y corrientes, sin apuntar a los grupos económicos que acumulan mucho del producto interno bruto del país.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La sub imposición, uno de los factores que aumenta la desigualdad, como los impuestos sobre la renta, sobre la renta de las sociedades y sobre las sucesiones han disminuido, mientras que los asalariados asumen cada vez más una mayor parte de la carga impositiva.

La incapacidad del gobierno para regular y gravar a los conglomerados empresariales que están acumulando como digitales, comunicacionales, financiero, AFP, agro exportadores, construcción, comercio exportador, está favoreciendo el poder monopolista u oligopólico en sectores de la economía. Existiendo una falta de voluntad política para legislar sobre las políticas laborales, fiscales y sociales de beneficio popular, siendo una acción sindical la lucha por la justicia fiscal.

Promoción de políticas industriales y de comercio sostenibles, los acuerdos comerciales actuales no están en consonancia con la promoción de los derechos de las personas trabajadoras y el desarrollo sostenible. La demanda debe dirigirse a las políticas comerciales alternativas que tengan en cuenta las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, el crecimiento económico inclusivo, el desarrollo sustentable y sostenible.

“Las décadas de desindustrialización y dependencia de redes globales de producción y comercio han agotado la capacidad de producir y/o utilizar en el corto plazo productos esenciales, desde alimentos a equipos de protección personal e incluso insumos médicos y farmacéuticos básicos. Una reconversión industrial, para brindar productos a la primera línea, puede también ser conveniente para generar las políticas industriales sostenibles que deben servir de guía para las medidas urgentes de estímulo económico y respecto al lugar de trabajo que exigimos, o nos estamos arriesgando a enfrentar un daño social y ambiental aún mayor”.

Ante esto, los modelos de desarrollo desestabilizadores y las prácticas comerciales injustas, suprimen los derechos económicos, sociales, culturales y medio ambientales de las personas trabajadoras. Esto representa una amenaza significativa para el desarrollo sostenible y afecta negativamente los derechos de las personas trabajadoras.

Resulta preocupante que, los trabajadores(as) se enfrenten a importantes limitaciones institucionales para ejercer su derecho fundamental a la libertad de asociación y negociación colectiva—la actual administración del trabajo, sigue sometida a designios presidenciales, sin resolver una práctica efectiva de los derechos colectivos, con un claro derecho a ejercer sindicalismo sin ataduras, libres para representar a las personas trabajadoras, para negociar las políticas salariales, de empleabilidad, las condiciones de trabajo y del derecho legal a emprender acciones colectivas, incluido el derecho a la huelga. El gobierno y empresarios deben respetar el derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva y crear un entorno propicio para el funcionamiento de sindicatos libres e independientes.

El desplazamiento de personas es cada vez mayor en la historia. Factores como el cambio climático, la violencia pandilleril y criminal, las tendencias demográficas, la urbanización, la falta de trabajo digno-decente, la pobreza absoluta, relativa, el empobrecimiento constante, la persecución política y las tensiones sociales, políticas y económicas son un caldo de cultivo permanentes para la inestabilidad y flujo masivo de migración.

Inequidad en aumento, resultado del actual modelo económico mundial, injusto e insostenible para los sectores populares, y que fue diseñado para beneficiar a los dueños del capital, se constatan niveles históricos de desigualdad, desempleo masivo y subempleo, contratación precaria y crecimiento de empleos en economías informales. Es un modelo concebido para generar desigualdad, discriminación, exclusión y marginación social, que permite a las empresas mundiales dominar y controlar a los gobiernos, a las personas y amenazar la propia democracia—sesgada a favor del tener y el poder. Con objeto de asegurar que la riqueza permanezca en manos de unos pocos, se utiliza la discriminación como herramienta para dividir a las personas en función del género, lo generacional, la religión, la preferencia sexual, lo partidario, lo ideológico u otras características.

La crisis financiera, pandémica, contaminantes y de cambio climático, entre muchas otras, han dejado en evidencia las fallas del mercado inherentes al sistema, que siguen vigentes durante la recuperación. La economía real sigue regulada de forma deficiente. Las fusiones, adquisiciones, pactos, negociaciones del grupo gubernamental, han creado monopolios y oligopolios en muchos de los sectores. La inversión no ha sido suficiente para generar una recuperación que favorezca a la mayoría de las personas trabajadores, al tiempo que la desigualdad, discriminación, violencia y deterioro institucional, se han intensificado y actualmente la riqueza se concentra en un mínimo de grupos fácticos que controlan más de la mitad de la riqueza nacional.

*Sindicalista salvadoreño

«Otro mundo es posible y necesario. Para lograrlo, necesitamos cooperación y solidaridad sindical a nivel mundial en favor de la paz, la democracia y los derechos inalienables a las personas trabajadoras. Como organización sindical, la tarea es garantizar la justicia social, la igualdad y la equidad con un nivel de vida digno para todas las personas.

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Que incluye educación pública de calidad gratuita, accesible y universal, servicios de salud pública, transporte público eficiente y asequible, servicios de vivienda y sanitarios de calidad; empleos y salarios que permitan satisfacción de las necesidades vitales y con el tiempo para la recreación y la vida cultural. Los derechos políticos a la libertad de expresión, de prensa y de asociación son esenciales para las sociedades democráticas”.

Solidaridad y apoyo, son cuestiones fundamentales para la labor y las acciones que lleven a garantizar una sociedad en condiciones de desarrollo con sostenibilidad, y los gobiernos son pieza importante para avanzar o retroceder en esa causa. Dar avances importantes en la democracia de mayorías y sectores populares con la movilización y la sindicación para combatir el abuso de los derechos humanos y laborales, a manos de las empresas o los gobiernos.

La igualdad de género y la promoción de los derechos de las mujeres, el futuro para las poblaciones jóvenes, de la preservación de pueblos originarios, grupos de discapacitados, es enorme la responsabilidad de asegurar que se tenga la capacidad para gestionar igualdad en esta transformación a gran escala mediante el concepto de que sea siempre una transición justa para defender condiciones materiales de existencia óptimas, el empleo decente, los salarios y los medios de vida sostenibles.

La pandemia de la COVID-19 ha afectado a personas trabajadoras y a las comunidades de manera diferente. Ha impactado de manera desproporcionada en grupos que ya estaban en desventaja antes de que surgiera la pandemia: personas trabajadoras pobres, asalariados en precariedad, que forman parte de la economía informal, pueblos indígenas, migrantes, discapacitados, refugiados, grupos minoritarios, entre otros.

El derecho de acceso universal a vacunas y posibles medicamentos para tratar la COVID-19, no debería depender del poder adquisitivo y de propaganda de los gobiernos u otras dinámicas de mercado. No debería haber ciudadanos(as) de primera, segunda y hasta de tercera clase y, nadie puede quedar atrás. Es fundamental no apartarnos del camino de la cooperación, la solidaridad y la justicia. Defendiendo derechos de acceso universal a la vacunación.

Al recuperarnos del impacto sanitario, económico, social y cultural de esta pandemia, no debemos volver a una actividad industrial, comercial y de servicios, sólo para quienes alternan el poder adquisitivo y la costumbre de hacerlo con accesibilidad. Es imprescindible que haya paso con la lucha sindical a que surja un mundo nuevo y más justo, capaz de abordar y cambiar los actuales niveles inaceptables de desigualdad, de total desprotección social, de condiciones de vida y de trabajo indignos para las mayorías y por la inminente catástrofe climática.

No es momento de dejar que el mercado tome las decisiones. No podemos permitir, una vez más, que caiga el peso sobre las personas trabajadores y que paguen el precio de la crisis. El modelo actual no es sostenible y debe transformarse.

Las desigualdades de género preexistentes en el mundo laboral y en nuestra sociedad se han profundizado y exacerbado, poniendo en peligro frágiles progresos logrados en las últimas décadas. “Necesitamos un nuevo contrato social y un modelo de desarrollo centrado en las personas”.

Se saben los desencantos con respecto a la globalización y que cada vez se respetan menos las normas internacionales y nacionales, más en economías sub desarrolladas como la nuestra e incluso dentro de las economías desarrolladas. El egoísmo, la falta de solidaridad y la codicia absoluta se alían para crear un ambiente propicio para el resurgimiento de partidos políticos de derecha e izquierda conservadores, de las acciones populistas y de líderes mesiánicos, surgidos en base al debilitamiento sistemático de una oposición constructiva y decente, y que pretenden rescatar en un repliegue nacionalista, condiciones de liberación ante el sistema económico dominante.

La existencia, el surgimiento y fortalecimiento de dictaduras y/o líderes autoritarios que promueven la discriminación y descalificación de opositores para legitimarse en el poder; da pie a que se exacerben condiciones de violencia social como el acoso sexual y otras formas de violencia de género a través de la misoginia o la violación de las libertades y derechos democráticos, donde se incita al miedo, la división y la exclusión. Esto, a su vez, alimenta los conflictos de diferente índole.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

En cuanto a la demanda salarial de mejora en los salarios mínimos, hasta antes del anuncio de la lista Engels, el Ministro de Trabajo argumentaba que debía basarse en un estudio técnico, donde todos estuviéramos de acuerdo –es decir que la tripartita Consejo Nacional del Salario Mínimo-CNSM, debería llegar a un acuerdo—sin embargo, este organismo se ha mantenido inactivo sin abrirse la discusión de las diferentes propuestas presentadas, que dejaron de recibirse el pasado marzo/2020. Eso nos lleva a reflexionar, por qué el salario mínimo fue incrementado, en otro lugar de CAPRES y el Consejo Nacional no se enteró, y sobre todo por cuanto el desfase de su revisión, era una justificación de que estamos pasando por difíciles momentos políticos, económicos y sociales.

No obstante el Presidente argumentó que era el momento y tiró el anuncio del aumento del 20%, como suele hacerlo, que todos sabemos era una medida que estaba desfasándose sin entender las razones del Ministro Castro, para no dar pauta a que se concretara una propuesta dentro de la revisión, la que nunca se hizo, luego fue retomado el mandato presidencial como una orden, igual que en otras oportunidades, siendo la causa principal que no existiera discusión alguna, quedando los argumentos ministeriales un tanto fuera de contexto.

Por lo demás era necesario, pero no ha recogido el costo de vida y una efectiva cobertura en materia de bienes materiales y servicios públicos; así como la efectiva provisión de la canasta básica de alimentos y ampliada, no obstante, el análisis y debate que lo determinen no se dio, hay una economía golpeando fuertemente los bolsillos de la gente, los incrementos están dándose al combustible que trastoca todos los bienes y servicios que implican transporte, a la energía eléctrica, al gas propano, a los servicios de agua potable. Y otros efectos negativos resultado de la pandemia y de las medidas del gobierno. El aumento salarial del 20%, va implicar que salarios arriba de 365 usd se verán acortados en su diferencia con el salario mínimo y quedarán en desventaja esperando un aumento salarial por parte de las empresas para nivelar la responsabilidad, cuestión que será notoriamente difícil.

Así también los más de cien millones para dar cobertura al subsidio a las empresas durante doce meses en el valor de la planilla incrementada con salario mínimo a partir de agosto/2021, será igualmente asumido por toda la población a través de los impuestos, lo que hace que el incremento se vea disminuido, además de fallas en el sistema de control de precios de bienes y servicios, por cuanto continuamos con un modelo de economía con prevalencia del mercado, en tanto todo se ha convertido en mercancía, en detrimento de lo social; por lo que una acción política de incrementar el salario mínimo, no resuelve el problema de la economía.

Mucho del sector empresarial, está sumergido en una acción de plena aceptación de condiciones que presionan, y que hacen más compleja la situación; nos encontramos ante una corrupción que flagela e impacta las vidas de las personas salvadoreñas, y que va minando en una lógica de ir anulando condiciones de provecho para las nuevas generaciones.

La corrupción delata una situación de debilitamiento estatal, es deficitaria por los recursos económicos obstaculizan el posible bienestar del país; los distintos sectores y estamentos de la sociedad mantienen un retraso y alto sub desarrollo socio-económico, como resultado de la corrupción imperantes en el país; lo que ha llevado a una gestión de las instituciones del Estado infuncionales y de poco provecho para la población

La plataforma sindical de lucha también planteó—la situación por la que atraviesa la administración del trabajo, que sigue sin avanzar en procesos claros de políticas públicas referidas al empleo y salarios. Hay una práctica empresarial tanto pública como privada de impulsar muy poco la promoción y formación de las libertades sindicales, hay prácticas empresariales que son dominantes y fortalecen una cultura anti sindical. Persiste una debilidad en la acción de tutela de los derechos humanos laborales; y no hay una efectiva labor por la justicia laboral y social, a través de una eficiente inspectoría del trabajo, y resolución alterna de conflictos.

Siguen siendo muy debilitadas por acciones públicas y privadas—el derecho a la organización, negociación colectiva y derecho a huelga—y se vivencia un des mejoramiento en la administración de justicia, para evitar los abusos y las arbitrariedades de las patronales. Importante en este contexto que se reconozca una mayor protección jurídica para las personas trabajadoras que ejercen cargos sindicales, y para ello la demanda de reconocimiento, en lo jurisdiccional y administrativo es todavía materia pendiente para el actual gobierno.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Es importante revisar el avance, estancamiento y retrocesos de la plataforma reivindicativa presentada al gobierno salvadoreño el pasado Día Internacional de la Clase Trabajadora; importante destacar que la presentación tuvo más oportunidad que en años anteriores, por primera vez en la historia se “facilitaron mecanismos protocolarios” que ningún otro Presidente había estimado y puesto en práctica, talvez en una manera demagógica y populista, sin embargo permitió entender que una conmemoración importante en el desarrollo histórico de la civilización, era retomado por la gestión del Gobierno del Presidente Bukele, y abrió las puertas de Casa Presidencial, recibió a la Comisión sindical designada en un espacio importante de tiempo, donde se escucharon los planteamientos dentro de la heterogeneidad sindical que se ve inmersa en dichos procesos político laborales.

Sabemos que el problema de unidad programática y orgánica sigue siendo la debilidad estructural del movimiento sindical salvadoreño y regional; los aspectos ideológicos se han diluido, pero aún mantienen los rencores y desavenencias de hígado graso, que no logran unificar las metas y objetivos hacia un programa político autónomo e independiente, que luche por una economía de y para las personas trabajadores. La gestión gubernamental de Bukele, está basada en un masivo apoyo electoral, que va siendo mermado en cada decisión política tomada en completo divorcio con las fuerzas productivas del país.

Evaluando lo que parte de una clase trabajadora de las muchas movilizaciones que se derivaron en aquel importante día, recogieron las siguientes demandas socio-económicas, medio ambientales, políticas y comunitarias. En un primer momento necesario evaluar la demanda sobre las presiones que ejercen los organismos financieros internacionales, al parecer el Gobierno Bukele, mantiene una disputa entre la necesidad de recursos y, los condicionamientos que este tipo de presiones establecen en un país dependiente y sub desarrollado—el incremento de los impuestos, y el favorecimiento de políticas financieras y económicas que concentran y fortalecen la riqueza en pocas manos.

Las medidas que se están tomando a nivel del ejecutivo y legislativo, establecen contubernios y poca transparencia en cuanto al endeudamiento para el país, que sabemos recae en el pago de la deuda en aquellos que tienen poco o nada (asalariados y no asalariados), y estanca el progreso y cumplimiento del Estado para la salud, la educación, el desarrollo productivo, vivienda, en tanto su pago es enorme año con año dentro del presupuesto nacional.

Sobre la demanda de una mayor protección social en la cobertura de los riesgos de la vejez, la invalidez común y la muerte—es decir un sistema de pensiones, que de nuevo estructure su administración evitando el lucro; que genere la protección previsional en casos de muerte e invalidez, situación por la que muchas personas trabajadoras pasan y sufren sin tener condiciones económicas para soportarlo. Y luego está llegar a una adultez mayor, y no tener la protección suficiente para continuar esa parte de la vida, el negocio que priva actualmente en el actual sistema previsional, cada día desprotege y deshumaniza el derecho a vivir una vejez, en tanto los montos de pensión continúan siendo atentatorios a garantizar una vejez en condiciones de vida dignas. El Presidente Bukele, aún esconde el momento propicio para destapar el planteamiento, la idea e imponerla como ha solido hacerlo con las otras cuestiones de importancia.

