Presidentes empresarios y puertas giratorias: Los casos de Nayib Bukele y Santiago Peña.
Los ascensos al poder de los presidentes de El Salvador y Paraguay han coincidido con crecimientos patrimoniales explosivos y vínculos estrechos con conglomerados económicos de capitales opacos.
Por: Valeria Silva Guzmán.
¿Cuál es el fin de quienes buscan controlar el Estado? la respuesta a esta pregunta es amplia, compleja y de alto contenido filosófico-ideológico; pero sobre todo es diversa. Por ejemplo, hay quienes buscan obtener el poder público, es decir gobernar, para favorecer intereses empresariales y personales.
En una entrega anterior de Diario Red se exploró cómo Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Javier Milei, presidente de Argentina, dieron un paso contundente entre el mundo empresarial corporativo y la presidencia de sus países. Impulsan reformas que, más allá de discursos, generan beneficios indirectos y en ocasiones directos para las empresas con las que mantienen vínculos estrechos. Pero no son los únicos.
En esta ocasión se ofrecerán las piruetas en las “puertas giratorias” de dos presidentes en funciones. El patrón se repite con nitidez en los casos de Nayib Bukele en El Salvador y Santiago Peña en Paraguay, donde el ascenso al poder ha coincidido con crecimientos patrimoniales explosivos y vínculos estrechos con conglomerados económicos de capitales opacos.
Nayib Bukele: de contratos con el Estado a dirigirlo
De origen palestino, el salvadoreño Nayib Bukele, viene de una familia que llegó al país centroamericano a principios del siglo XX. Aunque los Bukele sí amasaron una fortuna importante no pertenecían a la élite salvadoreña tradicional; pero ahora, coincidiendo con la primera magistratura de uno de ellos, probablemente sí sean de las pocas familias multimillonarias de su país.
El padre del presidente, Armando Bukele Kattán, quien falleció en 2015, heredó a sus hijos un consorcio de empresas en varios rubros, por ejemplo manufacturas y publicidad. Así de amplio el espectro. Nayib, el mayor de cuatro hijos, se involucró desde muy joven en los negocios de la familia, particularmente en el área de comunicación y publicidad.
El gusto de Bukele por los negocios, coincidió con su afinidad por la política. La publicitaria Obermet S.A. de C.V. que se hizo cargo de una serie de campañas fue dirigida por Nayib, según fuentes, desde sus 19 años. Varias investigaciones periodísticas apuntan a distintos contratos que esta firma recibió por parte del impulso del FMLN cuando gobernaba. De hecho, otra de sus firmas de nombre Startligth S.A. de C.V. aún tiene cuentas pendientes con la justicia. Esta empresa estuvo vinculada a una investigación por lavado de dinero, misma que hoy bajo el gobierno de Bukele, está congelada. Varias investigaciones en diversos medios de comunicación ahondaron en el caso y el 2019 El Faro reveló que Bukele recibió cheques opacos con cantidades millonarias.
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Nayib operó desde el mundo privado con sus hermanos, a manera de “clan”; hoy en la presidencia esa figura no ha cambiado. El “clan Bukele” del que hablan varias investigaciones periodísticas ha multiplicado su fortuna estrepitosamente desde que el mayor de los Bukele preside El Salvador.
Corporación Logística de Servicios, S.A. es una sociedad vinculada al patrimonio familiar de Nayib Bukele, la cual pasó de tener una actividad mínima a reportar un crecimiento patrimonial significativo durante su gestión presidencial. La empresa fue constituida en 2004 como una sociedad de servicios logísticos, publicidad y comercialización de productos relacionados con comunicación. El actual presidente fue al menos hasta 2007 el representante legal de esta compañía.
Según varias fuentes periodísticas, durante años CLS mantuvo activos estancados en $14,488.32 (desde 2013 hasta finales de 2021), sin movimientos significativos. Sin embargo, durante la presidencia de Bukele CLS experimentó un crecimiento explosivo: sus activos saltaron a $944,413.28 en 2022 y alcanzaron $6,220,399.99 en 2023, convirtiéndose en el principal vehículo para la expansión patrimonial de la familia.
Parte de este capital se destinó a la adquisición masiva de tierras y propiedades: en 2023, CLS compró 363 hectáreas (3,633,456 m²), que representan el 92% de las tierras actuales del clan Bukele, por un valor superior a $9 millones. Destacan propiedades como Hacienda Dorada, con 231 hectáreas cafetaleras en el volcán Ilamatepec; y fincas como Santo Tomás Pau, donde se produce la marca gourmet “Bean of Fire”. De las 34 nuevas adquisiciones desde 2019, al menos 18 están ligadas directamente a CLS. Aunque no hay contratos estatales directos adjudicados a la empresa durante la presidencia, el control institucional y las políticas gubernamentales en caficultura facilitaron un entorno más que favorable para estas inversiones. El contexto obviamente es el de la opacidad financiera y ausencia de investigaciones sobre el origen de los fondos.
