El alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, y su concejo municipal no van a cumplir con lo ordenado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de hacer público el contrato que tienen con la empresa colombiana Teclaseo, según lo denunció el abogado Edgar Francisco Lemus Vásquez.
Por medio de su responsable de la unidad de acceso a la información, el alcalde d’Aubuisson respondió que no entregará ningún documento en el que se establecen las condiciones contractuales de la cesión y contrato a 24 años con dicha empresa extranjera, a pesar que utiliza fondos públicos.
El abogado Lemus Vásquez solicitó la información al IAIP. El instituto exigió al alcalde arenero proceder a hacer público el contrato, así como los pagos que realiza con las tasas que cobra a los tecleños.
“Nadie se explica por qué las autoridades encargadas de velar por los intereses de los ciudadanos (Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, CJS) protejan al alcalde tecleño y no procedan a investigarlo, principalmente cuando hay una precalificación adulterada de selección de empresa”, cuestiona el abogado.
Sin embargo, la misma Corte de Cuentas brindó una auditoría especial en la que afirma que el contrato es “lesivo a los intereses de Santa Tecla”; que no se llevó a cabo los requisitos para contratar; que regalaron todos los camiones y equipos de transporte y recolección propiedad de Santa Tecla, sin la debida autorización de desafectación según ordena la ley.
Según expone el abogado se “conoce además que los fondos son de origen oscuro y fueron depositados a una persona que no es el socio; tampoco hay evidencia del ingreso de divisas de la empresa colombiana”, dijo. “Teclaseo no posee relleno sanitario, por lo que hace uso de uno que es altamente cuestionado”, agregó.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha denunciado ya en la Fiscalía al alcalde y su concejo, quienes despidieron sin el debido proceso a 187 trabajadores que tenían más de 20 años de laborar, entre los cuales muchas madres solteras. Incluso, el alcalde ha incumplido la resolución de la Sala para reincorporar a los trabajadores.
Castro, públicamente ha exigido al Fiscal General que procese a d’Aubuisson y su concejo, y que de no hacerlo, comete omisión en la investigación, por lo que acudirá a instancias internacionales.
El abogado expone que “se sabe también que quien participó en la negociación de ese contrato fue Fidel Melara Morán, hermano del Fiscal General, por lo que se ha solicitado que no conozca del caso y en su lugar lo haga el fiscal adjunto”, subrayó.
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