La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró improcedente el recurso de amparo presentado por el Banco Cuscatlán, para evitar indemnización a favor de Quimagro por 49 millones de dólares.
La Sala de lo Constitucional concluyó que existe concreta, clara y suficiente fundamentación para declarar daños y perjuicios al haber heredado dicha demanda producto de su adquisición de Scotiabank. Argumenta la Sala de lo Constitucional en su resolución.
En la resolución se declara sin lugar el recurso de revocatoria presentado por el apoderado legal del Banco Cuscatlán, que tenía por objetivo detener el pago de indemnización a Quimagro SA. de C.V. al no existir parámetro conforme al cual deba revertirse la decisión del pleno en su resolución.
La histórica demanda multimillonaria por daños y perjuicios que reclama la sociedad de los pesticidas al Banco Cuscatlán, que asciende a más de $ 100 millones de dólares de los Estados Unidos de América (considerando capital e intereses legales), está cada vez más cerca de llegar a su punto final.
El Banco Cuscatlán ha tratado por todos los medios legales evitar el pago de la responsabilidad civil a la que fue condenada desde el año 2013, por una sentencia definitiva de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.
En dicha sentencia, el Tribunal casacional condenó al entonces Scotiabank, S.A., ahora Banco Cuscatlán, al pago de los daños y perjuicios ocasionados por la administración fraudulenta de Quimagro; misma que la llevó a la quiebra.
Es desde el año 2013 que el Staf de reconocidos abogados salvadoreños, apoderados de los bancos, que han tratado inútilmente de revertir el fallo que los obliga al pago de más de $49 millones de dólares más intereses legales.
Es así, que nuevamente la Sala de lo Constitucional, les cierra la puerta al declarar improcedente una demanda de amparo presentada por el Banco Cuscatlán, con la intención de anular la sentencia en contrario.
Esta vez, luego de tres amparos improcedentes, el Banco Cuscatlán no tiene más justificaciones para acudir a la justicia constitucional y evitar lo inevitable: pagar el mayor monto reclamado en los Tribunales judiciales del país.
A criterio de abogados conocedores de la materia, por segunda vez se sienta un precedente importante en la justicia salvadoreña, después del monto millonario que el banco DAVIVIENDA tuvo que pagar al señor Antonio Salaverría (cerca de $50 millones de dólares).
En ese sentido, se estaría demostrando que las leyes del país se cumplen, sin importar los actores involucrados en este tipo de juicios, y que el sistema de justicia de El Salvador, se fortalece en la medida que se hace respetar a fuerza de impartir verdadera justicia en el país .