Con una reforma fiscal progresiva, que vaya debilitando la alta concentración de la riqueza, y vaya reduciendo el iva a los bienes y servicios necesarios para quienes sobreviven día a día en la pobreza; aborde con mayores impuestos lo suntuario que se compra por ciertas élites económicas, el impuesto predial a los activos, así como a la ganancia y la plusvalía, impuesto que el gobierno de ARENA redujo sustancialmente. Hay grupos dominantes que controlan la economía, que contrae los salarios, reduce los empleos formales, y se necesita una reforma fiscal que aún no se oye decir nada por parte del Gobierno Bukele. Se oye poco el trabajo de una clara persecución del delito fiscal—hay grandes evasores, además que continúan prevaleciendo leyes a favor de la elusión fiscal, que se diluye en detrimento de mejores beneficios y servicios públicos para la población que lo necesita.

Las zonas francas y zonas económicas especiales en proyecto, no han logrado estabilizar y progresar en materia de empleo, y en mejoramientos al poder adquisitivo de la gente con mejores salarios y aumento progresivo de condiciones económicas para quienes no poseen los medios de producción. Las acciones del grupo económico Bukele, aún no logra el modelo económico que impulse la hegemonía—el trabajo del desarrollo de bienes y servicios, continúa en procesos productivos precarios, pocos logros en tecnología, sin avances importantes que eleven la calidad de vida de la gente, hay pugnas que no ofertan oportunidades de desarrollo y de bienestar para las personas trabajadoras—y la ley bitcoin, no era en nada lo que planteamos como demandas reivindicativas.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Es de sumo importante, cuando una demanda mayoritaria como la del salario mínimo, se concrete luego de una presión al país por parte del imperio como digamos la lista Engels. La demanda salarial era de justicia incrementarlo, ya había la política gubernamental autocrática adelantado pasos como fue el incremento de la pensión mínima a 304 usd, era de lógica el siguiente paso, pero por qué se concreta hasta hoy, el imperio juega un ajedrez que requiere de jugadores astutos para poder tener alguna oportunidad.

La estrategia podría ser no estar a la defensiva, sino estar generando cuestiones que opaquen lo que parece de más fuerza. Sabemos que una lista de esa naturaleza no tiene más que atacar aspectos subjetivos, en tanto recuerdo que durante toda la guerra civil, el Departamento de Estado de USA, siempre dijo que el Órgano Judicial de El Salvador era de lo más corrupto, y ¿pasó algo?

Nuestro flamante Ministro de Trabajo, que figura en la famosa lista, debía disponer de elementos argumentativos importantes, no dejaba de declarar ante la interrogante insistente de cuándo se revisaría el salario mínimo, dejaba entrever dudas demagógicas, de reconocer si estaba siendo realmente estudiado, el Secretario de comercio, Miguel Kattan afirmó que era una situación estudiada de varios meses, y que no iba a dar información sobre las bases de cómo se llegó a ese porcentaje y decisión.

Simplemente la política gubernamental autocrática, había determinado una nueva medida, para distraernos de las cuestiones importantes que están pasando en el país, la duda de si realmente es un gobierno diferente y que trabaja para la gente que lo eligió, se diluye cuando nuevas cortinas de humo se presentan en el escenario. La lista Engels, el bitcoin, la nueva ley de recursos hídricos son sólo asuntos que salen a la superficie, que se irán concretando en dependencia al alto grado de autosuficiencia que presenta el actual poder gubernamental.

El Consejo Nacional del Salario Mínimo –CNSM-ha tenido una actuación displicente y estéril desde que fue renovado, y paralizó su trabajo, en tanto su labor no tiene interés alguno a los procesos políticos que caminan fortaleciendo la meta del 2024. Sin embargo, ante nuevas presiones, en una noche irrelevante se anuncia el incremento del salario mínimo en un 20%, implica unos 60 usd, con alguna diferencia para el campo y la ciudad.

Al siguiente día era una bomba informativa que era secundada por muchos medios informativos que tienen poco que decir por la veda de prensa, por más de uno de los funcionarios “vinculados” habló el Ministro de Trabajo; el Ministro de Hacienda; el Secretario de Comercio; la de Economía y eso denota que cuando el autócrata habla, al estilo del faraón egipcio la frase “así sea dicho, así sea escrito, así se cumpla”, se convierte en el nuevo hecho informativo que todos hablan.

Qué bien que el CNSM, tenga su reunión extraordinaria y, salga del armario, según se sabe en la votación no acompañó los representantes de la ANEP, talvez haya sido porque no lo sabían, y todo el garbo que les caracteriza queda sin habla, y simplemente agachan la cabeza; y los votos suficientes se disponen con un sector laboral sumiso y nada propositivo, aceptando lo que el Señor Presidente había enviado para estudio. La fecha es para agosto/2021, la propaganda no se ha hecho esperar y se dice que es una de las medidas más osadas del actual gobierno, sabemos que eso no es tan cierto; pero que se trataba de una demanda concreta que se le ha venido dando largas con la cuestión de que una decisión política sobre el punto, tiene que tener una certidumbre que vaya en la vía de fortalecer la continuidad de un político autocrático.

El subsidio a las empresas micro, pequeñas y medianas que se favorezcan de la acción tomada durante 12 meses comprobando que estaban en el marco de la ley pagando el salario mínimo vigente y que a partir de agosto la incrementan en un 20%. Ese fondo es como que todos los que no tenemos nada o muy poco, pagaremos ese subsidio vía renta e IVA, es irónico que un sector se pavonea con una medida justa y legítima, mientras otro además de seguir luchando por mejores condiciones de vida tenga que auto pagárselas, y aquel otro recoja las mieles del poder. El salario mínimo aumentará en agosto2021, mientras la realidad económica sigue impactando los bolsillos y el poder adquisitivo de la gente asalariada, mientras 2,6 millones que viven en pobreza, tengan que esperar la bolsa de víveres de manera constante y oportuna, y soñar que eso se llama bienestar.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Dentro de la narrativa presidencial está de que la persona que mantiene el apoyo masivo de la población, dijo que volteáramos la página, que no tenía nadie poderoso atrás como los anteriores, que fueron los mismos de siempre ahora alojados en la esquina y que la oligarquía es la responsable de lo que nuestra historia recoge de hace 200 años, y que está para trabajar por los intereses del pueblo, sin embargo la pregunta ¿y el salario mínimo pa´cuando?

En esta discusión recojamos la expresión del Ministro de Trabajo, que dijo ante la pregunta del salario mínimo, que lleva sin revisarse más de año y medio, que se está preparando una serie de reformas laborales integrales que conllevan supuestas “mejoras” para la clase trabajadora, que dice estar haciendo gran labor al frente como Ministro, además la planta actual es insuficiente para cubrir todas las necesidades que la cartera de trabajo debe cumplir, pero nunca habla de los factores de la economía que son siempre factores que no se trabajan, ni se transforman para beneficio de la gente que trabaja día a día por algo mejor. En este tema se introduce una palabra coercitiva, paralizante, que provoca miedos y aprehensiones en el sector empresarial, que se usa mucho para dejar siempre las cosas como están—esta es la inflación (aumento de los precios de bienes y servicios), la que algunos versados aseguran que va incrementándose y puede llegar al 5%, en tanto que tiene que ver con política monetaria—el imperio imprimió moneda(usd) resultado de los efectos de la pandemia que provoca problemas de economía por la recesión de bienes y servicios, y esto infla los precios al no estar basado en la producción real. Nuestra inflación parece estar ahora en 2.6% y por estar dolarizados tiene igualmente efectos indirectos.

Los efectos en los precios—resultado del aumento de los combustibles ha impactado el transporte de las mercaderías, provocando un alza en todo aquello que se transporta como hortalizas y verduras, lo que con un bajo poder adquisitivo afectado negativamente por la pandemia determina un grave efecto en la microeconomía de la gente, que todos sabemos se corrige con un aumento en los salarios y en el salario mínimo.

Hay problemas en el proceso productivo, en cuanto a la provisión de materias primas, hay varados productos intermedios en la cadena de suministros en puertos del mundo, hay aumentos de precios altos en maíz, soya, tomates, yuca, chile verde, verduras, frutas y hortalizas que se tornan difíciles de accesar por el común de la población, hay 485,000 nuevos pobres, que han incrementado a 2,6 millones la población en condición de pobreza. De acuerdo a los análisis que se hacen el salario promedio anda por $324.00, y el costo de vida que comprende no sólo la canasta de alimentos sino incluye otros servicios como vivienda, transporte, pago de servicios públicos, vestuario, artículos de aseo, limpieza, estética y cuidados íntimos, lo define en 706.00 usd.

El costo de alimentos en lo urbano anda por $200 usd y en lo rural de 143.00 usd, lo que todos sabemos que no es suficiente, en tanto para cubrir las otras necesidades el salario ya no alcanza. Este tipo de circunstancias al aumentar los precios, el valor del dinero aumenta y las tasas de interés igual, y con ello un endeudamiento se hace más difícil de cumplir, en tanto todo se vuelve más caro, y entonces la economía es necesaria saber hacia dónde va y, las políticas públicas son una base para entender si vamos en la ruta correcta o se trata de demagogia, de una acción sin incidencia en los aspectos de transformación de la economía, como son la recuperación del empleo, de los salarios y condiciones de favorabilidad para el proceso productivo en el país y un bienestar general para la gente trabajadora.

El empleo se ha perdido y la recuperación es lenta, hay cerca de 20,200 empleos formales y hay 2.5 empleos indirectos por cada uno según el registro en el ISSS, pero se habla de 50,500 los perdidos, se sabe que la nueva fuerza laboral jóvenes en busca de empleo son alrededor de 55,000 y eso hace una enorme presión al acumularse más de 125,000 empleos que se necesitan ya, y no se ven procesos productivos, ni políticas públicas que orienten a darle solución a ese problema, es la concentración de la riqueza el problema estructural. Hay un grupo que ha acumulado 8,9 mil millones (110 nuevas personas), es por eso una pregunta clave para el gobierno y el salario mínimo pa´cuando.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

A pesar de que las cosas se sientan y se vivan tan negativas en el país, que prevalezca un panorama generalizado de negativismo arraigado en lo que somos y queremos ser, las decisiones políticas que se están tomando siguen siendo vitales para entender la realidad que vivimos.

El tema en discusión es político, en poco está referido a democracia—hay pretensión alta de que se está en una pelea por la nueva democracia, una pugna que pretende ganar la hegemonía en el país—es decir la economía del grupo o grupos que pretenden dominar está vigente, y en consecuencia no es fácil establecer el proceso con la claridad que todos quisiéramos.

Las decisiones políticas están siendo de arriba hacia abajo y lo poco que se ha rescatado es hacerlo con alguna visión política que no logra esclarecer el asunto de hacia dónde se quiere ir, en tanto que está viéndose acercar parte de la oligarquía a las nuevas fuerzas de la pequeña burguesía que controla el aparato del Estado. Esto aún está en movimiento y la transición va caminándose hacia otro nivel que aún no logra calificarse con propiedad.

En todo esto el motor de la producción son los sectores laborales y no el capital, y la tercera pata de la mesa que es el Estado está frágil, en tanto sigue imponiéndose el proceso de prevalencia del mercado por sobre todas las cosas, incluyendo la ley, históricamente ello ha llevado a un deterioro constante de las relaciones laborales, significando fuerte acción en la aplicación de la estrategia empresarial de la flexibilidad y desregulación laboral, que claramente llevan al no cumplimiento de los derechos laborales y las libertades sindicales.

En ese marco, la administración del trabajo en lo institucional expresa que hay reformas laborales que se están construyendo o ya están en el pronto proceso de llegar al seno legislativo, sin embargo, esto sigue siendo algo demasiado compartimentado, y cuando se observa de esa manera pueden pasar dos cosas o se trata de actos demagógicos que se publicitan sin estar con la voluntad de aprobarse para la clase trabajadora o es algo que va tardar y luego se va imponer y sacar raja política si lleva algo que se ha estado demandando. En concreto la forma de gobernar en la parte laboral sigue teniendo condiciones objetivas y subjetivas que atrasan una administración de la justicia laboral, y hasta el momento no se traducen en acción concreta a favor de las personas trabajadoras.

Es la clase trabajadora organizada la que debe ser informada con todos los datos, para que la discusión y el tema concreto sea en realidad debatido con propiedad, involucrando los intereses de los sindicatos y de las personas trabajadoras organizadas, las mesas por hoy silenciosas como el Consejo Superior del Trabajo, el Consejo Nacional del Salario Mínimo y otras, por la forma de comunicar obligada de que todo tiende a hacerse desde arriba y con pocas palabras (twit), estarían ahogando la participación plena—y anulando la autonomía e independencia, que tanto le gusta al Sr. Ministro de Trabajo decir que debe privar.

El salario mínimo, no se ha podido concretar nada, ni tan siquiera una respuesta demagógica, dado que se incumple la ley desde el 2020, donde debió revisarse y optar por un análisis que nunca termina por hacerse, ni en lo técnico al menos, lo que cae en la demagogia de la cartera de trabajo al respecto del tema; lo mismo sucede con las pensiones, que igual se dice que se está trabajando en una respuesta integral, que recoja el sentir y pensar de pensionados (revaloraciones), y de quienes están esperando reformas para tomar una decisión. E igual comentario hay equipos trabajando, carteras de estado haciendo o analizando la reforma que debe ser integral, no obstante, el piso de la legalidad se mueve a conveniencia y nunca se aterriza en algo que vaya concluir en muy provechoso para la gente que lo demanda y lo necesita.

Hay esfuerzos importantes que se mueven en una dirección, pero es claro que no quiere admitirse que el poder en una parte sea para quienes mueven el país con su trabajo, el voto fue importante establecerlo como parte de la acción del pueblo, pero aún no se observa el reconocimiento pleno hacia los derechos humanos laborales, tampoco la administración de justicia laboral está siendo canalizada a proteger y cubrir sus intereses, como tampoco el marco de la ley, de posibles reformas y nuevas leyes laborales, manifiestan una acción claramente pro laboral, y donde el aparato del Estado vaya alcanzando, junto a la movilización el bienestar común.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Érase una vez una sala de lo constitucional, eran tiempos recientes 2015, cuando dos ciudadanas confiadas de la justicia pronta y cumplida, así como de la democracia formal existente presentaron senda demanda de inconstitucionalidad, esta vez sobre el derecho por omisión del artículo 42, inciso 2° de la Constitución referido en términos literales “…las leyes regularán la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores. D.C. N°38, DEL 15/12/1983.

Las dos ciudadanas creídas y educadas en el sistema democrático salvadoreño, explicaban a los oyentes y lectores que se acumulaban y pasaban frente al edificio de la justicia constitucional, invaluable el momento en el proceso de presentación del recurso, claro la imagen desde afuera era sólo una silueta en medio de la extrema vigilancia, cercos y puertas cuidadas como fuertes militares, ya no había el palo de hule, que había recogido por años las voces disonantes, las paradas, sentadas, mitines y reclamos de justicia del pueblo organizado; todo por el miedo al pueblo que rara vez se aboca a buscar un servicio al interior de esos edificios identificados por el régimen político que señala a dos de los poderes del Estado—magistrados y diputados—.

La Sala de lo Constitucional (2009-2018), admitió el recurso de inconstitucionalidad por el derecho violentado por omisión, habían pasado desde dic1983, solamente 32 años y el principio de legalidad de adecuar el resto de leyes secundarias y resto de normas a la nueva ley primaria, pareciera que a nadie importaba; algo que ni el gremio de abogados y abogadas reclamaba por la violación a la Constitución; ese texto primario que muchos asiduos del anterior régimen político defendían a capa y espada, vaya ironía, algunos piensan que un clavo no podría sacar otro clavo, y que no justifica violar la ley primaria, por que los anteriores dominadores lo hacían, situación que ha estado sucediendo histórica y sistemáticamente por tirios y troyanos.

