Miguel A. Saavedra
En Latinoamérica, durante las últimas 4 décadas, muchos pueblos que eran dominados por dictaduras de diverso tipo, lograron vencerlas por medio de movimientos revolucionarios, armados o no armados, para luego transitar el difícil camino de la democratización, iniciando con la clásica democracia representativa; esforzándose por construir un modelo participativo que privilegia la propiedad social, colectiva y pública de los medios de producción sobre la propiedad privada de dichos medios.
Los esfuerzos por la democratización realizados por los pueblos latinoamericanos han sido obstaculizados por la oposición de fuerzas políticas, económicas y mediáticas locales; que defienden, privilegian e imponen intereses de grupo sobre el interés de la Nación y de las mayorías, con el acompañamiento injerencista de fuerzas extranjeras constituidos en organismos financieros, estatales y de naturaleza fáctica, que con sus acciones intervencionistas generan una situación conflictiva interna que impide el desarrollo y progreso de la sociedad y dificulta que sus miembros resuelvan sus problemas de forma soberana.
En el ámbito de las Naciones Unidas, los Estados miembros se han preocupado por erradicar la intervención que grandes potencias económicas y militares ejercen con el fin de hegemonizar y decidir el rumbo de otros Estados, generando conflictos mundiales que han y aún dejan graves daños al patrimonio cultural, al medio ambiente y a grandes contingentes de población, victimizada por el efecto de las armas alzadas en su contra, estragos que motivaron en 1966 la proclamación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que entre otros derechos mandata que:
“Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.
Desde esa perspectiva son inaceptables los planes intervencionistas, sean estos políticos, diplomáticos y militares de Los Estados Unidos, de la OEA y de cualquier otra entidad fáctica para la supuesta solución de los conflictos internos que viven países como Nicaragua, Venezuela y Brasil. La solución de los problemas de estas sociedades compete de manera irrestricta a sus respectivos pueblos a quienes les asiste el libre derecho a la autodeterminación, como el único camino para alcanzar una convivencia pacífica.
