El presupuesto de la UES.
Por Fredis Pereira*
El presupuesto de la Universidad de El Salvador (UES) está envuelto en sendas controversias y misterios, que surgen de la desinformación promovida desde los funcionarios, que utilizan la universidad como plataforma política y los recursos institucionales para fortalecer movimientos ajenos a los intereses del pueblo salvadoreño.
El estribillo del estrangulamiento presupuestario es un engaño maquinado por opositores al gobierno. Así, por ejemplo, el 22 de julio de 2022 apareció publicado, que el Rector se quejaba diciendo: “Yo me atrevo a decir que la UES sigue siendo intervenida, ya no por la bota militar y el fusil, pero sí a través de un presupuesto exiguo, que no le permite desarrollar sus tres funciones.” Sin embargo, ese mismo mes, circuló también en los medios de comunicación, que el Consejo Superior Universitario que preside el Rector, había aprobado destinar fondos públicos para comprar mantas, pintura y otros materiales para la marcha del 30 de julio, que fue encabezada por prominentes líderes del FMLN como plataforma de protestas contra el gobierno.
La UES opera y desarrolla sus funciones gracias a los recursos públicos que el gobierno aprueba en cumplimiento de la Constitución y demás leyes. Este es un hecho incuestionable, que puede verificarse en los registros contables de la ejecución presupuestaria. Así, entre el año 2019 hasta el 2026, el gobierno ha destinado más de 800 millones de dólares para que la UES desarrolle sus funciones. Incluso en esos días en que el Rector de la UES, emprendió su campaña diciendo que no tenía para pagar los proveedores, el gobierno le transfirió los recursos para operar, así, por ejemplo, el pago mensual de más de 3 mil plazas, y la institución ha pagado a sus proveedores con los recursos que el gobierno le transfirió.
Las dificultades presupuestarias de la UES surgen de las decisiones torcidas dentro del gobierno universitario. Es incomprensible que mientras se argumenta, que se tiene un presupuesto exiguo y que no se tiene para pagar a los proveedores, se destine recursos para actividades que son incongruentes con las prioridades que le imponen las leyes y la Constitución a la UES. Así también, que dentro de la UES se aprueben sobresueldos sin que exista un estudio técnico que demuestre la necesidad y la factibilidad.
Las decisiones torcidas sobre la ejecución presupuestaria surgen de incumplir con el debido proceso del acto administrativo. El caso más reciente se conoció cuando el Consejo Superior Universitario que preside el Rector, aprobó el pago de $400 dólares a cientos de empleados de UES, sin haber verificado la disponibilidad de recursos para realizar ese pago, en contravención a la legislación que regula las finanzas públicas y la reglamentación del control interno.
Así también, la Corte de Cuentas ha encontrado más decisiones torcidas en la ejecución del presupuesto, que, dicho sea de paso, tiene en aprietos a varios ex funcionarios de la UES. Estas decisiones son recurrentes debido al incumplimiento de la normativa universitaria en relación con las contrataciones y los procesos de ascenso escalafonario. Por ejemplo, en el año 2021, la Corte de Cuentas de la República, en respuesta a una denuncia ciudadana, emprendió un proceso de examen especial, que abarcó el periodo del 1 de octubre de 2016 al 31 de octubre de 2019, en el que concluyó con la detección de al menos 70 contrataciones y 14 ascensos irregulares. Investigaciones posteriores han encontrado más hallazgos similares.
La racionalización de las transferencias presupuestarias desde el ministerio de hacienda ha sido favorable para la UES. En principio porque eso motivó al gobierno universitario a aprobar una política de ahorro. También porque permitió acumular suficientes recursos para el pago del pasivo laboral, deuda que se venía arrastrando desde antes del año 2019, y que ni los gobiernos del FMLN financiaron el pago. Así se puede inferir, que, si el gobierno hiciera las transferencias con base en los principios del presupuesto por resultados, la UES tendría menor oportunidad para torcer sus decisiones en la ejecución presupuestaria, se pagaría el pasivo laboral, y no se permitiría que funcionarios abusando de la autonomía destine recursos para movimientos ajenos a los intereses del pueblo salvadoreño.
*Máster en Administración y Gerencia Pública.