Si hablamos del ciudadano de a pie, la justicia sólo duró dos años del 2015 hasta el 10 de nov2017, para pronunciarse con una sentencia que mandó a que la Asamblea Legislativa hiciera una ley al respecto, la que terminó de elaborar el 31 /5/2018 con la “Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los Trabajadores” y dar cumplimiento al mandato. Hubo una vacatio legis que implicaba su aplicación a mayo/2019. Se dio el cambio de autoridades en el Ejecutivo, y se reactiva la tripartita Consejo Superior del Trabajo, quien en uno de los mínimos acuerdos tomados fue solicitar a la Asamblea una prórroga de un año, que se vencía en mayo 2020; a esas alturas la pandemia trastorna por completo la realidad nacional, y la ley con su reglamento continúan en un limbo jurídico tradicional en esquemas democráticos como el de El Salvador.

La justicia preguntaba una madre trabajadora parece siempre ser la serpiente que sólo pica al descalzo (Monseñor Romero), nada ha cambiado, el CST sigue sin trabajar sus funciones y obligaciones y la mafia empresarial y sindical no tienen interés alguno en que eso camine. No es posible hablar de justicia social para la clase trabajadora, pues ello ha implicado 3 años más de dilación, la hipocresía empresarial sigue prevaleciendo, y argumentan cualquier tontería para bloquear ese derecho. En un reciente recurso presentado a la Sala de lo Constitucional (2018-2027), esta argumenta que la Asamblea Legislativa ha cumplido dictando la ley, la cual a la luz del derecho conculcado no responde a las necesidades de quienes se ven en la dificultad de crianza y protección de sus hijos e hijas, y deben salir a buscar el sustento diario, sin que empresarios públicos y privados hagan lo propio para resolver y facilitar un mecanismo de ayuda para que niños y niñas gocen de protección mientras sus padres laboran.

La actual sala de lo constitucional, ha remitido senda resolución a las dos ciudadanas que iniciaron esta travesía y, justifican que la Asamblea ya cumplió y en el respeto a las jurisdicciones de ambos órganos, habrá que presentar un nuevo recurso de inconstitucionalidad que señale las violaciones posibles a la Cn. que la nueva ley especial hizo caso omiso de cumplir según el tenor del art.42, inciso 2°. Este cuento como dice la vox pópuli, es más de lo mismo y el régimen político anterior, el truncado en su ejercicio (mayo2021) y la sala de lo constitucional actual, no ofrecen alguna diferencia, siendo que los derechos laborales son violentados por el régimen político y económico.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

En la semana que nos ocupa, se enviaron sendos proyectos de cambios en algunas regulaciones vinculadas con las instituciones autónomas e independientes en el sector público. A dónde apunta esta medida del gobierno, que si recordamos se pretendió realizar en el año 2012 por el ex presidente Funes, entonces se buscaba mermar lo autoritario, dominante e impositivo del sector empresarial representado por ANEP—lo que hoy ha quedado claramente expuesto por el Presidente Bukele, un poder que ha estado dominando históricamente la gestión gubernamental en su provecho.

La oligarquía también representada en los gremios empresariales dentro de ANEP, vinculados con los intereses de la gran empresa han estado involucrados en todo lo que significa el aparato del Estado, de forma directa e indirecta—en las instituciones públicas relacionadas con la economía (financiero, bancario, política fiscal, cambiaria, macroeconomía, etc); la obra pública (vivienda, construcción, recursos hídricos, carreteras, transporte, etc); generación de energía eléctrica, telecomunicaciones y, otras áreas de interés como la formación profesional para mantener el dominio sobre los intereses del país y de la gente.

Esa acción de Funes, implicó que los “sectores democráticos” de aquel entonces despotricaran aduciendo que se trataba de una dictadura, y solicitaron el amparo a los 4 magníficos, quienes con una resolución los ampararon a su interés y bloquearon la democratización que se buscaba en aquella oportunidad. Este fue el inicio de que la ANEP montara luego quejas ante la OIT por la violación al C144, que no permite la injerencia gubernamental en la selección de los representantes empresariales y laborales. Situación que aún se manifiesta en los espacios internacionales que mantienen a El Salvador en una lista negra—lo que en la reciente gira a OIT del Ministro de Trabajo tuvo que abordar con algún que otro cabildeo, que podría o no sacar al país de esa grave acusación. Ahora, la correlación es diferente y la democracia de hoy se impone y, los poderes fácticos como ANEP y otros grupos empresariales dominantes, están siendo desarticulados, y dando paso a otros representantes gremiales, parece que la postura del Presidente Bukele es que lo público es de quien lo gobierna, y no de las gremiales empresariales que están por vía de reglamentos inmersas en casi toda la institucionalidad pública, lo que ha conllevado a dominar el aparato del Estado para alcanzar procesos de acumulación de riqueza en detrimento del resto de sectores económicos y sociales en el país.

Para los sectores laborales, esta medida da pie a pensar que la correlación que los sectores empresariales poderosos han sostenido por largos años, puede estar cambiando—el punto acá es preguntarnos en beneficio de qué nuevo grupo o de quien, en tanto aún no se perciben transformaciones estructurales en favor de la gente. Si observamos la lógica tripartita, no se ve que este cambio vaya modificar algo en aquellos asuntos que permitan un interés más enfocado en las personas trabajadoras que en los grupos fácticos dominantes—tomemos el caso del ISSS, acá están repartidos los intereses de las gremiales (odontólogos y médicos); y los empresarios asociados con la industria de la salud y farmacéutica—donde igualmente con los representativos gubernamentales han dispuesto de compras y el uso de los fondos de los cotizantes en favor de intereses corporativos importantes.

El Fondo Social para la Vivienda, FONAVIPO vinculados como instituciones que fortalecen políticas públicas que protejan, fomenten y refuercen el derecho a vivienda digna. Para mucha población que no tiene acceso a vivir con condiciones de una casa con toda la protección: infraestructura, acceso a agua potable, seguridad ciudadana y otras necesidades, están instituciones no cumplen con esa finalidad y, los representantes empresariales, están claramente defendiendo los intereses corporativos gremiales como CASALCO.
Mover un estamento de representación empresarial acostumbrado a tener bajo su lógica económica a todo lo que es rentable y de interés particular a los grupos corporativos, de carácter oligárquico, es en principio algo sano, se quiso hacer en el gobierno del frente, con grandes obstáculos en aquella oportunidad, ahora hay un nuevo poder instituido, y los intereses poderosos de las gremiales empresariales están al parecer cuestionadas, será realmente una transformación o sólo es un cambio que nos lleva nada más que a un maquillaje en el proceso de hegemonía del poder. Y simplemente un relevo de representantes empresariales no significa una acción contra la oligarquía reinante en el país; y eso de que nadie está atrás del gobernante de turno—sea persona o grupo económico—no parece por hoy muy creíble.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

En el marco de la conferencia Internacional de la OIT, el Ministro de Trabajo se fue a Ginebra a cabildear sobre aspectos que empañan una gestión del actual gobierno; el asunto que se trata es que la 109ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) se celebrará, por primera vez en su historia, de manera virtual, a tenor de los cambios que ha provocado la crisis de la COVID-19.

El orden del día de la parte de la CIT en junio incluye un documento de resultados especial relativo a las medidas de respuesta de la OIT frente a la covid-19 , y lo interesante el análisis de los informes sobre aplicación de las normas del trabajo durante la pandemia y los correspondientes debates sobre casos de país.

El medio utilizado por el Ministro de Trabajo, arrojó noticias de su visita, de sus reuniones y de las diferentes declaraciones y motivos de sus encuentros entre los que se mencionaron mucha publicidad por lo laboral que dice estar haciendo en la cartera de trabajo. La realidad encuentra un debate en lo sindical que a la vez está siendo cuestionado a partir de una actuación del jefe de la administración del trabajo, con poco tino, pero con conocimiento del ámbito de corrupción creado en mucha de la historia sindical salvadoreña.

Es importante establecer que la visita en Ginebra de la persona de Rolando Castro, tiene a su base adelantar criterio ante la Conferencia, y evitar alguna reacción negativa o en último caso aminorar quejas que mantienen a El Salvador en una lista de países violadores de libertades sindicales. Po otro lado demuestra un trabajo de contención importante de posibles fracturaciones por aquéllas voces que reclaman una solución a los problemas sindicales que se evidencian en el país. Para el caso la visita transmite una capa de que la gestión Bukele en la materia laboral está bastante orientada a una supuesta mejoría sustancial de los derechos laborales.

El Salvador, no sólo ahora, sino en años anteriores ha estado siendo cuestionado por problemas de libertad sindical, para el caso desde antes y durante el momento donde se ratificaron los convenios 87,98 (2006), que no permitían su ratificación por la Asamblea Legislativa de aquel entonces opuestas a ese derecho, dichos convenios son relativos a la protección del Estado en materia de organización sindical, contratación colectiva y de huelga; fue una modificación a la Cn. que los conservadores como Parker y otros insistieron en que debía modificarse el art47, así se cambió ampliando el derecho de organización y dio paso a la sindicación en el sector público—ministerios y alcaldías—no obstante, quedaron grupos laborales a los que hasta el momento se les impide asociarse en sindicato.

Luego de esto se observaron en la administración pública, claras oposiciones a un ejercicio de diálogo con el movimiento sindical, en tiempo de ARENA copado por un sindicalismo patronal, que protagonizó un tripartismo doloso y poco consecuente con las necesidades del país, bastante ligado a los intereses de las empresas. Cuando se entra en el ejercicio del FMLN (2009), se apertura el diálogo en el sector público y la Secretaría de la Gobernabilidad y Modernización del Estado (2010) y se crean espacios tripartitos con los empresarios en el denominado Consejo Económico Social-CES (con la figura de Alex Segovia); y luego, con el Ministro Centeno (2013) se ahogaron los equilibrios derivándose en quejas ante la OIT por parte de la ANEP y otros organismos sindicales por violaciones al C144 de la consulta tripartita; con el Prof. Sánchez, y la Ministra Sandra Guevara, la queja continuó y fue un gobierno sin diálogo social.

Esta herencia se intentó diluirla en la CIT de 2019, con el actual Ministro, y no se pudo hacer mayor cosa, se rescataron algunas cuestiones, pero se complicaron otras, el Consejo Superior del Trabajo, se reactivó su nombramiento, pero ha estado sin trabajar agravado por los efectos que la pandemia determinó para 2020.

Si el Ministro de Trabajo, piensa que con publicitar supuestas acciones de cabildeo con diferentes personeros de la OIT en Ginebra, con los impuestos y el poco presupuesto institucional, es suficiente, siguen pendientes la deuda histórica sobre las indagaciones y la deducción de la responsabilidad material e intelectual por los sindicalistas asesinados, lo relativo a pensiones, salario mínimo, los temas salariales y de empleo, que en un tripartismo realmente aperturado hacia los intereses laborales, daría pauta a pensar algo de bienestar para el país.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Mucho de lo que está sucediendo en el país, está sustentado en procesos anómicos por los que una sociedad pasa, luego de eventos históricos que le impactan su realidad—en nuestro caso un conflicto de guerra civil—Nuestra sociedad ha estado sometida a situaciones complejas, que han desencadenado condiciones difíciles económicas, sociales, políticas, culturales—que fácilmente muchos grupos de la sociedad evaden para no verlas como una realidad que nos va impactando cada momento en nuestras vidas cotidianas.

La guerra, la generación que la sufrió claramente piensa, siente y está consciente que es un capítulo que no puede volver a repetirse en la sociedad salvadoreña, la persona de Bukele actualmente gobernando el país, tiene razón en decir que hay que dar una vuelta a la página e iniciar otra era, por ser de otra generación, pero no sabemos si lo dice de forma ahistórica, cuando critica que ambos partidos gobernantes en el período 1989-2019, están manchados de sangre y arribaron al poder con ese lastre, el cual significó para esas poblaciones que la vivieron y se ubicaron en uno u otro bando, tomar decisiones en pro de la oligarquía que de nuevo ganaba, generándose un proceso con relaciones sociales conflictivas, confrontadas y polarizadas que luego de desescalarse la guerra bélica, no encontró formas de existir que condujeran a formas democráticas de ejercer el poder.

Ganó el proyecto económico con la filosofía neoliberal, y ARENA (1989-2009) tuvo en ese tiempo el poder y la manija de todo, hizo, impuso, cambió, despidió, privatizó todo lo que le era rentable, debilitó la institucionalidad pública, impuso magistrados, fiscales, procuradores; y puso el régimen político a su favor, aun cuando constitucionalmente no se podía. La comunidad jurídica no dijo absolutamente nada y, los famosos tanques de pensamiento y demás población en pro de los intereses oligárquicos—ganó correlación en su período, que se le fue terminando a partir del desgaste que implicaba ejercer el poder del gobierno. Los procesos electorales iban observándose en un claro deterioro de las fuerzas fácticas donde ganaba correlación el partido FMLN.

Toma la manija el otro partido (2009-2019), que tuvo su visión diferente con su plan “Nace la Esperanza”, los mandatos locales, la fracción legislativa, el ejecutivo no actuaron a partir de las necesidades de la gente, y el desgaste y la contaminación con el proyecto económico de ARENA cobraron su factura, terminando por ahogar esa visión, resultando en mayores deterioros electorales, que no fueron asociados con ningún resentimiento y desesperanza poblacional, continuaron con la idea de que el pueblo les seguía apoyando y les daba la razón de su ejercicio en el poder—la realidad estaba cambiando y de elecciones de castigo se pasó a elecciones de hartazgo y de usar el poder del voto electoral, el cuál determinó votaciones altamente mayoritarias para una persona que se perfilaba como la persona líder de esos escombros democráticos, donde la población pasó de la esperanza a la expectativa, a partir de un régimen político diferente y construyendo una democracia con otra lógica.

Todo este panorama refuerza la anomia social, mucho de ese proceso histórico vivido, leído o comunicado por redes sociales, manifiesta que hay mucha evasión de la realidad, la cual se niega, y se trata de convencer que no existe y que es otra la realidad—la oligarquía dejó claro esa forma de alienación en todo su ejercicio con la teoría del rebalse, los tratados comerciales, la apertura del mercado y el debilitamiento del Estado como sujeto regulador de la economía—esa democracia fue absorbida por la población en el período de su gestión en el poder del gobierno y encargada a la superestructura: medios de comunicación, iglesia, sistema educativo, y otras formas de trabajar la mente y la conciencia de la gente, que aceptó esa democracia que le vendían, cayendo luego en mayor deterioro anómico a partir de la mediocridad, la falta de compromiso y luego la parálisis.

Ahora luego de estar por cumplirse dos años en el ejercicio del poder, se va pasando de fases básicas aún muy precarias a una incipiente democracia, que se debate con el lastre de la democracia anterior. Algunos piensan que se ha violentado la constitución, la que desde que fue redactada en 1983, ha estado manoseada por el poder en uno u otro sentido. Qué podemos trabajar en esta transición democrática, la asertividad como modelo de relación interpersonal consistente en conocer los propios derechos y defenderlos, respetando a los demás; tiene como premisa fundamental que toda persona posee derechos básicos.

Como estrategia organizativa y estilo de comunicación, la asertividad se sitúa en un punto intermedio entre la pasividad que consiste en permitir que terceros decidan por nosotros (anomia social), o pasen por alto nuestras ideas, y la agresividad que se presenta cuando no somos capaces de ser objetivos y respetar las ideas de los demás, situación que vivimos con Bukele. Se trata también de un comportamiento comunicacional en el cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos, en eso estamos una transición que se estanca, se retrasa y difícilmente avanza.

