Gobierno no ejecuta proyectos programados

Por Irma Cantizzano.

Según datos del programa de inversión pública del Ministerio de Hacienda, un 43.5 % de los proyectos programados tienen ejecución cero. La inversión pública ejecutada es la más baja de los últimos 6 años.

Ni la construcción de las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República (FGR), ni el programa de mantenimiento periódico 2021 del FOVIAL, ni la construcción del puente Gral. Manuel José Arce en la Hachadura, ni tampoco el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la Red Nacional de Hospitales del Ministerio de Salud, entre otros más de 135 proyectos programados han iniciado su ejecución.

Hasta junio, esos proyectos tenían en ejecución un 0 %, señala el informe del Programa Anual de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda (PAIP).

Datos oficiales confirman que el porcentaje de inversión pública ejecutada en el primer semestre del año es el menor de los últimos 6 años, llegando a un 48.4 %.

En la proyección semestral hay 319 proyectos; de estos, un 43 % no habían arrancado a junio pasado.

Hacienda había programado para este periodo $696.4 millones en inversión pública y de estos se han realizado proyectos por $336.73 millones.

El monto total ejecutado es $36 millones arriba de lo que se había invertido en 2020, pero hay que recordar que en abril del año pasado, Hacienda suspendió los proyectos de inversión pública financiados con recursos del fondo general para poder enfocarse en atender la pandemia. Y si se compara lo ejecutado al mismo periodo de 2019, son $12.37 millones menos de lo que se lleva en 2021.

Las entidades con menos proyectos realizados a junio son: La Fiscalía General de la República, que tenía programado un monto de $20.7 millones para dos proyectos y solo ha ejecutado el 0.25 % de estos.

El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, por su parte, tenía en su proyección en el primer semestre $3.6 millones para tres proyectos; de estos solo ha realizado el 0.07 %.

Pero hay otras instituciones como la Procuraduría General de la República (1 proyecto), el Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (con 16), la Universidad El Salvador (4), la Escuela Nacional de Agricultura (1) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (7), entre otros, que no han ejecutado nada de inversión pública en lo que va del año.

El Ministerio de Salud, del que se esperaba invirtiera $22.1 millones en 7 proyectos apenas lo ha hecho en un 9 %. Están a cero de ejecución: el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la red nacional de hospitales; el equipamiento y dotación de suministros para establecimientos de salud a nivel hospitalario y comunitario para atención materna y de primera infancia, a escala nacional; al igual que el equipamiento de unidades de terapia dialítica del MINSAL, a escala nacional.

El Ministerio de Vivienda tampoco avanza en la ejecución de sus proyectos; a junio apenas había realizado un 3.84 %, mientras que el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) solo había realizado un 1.03 %.

Inversión estancada

Después de un año crítico para la economía nacional, en 2021 se esperaba que la inversión pública fuera la que empujara parte del crecimiento económico. Para los economistas es clave, ya que esta está directamente ligada a la dinamización. Pero a junio, esta no despegaba, la capacidad de ejecución no era buena y el país tampoco es un gran receptor de inversión extranjera directa neta.

El año pasado apenas llegó a los $201 millones, una caída del 68.4 %, detalló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En lo que va del año, tampoco se ha anunciado la llegada de nuevas empresas o ampliaciones de las corporaciones ya existentes .

A ello se suma, según Carolina Alas, analista de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) que «no tenemos un clima de negocios atractivo a la inversión privada y todo lo que está sucediendo y lo del bitcóin crea incertidumbre a las empresas…», dice.

El último estudio de FUSADES señala que el clima de negocios del país se encuentra afectado. A mediados del año pasado los empresarios señalaban que estaban impactados por el covid-19, pero en el último trimestre el mayor golpe era la incertidumbre.

Si el Gobierno hace inversiones en energía, en agua, en carreteras, infraestructura de aduanas, «esta tiene una externalidad que incentiva la inversión privada», agrega Alas.

Los analistas detallan que la inversión pública tiene un factor multiplicador en la economía, genera mas inversión privada y consumo, por lo que se convierte en un círculo virtuoso y hace que suba la producción. Pero si esta no se genera, tampoco ayuda a que la producción nacional suba.

Por otra parte, la falta de ejecución de los proyectos por parte del Gobierno también envía otra señal, y es la falta de liquidez y fondos para echarlos a andar.

