Es profesor de la Universidad de Girona, España, y experto en política comparada en América Latina. Analiza los motivos profundos de la reelección anticonstitucional de un gobierno de mano dura.
Por: Natalia Aruguete
Salvador Martí i Puig es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Girona e investigador del Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona (Cidob). Como experto de política comparada en América Latina y estudioso de los movimientos sociales en la región, ha seguido muy de cerca las elecciones para presidente en El Salvador, donde Nayib Bukele ganó el 4 de febrero pasado con más del 80% de los votos, según informó en su cuenta de X pese a no contar con el escrutinio de la Asamblea Nacional. En esta charla con Página/12, Martí i Puig analiza las condiciones en las que Bukele llegó y concretó su reelección inmediata incumpliendo la Constitución; detalla la estrategia comunicacional y de control de toda disidencia en un contexto de “recesión democrática”; y discute el éxito de su modelo securitario como factor excluyente que explique la estrepitosa caída de los homicidios y la desactivación de las pandillas en un país que ha sido calificado como “la capital mundial de los homicidios”.
–La inscripción de la candidatura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, incumplía una serie de artículos de la Constitución que prohíben la reelección inmediata de los mandatarios. Sin embargo, se presentó y logró ganar con más del 80% de los votos, según lo que él mismo anunció en sus redes sociales. ¿Cómo logró renovar su mandato?
–La reelección es un tema complejo en toda América Latina, pero en América Central es aún más importante porque la democratización es posterior al resto de América Latina, con la excepción de Costa Rica. Tanto Nicaragua como El Salvador y Guatemala, y hasta cierto punto Honduras, vienen de procesos de democratización de fines de los ‘80 y ‘90, después de crisis bélicas y guerras civiles de lucha contra dictaduras militares o familiares. Estos procesos de democratización han ido acompañados de una especie de pacto fundacional –condensado en la Constitución–, de desmilitarización de las policías, de desmovilización y de civilización, tendientes a integrar a personas y a partidos históricamente excluidos. En ese pacto se enfatizó la importancia de la no reelección, para evitar el personalismo que caracterizó a muchas de las dictaduras previas. El hecho de violar el principio de no reelección sugiere una voluntad de desatender ese pacto de democratización de las repúblicas en todos los países de la región. Con la excepción –hasta ahora– de Guatemala, los otros cuatro países han roto esta lógica con impulsos caudillistas.
–Las vías han sido diferentes en los distintos países. En el caso salvadoreño, en primer lugar, se cambió al Fiscal General del Estado y a los magistrados del Corte Suprema de Justicia, dos de las instituciones que deberían de hacer accountability (controlar al Ejecutivo y evaluar su accionar), y posteriormente se violaron seis artículos de la Constitución. Esto ocurrió previamente también en Costa Rica con Oscar Arias e, incluso, con total desprecio de la legalidad en Nicaragua con Daniel Ortega. En Honduras, la primera persona que quiso hacer un referéndum para poner a consideración su reelección fue Manuel Zelaya y le valió un golpe de Estado en 2009.
–En El Salvador, esta reelección –que se logra violando la Constitución– se produce en el marco de un proceso de “recesión democrática”, según datos de Latinobarómetro que constatan una creciente indiferencia hacia el tipo de régimen y, en paralelo, un aumento del autoritarismo. Es decir que esta afectación a la institucionalidad democrática se conjuga con un alto nivel de tolerancia social.
–Este proceso se da en un contexto de pérdida de confianza y apoyo social a la democracia y, más específicamente, a las instituciones liberal-democráticas. No solo ocurre en la región de América Central, sino en todo el hemisferio americano e, incluso, en Europa. Esta es una coyuntura mundial e histórica de des-democratización, que los británicos denominan “democratic backslide” (recesión democrática). América Central se alinea con un proceso mundial en el que ciertos regímenes se presentan como más capaces, más efectivos, más eficientes. En los últimos 70 años, por primera vez los derechos y las democracias son puestos en discusión; con referentes claros, como el caso de Estados Unidos con la administración Trump o con el mito de la eficiencia en regímenes como el chino o el ruso, previo a la invasión a Ucrania. En El Salvador, esto queda asociado a un gobierno “eficiente” en la lucha contra el crimen.
–Hasta la llegada de Bukele al poder, las maras controlaban el territorio de El Salvador frente a gobiernos que encontraron muy difícil esa negociación para bajar los niveles de violencia. De hecho, El Salvador ha sido calificado como “la capital mundial de los homicidios”. Con Bukele bajaron significativamente los niveles de inseguridad a costa de implementar un “régimen de excepción” que suspendió las garantías constitucionales y de encarcelar a unas 73 mil personas, más 1% de la población de ese país.