Contar con un criterio propio dentro de la sociedad es indispensable para saber comunicarnos de una mejor manera. Es también una forma de expresión consciente, congruente, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos; así como defender nuestros legítimos derechos.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

¿Por qué es tan importante que el movimiento sindical disponga de un proyecto propio? Razones habrán muchas, pero tiene que ver con su re-identidad, los procesos históricos incorporan a un movimiento sindical ligado a los procesos de cambios en el ejercicio del poder—en un principio el gremialismo dominante a partir de los grupos laborales de artesanos: zapateros, ebanistas; alfareros; sastres; pequeños propietarios que fueron perdiendo sus medios de producción hasta convertirse en asalariados de esos comerciantes que fueron apoderándose de los negocios de aquéllos, hasta despojarlos de su fuerza—provocando que buscasen una identidad que les condujera a enfrentar la nueva realidad de poder.

Esos gremios fueron perdiendo e integraron muy pocos aspectos organizativos ligados a los cambios en el mundo del trabajo—las revoluciones fueron influenciando en esos años, “el estallido revolucionario de 1905 sirvió de precedente y referente al de 1917. Fue fruto del malestar que provocó la crisis económica que azotaba Rusia (crisis de subsistencias, desempleo). En el país los despojos de las tierras ejidales (comunales), de los pueblos originarios y de la iglesia, fueron parte de esa lógica de poder que dominaba el desarrollo del café—los terratenientes, imponiendo la lógica económica, que iba siendo amenazada por los cambios en el mundo—la revolución mexicana (1910) que daba pauta a la fuerza de los ejidos como tierras propias de grupos poblacionales para su explotación (reforma agraria mínima).

Ahogo y agotamientos de las ideas revolucionarias, por nuevas imposiciones de pequeñas dictaduras como la de los Meléndez- Quiñonez por un largo período de gobierno. En esta coyuntura se suscitan aspectos organizativos que van dando forma a un movimiento sindical como la regional, la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños (FRTS) y, de la Confederación de Organizaciones de Centro América (COCA), que daban pie a pensar que el auge del sindicalismo estaba entrando en fases de desarrollo conspirativo contra el poder establecido—el abogado Romero Bosque de la misma oligarquía, solo sostuvo un período, que luego desencadenó períodos de alta represión y oscurantismo nacional con la dictadura Martinista, que proscribió el ejercicio sindical, que fue debilitándose hasta alcanzar una completa clandestinidad—eso fue la simiente para encontrar de nuevo una lógica sindical en procesos reformistas que dieron paso a una lógica social de reformas, con influencias externas.

Ese fue el inicio de una fuerza sindical con un carácter de clase que fue ligándose al proceso político salvadoreño, y que participó del conflicto armado, y el que finalmente luego de dos décadas no le significó definir líneas propias de acción con base en una plataforma que recogiera las reivindicaciones de las personas trabajadoras en sus distintas expresiones. El supuesto triunfo de la izquierda volvía innecesario y hasta superfluo plantearse el problema de elaborar dicha plataforma; y algunos dirigentes del FMLN partidario se encargaron de ello.

Paralelamente a esta construcción organizativa, otro sector sindical vinculado a grupos o instituciones partícipes del poder político partidario (Pro Patria, PRUD, PCN, ARENA), caracterizado por ser despersonalizado, receptor de canonjías, que por ende no ha necesitado de crear ideas en torno a un desarrollo del movimiento sindical. Por otro lado, el proceso de construcción social arrojó liderazgos en tanto estos condujeron a reivindicaciones y beneficios políticos—como fueron los asientos sociales de la democracia cristiana y su líder José Napoleón Duarte—en un período difícil contrarrevolucionario (1980-1989), que sin embargo aceleró condiciones revolucionarias de un proyecto político anticomunista, este proceso derivó en importantes contrapesos que crearon organización sindical tanto en asociaciones del sector público y sindicatos del sector privado aglutinados en la UNTS y la UNOC, que llevaron su existencia hasta los Acuerdos de Paz, y ya en su participación en el Foro de Concertación Económico Social, evidenciaron signos de mayor des identidad sindical, ante nuevas formas de convivencia político-social, y por tanto la necesidad para los distintos sectores sociales de readecuar sus métodos de acción para preservar o hacer prevalecer sus intereses.

Esto es la base de las dificultades, por qué no ha podido el movimiento sindical construir su proyecto propio, que es convertirse en actor sociopolítico con el objetivo permanente de velar plenamente por los intereses de la clase trabajadora organizados o no sindicalmente. Igualmente recoger los de aquellos que desarrollan actividades productivas en el sector informal y también de los pensionados.

En esa perspectiva, el movimiento sindical debería interpretar sus intereses e incorporarlos como propios tales son: mujeres, jóvenes, discapacitados, lgtbi, pueblos originarios y ambientalistas, y otros grupos laborales que trabajan por los derechos humanos. Y esto implica la fuerte interlocución con gobiernos (de cualquier signo político), empresarios (públicos y privados) y partidos políticos.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La vida es lo más sagrado que existe en una sociedad. Es el derecho humano vital para una coexistencia democrática y sana, que jamás debería entrar en un espacio de negociación, sino proceder de conformidad al valor sublime que implica la muerte de una persona.

No obstante, hay en nuestra sociedad salvadoreña grandes contradicciones, para el caso se puede conciliar la muerte con dinero ($) en un accidente de tránsito o cuando resulta que una persona previsora y con poder adquisitivo puede adquirir un seguro de vida o si trabaja para el sector público podría estar cubierta la muerte por diferentes causas, con un seguro de vida, de determinada cantidad, dependiendo de cuán importante es la vida para esa institución pública donde labora.

En la empresa privada esa prestación no se tiene, y a lo más que se llega es brindar los servicios funerarios, que con una ley laboral de 1972, sabemos es simbólico para la familia doliente. Y si el patrón ha sido cabal, y tiene registrada a la persona trabajadora cubierta en el sistema previsional, ocurrirá que le devuelvan su ahorro a la familia, y si ha acumulado un importante ahorro, el seguro le puede asegurar una pensión por sobrevivencia. Derecho que sabemos es complicado de accesar, por la manera en que el sistema previsional se protege en tanto muy pocos están informados o comprenden la forma de solicitar ese derecho—en el caso de los familiares con derecho—.

¿Por qué la trabajadora Claudia Del Carmen Dorán Ramos, que laboraba para una prestigiosa empresa de maquila, Balsamar Manufacturing Limitada de C.V. en la zona franca American Park, tuvo que morir, que confecciona para la marca estadounidense “fruit of the loom”, con un asentamiento en el país de más de 25 años y con una alta cuota de empleos que van más allá de los 10,000 empleos. Es decir, ha pasado confeccionando en procesos de explotación por largos años, y lo único que se valora es que ha ido creciendo en empleos, más no en condiciones laborales que superen una organización del trabajo explotadora, resultando en un problema de que en esta oportunidad falleció una trabajadora, que una autopsia podrá revelar con más precisión.

¿Por qué, suceden estos casos, en donde está la base que una situación tan grave sucediera?:
1°) Como resultado de la pandemia, las clínicas empresariales deberían mejorar sustancialmente los servicios de prevención y asistencia sanitaria a las personas trabajadoras; la mejor que podríamos saber no pasa de un mínimo de enfermeras y médicos generales por horas.

2°) Estas clínicas poco o nada coordinan con las entradas y permanencias en la planta, de tal manera que pueda prevenirse aspectos de insalud, que afecten las labores de confección, la denominada bio seguridad, las empresas eluden su completa y eficiente cobertura para quienes allí laboran.

3°) Las acciones con protocolos efectivos de una cultura de auxilio de emergencia, es casi nulo, y muchas personas están enfermas por una multicausalidad de riegos físicos, químicos, bilógicos, psicosociales, donde los gérmenes, los virus, bacterias, hongos y una serie de patógenos son parte de la idiosincrasia del trabajo que realizan. Hay escasa cultura para advertir que alguien pueda estar enfermo, y no se pueda advertir su situación por supervisores, jefes de planta. El evento puede suceder en cualquier momento ante una alta pasividad por no saber qué hacer.

4°) La tutela laboral es deficitaria y las empresas evaden a través de personal leguleyo y de vigilancia, que sólo busca la protección del patrón, y no el apoyo a la persona trabajadora que murió sola.

5°) Los controles sanitarios, los que refieren a exámenes frecuentes para monitorear la salud y seguridad laboral, por este tipo de trabajo de mucho riesgo, como son sangre, pulmones, orina, piel, etc, no se realizan y las personas trabajadoras acuden a laborar por razones de hambre y de necesidades vitales de existencia, perdiendo de vista la salud preventiva, y limitándose a una curativa de poca monta y poco valor agregado para resolver con propiedad la completa sanidad de las personas que allí laboran.

En conclusión, perder la vida, en ámbitos laborales es algo que no puede ser tolerado ni por la empresa responsable, ni la institucionalidad pública que debe llegar a la verdad y aclarar el caso de manera exhaustiva, una autopsia plena para poder deducir las responsabilidades, si fuera el caso por qué una persona con alergias, o con problemas de pulmones, del corazón u otras, siga trabajando en ambientes que probablemente le aceleren el problema de salud. Algo se debe hacer, donde están los nuevos diputados de una bancada mayoritaria, donde queda la inspección laboral, donde está la medicina legal, donde están las gremiales empresariales, donde quedan el movimiento sindical en aquéllos que teniendo la obligación no se pronuncian e indignan, para hacer leyes a favor de la clase trabajadora de diferente naturaleza—hay que trabajar por la gente y no por la ganancia, y este caso parece ser algo que por no tener la fuerza del poder, puede pasar desapercibido, como tantos otros.

Indignémonos y lleguemos al fondo de la verdad, y podamos conducirnos a niveles de justicia indisoluble y permanente que eliminen la impunidad de quienes hoy tienen el poder.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La olla se destapó este uno de mayo pasado, y el caldo parece ser la medicina amarga augurada en el discurso de toma de posesión del Presidente Bukele, será así o se está sintiendo en el fondo un mínimo gozo, por cuanto todos aquellos personajes diputadiles que se han rasgado las vestiduras por largo tiempo, las vestiduras del poder y la democracia representativa a favor de los grupos fácticos dominantes, ahora esgrimen como minoría su impotencia en su incapacidad de no poder penetrar y, mucho menos modificar la narrativa que hoy se impone con los nuevos diputados y diputadas, que arrolladoramente suman 64.

Son los 64, una mayoría abrumadora que no da paso a que una oposición legislativa insignificante tome alguna razón para revertir las decisiones que se van e irán tomando. 1er momento se ha roto con la modorra, históricamente desarrollada en cada toma de posesión—en tanto que los intereses personales y abusos para el poder direccional de la Asamblea se resolvieron fácilmente—los cargos de presidente y vice presidentes para nuevas ideas, los secretarios para representantes de los partidos satélites de nuevas ideas—y una vice presidencia (4ª) para el personaje de GANA más ambicioso y oportunista conocido.

En un 2° momento un dictamen conmovedor, que daba paso a romper con los shows acostumbrados, de sólo instalarse, definir la JD e irse a la casa a celebrar o hacerlo usando los fondos públicos, derrocharlos en una celebración que no trae beneficios a la población, que empezara a generar negociaciones—cuántas veces se cambió el reglamento interno para adecuar a conveniencia la nueva correlación de fuerzas legislativas. Eso hoy no tuvo mayor espacio para hacerlo—directamente a trabajar la plenaria—no importaba que se agarrasen el día internacional de la clase trabajadora, y por tanto doble por ser sábado (día de descanso) y día de asueto.

Otro elemento que había de preguntarnos es si el pueblo común entendió el debate legislativo y la medida de la destitución de los magistrados y del fiscal, acá el por qué estaba claro, era una acción legislativa apoyada por las razones de un ejercicio legislativo que afectó y afecta la gestión del Presidente. Esto dio su directriz desde que se montó la acción del 9f,2020, y se fue agravando por el asunto de la pandemia. Además, que se ha vendido a la población como un obstáculo que no ha permitido una lógica de trabajo al Presidente.

El debate legislativo fue muy bueno en tanto se esgrimieron muchos artículos de la misma Constitución, que ni los propios diputados seguro no conocen o han leído a profundidad, sustentar con los artículos constitucionales la base legal para la destitución estuvo clara, la oposición con su leguleyo mayor Portillo Cuadra, también dejó claro que se abusaba de los principios básicos de la democracia como el derecho a defensa y a ser enterado de las acusaciones para con todas las de la ley vencerlo en juicio.

No obstante, el debate de esa forma en que se desarrolló, fuera bueno que así se hiciera en todos los procesos de toma de decisiones, con esa vehemencia en pro y en contra, y se permitiera conocer la prevalencia de la verdad, el derecho y la justicia en todos los procesos judiciales—donde ha predominado el prevaricato, el juicio amañado, la defensa venal, los cargos poco sustentados por la fiscalía, sin la prueba testimonial, documental y pericial suficiente. Saca puede que salga de la cárcel, testigos criteriados que son un fraude, dilaciones dolosas y convenientes para alargar fallos, incumplimientos de plazos, selección de personajes a cargos públicos de 2° grado negociados y en contra de la ley. Una Fiscalía que de lo laboral desconoce plenamente y, jamás se ha pronunciado contra funcionarios y empresarios que violentan la ley laboral por despidos, retención de cuotas previsionales y sindicales—que es claramente un delito.

El Fiscal que de un principio fue nombrado con toda clase de incumplimientos en los requisitos de ley, sólo porque una pequeña mayoría así lo decidió, le gustara o no, al que estaba en contra. Pareciera que lo que recientemente pasó en la Asamblea Legislativa, ha estado sucediendo y a todos nos han pretendido convencer que así es la democracia—todos sabemos que el ejercicio de un demos (pueblo) que tiene el poder (cratos), resuelve para una mayoría en detrimento de una minoría que no tiene el poder; y así hemos venido existiendo, siempre y cuando me beneficie; y a los que perjudica, que pueden hacer aceptarlo, rebelarse, resistirse y esperar la nueva correlación donde la democracia pueda invertirse.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

El país sigue dando de tumbos en una lógica que tal como se plantea parece que jamás estaremos de acuerdo en algo, y mucho menos en aquellos temas sensibles a buscar una hegemonía por un lado y por el otro a perderla.

La fecha de inicio de la nueva era va cada día acercándose, será realmente un nuevo régimen político el que va asomándose en lontananza o será más de lo mismo, centrado en la disputa por una hegemonía que lleve a un grupo económico emergente a integrarse a otro desligado del hegemón oligárquico tradicional.

La expectativa se centra en que la clase trabajadora podría conquistar un nuevo sistema previsional, sin embargo, los vientos que soplan son realmente bastantes complejos y de una muy difícil solución—se tendrán los diputados necesarios para que con 43 votos como mínimo se reforme la ley SAP en el menor de los casos hacia la estructuración de una AFP con carácter público—el asunto acá es que puede o no competir con las mismas reglas que las otras dos—pero puede modificar su comisión administrativa, mejorar su rentabilidad con otro tipo de inversiones y mejorar los beneficios hacia las mujeres, cuya cobertura es del 14%, muy reducida, una tasa de reemplazo de alrededor del 38%, y muchas mujeres trabajadoras no lograrán pensión y habrá que devolverles su saldo de la cuenta, el que de continuarse erosionando a partir de facilitar el 25% de la cuenta individual, será cada vez más “insignificante”, en un acelerado deterioro de la protección social en la adultez mayor, por hoy con una población joven intermedia aún mayor, pronto estaremos pasando a la adultez mayor.

El Estado con la actual Presidencia Bukele, ha venido en una posición de retroceso en cuanto a seguir con el programa de la pensión básica universal, la que no es tan universal pues sólo ha cubierto en más de diez años a una mínima población de 70 años o más de algunos municipios muy pobres—se establece que son alrededor de 32,000 los cubiertos. La que ha ido perdiendo peso e implican unos 20 millones de dólares anuales. Las propuestas llevan a que ese pilar de población no contributiva debe aumentar sustancialmente y volverse realmente universal. Además, el Estado debe intervenir mayormente en el sistema previsional privado, en tanto no ofrece opciones de mayores beneficios, y mucho menos una suficiencia de ellos—los montos de pensión siguen siendo demasiado bajos, e inferior al parámetro mínimo que establece la OIT de un 45%.

