La clase trabajadora en su lucha sindical y laboral, sin comprender la dimensión histórica de lo que significa un plano de cobertura y protección social a cabalidad brindada por el Estado y la clase empresarial, relacionado con la salud (seguro médico-hospitalario, laboratorio-farmacia y maternidad) y la previsión social (pensiones), en tanto el sector empresarial, con su aporte mínimo y una contribución de acuerdo a ley con la cuota en el ISSS y AFP, asume que tiene la suficiente solvencia moral para exigir intereses económicos que tienen otra finalidad.
Por: Róger Hernán Gutiérrez*
Esto no es tanto así, el proceso productivo requiere de personas sanas física y mentalmente, que estén protegidos de las eventualidades que suceden en el proceso laboral directa e indirectamente, que al no cubrirse con suficiencia lesionan la capacidad y calidad del trabajo, dado que su falta o insuficiencia, aumenta gravemente los riesgos de vida, por varias razones tales son: riesgos profesionales (accidentabilidad laboral y enfermedad profesional); condiciones laborales por diferentes riesgos como calor, humedad alta, insuficiente iluminación, riesgos biológicos y físicos-químicos, y los que se han incrementado drásticamente vinculados con la violencia laboral que persiste en el trabajo, como son los riesgos psico-sociales.
La explotación laboral en la realidad es una pugna entre los intereses económicos del patrón referidos a la ganancia, y a cambio una fuerza de trabajo que necesita de ingresos suficientes para generarse condiciones aceptables de vida propia y familiar. En este binomio productivo se pretende una persona trabajadora inmune a enfermedades, que no se embarace, sea incansable para laboral en condiciones insatisfactorias de trabajo, en el tiempo laboral necesario para sacar metas y dejar lista la plusvalía para mejores inversiones en el futuro.
En el caso de las AFP, al no incorporarse a la estructura tripartita, cuestión que hay que preguntárselo a ARENA cuando condujo el país (1989-2009), quienes anularon la mínima representación laboral que estaba antes de la privatización de los fondos de pensión (1996). Los sectores rentistas del capital transnacional y nacional, incorporados en la lógica previsional mercantilista, mantienen posturas totalmente economicistas en detrimento de la mayor cobertura y protección social efectiva para la población trabajadora, que en su tarea laboral por conseguir ingresos para vivir, aceptan ser explotados de forma intimidante, abusiva, arbitraria e impositiva, sin demandar mayores niveles de cobertura en seguridad social.
En mayo pasado pasó a ratificación de la Asamblea Legislativa el C102 de la OIT, la cuestión acá es que es la norma internacional mínima para cumplir con los derechos a la seguridad social, sin embargo, el país hizo caso omiso de buscar un marco legal para introducir la prestación por desempleo y prestaciones familiares, para cumplir con las 9 prestaciones que el convenio regula; los procesos democráticos como todo lo demás en el país, caen en la demagogia y el anuncio publicitario, dado que se somete a ratificación, pero deja fuera las dos prestaciones mencionadas. El convenio entra en aplicación el 7 de junio de 2023, en ese período se esperaría que no caiga en un convenio más, sin pena ni gloria para la clase trabajadora.
Eso significa que luego de mucho ruido y pocas nueces, la cartera de trabajo decidió pasar el proceso para su ratificación, sin embargo, se trata de un proceso demagógico por parte del Ministro de Trabajo y del Gobierno, el anunciar con bombo y platillo algo que ha sido demandado históricamente, pero al no convenir a ARENA que estaba por la privatización de la previsión social, no le convenía disponer de este marco, todos sabemos que en caso de duda o conflicto privará el tratado.
Es una lástima que el proceso de ratificación de convenios siempre sea algo nada informado, de tal manera que su discusión y debate es muy pobre, acá siempre hay fuerzas de arriba que presionan; y procede que se de una clara concienciación de todos los sectores, a la empresa privada no le convenía en tanto la norma mínima para una pensión por vejez es de 40% de tasa de reemplazo, cuestión que está lejos de cumplirse por parte del sistema SAP/AFP, y no sólo porque no se alcanza a cumplir dicho porcentaje, sino porque en mucho quedarán sin derecho a pensión muchos cotizantes que en el sistema ahorran para una pensión, y que por razones de bajos salarios, interrupciones laborales directas e indirectas, es insuficiente el ahorro y tendrá la AFP que devolvérselo.
*Sindicalista salvadoreño