«Al momento de priorizar recursos dentro de las instituciones, como no les están dando todos los desembolsos prefieren garantizar gasto corriente, como salarios, compra de bienes y servicios, y postergan la entrada de los proyectos», dice Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

«Específicamente yo esperaba que fuera distinto, las prioridades frente a la recuperación económica que se necesita inversión, pero se sigue mandando un mensaje frente a la incertidumbre que si no se van a tener todos los recursos para pagar los compromisos mejor no echar a andar los proyectos», agrega.

Los problemas de liquidez que afronta el gobierno han sido señalados ampliamente en los últimos meses por diferentes organismos. El banco de inversión Stifel señalaba a finales de julio que la liquidez interna es una nueva preocupación. Sobre todo porque la capacidad de endeudamiento local es cada vez más limitada y las tasas, cada vez más altas que se están pagando en el mercado interno, la vuelven insostenible.

Solo el mes de julio el Gobierno no pudo colocar en la totalidad cinco emisiones de deuda de corto plazo (Letras del Tesoro y Certificados del Tesoro) en el mercado de valores local.

«La directriz es priorizar frente a un problema de liquidez, que yo sí creo que hay una crisis de liquidez; entonces se ha decidido que entre pagar salarios y proveedores o hacer una obra, (se eligen) los primeros dos», señala Castaneda.

Alas también dice que lo que se «mira es que el Estado hace más gasto de operación y no para proyectos de infraestructura e inversión».

También para los economistas hay otro problema y es la falta de planificación, ya que hay un conjunto de pasos que muchas veces no se hacen en su debido momento y eso provoca retrasos.

Los que más han ejecutado

Contrario a las instituciones donde las ejecuciones han sido cero, hay otras donde se ha duplicado lo que se había proyectado, como el caso del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINED) que había realizado un 214.97 % de lo proyectado.

El MINED había proyectado invertir a junio $66.3 millones y ha invertido $142.6 millones, de estos $135 para el programa de Reducción de Brecha Digital en Centros Escolares de El Salvador.

El FOVIAL también ha realizado más de lo programado. Tenía proyectado invertir $18.5 millones en 11 proyectos y ha ejecutado $19.5 millones.

Igualmente el Ministerio de Agricultura que ha ejecutado un 77 %, a pesar de que tiene cuatro proyectos a cero como la instalación de silos metálicos para el manejo de granos básicos; la instalación de módulos de riego para el incremento de la producción en San Miguel y La Unión, afectados por la sequía; el proyecto de apoyo a la agricultura familiar y la rehabilitación y adecuación de infraestructura para el establecimiento del Centro de Desarrollo de Acuicultura en Santa Cruz Porrillo, Tecoluca.

El factor FODES

Pero uno de los componentes que también impactará más la inversión pública y sobre todo las cuentas, es la «retención» del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).

Desde junio de 2020, las alcaldías dejaron de percibir los fondos que por ley les corresponden de los ingresos corrientes del Estado. Fue hasta mayo de este año que se dio un primer desembolso.

Para este año según lo proyectado por Hacienda se esperaba que se ejecutaran $221 millones; a junio, apenas logró el 18.6 % (que no está contemplado en el total ejecutado del Programa Anual de Inversión).

Para el economista Castaneda, este factor hará que dentro de poco se vean alcaldías quebradas.

Según publicó LA PRENSA GRÁFICA el 10 de agosto, las alcaldías utilizaron los fondos atrasados para pagar proveedores, y con el segundo desembolso empezarán a ejecutar los proyectos. Esto afecta a todas las alcaldías por igual, las más grandes, como Santa Tecla y San Salvador, han tenido o tendrán que adquirir deuda para pagar proveedores.

Para Castaneda el no traslado de fondos se da también por los mismos problemas de caja, donde las transferencias a las alcaldías no están siendo las prioridades.

Aunque para Carolina Alas, de FUSADES, lo que falta es un sistema que permita identificar los proyectos que son prioritarios y necesarios.

«Vemos la inversión que vamos a hacer en bitcóin, ¿qué vamos a ganar? Son elementos que se tienen que tomar en cuenta», detalla.

Solo para la implementación de la criptomoneda el Gobierno invertirá más de $200 millones, entre la caja de convertibilidad, los cajeros y el bono de «bienvenida».

Fuente: El Economista.

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