Recién conocemos sobre la generación de la figura de “Comisionado Presidencial de DDHH”, cuya función debería ser velar por la ciudadanía desde la presidencia. El nombrado es el Doctor Andrés Guzmán Caballero, colombiano, cuyas credenciales son el haber ejercido en entornos virtuales.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Antes de continuar, hay que acotar que de cara a los trágicos eventos sucedidos en el estadio Cuscatlán, el comisionado presidencial de seguridad y en relación a las detenciones derivadas aseguró: “…no somos ya un estado débil sino fuerte…”, seguramente refiriéndose a que supuestamente ya no hay privilegiados ante la ley.
Continuemos.
Al conocerse su nombramiento, el Dr. Guzmán fue entrevistado por radio Caracol, donde entre otras cosas habría afirmado que está completamente de acuerdo con el estado de excepción, pues “situaciones difíciles imponen soluciones extremas”, lo que también habría afirmado en dicha entrevista.
Por supuesto, y dado que de todo elemento que desde el régimen ha sido impuesto en el gobierno debe como primera condición ser dócil a la voluntad del ejecutivo, desde sus primeras declaraciones ha confirmado que, por supuesto también se alinea incondicionalmente con lo que casa presidencial afirme, por lo que debemos dar por descontado que será como el resto de funcionarios de la administración, apenas un eco del ejecutivo.
Por otro lado, que sencillamente no esté familiarizado con los territorios, con la realidad vigente o histórica de nuestro país, es una flagrante debilidad, y en consecuencia una desventaja para los salvadoreños, pues impone a esta persona un largo compás de aprendizaje, lo que la función no permite por principio.
Pero además un valladar se impone, y es que el primer violador de los DDHH en esta coyuntura es el propio estado, el propio ejecutivo, quien categoriza a los defensores como aliados de las pandillas, cuando está probado que quién pactó con estas estructuras terroristas es precisamente el propio ejecutivo desde que su señor padre le diera posesión de su primer negocio, una pista de baile en la zona más exclusiva de la capital, donde negoció con estos el tráfico de drogas.
Entonces podemos deducir que este nombramiento sólo emulara a los que fueran presidentes de la comisión de derechos humanos gubernamental durante la guerra, tinterillos cuya labor fue la de negar los crímenes que el estado salvadoreño cometiera contra la población civil, aún impunes, y que el presente régimen agrava negando mientras profundiza la impunidad vigente desde entonces.
Su papel es decorativo, dirigido a confirmar lo que sea afirme el ejecutivo, afirmando que el estado salvadoreño es fuerte porque somete a los pobres en campos de concentración además de los indeseables del régimen, mientras conserva impunes a sus aliados.
No, es trágicamente otra improvisación mediática dirigida a acallar los señalamientos, evadiendo responsabilidades.
Si acaso resultara respondón, si asumiera el cargo contándole las costillas al régimen, seguirá el derrotero del hasta ahora único buen funcionario de este régimen: el despedido y ya fallecido primer presidente de esta gestión en el BCR.
Su integridad no será olvidada.
Ojalá el nombrado en su aprendizaje aprenda esa lección.
*Educador salvadoreño