La reforma previsional es urgente, y el Estado no presenta condiciones de país, que podrían facilitar un proceso de discusión suficiente para alcanzar el mayor consenso con los involucrados, la deuda previsional es altísima más del 60 % del producto interno bruto; de dónde el gobierno de Nayib Bukele sacará ese montón de plata para alcanzar un nivel de solvencia en la gestión de la AFP pública. Esa deuda previsional implica el uso de los fondos previsionales por larga data, pagando una rentabilidad que según analistas probablemente era negativa (debajo de la inflación); quienes han perdido son los cotizantes que quieren una mayor pensión (tasa de reemplazo) mayor al 60 o 70%, pero no es de acuerdo a las actuales condiciones algo posible.

Las reformas como la cuenta solidaria, y del 25% de la cuenta individual, erosionan el capital previsional, que sigue acumulando papeles de deuda, que va convirtiéndose en impagable. La AFP mantiene su ganancia de 47% de lo invertido, es excesiva, abusiva, prepotente e indigna para quienes no tenemos una protección social asegurada en la vejez; las ganancias en el sistema financiero rondan el 15% y es excesiva; y las AFP trabajan sin mayor responsabilidad de rentabilizar los fondos de pensión, de aumentar la cobertura, de mejorar los beneficios; es un duopolio que no presenta competencia y ambas se reparten el 100% del mercado de personas cotizantes.

La población empobrecida que es la mayoría, sigue esperando que haya un gobierno que trabaje en beneficio de la gente, pareciera no entender sobre el tema, la educación previsional sigue siendo un factor en detrimento de la comprensión para tomar decisiones, y existirán pocos diputadas y diputados que tratarán el tema sin conocer y sin la experiencia.

Se necesita una valuación actuarial para conocer los impactos en las variables paramétricas que están en juego, para alcanzar una reforma previsional satisfactoria, lo más potable el incremento de las edades de jubilación, en lugar del aumento de la cotización o bajar la tasa de reemplazo, que ya es sumamente inferior. Necesidad de diálogo para ponernos de acuerdo, pero con condiciones de país como las nuestras, parece no existir una oportunidad, sino la necesidad de un milagro.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Mucho de la anomia social que ha caracterizado al movimiento sindical, estuvo asociado al régimen político que prevalecía en el país, hasta antes de febrero 2019; donde se rompió con parte de ese régimen—el ejecutivo—Los incidentes del 9f 2020, desencadenaron otros elementos de cambio que generaron y fueron reforzando lo que se venía venir, el gane electoral del legislativo. Ese nuevo régimen político que inicia en la fecha conmemorativa a la gesta heroica registrada hace 135 años (1886), permitirá la movilización social.

En el anterior régimen político—integrado por los aparatos de gobierno que conocemos peyorativamente de izquierda—la movilización social se fue agudizando hasta casi desaparecer de manera clara en sus objetivos políticos y lucha social por transformaciones importantes en el país—ese régimen por elementos que pueden rayar en la complicidad, impidió sistemáticamente para el caso la ley de aguas, y ponerse en una posición irreconciliable de querer imponer a la empresa privada como ente rector, las movilizaciones fueron perdiendo su fuerza, en tanto los compromisos partidarios para continuar sosteniendo el modelo prevalecían, y el asunto se ventilaba empujados para presionar sobre algo siempre de interés partidario, que tenía la debilidad que se iba alejando cada vez más de la gente, que le apoyó ciegamente, hasta que el velo cayera definitivamente.

Otra bandera de movilización social, está en la lucha por una nueva ley de pensiones—lo partidario apuntó a una reforma que tolerara un sistema mixto, arena nunca lo aceptó. El asunto derivó en una reforma que apoyara las finanzas públicas, no a la gente pensionada y no pensionada que lo necesitaba. Confiar en la figura del ex ministro Cáceres para impulsar los cambios previsionales, no fue una jugada política que definiera la opción por la gente; se creyeron muchas cosas como que continuara en el ejercicio de Sánchez Cerén y con arraigo en la oligarquía, era una buena idea combinar los intereses del partido con los de la oligarquía, pero no funcionó, y no se llegó a nada—la reforma no resolvió el problema estructural (sept2017).

El salario mínimo y el tema del aumento de los salarios está en que la lógica del anterior régimen político, es que ello afecta a los intereses de las empresas, el nuevo régimen político negociará un incremento a los salarios de la gente con esas empresas, no lo sabemos si no nos movilizamos; lo importante es sacudirnos el neoliberalismo y su régimen político que lo sustenta. Es una bandera de lucha que hará diferencia si lo conquistamos, pero lo que no cabe en este análisis es que el Consejo Nacional del Salario Mínimo, sigue inactivo y no logra su revisión para un incremento importante; qué hará el nuevo régimen político en este caso—los representantes laborales y empresariales en el Consejo no son de fiar, en consecuencia, qué se necesita para que el Ministro de Trabajo avale el acuerdo, si es que se lograra alguno.

El nuevo régimen político que se instaura este Uno de Mayo, al menos en teoría, es importante que defina de qué lado va estar, de la gente o al lado de las fuerzas dominantes, como siempre ha sucedido históricamente, la naturaleza del nuevo régimen que se va ir definiendo a su paso tendrá la oportunidad para ser diferente e impulsar las transformaciones que todos hemos luchado; un sistema de salud que está deteriorado por las acciones privatizadores de principio del siglo que no lo cooptaron, pero lo dejaron con grandes limitaciones—en ese marco un seguro social, que no mejoró en la década del fmln, matando la esperanza de que iba a construirse algo diferente y a favor de la clase trabajadora—los conflictos laborales, las acusaciones de directores, daban la señal que no habría alguna diferencia. Y hoy con la pandemia, luchar por un sistema público de salud es un deber.

El sistema educativo, también ha colapsado y, hay graves consecuencias en el futuro de las nuevas generaciones, por no estar preparadas en conocimientos, habilidades, formas diferentes de enseñanza – aprendizaje para desarrollar las diferentes actividades económicas—la pandemia ataca, el temor a iniciar y desarrollar una lógica educativa diferente, aún no se ve por ningún lado. Es también algo por lo que hay que luchar si queremos tener un futuro para nuestra niñez y adolescencia.

El medio ambiente adquiere una importancia suprema. Hay que trabajar por un nuevo sistema fiscal, que haga llegar los recursos que se necesitan para continuar un derrotero que nos lleve a superar nuestra actual lógica productiva; dando paso a un nuevo modelo de desarrollo, basada en una economía de la redistribución y la solidaridad, ya no una explotadora y con clara desvaloración del trabajo, en tanto todo es mercancía.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

En mucho de lo que sucede en el mundo del trabajo es de grandes retrocesos y nulo avance en la materia—hablamos de dar valor al trabajo (no un valor de mercancía) sino de desarrollo evolutivo de la forma humana para satisfacer las necesidades básicas, pero al parecer se regresa a supuestas épocas ya superadas, lo común de todo este asunto es que siempre ha estado presente en los atrasos y estancamientos el modelo de producción capitalista, es decir mientras hay avances en la forma de producir la ganancia del capitalista, las relaciones sociales de producción mantienen un atraso considerable.

A donde radica el problema, la cultura que sostienen las relaciones laborales es anti sindical, de una total imposición, descrédito, deslegitimación, arbitrariedad y abuso de la parte dueña de los medios de producción hacia la que vende su fuerza de trabajo—esta es la base de la infuncionalidad de las unidades de personal para resolver los conflictos laborales que se suscitan a diario, en tanto mantiene un esquema de trabajo de plegarse a la autoridad del patrono, anulando así la representatividad de las personas trabajadoras por el Sindicato.

Al capitalista no le interesa establecer una cultura de diálogo, de entendimientos que valoren, rescaten y lleven a una práctica sana la equidad en las relaciones sociales de producción. La interlocución con el dueño de la empresa, la mediación, la solución alterna de conflictos (conciliación), son mecanismos débiles y en mucho fraudulentos, y corrompidos por los abogados laboralistas que representan a las patronales.

En principio, cuando el capitalismo pasó de la manufactura a la gran industria—lo que se conoce como la revolución industrial/siglo xviii, 1760—implicó una enorme migración del campo a las ciudades—algo así como con el surgimiento e instalación de las maquilas de confección textil, iniciadas en la década del 90, cuando implicó la movilidad de la gente pobre y menos formada de las áreas rurales (cantones y caseríos) hacia el casco urbano de otros municipios donde se instalaron lo que se denominó zonas francas, cuyo objetivo principal se centró en la confección para la exportación de ropa y prendas de vestir hacia los EEUU, bajo el tratado generalizado de preferencias y la iniciativa de la cuenca del caribe—que permitía ingresos aduanales de la mercadería sin impuestos, unilateralmente como gobierno estadounidense hacia la sub región centroamericana.

En aquel entonces las condiciones de vida eran totalmente miserables, no había protecciones en salud—las enfermedades asolaban a los obreros(as) que se instalaban en las calles, al no tener como pagar una vivienda—los patronos eran totalmente inconscientes para invertir en programas de salud y seguridad ocupacional y los gobiernos en salud pública, lo que provocaba altas pandemias y muertes por enfermedades comunes, profesionales y accidentabilidad laboral. Además, habían altos hacinamientos que provocaban condiciones inseguras de hacer el trabajo, la maquinaria también era símbolo de los problemas al implicar alta peligrosidad, además por la falta de una calificación para su manejo y uso apropiado.

En mucho se responsabilizó a las máquinas, del problema del trabajo, de los bajos salarios y de las condiciones deplorables para vivir y del desempleo abrumador; y resultado de ello surgió la época del ludismo. Fue Ned Ludd, un obrero que se opuso férreamente al desarrollo de las máquinas, y formó el movimiento ludista, después no se comprendió así en tanto la culpa era del capitalista quien hacía provocar la desgracia de los obreros(as) por la forma en que se producían la mercancía.

Ahora encontramos empresas que siguen imponiendo jornadas excesivas de trabajo, se continúa trabajando como esclavo, ingresando a tempranas horas ante del inicio de la jornada y más allá de la hora de salida para cumplir metas de producción, trabajo que no se paga y dentro se evitan movilidades sanitarias que agravan la salud física; la bio seguridad aplicada resultado de la pandemia es deficiente, las clínicas empresariales no cumplen con la labor de protección y se pliegan a faltas claras de ética para evitar que las personas trabajadoras acudan a curarse o laboren enfermas, y se ausenten de la producción (crear riqueza), lo que provoca que la ganancia para el capitalista se desfasa o no se concrete.

Finalmente, la legislación laboral sigue históricamente retrasada, anacrónica y no logra trascender e integrar el principio de la realidad y, evitar la sobre explotación que caracteriza la época; se avecina una asamblea legislativa que no tendrá existencia propia, sino será una correa de transmisión del Presidente, y no percibe la necesidad de legislar el país de forma que el capitalismo no continúe teniendo en su favor formas legales de protección de sus intereses en detrimento de las personas trabajadoras que necesitan de buenos empleos, con salarios decentes, con protección social, y con apoyo empresarial para cubrir la economía del cuidado en la conciliación laboral y la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el hogar, entre otras cuestiones importantes para equilibrar las relaciones laborales.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

El establecimiento de un gobierno pequeño burgués (ni-gana) que ha tomado un poder representativo altísimo hoy a cargo del ejecutivo y luego del uno de mayo con la asamblea legislativa, encuentra un escenario que continúa para la clase trabajadora: con salarios bajos, puestos laborales precarizados, inseguridad social-desprotección social abrumadora- económica—en tanto los ingresos de la gente popular siguen siendo precarios y de acelerado empobrecimiento por las condiciones resultado de la pandemia; que lleva a graves dificultades para alimentarse; cobijarse; educarse; recrearse, sanarse y en convivencia segura; políticamente con un alto grado de optimismo y de expectativa, luego del 28f; y por otro lado un gobierno con alto grado de enseñoramiento, que pareciera ser lo suficientemente fuerte para acabar con el antiguo régimen político (1983-2019), y dar a la clase trabajadora un nuevo orden para ganar un bienestar común, que hasta hoy no se tiene.

Las libertades democráticas colectivas e individuales siguen siendo mínimas, sigue mucha marginalidad y exclusión política en la toma de decisiones, la participación ciudadana es siempre limitada a términos de votos, sin elegir sobre ejercer el poder, sino en base a dar formalmente sus intereses a una representación partidaria (ni), los mecanismos que permitan a la gente expresarse e ir avanzando en sus derechos dentro de una sociedad en lucha por una democracia popular—se basa en el poder de las redes sociales. Las que culturalmente el Presidente maneja en la idea de 24/7, en tanto el día termina cuando ya nada se mueve en las redes trayendo un mensaje, un aviso, una noticia, un suceso; una información, un dato, un hecho aislado o concatenado a otros.

Seguimos siendo un pueblo con escasa lectura que lleva a un problema de entendimiento para el análisis de la realidad, de participación en las decisiones que se están tomando por los grupos que tienen hoy el gobierno. Hay herencias negativas de años que afectan la integración social, y que el gobierno aduce haber mejorado como es la seguridad ciudadana—con la reducción de los homicidios, que hace publicitar en virtud de las redes sociales, y que en el imaginario colectivo se toma como que el país es ya seguro para recorrer los diferentes sectores de la ciudad y del interior del país; sobre todo en aquellos municipios considerados de control territorial de grupos diversos fuera de la legalidad.

El desarrollo de clase trabajadora dentro del arte y la cultura, no se ha visto un avance y muchos lugares se cerraron y no volvieron a abrirse, generándose un rompimiento de articulación e ingresos para este tipo de trabajadores; se observa uno que otro mural aislado, pero otras disciplinas teatro, canto, música, poesía, etc no hay un trabajo de impacto, apoyo definido y concreto por la cartera gubernamental—la persona encargada ha saltado a la legislatura, sin una huella importante; se continúa sin presupuesto suficiente, malas relaciones laborales y sin reactivaciones importantes que den confianza y credibilidad—en la capacidad del Estado para una inserción cultural de avanzada para el mejoramiento sustancial de mejor formación en el devenir histórico y proyección de los ámbitos turísticos, de recreación y comerciales.

La protección ciudadana, en un mejoramiento efectivo en la defensa y desarrollo de los derechos humanos—hay muchas afecciones que han impactado, la violencia de género incrementado, acosos laborales y sexuales incrementados en razón de los aislamientos de convivencia en los hogares y la pérdida en el poder adquisitivo y la economía de las empresas con exigencias productivas que vulneran los derechos humanos en general.

Hoy la expectativa ha crecido y debe comenzar a dar resultados concretos para la gente—que con la pandemia se han pisoteado y deteriorado superando todos los límites de convivencia sana y desarrollo humano, y sobre todo aquellos sectores del comercio informal—la línea de negocios en el litoral salvadoreño, que hoy de manera un tanto demagógica se habla de la inversión en el lugar denominado surf city, siguen impactados en sus empobrecidas economía—no obstante hay una votación rural, cantonal y de caseríos que antes no existía, dado que era una masa históricamente manipulable en extremo por grupos dominantes.

La Asamblea Legislativa, se ve hoy un espacio donde no existirán “negociaciones y manipulaciones en temas y legislaciones” a favor de la gente—la ley del agua; de la soberanía alimentaria, de un sistema de pensiones consecuente para beneficio de la gente cotizante y no cotizante; mucha convención internacional del trabajo que viene y redunda en protección a los derechos laborales a saber: protección a trabajadoras a domicilio, del hogar, de maquila; del sector público; seguridad social, procedimental para un ejercicio de una pronta y cumplida justicia.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

En mucho de lo que está pasando en el tema de pensiones, sigue estando muy asociado con intereses mezquinos de parte de las administradoras de pensiones y sus intelectuales, que disfrazan el fracaso del sistema de cuentas individuales, con las mismas acusaciones de cuando iniciaron la imposición del nuevo modelo de pensiones—para justificarlo—empecemos por definirlo se trata de un modelo de sustitución—en consecuencia, el nuevo modelo irá supliendo al antiguo sistema hasta su desaparecimiento. Esa decisión fue claramente responsabilidad de arena, su gobierno, fusades, anep y medios de comunicaciones, entre otras ong vinculadas con el modelo de acumulación capitalista de libre mercado, y bajo la doctrina neoliberal basada en que es mejor lo privado que lo público, y que todo se rige por el libre mercado, y el negocio de los fondos de pensión.

