Finalizado el pasado conflicto armado, el estado salvadoreño modernizó su modelo jurídico impulsando una serie de reformas acordadas entre las partes enfrentadas, destacando las dirigidas a impedir que el estado salvadoreño volviera a perpetrar contra nuestra población, genocidio como el que ejecutara en la década de los 30´s contra la población originaria, o la expresa represión contra las mayorías acometida hasta finales del siglo pasado, fomentada por las élites y ejecutada metódicamente por intermedio de miembros del ejército y del aparato de seguridad estatal.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Así se estableció una hoja de ruta para que el aparato estatal se independizara de toda injerencia político partidaria, finiquitando por esta vía el modelo presidencialista que padecimos teóricamente hasta el final del conflicto armado.
Tal independencia de poderes, debemos decirlo, fue erosionada intencionalmente desde el momento mismo en que se la estableciera, con concretas acciones como la de desmontar el Foro de Concertación durante los últimos días del gobierno de Alfredo Cristiani, negando los espacios a la construcción de una cultura de diálogo, y en cambio acentuando las posiciones políticas fijas y dogmáticas. Otro concreto hecho fue el de contaminar a la novel PNC, incluyendo en esta a elementos militares que con el tiempo ha derivado en su completa desnaturalización, acabando de nuevo en lo que se quiso corregir: una mera extensión disfrazada de azul, del ejército.
Así devenimos en el presente, cuando la plena institucionalidad estatal como producto de esa cultura, ha sido corrompida y dogmatizada mediante cooptación, por el presente ejecutivo, incapacitándola para el cumplimiento de su deber ser, lo que observamos por ejemplo en la cruda inacción de cara a los crímenes y desmanes estatales, de la PDDH y la FGR, pues sus responsables son apenas agentes partidarios del oficialismo que ocupan el cargo con el ex profeso fin de que no funcionen.
Elevando el juego de las apariencias, el actual ejecutivo crea la figura del comisionado presidencial para los DDHH, ocupado por un extranjero de nacionalidad colombiana.
Tal cargo es por definición innecesario, pues existe tanto la PDDH como las demás entidades estatales que debieran asegurar el fiel cumplimiento de la ley vigente. Empero, el hecho incontestable es que el actual gobierno salvadoreño es además ahora mismo el mayor vejador no solo de la institucionalidad, que ha desmontado; también lo es de la ciudadanía, a la que violenta mediante la represión, detenciones arbitrarias, negación a la defensa, tortura, asesinatos bajo detención, y desaparición sistemática de ciudadanos.
Tales hechos no son aislados, tal y cual lo ha señalado la oficina del alto comisionado de DDHH de las NNUU en diferentes momentos al acusar al actual gobierno salvadoreño, sino parte de una campaña dirigida a aterrorizar a la población, a la cual además se la somete a una aguda campaña de adoctrinamiento con el propósito de alienarla, para reducirla a sus intereses, perpetuándose así en el poder.
La respuesta del comisionado en cuestión: la negación de estos hechos. Es decir, otro adorno de la presidencia, cuyo único talento es decir “No es cierto…”.
*Educador salvadoreño
