El aparato judicial es el elemento de la superestructura responsable de “hacer justicia”, representando al estado lo cual hace mediante la persecución del delito, para lo que se sirve de otra sub estructura como lo es el órgano investigativo, persecutorio y represor del delito, constituido en nuestro caso por la PNC; es en suma el recurso del estado cuya función es la de asegurar la justicia judicial cuando ella sea requerida.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Por cierto, hay que acotar que la justicia jurídica no es en ningún modo la justicia moral y ética a la que todos aspiramos en un mundo ideal, pues esta constituida por la mera satisfacción de la norma, no así de la expectativa que moralmente nos hacemos de la justicia en un sentido del deber ser, sin embargo, es lo que tenemos y supone los elementos básicos para poder aspirar a una relativa forma elemental de justicia, aunque no de carácter social.
La justicia entonces es una aspiración que raya lo ideal, casi lo supernatural, y consecuentemente vemos como las personas nos amparamos a “lo que sea”, con tal de obtener justicia.
Así, por ejemplo, hay quienes se amparan a lo divino en la búsqueda de la justicia, relegándola entonces al mundo posterior y renunciando consecuentemente a su búsqueda en el presente, sometiéndose a la promesa de la redención; tal aspiración es por tanto supeditada a una entidad superior, divina y, por tanto, ajena al mundo humano. No se puede por defecto descalificar, pues constituye un derecho, que debemos subrayar, de manera interesada es manipulada por razones obvias.
¿Pero, que hay si el aparato judicial es el que renuncia a la búsqueda de la justicia jurídica, supeditándose a intereses políticos que, por definición son opuestos a su razón de ser?
Cuando el aparato judicial es cooptado, alienándose para ser así instrumentalizado por intereses ajenos a su razón de origen, se conforma por principio en una herramienta persecutoria de objetivos políticos, renunciando a los intereses del estado y por principio, solo útil a los intereses de las élites que así lo instrumentalizan, derivando en una extensión del poder que lo somete, que así se legitima judicialmente, a la ves que puede, ahora sí, perseguir y reprimir a quienes se opongan desde la razón jurídica, silenciando por temor, a quienes además se pudieran sumar desde el principio de la legalidad a conformar dicha oposición. Es decir; cuando el aparato judicial es reducido a responder a una orientación política, avalándola aun en contra del tenor de la norma, se conforma en una herramienta que servirá solamente a la represión de cualquier resistencia al poder ilegítimo constituido, nacido constitutivamente de una acción ilegal – golpe o autogolpe de estado – y por tanto inconstitucional, por lo que sus efectos, sobre todo aquellos en los que más énfasis procura hacer, son por definición ilegales, y consecuentemente legítima su resistencia.
Entonces, incluso cuando estas acciones son movidas por un interés admisible, simplemente el que se ejecuten fuera del marco de la ley lo descalifica.
*Educador salvadoreño