Ese modelo de sustitución fue impuesto, sin mayores debates de quienes son los dueños de los fondos de pensión, y otros pensamientos científicos. En consecuencia, no fue en ningún momento una propuesta técnica (no se escuchó a especialistas, no se hizo un estudio actuarial y fue claramente una imitación burda del modelo chileno, entre otros aspectos de análisis que no se tomaron en cuenta); cómo se quiere aun hoy hacer ver por quienes están detrás de la filosofía neoliberal (la prevalencia del negocio por sobre los derechos humanos); es decir la desnaturalización constitucional de que el Estado tiene como finalidad al “hombre como el principio y fin del proceso productivo; y no ver al trabajo como una mercancía”.

Esa lógica productiva, impuesta por arena, tuvo a su favor un órgano judicial que se hizo el de los panes, para no escuchar y proceder a corregir la inconstitucional y anti ética visión de la constitución. No funcionaron los amparos presentados y fueron las resoluciones declaradas sin lugar y favoreciendo al capital antes que a las personas trabajadoras, al declarar la libre empresa y contratación como el motor de la sociedad, antes que los derechos humanos. Es importante señalar esto por cuanto arena en esos primeros años (1989-2004), de manera mayoritaria (ejecutivo, legislativo y judicial), decidieron el destino político, social-económico, medio ambiental, militar y cultural del país.

¿Por qué ahora hay escozor por ese grupo fáctico, de un nuevo y hoy si absolutismo y supuesta pérdida de su democracia? Aparentemente lo nuevo es que en la época de arena, el voto de la gente era presionado e intimidado por la amenaza comunista, la vivencia socialista y las transformaciones estructurales de un pueblo; ahora el voto es de mayor apropiación popular y la gente lo ha tomado libremente como un valor y con la capacidad de alcanzar cuota de poder, que pueda llevarnos a una época diferente; y no en la continuidad de cambios cosméticos en la época.

Todo ese arraigo ancestral para imponer el nuevo sistema de pensión de cuentas individuales, manipuló los intereses de la gente trabajadora y trabajó con propaganda el imaginario colectivo exacerbando la cultura individualista, al expresar el fenómeno de la corrupción en el INPEP e ISSS, además de ser un sistema de reparto que refuerza la solidaridad generacional y salarial, a cambio del individualismo conservador, lo que llevó a que de aquél grupo poblacional que tuvo opción de quedarse en el anterior sistema o de registrarse al nuevo sistema. Cerca del 80% se fueron, creyendo el discurso del gobierno de arena, que iban a estar mejor con un “mayor monto pensión y sus ahorros no iban a ser usados para otros fines”—pérdida completa de la solidaridad en general—.

Eso fue posible, por cuanto mucho de los abusos y arbitrariedades acerca de la imposición del nuevo sistema privado de pensiones y la desaparición del anterior sistema público de pensiones, tuvo a su base la desacreditación, la mentira, el fraude, pero sobre todo el régimen político (aparato del Estado) que favoreció ese cambio en detrimento de los intereses genuinos y propios de la clase trabajadora.

La falta de conocimiento de la mayoría de personas que cotizan y en mayor grado las que no cotizan, que no es exclusivo de salvadoreños(as), pues también el pueblo chileno (más educado) igualmente permitió el nuevo sistema de cuentas individuales, la falta de debate (época con cambios, pero con los resabios pinochetistas), hicieron que hasta el 2008 se hicieran reformas, que en el país no han podido hacerse hasta la fecha. La ausencia y manipulación que se hace de la información, hace que los intereses mezquinos prevalezcan sobre los intereses de justicia, solidaridad, universalidad y derechos humanos.

Volvernos a un sistema de pensiones tiene a la base: 1) Una base actuarial; 2) un debate abierto, transparente, informado y con todos los involucrados; 3) la suficiencia de beneficios vitalicios; 4) una administración pública independiente, autónoma y transparente en lo financiero y uso de los fondos; y 5) la recuperación de la deuda previsional fiscal en un proceso programado de amortización del capital e intereses; y claro con un enfoque de género.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La película que veníamos viendo sobre la situación hegemónica en el país, pareciera que se va develando, sólo que no reconocemos aún para que lado se va definir, históricamente el régimen político que se ha alcanzado por medio de una votación, que es la manera de ejercer una democracia representativa, luego venían las imposiciones, los incumplimientos de las promesas electorales, y no pasaba nada y la esperanza, el cambio, la mejoría quedaban sumergidas en la indiferencia y el comodismo burocrático de siempre, frustrando los ideales de los sectores populares.

Ahora hay un régimen político que tambalea, que difícilmente se sostiene, aun cuando resta un período que según lo que vemos, terminará más temprano que tarde, sigue aceleradamente desintegrándose, a pesar que mucho de ese lastre no se ha presentado a laborar confirmando que muchos están realmente para irse por la puerta trasera, sin vergüenza, sin una autocrítica clara de ser los responsables de su propia derrota. Pero eso a donde nos lleva continúan engavetados muchísimos ante proyectos de ley, presentados por fuerzas retrógradas y/o consecuentes y progresistas, pero que el espacio legislativo ha sido negativo para debatir con transparencia y oportunidad de lograr leyes en pro de los intereses de la gente trabajadora.

Hay convenios de la OIT, que siguen durmiendo el sueño de los justos, además de proyectos de ley relacionados con temas de trascendencia como pensiones; salas cunas (prórrogas); el código procesal laboral; la ley de la función pública; el ante proyecto de ley para reformas y mejores regulaciones para realizar el trabajo del hogar; reformas laborales puntuales que requieren establecer mejores derechos al trabajo y la seguridad social. Se debe hacer el procedimiento para ratificar el Convenio sobre la Violencia en el Trabajo y el Acoso (C190). Así como el asunto de la ley del agua y la soberanía alimentaria como derechos humanos; el convenio a favor de los pueblos originarios y políticas públicas para hacer sostenible el desarrollo social y el bienestar económico de la clase trabajadora.

La expectativa laboral es grande, pero aún se pierden las intenciones claras de los que se van con los que vienen, en el ámbito de la derrota y el gane, se observa la falta de nobleza del ganador, su prepotencia, contra el elemento de soberbia y ausencia de autocrítica del perdidoso, culpable por abonar en largos períodos de demagogia y falta de interés por la aprobación de leyes a favor de la gente trabajadora. Muchos sabemos la forma de discutir los proyectos de ley, donde se han privilegiado siempre los intereses de los grupos fácticos dominantes, en detrimento de las mayorías populares; la aprobación del CAFTA-RD, de la dolarización, los nombramientos de magistrados y funcionarios del Ministerio Público, con muy escasas excepciones.

El uso de la vacatio legis (dilación para entrar en vigor), en pro del poderoso, como fue cuando se aprobaron los convenios sobre libertad sindical (87, 98, 135, 151) y la sindicación en el sector público en 2006. Las salas cunas (2019), la ley sobre riesgos en los lugares de trabajo (2010). Pero para las reformas al sistema de pensiones en 2017, fue inmediato, como también los madrugones lesivos a la población que estaba literalmente dormida; en fin una estrategia clara para hacer mayor dilación en la puesta en marcha de los beneficios de una ley, favoreciendo siempre al sector patronal.

Es necesario la reforma fiscal para abordar impuestos progresivos y no regresivos; y dar una diferencia, ante el favorecimiento en pro del capital por exoneraciones de impuestos que fácilmente sobre pasan el 3% del pib nacional, la lógica del sistema de mantener el desequilibrio al sostener que paguen 11 centavos por cada dólar los que se favorecen de la riqueza producida por los trabajadores (as), a cambio de 0.30 por cada dólar para las familias pobres. Las empresas pagan una tasa efectiva del impuesto sobre la renta de 2.5%, mientras que las personas trabajadoras lo hacen en 10.8%. Esta injusticia hoy puede ser revertida, y la expectativa laboral es que se haga sin más dilación.

El gobierno en el ejecutivo también tiene deudas grandes pendientes como es el incremento al salario mínimo, aumento salarial al sector público, menos renta por servicios profesionales e ingresos salariales para aquellos que no disponen del suficiente ingreso; impuestos al patrimonio y renta a quienes nadan en la opulencia. La expectativa laboral es cuándo va empezar a suceder, ya no es espera—la administración del trabajo debe perseguir a los malos empresarios que se apropian de las cotizaciones previsionales y cuotas sindicales, debe ejercer una clara vigilancia a las empresas que se aprovechan de la elusión fiscal, pero que no dan una contraparte como es la creación de nuevos puestos de trabajo y nuevas fuentes de empleo; y la conservación de los puestos de trabajo en aquéllos lugares golpeados por lo económico, mientras se van recuperando poco a poco.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Recientemente hemos sabido que en la fábrica de maquila de confección textil denominada DECOTEX INTERNACIONAL Ltda. de C.V. ubicada en zona franca American Industrial Park, están sucediendo asuntos laborales que perjudican a las personas trabajadoras—como suele ser la experiencia de este tipo de empresas, se presenta un escaso diálogo y en mucho actitudes y acciones anti sindicales de los personeros que dirigen esas empresas, lo que tiene como resultado una violación sistemática de derechos laborales.

Dicha empresa mantiene una actitud de prepotencia y descrédito hacia la organización sindical, que de forma valiente mantiene una oposición y lucha porque la situación de la medida quede sin efecto. Se trata de que en el bloque de trabajo de la marca de ropa under armour pretenden imponer un cambio en la jornada y horario de labores, estableciendo un período de 06 a.m. – 06:00 p.m. Son doce horas diarias que representaría una modificación sustancial a las condiciones de vida y de trabajo de las personas trabajadoras que se verían afectadas.

Dicha modificación se conoce como 4×4 (12 horas diarias durante cuatro días), un modelo que violenta la Constitución en su art.38 ordinal 6°, que dice que la jornada diaria será de 8 horas; y que todo tiempo laborado arriba de esa octava hora, es tiempo extraordinario y será pagado como tal. No obstante la empresa quiere bajar sus costos de producción incrementando las horas y ahorrarse dicho pago, además eso va implicar que durante esas 4 horas adicionales las metas de producción se eleven sustancialmente, y esta es la verdadera justificación de tal imposición. La ganancia, que el negocie obtenga mayores producciones que incrementen el cumplimiento de pedidos contractuales e incrementen las ventas, que según la empresa se vio perjudicada por la pandemia.

La marca en este caso under armour debe estar involucrada en este problema y la empresa probablemente este siguiendo sus lineamientos, el representante de dicha marca en la región debe aclarar y poner sus buenos oficios en el lío laboral poniendo su concurso y hablando con claridad. De igual forma debe la corporación TEGRA, a la cual está integrada Decotex en El Salvador y en la región, aclarar que bajo el asunto de la expansión de la fábrica, se quiera justificar cambios en el horario y jornada, aduciendo que se trata de una medida de bio seguridad, que todos sabemos no es cierto.

Sabemos que las empresas maquileras y Decotex Internacional en lo específico, son empresas que se ven beneficiadas por leyes y programas que incorporan la elusión fiscal y que es tal la situación que van acumulando enormes ganancias, y las personas trabajadoras van cada día deteriorándose en sus vidas, lo que denota una clara deshumanización en pro de la ganancia y el lucro. Las condiciones de empleo en las maquilas, es de mucha injusticia, hay claras acciones productivas de sobre explotación laboral, que representa para las personas trabajadoras humillaciones y malos tratos constantes, salarios bajos, precarización de derechos, posturas anti sindicales y anti laborales, que no permiten buenas prácticas de trabajo en el proceso de producción y relaciones laborales de progreso y justicia social.

La empresa Decotex, se ha confabulado y no quiere informar con transparencia y claridad sobre imponer la jornada 4×4, y argumenta que es necesario para crear mayores puestos de trabajo, la persona a cargo de los recursos humanos aduce que el que no acepte, ella está contratando alrededor de 600 personas semanales; y ese comentario denota un problema de discriminación y una forma de violencia laboral, al tratar de chantajear las necesidades del empleo de las personas trabajadoras y pretender obligarlas a firmar de manera presionada el nuevo horario, con determinados agregados al contrato individual de trabajo. Los nuevos contratados que van a trabajar la confección de prendas de la marca under armour—están ya bajo ese nefasto horario, que sabemos que atenta contra la seguridad familiar al salir más temprano y regresar muy tarde, eso va implicar mayores niveles de desatención de hijos e hijas. El transporte que contrata la empresa no es gratuito, sino es parte de los costos que se ven elevados por dichas empresas al abarcar mayor cobertura en las rutas y horarios.

La economía de la persona trabajadora será afectada negativamente por este nuevo horario, y los hogares que cada día son más sacrificados por las medidas que las empresas imponen que van atacando el bolsillo por gastos para un mejor cuido para hijos e hijas, ancianos y no se ven mejorías en las condiciones de trabajo y salariales—sigue siendo del total del costo de producción de la planilla un valor del 20%, eso estaría implicando que los salarios que se pagan no representan un valor considerable y son otros factores de la producción los que elevan mayormente los costos. Decotex Internacional debe dejar sin efecto la medida y dialogar con el Sindicato como debería planificarse y desarrollarse la expansión, antes que haya mayores incidentes que afecten negativamente los intereses de todos, las personas trabajadoras, la empresa, TEGRA y la marca under armour.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

En esta parte del artículo vamos a tocar los elementos consustanciales que estructuran el sistema de pensiones, las variables paramétricas, se dice que la edad de pensionarse está actualmente en 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, pero es uno de los países con menores edades; hay importantes presiones para que esta se modifique y se eleve el requisito de la edad más allá de los parámetros actuales—aún no está claro las razones del por qué hacerlo y lo único que se analiza es la de eludir en el tiempo la presión del pago de pensiones, aumentando la edad el pago se difiere y se elude hacerlo cuando se tengan cumplidos los 60 ó 55 años, sin embargo habrá siempre que pagarlo y ese es el problema consustancial, que surja un impago por carecerse de los fondos suficientes.

Se supone que la cuenta de garantía solidaria, que funciona como un fondo de reparto, irá acumulando los suficientes fondos según las necesidades vayan surgiendo, y de esa manera irse distribuyendo según se requiera para evitar que el endeudamiento público siga creciendo y se haga mayor. El costo transicional de un sistema de reparto a otro de cuentas individuales—administrado de forma privada—en cálculos que se reflejan en el libro del Dr. Arias, “Pensión para todos“, se dice que representaba al 31 de dic 2013, y que toma en cuenta la transferencia a partir de 2006, de los certificados de inversión previsional (cip) y cip complementarios alcanzan los 8,517 millones de dólares, que sumado al costo que representó a ese entonces para la clase trabajadora, pasar de un sistema a otro que fue de 1,353.3 millones de dólares, determina una fuerte presión a las finanzas públicas, pero un alto nivel de ganancias netas para las afp y aseguradoras.

La postura crítica es que las pensiones de vejez es un derecho humano cuando son universales para quienes contribuyen monetariamente y para quienes no contribuyen monetariamente al sistema de pensiones; cuando son tuteladas y garantizadas por el ESTADO; no pueden en ningún momento tratase de ser “productos financieros” que valoricen capitales privados. Y cuando forman parte de un sistema más amplio de derechos de ciudadanía social denominado SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL.

Además de la edad, está el tiempo de servicio, que se fijó después de la privatización de los fondos de pensión en 1996 en 25 años de servicio, antes representaba un requisito de 750 semanas (15 años); en ámbitos laborales en las empresas como las conocemos, disponer de una carrera en un cargo cualquiera de ese número de años es algo difícil de lograr, por la forma como se ejercen las relaciones sociales de producción, que manifiestan una alta rotación, constantemente se despide y se contrata de acuerdo a necesidades de oferta y demanda; con la pandemia se ha truncado una acumulación de tiempo de servicio para muchas personas trabajadoras, haciendo difícil una recuperación—se dice que mucho del actual sistema de cuentas individuales, el 85% de los cotizantes no lograría el suficiente ahorro, y por ende no gozarán de una pensión.

