La mayoría de recomendaciones que realizó la ONU para el periodo 2018-2022 no las cumplió el Estado salvadoreño. Una la cumplió a medias y en otras hizo lo contrario.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó el séptimo informe periódico de El Salvador para saber si el país cumple con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al que se unió en 2018 y sobre los cuales realizó recomendaciones que debían ser cumplidas. Sin embargo, la mayoría no fueron satisfactorias y otras fueron contrarias a lo recomendado.
La recomendación de la ONU a El Salvador iban enfocadas a tres puntos: ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado e interrupción voluntaria del embarazo.
Mariel Merayo, del Centro para los Derechos Civiles y Políticos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CCPR), presentó las calificaciones que obtuvo el Estado salvadoreño, las cuales podrían ir desde la A (muy satisfactorio) hasta la E (contrario a lo que recomendó la organización).
“El Comité volverá a retomar este examen de país. En el anterior se examinaron tres recomendaciones, pero hay otras que son muy importantes, como el tema de independencia judicial que será un tema prioritario”.
Víctor Heredia, miembro del CCPR.
En el tema del derecho a la vida, que incluye investigaciones de violaciones de derechos humanos, personas desaparecidas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, El Salvador recibió una C porque no reflejaron avances.
Sobre el aborto y derechos sexuales reproductivos, tampoco hubo avances, ni en materia legislativa, persecución o encarcelamiento, obteniendo nota de C. Mientras que la nota más alta que una B, otorgada porque «hubo avances aunque limitados» en la reducción de la tasa de mortalidad materna.
La peor nota y más baja de las evaluaciones que otorgó la ONU al estado salvadoreño fue la E en cuanto al tema de protección, seguridad e independencia del fiscal general. Merayo consideró que la situación en vez de mejorar o mantenerse, se deterioró.
Sobre esta calificación, Víctor Rodríguez Heredia, miembro del CCPR, dijo que la nota E, raramente se le otorga a un país. Y esta nota se gana porque el país «toma medidas contrarias a la recomendación que realiza la ONU».
Destacó temas actuales de El Salvador que tendrán que ser estudiados por el Organismo para el examen 2022-2026.
«El Comité va a volver a retomar este examen de país. Se examinaron tres recomendaciones en relación al cumplimiento, pero hay otras que no estaban dentro de estas y que son muy importantes, como el tema de independencia judicial que será un tema prioritario para el próximo periodo», aseveró.
UNA POR UNA
En 2018 la ONU realizó un examen de país y recomendó mejorar varios aspectos que atentaban contra derechos humanos. Fueron tres puntos importantes, en especifico. Primero pidió revisar la legislación relacionada al aborto, para garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando esté en riesgo la vida de la mujeres y que se suspendieran de manera inmediata la criminalización de la mujeres.
Además, solicitó que se garantice el secreto profesional del personal médico y confidencialidad de las pacientes. El Estado salvadoreño no cumplió esta recomendación.
Otra de las recomendaciones fue que se fortaleciera la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos durante el Conflicto Armado (UID-CA), que desde 2016 ha mantenido al mismo personal. Solo aumentó en 2018 con dos personas más, pero en el área administrativa.
La ONU aseguró que dicho personal era insuficiente para realizar las investigaciones de 213 casos de los cuales 21 ya están judicializados. Aparte que la Unidad carece de investigadores policiales o peritos forenses. El Estado tampoco cumplió dicha recomendación.
Otra fue el acceso a la información relacionada a crímenes cometidos en la guerra, en este caso el Estado tampoco cumplió. La ONU destacó la desobediencia de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), dijo que una de las grande preocupaciones del Comité es la agenda pendiente que hay del conflicto armado, donde no hay avances a pesar que ya hay casos en sedes judiciales.
«Los casos de la guerra siguen sin resolverse, no hay juicios, no hay personas condenadas, hay un programa de reparación que prácticamente ha desaparecido y lamentablemente esta impunidad se conecta con la impunidad actual», aseguró.
Sobre el apartado de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, la ONU pidió investigarlas de manera «pronta, exhaustiva e imparcial». Además, que se busquen a los desaparecidos y que los responsables sean enjuiciados y sancionados, y que las víctimas reciban atención integral. Sin embargo, El Salvador tampoco lo cumplió.
«Las medidas adoptadas por el estado no son satisfactorias debido a la insuficiente investigación» aseguró la ONU.
