Hay claros desbalances en la justicia impositiva, hay acciones gubernamentales que van imponiendo modificaciones en multas, incremento de pagos de tramitaciones de servicios públicos, y un control poblacional para sacar recursos fiscales a las gentes comunes y corrientes, sin apuntar a los grupos económicos que acumulan mucho del producto interno bruto del país.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
La sub imposición, uno de los factores que aumenta la desigualdad, como los impuestos sobre la renta, sobre la renta de las sociedades y sobre las sucesiones han disminuido, mientras que los asalariados asumen cada vez más una mayor parte de la carga impositiva.
La incapacidad del gobierno para regular y gravar a los conglomerados empresariales que están acumulando como digitales, comunicacionales, financiero, AFP, agro exportadores, construcción, comercio exportador, está favoreciendo el poder monopolista u oligopólico en sectores de la economía. Existiendo una falta de voluntad política para legislar sobre las políticas laborales, fiscales y sociales de beneficio popular, siendo una acción sindical la lucha por la justicia fiscal.
Promoción de políticas industriales y de comercio sostenibles, los acuerdos comerciales actuales no están en consonancia con la promoción de los derechos de las personas trabajadoras y el desarrollo sostenible. La demanda debe dirigirse a las políticas comerciales alternativas que tengan en cuenta las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, el crecimiento económico inclusivo, el desarrollo sustentable y sostenible.
“Las décadas de desindustrialización y dependencia de redes globales de producción y comercio han agotado la capacidad de producir y/o utilizar en el corto plazo productos esenciales, desde alimentos a equipos de protección personal e incluso insumos médicos y farmacéuticos básicos. Una reconversión industrial, para brindar productos a la primera línea, puede también ser conveniente para generar las políticas industriales sostenibles que deben servir de guía para las medidas urgentes de estímulo económico y respecto al lugar de trabajo que exigimos, o nos estamos arriesgando a enfrentar un daño social y ambiental aún mayor”.
Ante esto, los modelos de desarrollo desestabilizadores y las prácticas comerciales injustas, suprimen los derechos económicos, sociales, culturales y medio ambientales de las personas trabajadoras. Esto representa una amenaza significativa para el desarrollo sostenible y afecta negativamente los derechos de las personas trabajadoras.
Resulta preocupante que, los trabajadores(as) se enfrenten a importantes limitaciones institucionales para ejercer su derecho fundamental a la libertad de asociación y negociación colectiva—la actual administración del trabajo, sigue sometida a designios presidenciales, sin resolver una práctica efectiva de los derechos colectivos, con un claro derecho a ejercer sindicalismo sin ataduras, libres para representar a las personas trabajadoras, para negociar las políticas salariales, de empleabilidad, las condiciones de trabajo y del derecho legal a emprender acciones colectivas, incluido el derecho a la huelga. El gobierno y empresarios deben respetar el derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva y crear un entorno propicio para el funcionamiento de sindicatos libres e independientes.
El desplazamiento de personas es cada vez mayor en la historia. Factores como el cambio climático, la violencia pandilleril y criminal, las tendencias demográficas, la urbanización, la falta de trabajo digno-decente, la pobreza absoluta, relativa, el empobrecimiento constante, la persecución política y las tensiones sociales, políticas y económicas son un caldo de cultivo permanentes para la inestabilidad y flujo masivo de migración.
Inequidad en aumento, resultado del actual modelo económico mundial, injusto e insostenible para los sectores populares, y que fue diseñado para beneficiar a los dueños del capital, se constatan niveles históricos de desigualdad, desempleo masivo y subempleo, contratación precaria y crecimiento de empleos en economías informales. Es un modelo concebido para generar desigualdad, discriminación, exclusión y marginación social, que permite a las empresas mundiales dominar y controlar a los gobiernos, a las personas y amenazar la propia democracia—sesgada a favor del tener y el poder. Con objeto de asegurar que la riqueza permanezca en manos de unos pocos, se utiliza la discriminación como herramienta para dividir a las personas en función del género, lo generacional, la religión, la preferencia sexual, lo partidario, lo ideológico u otras características.
La crisis financiera, pandémica, contaminantes y de cambio climático, entre muchas otras, han dejado en evidencia las fallas del mercado inherentes al sistema, que siguen vigentes durante la recuperación. La economía real sigue regulada de forma deficiente. Las fusiones, adquisiciones, pactos, negociaciones del grupo gubernamental, han creado monopolios y oligopolios en muchos de los sectores. La inversión no ha sido suficiente para generar una recuperación que favorezca a la mayoría de las personas trabajadores, al tiempo que la desigualdad, discriminación, violencia y deterioro institucional, se han intensificado y actualmente la riqueza se concentra en un mínimo de grupos fácticos que controlan más de la mitad de la riqueza nacional.
*Sindicalista salvadoreño