Santiago Peña: de la banca al control del Estado
Santiago Peña Palacios, economista paraguayo nacido en 1978, proviene de una familia de clase media con trayectoria en el sector público y académico, sin un origen empresarial masivo propio. Peña no es un millonario heredero clásico, es más bien la constatación de la operación efectiva de las puertas giratorias, que valga la aclaración, funciona para la circulación de personas entre las instancias públicas y privadas.
La carrera de Peña se centró inicialmente en instituciones financieras: fue funcionario del Banco Central del Paraguay BCP entre 2000 y 2009, en áreas como Estudios Monetarios y Operaciones de Mercado Abierto. Luego, dentro del mismo ámbito pero en otra esfera, se convirtió en analista en el Fondo Monetario Internacional FMI en Washington. A su retorno al país guaraní, regresó al BCP como director del directorio.
En 2015, con 36 años, fue nombrado ministro de Hacienda por el entonces presidente Horacio Cartes, cargo que ocupó hasta 2017. Así lo confirma el portal oficial de la Presidencia paraguaya.
Tras renunciar para competir en las internas coloradas, donde perdió, Peña tuvo experiencia en las élites del sector privado: en marzo de 2018 fue nombrado miembro del directorio del Banco Basa -antes Banco Amambay-, entidad perteneciente al Grupo Cartes. Este Grupo es el conglomerado del expresidente Horacio Cartes, que incluye banca, tabaco, bebidas, medios y representa alrededor del 2 % del PIB paraguayo según el propio Peña.
La principal accionista es Sarah Cartes, hermana de Horacio, con el 91 % del paquete. Peña permaneció en ese cargo hasta su campaña presidencial de 2023. El Banco Basa ha sido vinculado en investigaciones periodísticas y del ICIJ a operaciones opacas, lavado y paraísos fiscales. “Según los documentos de la filtración, las tres compañías de la familia Cartes fueron creadas para invertir en bienes raíces y para ser titulares de cuentas en el Banco BASA.” Cartes aparece en Pandora Papers con una offshore no declarada:
Desde que asumió la presidencia en agosto de 2023 por el Partido Colorado -liderado por Cartes-, Peña ha sido calificado como su “delfín” o protegido político. Su gobierno incluye varios ex funcionarios de Cartes en cargos clave, por ejemplo, Lea Giménez en Jefatura de Gabinete, Carlos Fernández Valdovinos —ex presidente de Basa— en Hacienda.
Opositores denunciaron en octubre de 2025 un supuesto incremento patrimonial del 1.603 % entre 2017 y 2023. Acusaciones incluyen vínculos con firmas beneficiadas por fondos públicos, como Credicentro/Ueno Holding, donde Peña tuvo acciones preferenciales hasta 2025, tráfico de influencias y opacidad en origen de fondos. Peña actualizó su declaración jurada en octubre 2025, atribuyendo incrementos a ingresos privados previos y solicitando revisión por la Contraloría, pero el caso generó denuncias penales por enriquecimiento ilícito, lavado y administración en provecho propio, sin resolución judicial hasta febrero 2026.
El vínculo Cartes-Peña ilustra un patrón de continuidad: políticas pro-empresariales, reformas financieras y atracción de inversiones que alinean con intereses del Grupo Cartes, sin contratos directos probados a Peña, pero con percepción de captura institucional. El contexto de control partidario y ausencia de investigaciones profundas sobre estos vínculos refuerza cuestionamientos sobre conflictos de interés en un Paraguay donde el poder económico y político siguen entrelazados.
Los casos de Nayib Bukele y Santiago Peña ilustran con claridad cómo las “puertas giratorias” entre el poder político y los intereses económicos privados operan en la región. En ambos, el acceso a la presidencia ha coincidido con un crecimiento patrimonial familiar o de redes cercanas que resulta difícil de explicar solo con ingresos legítimos declarados, mientras que el control institucional ha creado entornos de opacidad, impunidad relativa y políticas que favorecen los sectores económicos vinculados al mandatario o a sus principales aliados. Este patrón no es excepcional en América Latina: revela una dinámica estructural en la que el Estado se convierte con frecuencia en instrumento para la acumulación privada de quienes logran capturarlo.