Hasta los gobiernos de arena todos observamos como el estado se llenó de la denominada grasa estatal, con miles de nuevos adeptos que fueron sumados laboralmente, sustituyendo a los que su par anterior había incorporado.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
No eran técnicos ni mucho menos, sino apenas agitadores partidarios a los que se les premiaba por el ruido que hicieran durante el proceso electoral luego del cual fueran incorporados.
Tal tónica cambió con la administración Funes, que decidió optar por la seguridad laboral, permitiendo a esos miles de agitadores de derecha conservar sus empleos, medida muy cuestionada por la costumbre señalada pero que era la correcta, estableciendo un positivo precedente en materia laboral.
Las dos gestiones de izquierda se distinguieron por eso, estableciendo así y para el caso del tema laboral, certeza laboral.
Tal certeza termina con el presente régimen, que se ha empleado a fondo para retirar del servicio activo a alrededor de 16,000 personas del gobierno, de diferentes rubros y niveles, destacando entre ellos los contratos y subcontratos en educación, de acuerdo a la OIT.
Esto ha llevado al país a los niveles de precrisis de acuerdo esta entidad, en 2019, pasando del 6,1% de desempleados en 2019, hasta el 7,2% ya en la primera parte de 2022 y de acuerdo a cifras reportadas por entidades como el ISSS y MT.
Por supuesto estas cifras se reducen a cotizantes y no al trabajo informal, el cual no se puede estimar numéricamente, pero que se ha agudizado por el necesario ordenamiento en las principales ciudades, lo que los desplaza sin brindarles soluciones, empujándolos a peores condiciones en las que estos locatarios ejercen sus labores, muchos de los cuales también fueran antes removidos de sus trabajos por ARENA.
También el fenómeno de la migración ilegal se ha agravado por las mismas causas, pues el autogolpe dirigido contra el órgano judicial acabó con las pocas garantías que en materia legal el país había logrado, sujetándose la población al capricho de mediocres funcionarios asignados a cargos de responsabilidad, lo que la ha empujado a buscar afuera lo que acá le ha negado la inseguridad jurídica.
Otro fenómeno también se ha observado, y es el relativo a la retención arbitraria de salarios de aquellos pocos empleados estatales que aún gozan de seguridad porque su plaza no es un subcontrato, sino que los acoge la ley de salarios.
De entre estos aquellos que son indeseables por su postura política y porque no abrazan las ilegales condiciones impuestas desde el oficialismo, se los procura reprimir de este modo, y aunque no son muchos, las afectaciones que derivan de ello si son graves.
Así las cosas, la inseguridad laboral se ha agudiza de acuerdo al BM, quien junto a la OIT recelan de la capacidad del régimen para corregirse, pues todo apunta a un agravamiento de las condiciones laborales por las actitudes caprichosas de los funcionarios responsables, sumada a la patente ausencia de rumbo de la administración, como el descarnado desinterés por abordar y resolver los problemas históricos del país.
*Educador salvadoreño
