La Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO) han mostrado su preocupación ya que las reformas a la Ley de la Carrera Judicial han desmantelado la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
Dicha cámara había resuelto a favor de los derechos de los pueblos indígenas y ambientales al ordenar medidas cautelares de protección al patrimonio intangible y tangible del río Sensunapán o río Grande, ante la construcción de una octava represa en dichas cuencas.
Pueblos originarios y ambientalistas temen que el traslado del magistrado Samuel Lizama y la magistrada Cesia Romero, quienes pertenecían a la Cámara Ambiental de Santa Tecla, pueda ocasionar una situación adversa.
La comunidad indígena pide garantizar la justicia ambiental y que se respete la institucionalidad democrática y de derecho, para ello piden que los jueces sean independientes y se respete el balance entre los poderes del Estado.
Los miembros de MESUTSO han señalado que el actual Gobierno no está trabajando para las grandes mayorías y lamentan que el desmantelamiento del Órgano Judicial pueda llevar a que se irrespeten a los pueblos originarios y prevalezcan los derechos privados de naturaleza económica de las empresas extractivistas.
