Una investigación de la organización no gubernamental (ONG) Cristosal sostiene que en El Salvador hay un por ciento (73.1) destacado de información que se mantienen bajo candado.
Algunos analistas estiman que es como si al levantarse el cerrojo se abriera algo así como una “Caja de Pandora”, lo cual según la mitología contiene los males que «los dioses habían guardado, esparciendo por la tierra de los hombres enfermedades, muerte, hambre, y otras muchas desgracias», entre la que por supuesto está la corrupción.
La pesquisa de Cristosal encontró que la mayor parte de la información negada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tiene que ver con el uso de fondos públicos y contrataciones en el Gobierno.
Entre junio de 2019 y diciembre de 2023, el IAIP solo resolvió a favor 189 de 508 solicitudes, presentadas por la ciudadanía, sobre el uso de fondos públicos y contrataciones en el Gobierno, reveló el último reporte sobre el estado de la transparencia de Cristosal.
Una aproximación al tema del diario La Prensa Gráfica (LPG) señaló que dentro de este bloque de información se encuentra todo lo relacionado a la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, incluyendo la inversión que el Gobierno hizo en ella y el destino de los fondos obtenidos a través de la criptomoneda.
Mientras que sobre las fuentes de financiamientos de partidos políticos y destino de esos fondos, precisó el diario, el IAIP solo entregó los datos al 9.35 por ciento de las solicitudes, el resto fueron negadas.
Doris Rosales, investigadora de Cristosal, citadas por LPG, indicó que esta información «puede ocultar posibles actos de corrupción», pues al no conocer a los financistas es difícil saber si pudo ser favorecido con alguna contratación gubernamental.
Otros temas que suelen ser omitidas por el instituto son seguridad pública, salud, información sobre funcionarios, cuotas partidarias, auditorías y viajes, sobre los cuales siempre existió un nivel de duda entre la población que ve en muchos de ellos un escenario favorable para la corrupción y el desfalco de bines del Estado.
Existe un gran número de negativas, según la ONG, las cuales están relacionados a temas de homicidios, feminicidios, desapariciones, fosas clandestinas, servicios de comunicación y publicidad, procesos de adquisición de vacunas, el Plan Nacional de Despliegue de Vacunación contra SARS-COV-2, el Plan Nacional de Salud y el Plan Control Territorial, entre otros.
El informe de LPG cita a Jonathan Sisco, abogado anticorrupción y justicia de Cristosal, quien en declaraciones a radio YSUCA, dijo que actualmente la gestión pública no es transparente «porque hay muchos detalles y actos gravísimos de corrupción que el Gobierno quiere ocultar, especialmente ahora que estamos en una época electoral”. (PL)
