Por: Miguel A. Saavedra/
Se ordenó el cierre total del Puerto de la Libertad, por 48 horas, porque en este, se había vuelto a las actividades básicas para la vida; marcó este hecho, nueva realidad política, cuyo peligro, supera a la pandemia que aqueja universalmente.
Gracias a las actividades en los mercados, en la mayoría de las ciudades del país, se ha retornado a una vida casi normal, en cuanto al abastecimiento de alimentos. Esta actividad la sostiene el sector informal, para ganarse el sustento diario. Notorio es que las personas se esfuerzan por cumplir las disposiciones sanitarias, pero muy difícil sostenerlas, cuando sólo se tienen mascarillas fabricadas artesanalmente, con telas inadecuadas, que se consiguen por un dólar; siendo de este modo, más un símbolo, que un instrumento de verdadera protección.
Cuando se publicaron fotos del dinamismo mercantil, impulsado por la necesidad de vender y comprar alimentos, actividades de los sectores informales de menor capacidad económica, el castigo fue el cierre total del Municipio. Recurrir a un supermercado, implica más tiempo y esfuerzo: de una y media horas, a dos horas para poder ingresar y disponer de un máximo de veinte minutos para comprar. Los productos son más numerosos, pero también de mayor precio. Los ciudadanos generalmente, se limitan a comprar los alimentos básicos de más bajo precio y, la falta dinero por los despidos, empieza a ser masivo.
El castigo colectivo, implica un retroceso en la concepción penal: su aplicación fue muy común en tiempos bíblicos, el medioevo y, hasta las últimas incursiones musulmanas a Europa. Inconcebibles son, en tiempos modernos: sólo aplicados por Hitler, en los territorios ocupados y, por los más duros regímenes comunistas.
Si lo entendemos bien, la desobediencia a las sentencias de la Sala de lo Constitucional, es desacato al Órgano Judicial; los constantes vetos, a la Asamblea Legislativa, en un intento de frenar sus excesos sobre la población, e imponer sus Decretos Ejecutivos, por sobre la Ley, es desobediencia al Órgano Legislativo y la legalidad. El desconocer al Procurador de Derechos Humanos, impedir que tengan asistencia legal los detenidos y, denegar información por lo sucedido en el Puerto de la Libertad, al Fiscal General de la República, (que vela por la legalidad en el país) por parte de un oficial, constituye, en su conjunto, el desconocimiento de las funciones del Ministerio Público.
La Corte de Cuentas ha sido sutilmente, substituida por la CICIES, como ente dependiente del Ejecutivo, para poder auditarse, a sí mismo. Al dar facultad a las Municipalidades para que ejerzan control poblacional en sus municipios, bajo lineamientos de Protección Civil (Órgano Ejecutivo) y, que pongan a su personal a disposición de éste, se opera cambio de funciones administrativas, que rompe el principio constitucional, de la autonomía municipal y del Código Municipal.
Ahora hay 16,000 efectivos militares, 30,000 PNC, ejerciendo control de vigilancia, a los que se han sumado 33,000 vigilantes privados que, por medio de protocolos, están obligados a informar y asistir, en casos de disturbios y se suman ahora, un mínimo de 12,000 empleados municipales, entre el Cuerpo de Agentes Municipales y personal no armado, pero participantes en los controles. Todo, en su conjunto, implica una militarización y control que va mucho más de lo que exige una pandemia y que, extiende su control, hasta aguas profundas, a decir de los pescadores entrevistados, por lo que se ha suspendido la navegación costera artesanal.
A los señalamientos de asociaciones de Abogados y Jueces, se une al clamor que indica que ya existe una dictadura, sin que pueda protestarse o, activar los recursos jurídicos pertinentes, por imposibilidad material, debido a los controles gubernamentales.
