Días atrás, al retornar el golpista de la reunión de la CPAC a la que asistiera en EEUU como invitado, anunció públicamente su personal adherencia a esa corriente ultraconservadora estadounidense, acabando con toda política orientada a promover la educación en materia de género.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Acto seguido y sin respingar, el ministro de educación hizo efectiva esa orden.Podemos especular, que la razón subyacente es la de no promover lo que el conservadurismo define como desvíos que atentan contra los valores tradicionales de la familia.
En apariencia algo noble. Sin embargo, para concretarlo y hacerlo viable, debiera acompañarse de más que de un simple discurso vacío, es decir de una política estatal orientada a asegurar que la familia sea viable y sostenible, para que pueda conformar la pretendida institución que el discurso enuncia. Los desafíos para lograrlo son varios y de gran talla, pues los datos nos indican y sin dejar ninguna duda que la familia está en crisis en el país, por factores estructurales diversos como lo son económicos, sociológicos, morales y psicológicos, a los que se suman los educativos [MINED/PGR].
Las cifras del propio estado indican que 2 de cada diez familias son disfuncionales, así como seis de cada diez se encuentran desintegradas, y hasta 7 familias de cada diez sufre de algún grado de violencia intrafamiliar, que va desde lo moderado hasta lo que debe definirse como criminal [UNICEF/FUSADES 2015].
A esta breve síntesis debemos sumar el que el trabajo como fenómeno social, no es una prioridad para el estado salvadoreño, pues las cifras de nuevo evidencian que no lo promueve, impulsando en cambio que los trabajadores se marchen del país, por no poder asegurar los ingresos que respalden su proyecto de vida en familia – recordemos que hasta la mitad de la población salvadoreña está fuera del país por razones de seguridad y económicas, conformándose en el soporte de la economía del país mediante las remesas – y que, de acuerdo a la información compartida por el INE mejicano, supone una salida ilegal promedio de nuestro país, de hasta 300 personas diarias.
Ello supone la execrable existencia de una política de estado que busca precisamente que nuestros conciudadanos se marchen como braceros para conformarse así en el sostén de la economía nacional mediante las remesas, deprimiendo por extensión a sus familias, y para que no sean necesarias las reformas fiscales y laborales que obliguen a las élites financieras a cumplir sus obligaciones con el estado. Todo ello redunda en la crisis familiar referida, por el abandono de los menores de sus figuras paternas y maternas en un momento clave de su formación, lo que los orilla a ser partícipes tanto de la violencia social como de esas identidades, lo que el régimen procura ocultar con este discurso superficial y vacío.
La cuestión entonces es qué hará el estado salvadoreño de ahora en más para promover a la familia como institución, y, en términos sociológicos y educativos, que hará para no excluir esas identidades que son una realidad innegable.
*Educador salvadoreño