La otra variable es la cotización, se inició con 13% y desde el 2017, se incrementó a 15%, con la justificación de crear la cuenta de garantía solidaria mencionada en el párrafo anterior, que es de acuerdo al análisis de expertos una cotización alta, hablamos que descontar de un salario mínimo ese porcentaje es bastante fuerte a los bolsillos de las personas trabajadoras, se dice que mucho del grueso de población económicamente activa 78%, está bajo los 440 usd; y a pesar de ser una cotización alta, no garantiza que vaya disponer del suficiente ahorro.

El actual sistema de pensiones tal como está diseñado se ha convertido en una mercancía en tanto es un medio para que empresas capitalistas puedan obtener ganancias. los fondos de pensiones se administran como capital de inversión para obtener rentabilidad (ganancias), y de esa rentabilidad dependerá el monto de la pensión de vejez y la duración de esa pensión para las personas, en esta perspectiva las personas no son titulares de derechos, son clientes cuyos derechos a la pensión (monto y duración) dependen de su capacidad individual de ahorrar en una cuenta individual y de la rentabilidad (ganancia) que puedan obtener cuando el fondo de pensiones se invierte, ello implica un azar y desvaloración plena del derecho a pensión.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Por hoy el tema ha quedado completamente invisibilizado, y muy poco se dice sobre el asunto de las pensiones en la agenda política de los sindicatos, se sabe claramente que la reforma de sept2017, sólo fue un paliativo y que más temprano que tarde el sistema va colapsar. La administración privada no ha ofrecido alguna solución, y en mucho de los países que decidieron privatizar el sistema, se ha revertido volviendo al sistema de administración por parte del Estado, con claros problemas de aumento en el déficit fiscal, a menos claro que el monto de las cotizaciones y lo acumulado regrese al Estado para paliar el asunto.

En el actual gobierno de Bukele, la temática ha quedado prácticamente sin la manifestación de diálogo social, lo cual nunca ha habido y el debate de tan importante tema se ha manifestado desde el gobierno y con la intervención incisiva de los dueños de las AFP—que saben que mientras la asamblea no se modifique con una correlación diferente sus intereses están preservados y protegidos.

El soporte con el estudio actuarial se desconoce si se hizo y mucho menos los resultados que arrojaron en términos de garantizar los derechos a una pensión; y el mejoramiento sustancial de la protección social, tanto para cotizantes, pensionados y no cotizantes; el aparato se mantiene a cargo del sistema financiero y no a cargo del Ministerio de Trabajo con las funciones previsionales, ese sesgo hace que siga presionando las finanzas públicas y llegar a un impago parcial o total tarde o temprano.

En el Salvador, por una parte, el rol del Estado como financiador de prestaciones se contrajo, es decir la pensión básica universal para aquéllos mayores de 70 años en municipios pobres se redujo; traspasando a trabajadores, empleadores y pensionados la carga financiera de las antiguas prestaciones de beneficio definido (sistema público a cargo del INPEP y el ISSS) y las agregadas por la re-reforma; por otra parte, transformó el sistema substitutivo en mixto al introducir un componente de reparto administrado por el Estado, esto prueba claramente que el sistema privado fracasó y mucho del fraude y engaño al principio se ha convertido en una fuerte frustración de muchos que creyeron en los cantos de sirena que en aquél entonces el neoliberalismo y el partido arena cobijó.

Las reformas, cualquiera que sea su naturaleza, a menudo no han sido precedidas de un diálogo social amplio, abierto y transparente, con participación de todos los sectores involucrados. La última reforma sólo existió una manipulación del partido de gobierno y los dados estaban cargados en el espacio legislativo, donde se brindaron escasos 20 minutos para exponer la propuesta, sin embargo, a la contraparte asafondos se le dieron todas las facilidades para su exposición, defensa y continuidad de sus intereses, De igual manera la prensa parcializada tampoco abrió espacios para un diálogo tal como debería ser.

A ese efecto, el gobierno debería hacer más apertura al respecto, sin embargo, en espacios tripartitos el debate si es que ha existido es muy sesgado y la polarización existente en el país no presenta condiciones objetivas para un diálogo social tal como se necesita. Y los sindicatos incluidos siguen sin apropiarse de la temática y exigirla con fuerza dentro de las relaciones de poder que se manifiestan al respecto del tema de pensiones.

En secreto el actual Ministro ha anunciado que ya hay un estudio con apoyo técnico de la OIT, no obstante, se mantiene una opacidad y de los sindicatos que se han vis to favorecidos que no sostienen intereses propios, sino van con los del gobierno y se pliegan a una discusión completamente estéril, y los ofrecimientos gubernamentales caen en demagogia y poca certeza de su desarrollo democrático.

A ese efecto, el gobierno de Bukele debería designar una comisión independiente de técnicos con representación tripartita trabajadores, empleadores y gobierno, la tripartita Consejo Superior del Trabajo no se ha cohesionado y se mantiene en un adormecimiento que no logra trascender la temática hacia la población y sectores interesados. Actualmente en la campaña electoral el debate ha sido confuso, poco ético y arrastra demagogia y falta de compromiso.

También podrían ser incorporados académicos, jubilados y pensionados, y otros grupos relevantes, para que desarrolle un diagnóstico que sea la base para recomendaciones sobre qué tipo de reforma hacer y sus lineamientos fundamentales, los cuales deberían de ser incorporados en el proyecto de ley.

La comisión debería llevar a cabo reuniones con federaciones de trabajadores para obtener insumos que sean importantes en su labor; también debería solicitar un estudio interno del costo de las reformas propuestas, así como una valuación actuarial ex post en que se simulen los resultados y costos de propuestas alternativas y su sostenibilidad a largo plazo.

Todos los documentos de la comisión deben ser públicos a los efectos de transparencia y discusión ciudadana. Este procedimiento no solo enriquecería la reforma sino también daría legitimidad a la misma. Y si la discusión de las reformas constitucionales en el país, se diera democráticamente sería una buena oportunidad como ejemplo el tema de pensiones, de la importancia de considerarse en la reforma la aprobación del referéndum y plebiscito.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La incertidumbre por mejorar condiciones de trabajo y de vida siempre es una variable que pega fuerte en las mentes de los que hoy dirigen las instituciones públicas, bajo la Administración Bukele. Las directrices de cómo deben administrarse las relaciones laborales, es todavía en unos lugares más coercitiva y menos dialogante, lo que lleva a la afectación de los servicios públicos, en tanto las personas trabajadoras sienten que no valen, que sus méritos no son tomados en cuenta; y en consecuencia la situación salarial, de empleo y de mejoramiento en prestaciones no es resuelta a cabalidad, significando que la población laboral en el sector público, no esté motivada y no se construyan bases para el diálogo social que mejore y sustente hoy el servicio público.

La administración del trabajo va encontrando mayores niveles de conocimiento sobre la viabilidad o inviabilidad de un proceso de negociación colectiva—la primera dificultad que manifiesta hoy un proceso de tal naturaleza es la acreditación de la representatividad del sindicato—en tanto que la entrega de credenciales por un lado ha aumentado y ampliado requisitos de forma y de fondo, que atrasan su registro y entrega en tiempo; implicando que el proceso se alargue innecesariamente y no haya manera de agilizarlo, lo que ocasiona que otros derechos sean conculcados, al no poderse demostrar con claridad la representatividad legal del Sindicato.

El Sindicato del INPEP como contraparte natural, tenía el atraso de sus credenciales desde septiembre, y la negociación debía iniciar con la demanda de revisión del proyecto de contrato colectivo en el penúltimo mes de su vigencia—que era el mes de noviembre/2020. Se hicieron los detalles y se presentó el proyecto el 26 de noviembre, para su revisión. La Dirección General de Trabajo, observó que en el expediente abierto no se tenía la credencial, sino certificación que estaba en trámite. Este tipo de situaciones administrativas retuercen la legalidad y provocan dificultades, por cuanto la dilación afecta los derechos de representación de los intereses de las personas trabajadoras afiliadas.

El proyecto para su revisión llegó desde la DGT al INPEP en fecha 4 de dic/2020, luego de superarse los problemas de acreditación—y la administración del INPEP informó al Sindicato, que iba pasarlo a la Junta Directiva, la que asumió el proceso negociador y determinó su comisión e informó que la etapa de trato directo se iniciaría el 8 de enero 2021 a las 10:00 a.m. en el Salón de Junta Directiva, para definir los días y horarios de reunión—la que de acuerdo al Código de Trabajo, implicaría un período de 20 días hábiles.

La caracterización con que se dio inicio al proceso de revisión del contrato colectivo, implicó desde el principio a miembros de la Junta Directiva del INPEP, lo que denotaba un interés sobre el proceso o que la Junta Directiva como máxima autoridad iba a ir en un proceso lento de trabajo, más sin embargo el proceso se concluyó antes en la sesión de Junta Directiva del martes 2 de feb2021, donde se acordó aprobar tal como se había negociado con el Sindicato, la propuesta de contrato colectivo sufrió cambios en la negociación, se eliminaron y agregaron algunos detalles del interés de ambas partes.

Y el pasado 5 de febrero/2021, el Presidente del INPEP como representante legal del Instituto y el Secretario General del SITINPEP, firmaron los ejemplares de contrato colectivo. Con el aval de la Juntas Directivas del INPEP y Sindical, el proceso de legalización continuará con su envío a la unidad primaria el Ministerio de Hacienda, que a la vez de acuerdo al art.287 del Código de Trabajo, tiene que dar su aval y aceptar las condiciones laborales negociadas, a ser aplicadas retroactivamente desde enero 2021. Para luego pasar a su registro al Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Cuál es la conclusión que se saca de todo esto, ver el proceso de contratación colectiva como un derecho; anticipar la disposición y voluntad de un proceso negociador con el compromiso, voluntad y visión de que debe imperar el principio de realidad, de legalidad y la mejora progresiva de los derechos laborales.

Del reconocimiento de los representantes sindicales como interlocutores legítimos de las personas trabajadoras, y que los intereses que mueven el conflicto deben ser analizados con la argumentación, hechos y datos suficientes para fundamentar los cambios y demandas sociales, culturales, laborales y administrativas que se contienen en el proceso, para elevarlo a una buena toma de decisiones. Con el actual problema que el valladar económico, no fue superado en tanto las directrices presupuestarias no permitieron modificaciones, lo que se traduce en una dificultad estructural, que afecta los intereses de los servidores públicos.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Es del conocimiento de la comunidad jurídica, que el actual “Código de Trabajo” entró en vigencia en 1972; la mayoría de sus disposiciones fueron retomadas del primer Código de Trabajo de 1963, que tuvo como origen la “Ley Especial de Procedimientos para Conflictos Individuales de Trabajo” (1949). El “Código de Trabajo”, en su Libro IV y parte del Libro V, desarrolla el Derecho Procesal de Trabajo. Su estructura y medios de prueba, están diseñados a la base del derogado “Código de Procedimientos Civiles”; proceso escrito, lento, formal y burócrata, el cual era aplicado en forma supletoria.

Mucha de nuestra legislación es siempre en pro de la clase dominante, y en el actual contexto de alta privación del neoliberalismo y la primacía del mercado, es todavía más desconfiado y desfavorable que una ley se ponga realmente en pro de los derechos de la persona trabajadora, además de que la realidad denota una fuerte precarización de las condiciones de trabajo, que se comprueba en la forma de flexibilizar los derechos laborales, y de acciones de desregulación laboral, es la manera como el sector empresarial abusa de su ventaja en las relaciones sociales de producción.

Sabemos igual que varias leyes han sido elaboradas en el pasado para deteriorar más las relaciones laborales, y todo por cuanto el feudo de la Asamblea Legislativa, ha sido y es una instancia que en ninguna forma ofrece que el debate de un anteproyecto de ley, va recogerse el sentir y pensar de la gente trabajadora. La privatización del sistema de pensiones, determinó una ley de ahorro para pensiones totalmente nefasta, y que sigue siendo una de las mayores reivindicaciones a ganar en tanto se disponga de una correlación legislativa con mayor compromiso hacia la persona trabajadora—casos también como el de pensiones es el ante proyecto de ley del servicio público, que están acumulados en la comisión legislativa de Trabajo y Previsión Social, son un ejemplo de lo que decimos.

Por ahora no existen garantías que el mecanismo de discusión legislativa con los interesados, como el caso de sindicatos nunca se tienen condiciones para una democracia participativa, y no hay forma de que se abra a una discusión el ante proyecto de ley para favorecimiento claro por los intereses y necesidades de la clase trabajadora.

La ley denominada Código Procesal Laboral, ha sido presentada y elaborada en la Corte Suprema de Justicia, y se formó con el apoyo de técnicos jurídicos nacionales y de la OIT, lo que podría garantizar una ley aceptable, el proceso laboral, sabemos que está caracterizado por ser un proceso excesivamente escrito, lento, formalista, que facilita la delegación, y no permite la concentración de la prueba; además, no responde a los conflictos o diferencias laborales, que cada vez son más complejos.

El anteproyecto del Código Procesal de Trabajo, que se encuentra en discusión en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, y que parece va ser aprobada, en tanto ya hay un proyecto de dictamen, supone una respuesta a la necesidad de transformar la justicia laboral.

Pretende generarse un derecho procesal de trabajo autónomo, con procedimientos ágiles y expeditos, con sus propios principios, incidentes, medios de prueba, recursos y estructura, que garanticen de manera efectiva la protección de los derechos laborales.

Cuando esa tarea de reforma laboral estaba en su discusión en el Foro de Concertación Económico Social, la parte de derechos individuales y procesales quedó sin reformarse, y hasta la fecha la parte laboral se ha enmarcado bajo criterios civilistas y después de la aprobación de un nuevo Código de Procedimientos Civil y Mercantil, que actúa de manera supletoria, encuentra una serie de desfases y anacronismo en el actual Código de Trabajo.

Se supone que con el código procesal laboral aprobado se va resolver el problema de acompañar una modernización procedimental que va darle un proceso sin más retardación de justicia. Y se vislumbran elementos novedosos como es la oralidad del proceso, que evitará que los juicios se alarguen más de la cuenta y se concentre y tenga inmediación—para evitar alargues, dilaciones, lentitudes y dolo—

Es importante señalar que con el principio de publicidad se incorpora la transparencia en el manejo del proceso, a fin de evitar el ocultamiento de información o el favorecimiento a alguna de las partes en la agilización o retardación del mismo.

El Código se aplicaría supletoriamente a aquellos cuerpos normativos que rigen relaciones laborales en el sector privado, público y municipal.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Las diferentes personas trabajadoras como sectores populares, siguen en la esperanza de que estamos en un proceso de cambios, con el instrumento Bukele, horadando el camino para terminar con un pasado por momentos oprobioso y de mucha demagogia y falta de compromiso involucrada en el ejercicio del poder.

Donde el punto medular no es y nunca ha sido la forma de hacer proselitismo de partidos políticos, con regalías para la gente, poco valoradas y con alta demagogia para llevar una supuesta promesa de cambios—ese ha sido el fracaso constante y acumulado, que a la hora de asumir y poner en concreto esa diferencia con el otro o el anterior gobierno, NO SE TUVO, y los cambios fueron mínimos y en un contexto sin cambios, que no hizo mella en lo más mínimo en el régimen político, y por ende en el cumplimiento del bienestar de la gente.

Las promesas fueron falsas—en mucho de lo actuado—y los compromisos que identifican los intereses de para qué sectores se ha trabajado; recordemos aquello de “trabajar por los pobres de los más pobres”; “las mujeres nunca más estarán solas”; “ahora viene el cambio” y tantas otras consignas que se diluyeron en el más recóndito de los lugares donde la pobreza y el empobrecimiento arrasaba la vida de la gente.

