En El Salvador: Asocios públicos privados ¿para beneficio de quién?

Por: Omar Serrano*

El 8 de abril pasado, el gobierno presentó una nueva ley de alianzas público privadas para ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Este tipo de asocios no son nuevos; desde los años ochenta del siglo pasado y especialmente desde la década de los noventa, los asocios público privados se erigieron como una alternativa para algunos países.

Cuando un gobierno licita una obra, la empresa que lo gana asume todos los riesgos de la ejecución de la obra a cambio del pago pactado con el gobierno. En los asocios público privados, los gobiernos que no tienen suficiente dinero para invertir o no quieren hacerlo, entregan la obra o servicio a una empresa privada para que sea ejecutada por ella utilizando su dinero y luego la empresa cobra a la población por los servicios prestados.

En estos casos, los riesgos son compartidos, por el Estado y las empresas. En palabras sencillas, los asocios permiten que las empresas privadas usen los bienes públicos y brinde servicios a la gente cobrando el precio o tarifa que les deje ganancias.

En América Latina, el Chile de Pinochet fue pionero en estos asocios y en El Salvador ya se implementaron en los casos, por ejemplo, de Nejapa Power, LaGeo, Mides y más recientemente en los aeropuertos. El Salvador ya tiene una ley de asocios público privados que prohíbe aplicarlos a los servicios de salud, incluido el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de educación, de la Universidad de El Salvador y de los recursos hídricos. ¿Por qué? Para no permitir que derechos fundamentales reconocidos en la Constitución como la salud, la educación y el agua terminen administrándose con fines de lucro.

Sin embargo, la propuesta de ley del actual gobierno elimina esa prohibición y abre las puertas para que empresas privadas puedan prestar servicios de salud, educación y recursos hídricos. El discurso siempre es el mismo de antes, con los asocios público privados mejorarán los servicios, habrá crecimiento económico y más desarrollo para toda la población. Pero la realidad muchas veces contradice este discurso.

En países en los que se implementan estas medidas como parte de políticas neoliberales, como es el caso salvadoreño, los asocios público-privados se transforman en una forma de privatización de los servicios. Se anuncian como la gran solución a los deficientes servicios que ofrece el Estado, pero estos proyectos traen consigo la violación de derechos humanos de la población, especialmente los de los sectores más vulnerables.

La ley de privatización de los fondos de pensiones se presentó como la panacea para mejorar las pensiones y ha sido lo contrario. La última reforma de 2022 fue publicitada como que con ella se saldaba una deuda histórica con los trabajadores, pero el resultado es que la mayoría de pensionados recibe montos que los orillan a la pobreza y la reforma solo benefició al gobierno y a las AFP.

Para colmo más del 80% de los ahorros de los trabajadores para su futura pensión han sido tomados en préstamo por los gobiernos y desde 2023 no honran esa deuda ni pagan intereses.

Los asocios público privados, en el mejor de los casos, son una herramienta, no la solución en sí misma. En países como el nuestro los asocios públicos privados sirven para dos cosas: Para descargar al Estado de su compromiso con la satisfacción de derechos de la población y para beneficiar a grupos económicos que intervienen en ellos. Además, un asocio público privado evade la licitación y se le asigna a una empresa que constituye una especie de monopolio y no tiene que cumplir con la ley de compras y adquisiciones que obliga a las instituciones públicas.

Según el proyecto de ley presentado, el Estado mantendrá la propiedad de los bienes públicos, pero se los entrega a la empresa privada hasta por 50 años, para que los mejore, los utilice y obtenga ganancias. Es la esencia del modelo neoliberal cuyo objetivo es favorecer a las grandes empresas y posesionarse de los servicios públicos que puedan generar ganancia.

Según estudios, la primera víctima de comercializar los servicios de salud es la prevención. Un reportaje de los asocios público privados en Estados Unidos, para muchos el país modelo de la sanidad privada, reveló que los altos costos de los exámenes médicos, hacen que suban de precio los seguros de salud, excluyendo a parte de la población que no alcanza a pagarlos.

Se estima que hasta 40 millones de estadounidenses no tienen asistencia sanitaria por no ser tan pobres como para beneficiarse de los programas sociales del gobierno, pero tampoco tan ricos como para pagar el seguro médico.

El Centro Canadiense de Alternativas Políticas, determinó en un estudio que, de los 25 miembros de la OCDE, los países con mayores niveles de privatización de la atención médica con fines de lucro tienen mayores niveles de mortalidad.

La principal conclusión es clara: existe un vínculo evidente entre una mayor privatización de las salud y mayores tasas de mortalidad. La iniciativa del gobierno solo confirma que los más pobres y los vulnerables, que cada día son más, no ocupan un lugar importante en sus prioridades. Ellos y ellas, serán los que más sufran la implementación de otra política que los excluye.

*Omar Serrano, de la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA.