El Salvador. Sentenciados antes de crecer.

Por Nancy Méndez.

Un niño que cambia el aula por un pabellón de máxima seguridad para no salir de allí hasta casi cumplidos los 40. La reciente reforma penal en El Salvador que supuestamente «busca» combatir el crimen; institucionaliza una aritmética del castigo que anula la biografía de los más jóvenes y transforma el fin de la infancia en el umbral de una vida descartable.

El decreto de la perpetuidad: qué dice la letra de la ley

La reforma, impulsada por el Ejecutivo y ratificada por una mayoría legislativa sin fisuras, modifica la Ley Penal Juvenil y el Código Penal para eliminar los topes de internamiento que regían sobre la niñez salvadoreña. En concreto, la normativa habilita a los tribunales a dictar sentencias de prisión perpetua a menores a partir de los 12 años de edad, asimilándolos por primera vez a la justicia de adultos en delitos considerados de «crimen organizado» o «terrorismo». La ley no solo endurece las penas, sino que redefine los tiempos de la esperanza: establece un candado judicial que prohíbe cualquier solicitud de libertad condicional o revisión de la sentencia hasta que el condenado haya cumplido 25 años de prisión efectiva.

La tregua invisible: lo que el marketing oculta

Sin embargo, esta «guerra total» tiene una génesis mucho más oscura de lo que muestran los videos de propaganda en redes sociales. Investigaciones periodísticas de El Faro y expedientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos han revelado que, antes de las capturas masivas, el gobierno de Bukele mantuvo una tregua secreta con las cúpulas de la MS-13 y Barrio 18.
Los datos son concretos: entre 2020 y 2021, funcionarios como Osiris Luna (Director de Centros Penales) y Carlos Marroquín facilitaron el ingreso de personas encapuchadas a cárceles de máxima seguridad para negociar con los líderes pandilleros. ¿El pacto? Reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios, apoyo electoral y la no extradición de cabecillas a EE. UU. (como el caso de «El Crook», liberado ilegalmente por el propio Gobierno).
La ruptura de ese acuerdo en marzo de 2022, desató un fin de semana sangriento que dejó 87 muertos en un fin de semana, de ahí viene la represión que hoy conocemos y que dio paso al Régimen de Excepción. En este contexto, la cadena perpetua a niños de 12 años funciona como una cortina de humo: mientras el Estado exhibe su crueldad contra los eslabones más jóvenes y pobres, oculta los pactos que permitieron al crimen organizado convivir con el poder político en los despachos oficiales.

Un historial de hostilidad y la ruptura de los tratados

Esta ley no es un hecho aislado, sino la culminación de un historial de hostilidad contra la infancia pobre. Bajo el Régimen de Excepción, miles de adolescentes han sido arrestados sin pruebas, basándose únicamente en su apariencia o lugar de residencia.

Con esta medida, El Salvador rompe flagrantemente la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, de la cual es firmante. El tratado establece que la detención de un menor debe ser el último recurso y por el tiempo más breve posible. Al legalizar la perpetuidad, Bukele ignora el principio de «interés superior del niño» y anula la obligación del Estado de garantizar la rehabilitación. No se juzga un delito, se condena una existencia: el niño de barrio es un claro enemigo a neutralizar