Frente a la fachada del Centro Judicial “Isidro Menéndez”, magistrados, jueces de Paz y de Primera Instancia rechazaron categóricamente las reformas hechas a la Ley de la Carrera Judicial que ordena el retiro de jueces y magistrados mayores de 60 años.
Los funcionarios judiciales rechazaron los debates previos a la aprobación del decreto, pretendiendo justificar las reformas, expresó mediante un pronunciamiento el juez de Primera Instancia, José Alberto Franco, quien advirtió que el Decreto emitido vulnera la independencia judicial articulo 172 inciso 3 de la Constitución.
Los jueces y magistrados advirtieron que acudirán a instancias nacionales e internacionales a fin de restituir el Estado Constitucional. Se estima que alrededor de 200 funcionarios judiciales estarían abandonando su cargo dentro del sistema judicial.
El magistrado presidente de la Cámara Ambiental de San Salvador, Samuel Lizama, dijo que dicha destitución violenta los derechos humanos y la Constitución. Además señaló que destituir de facto a los funcionarios -sin el debido proceso- tendrá impacto muy fuerte en los procesos judiciales que se desarrollan actualmente y que la decisión ignora el funcionamiento de la Carrera Judicial.
Por su parte, la jueza, Rosa Lilian Ponce criticó la labor de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo al tachar a todos los jueces y magistrados de corruptos. Pedimos respeto y garantías a las personas mayores y profesionales.
Al respecto, el Centro de Estudios Jurídicos exigió que se dé marcha atrás a la reforma y que se respete la independencia de las instituciones. Asimismo invitaron a la comunidad a pronunciarse en rechazo a la destitución.
En mayo del presente año, la nueva Asamblea Legislativa, controlada por el partido del presidente Nayib Bukele: Nuevas Ideas, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Fue la primera acción tomada por el nuevo congreso a solo horas de haber tomado posesión en sus cargos.
Con las reformas a la carrera judicial, se da un segundo golpe al sistema judicial de El Salvador.
