Por Rosa María Pastrán.
Analistas expresan que la subida ha coincidido con la presentación de una ley de agentes extranjeros y el que no se haya cerrado un acuerdo con el FMI.
En lo que va del 2021, el riesgo país de El Salvador se ha mantenido elevado, pero el pasado 15 de noviembre llegó a un 11.21 %, el punto más alto desde que se cuenta con registros, es decir octubre de 2007.
Precisamente, el 31 de octubre de 2007 el riesgo país de El Salvador era de 1.58 %. Para medir el riesgo de un país se utiliza el Indicador de Bonos para los Mercados Emergentes (EMBI por su sigla en inglés), que elabora la firma JP Morgan.
El EMBI mide la sobretasa que debe pagar un bono frente al rendimiento de los títulos a 10 años que emite el tesoro de los Estados Unidos, los cuales se consideran libres de riesgo. Este indicador es un termómetro de cuánta confianza tienen los inversores en un país, mientras más alto es el EMBI menor es la confianza que existe en el futuro inmediato de ese país.
Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), recordó que el perfil de riesgo del país se incrementó desde el 1° de mayo «de manera importante». En esa fecha, el bloque de partidos oficialistas en el parlamento sustituyó a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general.
«La última semana ha habido una caída continuada del precio de los bonos y esto evidentemente se traduce en un aumento el perfil de riesgo», dijo Castaneda.
¿Qué factores pueden explicar lo acontecido en los últimos días? Según el economista de ICEFI, por un lado no se ha podido lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, por otra parte, está la presentación de una ley de agentes extranjeros en la Asamblea Legislativa, lo que vuelve a colocar a El Salvador «en el punto de mira de gobiernos con acciones que evidentemente son propias de regímenes autoritarios», apuntó Castaneda.
«Obviamente lo que perciben los inversionistas es que en El Salvador hay más riesgo», agregó. Esta situación complica una salida del país a los mercados internacionales para la emisión de bonos, mientras que el no lograr un acuerdo con el FMI dificulta obtener préstamos de apoyo presupuestario con otros organismos multilaterales, explica Castaneda. «Aquí lo que hay es un escenario de falta de financiamiento y de crisis de liquidez», añade.
El economista Rafael Lemus recuerda que desde el 8 de noviembre comenzó una racha de aumento en el riesgo país, lo que se refleja en el rendimiento de bonos emitidos por el país. Lo que para él ha incidido es que el Gobierno ha seguido «con acciones de corte autoritario, lo que daña las relaciones con Estados Unidos, y sigue destruyendo la institucionalidad democrática», con propuestas como la ley para el control de los fondos de las ONG.
Otro hecho es la visita hecha por una comitiva gubernamental a la sede del FMI, en Washington D.C., mientras el organismo trabaja en la revisión del artículo IV, «no es un avance para acuerdo, eso seguramente también los analistas del mercado internacional lo saben», apunta Lemus.
El gobierno busca el apoyo del FMI para obtener un préstamo de $1,300 millones. La negociación lleva varios meses.
El problema, en opinión de Lemus, son las medidas que el gobierno toma, como la citada ley. Lemus ve muy difícil que se logre un acuerdo con el organismo. «Este gobierno ha hecho todo para decirle al mundo que a él no le interesa lo fiscal, si destruyó toda la institucionalidad, rompió con todo lo que se había avanzado en transparencia, rendición de cuentas, de combate a la corrupción», afirmó Lemus. Ante la posibilidad de lo lograr el acuerdo, el economista considera que el GOES ha avanzado en la elaboración de una reforma de pensiones, que podría ser utilizada como «salvavidas fiscal». En los próximos 12 meses, vencen obligaciones por más de $2,000 millones, por deuda de corto plazo emitida en el mercado local, señaló.
Fuente: El Economista.