–Aquí hay dos aspectos importantes. Primero, el prestigio de la democracia no ha caído de forma azarosa. Las democracias en América Central tenían múltiples defectos; la vida cotidiana de buena parte de los habitantes de América Central es hobbesiana. Con una democracia de baja calidad, a la gente le es más fácil desprenderse de este tipo de regímenes. Segundo: en El Salvador, junto con Honduras y Guatemala, el gran problema era la violencia cotidiana y la extorsión por parte de las maras. Estos tres países formaban el Triángulo Norte, una región con el índice de homicidios más elevada del mundo, en países sin guerra declarada. Se trata de una epidemia de violencia, que se arrastra como mínimo desde hace 15 o 20 años. En ese contexto, Bukele implementó una política que no tiene nada de nuevo: un populismo punitivo consistente en aplicar mano dura mediante el estado de excepción y militarizar a la sociedad. Una política que se ya se ensayó en El Salvador con Francisco Flores y Antonio Saca, que pertenecían al partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena). El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) quiso invertir en educación y políticas sociales y procuró hacer una tregua con las maras; esa estrategia tuvo un efecto limitado y de corto plazo, pero no funcionó en el largo plazo.
–Si esa política securitaria no fue efectiva cuando la implementaron otros gobiernos, ¿por qué sí funciona con Nayib Bukele?¿Qué ocurre en El Salvador actualmente que no ocurre en otros países o en etapas previas de ese país?
–Hay diversas hipótesis. El de Bukele es un gobierno de mano dura, que implica despliegue del Ejército en todo el territorio, construcción de grandes centros penales con capacidad de 20 o 30.000 personas para acoger encarcelamientos masivos sin proceso judicial previo ni garantías y, por otro lado, performances de violación de derechos humanos. Esa estrategia podría funcionar, pero no se trata solo de la militarización. Otro elemento es el control de los medios de comunicación y de la oposición. La prensa crítica –un claro ejemplo es el periódico digital El Faro— ha tenido que emigrar hace tiempo. Pero también ocurrió con una parte de los opositores de derecha, del partido Arena, y de izquierda, del FMLN, que están amenazados y muchos de ellos se han ido. En este contexto, la difusión de los datos está bajo control. Todas las imágenes de cárceles vienen de Presidencia. No hay una sola imagen ni un solo dato que no sea oficial. Con esto no estoy insinuando que no haya bajado mucho la delincuencia. Pero si no hubiera ocurrido, tampoco lo sabríamos. Estas políticas no solo significan securitización, significan erosión de los elementos de la democracia vertebral. Se desactivaron los mecanismos de accountability (rendición en cuentas) horizontal, mediante la cooptación del Parlamento, de los tribunales electorales y de la Corte. Pero también se obstruyeron mecanismos de rendición de cuentas vertical, dado que no es posible manifestarse, hacer activismo ni comunicar noticias desde una postura opositora al gobierno. Alguien podría pensar “pago el precio”, pero este es solo un elemento que tampoco explica por sí solo por qué esto ha funcionado en El Salvador y en otros países no.
–¿Cuáles otros elementos contribuyen a la eficacia del modelo Bukele?
–He hablado con informantes clave quienes me sugieren que probablemente haya un pacto tácito entre Presidencia y determinadas élites mareras. Este es un elemento sin el cual es difícil imaginar el éxito de esta política.
–¿Ese pacto qué implica?
–Que buena parte de los líderes mareros han hecho un salto de escala: han pasado de vivir de un negocio que se sostenía a través de la extorsión a integrarse en un negocio internacional en el mundo del narcotráfico, aliándose con redes ilegales vinculadas a México y Colombia. El negocio ya no pasa tanto por mantener territorio y extorsionar a los ciudadanos, que tampoco tienen tanto dinero en El Salvador, sino que han logrado un cambio de escala a través de lo capitalizado y, de esta forma, insertarse en un negocio que tiene otra lógica. Que El Salvador sea un país dolarizado y que el bitcoin funcione como una divisa aceptada lo convierte en una vía fácil de blanqueo. Hay quien dice que la eficacia de este pacto ha pasado por la conformación de una nueva coalición de poder mientras se mantienen niveles de criminalidad inusitadamente bajos. Ese pacto probablemente también lo hayan bendecido las Fuerzas Armadas, porque Bukele ha desestimado cualquier responsabilidad que se les atribuía como derivación de los procesos de paz. En resumen, mantiene impunidad en el Ejército e inserta un sector del mundo marero como una nueva élite que convive con un sector de las élites tradicionales y la familia Bukele.
–De existir efectivamente, ¿cuán estable, efectiva y duradera podría ser esta nueva coalición de poder?