Los programas mínimos que apoyaron en el período 6/2009-5/2019 a la gente, estuvieron poco publicitados, y en un uso de recursos limitado, porque claramente la idea no era favorecerse de ello para alcanzar una imagen, lo mismo ocurrió con el aumento a la pensión mínima ($144 a 207,60) o del salario mínimo incrementado entre 40% ($304)) hasta un 120%($202.88), para el período 2017 al 2019, que fue atacado fuertemente por los sectores empresariales y que para revertirlo modificaron bonos, aumentaron metas de producción, despidieron; impusieron denuncia ante la OIT. Así como el sindicalismo venal, que luego del gane de Nayib Bukele volvió a ocupar los asientos para confabularse con el gobierno y empresarios, para caer en una nula representación de los intereses de la clase trabajadora, y que el actual Ministro de Trabajo en su anuncio lo hace con clara motivación electoral en el fondo.

De acuerdo a las encuestas de lo que se trata el próximo evento electoral (28f), tiende para unos, a ser una consulta político ideológica, en tanto las corrientes que prevalecen son un panorama de cambios hacia una nueva república o continuar con el deterioro nacional, por una economía con el esquema de ganancias para el que tiene y de socialización de pérdidas para los sectores mayoritarios que no tienen, continúe o se transforme en algo diferente.
Para otros es la elección entre grupos corruptos y otros menos corruptos, pero que están en calidad de presunta inocencia, es decir acusados de delitos, que requieren llevarse a un proceso jurídico para definir la culpabilidad o inocencia.

1) Como orientación electoral es importante que votar por bandera—es hacer un voto ciego, totalmente visceral—hacerlo por rostro, cualifica mejor la posibilidad de hacer llegar personas éticas y que claramente usarán el poder para las transformaciones que las gentes requieren.

2) Debemos castigar a los partidos taxis, que oportunistamente se ven añadidos a la popularidad de Bukele, como son GANA y el CD. Por el otro lado PCN y el PDC, que siguen las directrices de ARENA, y defendiendo los intereses oligárquicos.

3) El FMLN, ha quedado desprestigiado y con el ejercicio del poder sin muchos cambios en el sistema político; y se observa una serie de divisiones de sectores oportunistas ligados a Bukele o del grupo empresarial emergente. Queda una minoría muy incipiente a lo interno, que no ha logrado trascender la dominación partidaria de la argolla, como tampoco despertar de nuevo la confianza en un nuevo proyecto de izquierda, para la gente ante tanto desencanto, frustración y desesperanza.

4) Nayib Bukele, es sólo un instrumento político, no es el que dirigirá las transformaciones en la educación, la salud, la vivienda, la cultura, la economía—salarios, empleo, mejores condiciones de vida y de trabajo—el medio ambiente. Y por ello no debe ser un voto para acabar supuestamente con el bipartidismo y dejar el camino allanado.

Nuestro mensaje es que nadie salva al pueblo, el pueblo salva al pueblo, si hoy nos equivocamos y votamos por la figura de Bukele, preparémonos para reivindicar y exigir las transformaciones. Dejando la posibilidad de caer en un nuevo engaño y ser defraudados nuevamente, esta vez por creer que el instrumento Bukele es una figura importante en dirección al desarrollo y al bienestar de los sectores populares.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Para el sector sindical el acuerdo más importante fue el foro para la concertación económico social, que su instalación se pospuso hasta febrero de 1993, y duró muy poco tiempo con mínimos resultados en pro de la clase trabajadora—como en casi todo lo que pasa hay siempre ganadores y perdedores—los que se vieron beneficiados fue el capital y sector empresarial y por demás los perdidosos fueron la sociedad y las personas trabajadoras.

A la base de todo esto hubo oposición en el funcionamiento del FCES que implicaron su escaso fruto, por una fuerte carga ideológica, que se resolvió en el proceso negociador y fue no modificar el “orden económico”, con lo que los grupos dominantes satisfacieron su interés por el acuerdo de paz—es decir—mantener el sistema económico intacto, y de allí que fuese un escenario con poco diálogo y negociación.

Esto puede ser la base de la diatriba reciente del Presidente Bukele, una persona que hace 29 años era un niño protegido por las condiciones de bienestar económico-social de su familia, a la que probablemente el conflicto bélico afectaba de alguna manera sólo el negocio, pero que nunca estuvo en riesgo su vida y las relaciones con la sociedad de aquel entonces.

Lo dijo en la toma de posesión del uno de junio/2019, “debemos darle vuelta a la página”, y a nuestro entender era para sepultar a la generación de aquel entonces y su sistema político económico, como aquéllos que llevaron a cabo una lucha política y militar durante 20 años, que trajera un nuevo orden a la República, que finalmente fue limitado y referido claramente a la participación política partidaria de otras fuerzas democráticas y progresistas; y la desmilitarización, a partir de romper el dominio como clase gobernante de las fuerzas armadas, gobiernos militaristas desde 1932 a 1979; como lo referente a la parte que reivindicaba de alguna manera los derechos humanos.

La economía que se defendía por las fuerzas armadas, paramilitares y escuadrones de la muerte, eran los intereses de la oligarquía, quien mantuvo a costa de más de 70,000 muertos, 8,000 desaparecidos, millones de migrantes, cientos de exiliados y mucha zozobra de los sectores populares, el modelo agroexportador, que luego de su agotamiento, dio pie a iniciar maniobras entre los capitales bancarios e industriales; así como del comercio exportador, que ya había empezado a asomarse con la toma del sistema político con el partido ARENA, a partir de 1989. La situación de parar el conflicto bélico era necesario para enrumbar todo el dominio hacia el modelo de libre mercado, y su doctrina neoliberal.

Mucho del asunto de los Acuerdos de Paz, también fue una salida política negociada, ante sucesos como la caída del muro de Berlín y del socialismo real impulsado por la Unión Soviética, y cambios en la región y la visión impositiva y dominante del imperio estadounidense para impulsar el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas—ALCA—.

Resultados derivados del FCES, fueron: 1) Reformas laborales al Código de Trabajo, en la parte del derecho colectivo—en cuanto a mejorar el procedimiento para constituir organización sindical y la creación del sindicato de oficios varios; 2) Ratificaciones de convenios de la OIT, de 6 a 20, , así como relacionados con la edad mínima para trabajar (C138); de la no discriminación por el empleo,(C111); de la consulta tripartita (C144); sobre el trabajo forzoso (C29), de la inspección laboral (C81), que rompieron el esquema antidemocrático y conservador sobre la legislación laboral internacional. Sin embargo, los que implicaban las libertades sindicales, luego de ser sometidos a la plenaria legislativa—no fueron aprobados por ARENA, PDC, PCN, FMLN y otros partidos minoritarios—nos referimos a los convenios 87, 98, 135, 151, 154—Los que todos sabemos fueron ratificados hasta el 2006, bajo las presiones del acuerdo de comercio con la Unión Europea. E incorporó la legalidad para constituir organización sindical en el sector público, a través de reforma constitucional.

En consecuencia, los Acuerdos de Paz, sirvieron para detener la vorágine de persecución política, tortura, encarcelamiento, desaparecimientos forzados, asesinatos selectivos y masacres, exilios, migraciones forzadas, enmarcados en la violación artera de los derechos humanos de la población, de parte del estado salvadoreño por vía de las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte. Y el orden económico, incorporó a placer el nuevo eje de acumulación capitalista—la globalización y el libre mercado—.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

Para ubicarnos en los pros y contra que pudieran derivarse de la acción sindical en las empresas de maquila. Es importante ubicarnos en su origen el cual estuvo dirigido por la manera como los Estados Unidos impone su modelo económico e impulsó el ALCA para alinear las economías de las Américas en su favor e intereses geopolíticos. A partir de los cambios derivados de la globalización económica—las maquilas, que no se concentran sólo en la confección de ropa y prendas de vestir, sino pasa por otras industrias y actividades económicas.

Lo básico de esta nueva lógica económica es la de romper el trabajo en serie y trasladar los costos de producción a países o zonas pauperizadas y de escaso desarrollo económico, con la consecuente desvaloración del trabajo, y dando paso a estrategias empresariales como son la flexibilidad y desregulación laboral, para precarizar derechos.

En el país el conflicto bélico, alejó la maquila más tecnológica como eran partes electrónicas, chips de computadoras a partir de empresas estadounidenses que se instalaron en la zona de San Bartolo, y había proyección para ir instalando zonas francas a lo largo y ancho del país—fue tanto así que el ex Presidente Calderón Sol en 1994 expresó que al país era necesario utilizarlo como toda una zona franca, y de allí las expresiones de los neoliberales extremos vinculados a FUSADES, ARENA, la oligarquía y otras ONG ideológicamente alineadas, impulsadores del modelo económico de libre mercado, como la empresa El Salvador S,A. de C.V.

La situación del empobrecimiento estructural de la población laboral, que mantenía altos índices de desempleo bastante precario y de poca calificación, daba pie a pensar que este tipo de iniciativas económicas dieran para estos países denominados peyorativamente en “vías de desarrollo”, una opción de paliar estas necesidades estructurales, da paso a iniciativas unilaterales de los Estados Unidos por disponer de programas como el tratado generalizado de preferencias y la iniciativa de la cuenca del Caribe, para facilitar el ingreso al mercado estadounidense sin impuestos, de productos elaborados en el país y la región, en la década de los ochenta. Luego esto se convirtió ya no en una iniciativa unilateral sino en algo recíproco dando paso al tratado de libre comercio.

Toda esta complejidad instalada dio un estatus de elusión fiscal favorable para muchas empresas que fueron instalándose en las diferentes zonas francas como San Marcos, Santa Tecla, Colón, Ciudad Arce, El Rosario, Olocuilta, quedando en proyección la Concordia en Usulután, en fin ello implicaba zonas de producción protegidas y blindadas en materia jurídico-legal, laboral, hacendaria en cuanto a la elusión de impuestos para favorecer la importación de mercancías, maquinaria y exportación de capitales a partir de préstamos y/o de la instalación de corporaciones de empresas. Ello supuestamente daba desarrollo a municipios paupérrimos que con esa zona franca podían generarse dinámicas productivas de beneficio a la población local y sus municipios cercanos.

Tales iniciativas productivas conocidas como maquilas la mayoría de capital norteamericano y de confección textil fue incrementándose con la firma del CAFTA, y en dicha coyuntura se recuerdan declaraciones como la del ex ministro de Economía Miguel Lacayo, quien expresó que una de las ventajas competitivas era la de disponer de salarios bajos y no tener organización sindical. En mucho se proliferaron los capitales asiáticos que se les impedía el ingreso sin aranceles al mercado de USA, sino hasta que se introdujo el tratado multifibras en 2005. Lo que daba paso a otros hilos y telas elaborados fuera de los EEUU.

En principio se impidió de manera sistemática las libertades sindicales, aún a la fecha aquéllas se ven afectadas por políticas anti laborales y de discriminación sindical de las distintas empresas, en los gobiernos de arena, fueron más claramente obstaculizadas en lo administrativo y en lo jurisdiccional, y claramente condescendientes a los intereses de dichos empresarios asociados primero en la ASI y luego en la CAMTEX.

Lo esencial acá es que ese impedimento se relaciona con el empleo, y mucha masa laboral es vedada e intimidada de hacer organización sindical, lo que se traduce en fortalecer la estrategia de crear organización paralela, que defiende los intereses patronales antes que los propios, la complejidad ha llevado a que mucha organización sindical constituida, es fácilmente cooptada y crece la venalidad—deteriorándose la conciencia sindical—El patrón para evitar la lucha consecuente, compra voluntades o liquida a directivos sindicales en negociaciones llenas de opacidad. Esto también fortalece el oportunismo y personas trabajadoras se hacen directivos sindicales sólo de credencial, para obtener prebendas del patrono y manifestarse en una supuesta defensa laboral por los intereses de la gente. El problema es que mucha dirigencia que se dice consecuente y se esconde en teorías de una lucha de clases, acaba por hacer prevalecer sus intereses propios antes que los del colectivo.

*Sindicalista salvadoreño

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

La clase trabajadora va tomando su rumbo para posicionarse en la realidad que le pueda llevar a esas transformaciones que necesita para accesar a un bienestar sostenible y sustentable, y para ello se aproxima el evento electoral donde el voto significa terminar con una realidad—la de los partidos políticos tradicionales—cada vez más mermados y políticamente negados por la mayoría de votantes.

Y se espera que la correlación de fuerzas que pueda surgir tenga el compromiso de llevar adelante todas aquellas transformaciones que se requieren para que haya sustanciales cambios en la vida de la gente, este reto no puede dejarse al azar, tiene que irse construyendo de manera organizada, en tanto que las acciones en la gestión pública en materia de educación, salud, vivienda, medio ambiente, trabajo, salarios que son los asuntos que sostienen los intereses de la gente, los que han venido siendo históricamente excluidos, dejados de lado, gobiernos que lo prometieron y luego simplemente lo engavetaron, cambiaron su rostro y favorecieron al neoliberalismo con su aliado el mercado. Es de sumo importante que las organizaciones sociales avancen en su estrategia e impulsen su agenda política para posicionarse y no ser sorprendidos que puedan seguir esperando esas transformaciones esenciales, luego de los resultados electorales.

Es claro que el juego entre el poder y los intereses, se pone cada vez difícil para los sectores populares quienes perciben que en mucho depende que los partidos políticos tradicionales y en clara oposición a la gestión de Bukele, vayan en cada evento electoral diluyéndose y haciéndose cada vez más frágiles; ello también menoscaba a la oligarquía que sostiene el aparato del Estado que va pasando al grupo de la burguesía, no hay para ningún grupo una hegemonía que sostenga el régimen político tal cual ha beneficiado a la minoría por larga data, en claro detrimento de las mayorías, que continúan esperando unas condiciones de bienestar diferentes.

Si los resultados electorales favorecen a la actual gestión, los intereses de la oligarquía van a ser más complicados de impulsar, sin embargo no sabremos nada concreto si la fotografía de las encuestas no se cumple, hay apuestas que van consolidando un proceso, la habilidad comunicacional de Bukele, va dando sus frutos y su experiencia en la lógica de campaña y su populismo está basado en su lógica de llevar a una mayor bancarrota los intereses partidarios y lo que representan en una lógica de oposición. La clase trabajadora está siendo empobrecida y se vienen para ella mayores días oscuros y ningún resultado electoral cambiará eso, los intereses del juego están para favorecer a los grupos minoritarios que se disputan el poder hegemónico, y si hablamos de ganadores y perdedores—es aquélla la que no tiene opción, sino enfrenta sus propios intereses con claridad y los impulsa con autonomía e independencia, y de forma más unida y organizada.

Sabemos que muchos grupos sindicales se ven promovidos o desacreditados dependiendo de a quien le favorece su fuerza social, eso tiene como causa mucha de la desmovilización y despolitización que fueron objeto a partir de los intereses de mantener un régimen político determinado, favorecedor del mercado y con apertura política para ocupar alcaldías, diputaciones y otros cargos públicos de elección popular. Muchos municipios y diputaciones se fueron desacreditando al darles la espalda a los pueblos. El voto ahora es más consciente, pero siempre existirá la manipulación—los partidos políticos requieren de ese voto para seguir funcionando en el aparato del Estado, las personas trabajadoras quieren transformaciones que traigan bienestar a sus vidas, sin embargo una cosa es la promesa electoral, el programa político, el plan de trabajo; y otra muy distinta la acción del funcionario público que en su ejercicio nunca ha respondido a los intereses de la gente—todo seguirá igual y se favorecerá de su cargo en detrimento de los intereses populares.

Una clara definición de los intereses de la gente, está en que la crisis se resuelva en pro de aquéllos, hay disputas y el campo electoral se va cargando de promesas, acusaciones y difamaciones de un lado y de otro, no se trata de rostros y/o de banderas, de lo que estamos hablando es que una realidad económica, socio- laboral y medio ambiental va impactando en la vida individual, familiar y de la comunidad y, si las transformaciones no llegan y cambian las condiciones materiales de existencia, el escenario futuro estará en otro derrotero de mayores males y dificultades para dar a la sociedad una perspectiva diferente de vida y desarrollo.

*Sindicalista salvadoreño