–Y podríamos agregar otra pregunta: ¿significa que la élite de las maras ha traicionado sus bases y las ha abandonado en las cárceles? O quizá las cárceles también están administradas y gobernadas por sectores de las maras y, por lo tanto, más allá de las performances visuales y fotográficas, la vida allá es otra. Ahora difícilmente lo sabremos porque están en un equilibrio, pero acaso ¿este equilibrio es frágil o duradero? De ser así, ¿cuál es la lección para América Latina de esto que, en el fondo, sería como una legalización de las drogas? La segunda gran pregunta es ¿cuán extensible a América Latina es lo que ocurre en El Salvador, que es un país pequeño y poco poblado? Es decir, ¿esta operación es posible en México o Brasil e, incluso, en el resto de los países de América Central?
–Otro problema en El Salvador es el económico. Por un lado, la deuda pública pasó del 70% a casi el 90% del PBI y, por otro, la inseguridad alimentaria aumentó más que en otros países de la región. Es decir que una tercera gran pregunta es ¿cuán sostenible es esta situación en términos económicos?
–Aquí, además, hay que tener en cuenta que el 10% del PIB de El Salvador viene de remesas, de gente que trabaja fundamentalmente en Estados Unidos. Los nichos económicos en El Salvador son pocos, exporta algunas materias primas e invierte en turismo. Si bien las élites salvadoreñas han tenido gran éxito en la inserción del negocio global, son élites transnacionales que no viven en El Salvador. De manera que allí vive una población bastante empobrecida, que trabaja en nichos con poco valor agregado y baja competitividad tanto en Centroamérica como en América Latina. ¿Se puede tolerar este tipo de régimen con el actual esquema económico? El gran debate es quién tiene el control sobre la territorialidad del Estado, cuando venimos de 50 años de desmantelamiento del Estado, que no solo redunda en pobreza sino en menos presencia de servicios, de educación, de autoridad y, como contrapartida, mayor fragmentación. Donde no hay Estado, se instala otro tipo de poder.
–¿Cuáles son las implicancias de los niveles de fragmentación social que menciona?
–Esta fragmentación disminuye los niveles de organización social para confrontar con el poder. Con tanta pauperización, las sociedades no se activan ni para oponerse o sentirse inconformes con este tipo de regímenes. Y, por ende, Bukele gana con el 85% de los votos, o por lo menos sus cifras indican eso. Fíjate que cuando aún no existía el escrutinio completo de los resultados ya se autoproclamó vencedor. Aquí surgen dos temas muy importantes. Uno tiene ver con la comunicación y otro, con el capital social crítico. Este proceso de empobrecimiento, descomposición social y violencia redundó en una sangría del capital social crítico. Ese capital era significativo en El Salvador, como derivación de las organizaciones vinculadas al Frente Farabundo Martí (FMLN). La guerra, las maras y violencia extrema, además, han triturado las redes de solidaridad horizontal en espacios humildes. La única oposición que hoy existe está vinculada al mundo universitario, intelectual y las ONGs, que han sufrido muchísimo con este régimen. Un caso claro es el del periódico digital El Faro, una magnífica iniciativa de periodismo crítico en América Central.
–Además del drenaje de capital social crítico, mencionó “la comunicación” como el otro gran tema de Bukele. ¿A qué se refiere?
–La administración Bukele tiene una gran capacidad comunicativa. No es posible saber si el discurso que dio Bukele el mismo 4 de febrero por la noche es de izquierda o de derecha: apela al Sur Global, a la soberanía, incluye una contraposición a Estados Unidos, a España y su monarquía. Eso se da en un contexto en el cual la Presidencia de El Salvador mantiene el control de los medios de comunicación, de las redes sociales y de WhatsApp. Es muy llamativo cómo consigue armar una formación política sin tener estructura partidaria ni plataforma orgánica. Son redes familiares y de confianza, con una gran habilidad de conectar con una sociedad muy golpeada y ávida de seguridad. Finalmente, tengo la sensación de que maneja muy bien el espíritu de los tiempos.
–¿Y cuál es el espíritu de los tiempos?
–El individualismo; un liderazgo personal fuerte; un estilo de comunicación directo y sin intermediarios; un relato eficientista; y una apelación a la defensa de “lo nuestro”, donde cada uno puede entender cosas muy diferentes por “lo nuestro”. Puede ser mi familia, mi identidad, mis negocios o mi país. En este sentido Bukele no sólo ha sacado el Ejército a la calle y ha proclamado el estado de excepción, también ha construido enemigos (los mareros, las ONGs de Derechos Humanos, Estados Unidos o la cooperación internacional) y ha ido cerrando cualquier vía social y política de disenso.
Fuente: Página | 12
