Según miembros de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, el país sigue engrandeciendo sus deudas en materia ambiental, prueba de ello es la sobre explotación de los recursos naturales.
FESPAD señala por medio de un comunicado de prensa, que las talas indiscriminadas de árboles continúan, tanto en zonas de recarga acuífera, como en zonas boscosas protegidas, tal es el caso del Cerro El Águila, en Juayúa, departamento de Sonsonate.
Por otro lado, se han otorgado permisos ambientales bastante polémicos a proyectos como Ciudad Valle El Ángel o Paseo del Prado, ambos en Apopa al norte de la capital.
A esto se suma el no acompañamiento a las comunidades indígenas del país, específicamente a las de Nahuizalco, en Sonsonate, en donde sus territorios se han visto amenazados por la construcción de la octava represa en el río Sensunapán.
Por otro lado está el descuido que se tiene sobre el río Lempa, el cual es receptor de plástico y de sustancias altamente contaminantes y nocivas para la salud humana, a pesar que es el principal afluente de agua potable del país.
A todo esto se suma que en el año 2020, el país se negó a firmar el acuerdo de Escazú, que buscaba promover el acceso a la información, acceso a la justicia y participación en asuntos ambientales y proteger a las personas que defienden el medio ambiente.
Por todo lo anterior, FESPAD pide a las autoridades correspondientes gestionar de una manera diferente a los medios naturales del país, ya que el no hacerlo implica obviar problemáticas como la causada por la COVID-19, ya que para tomar medidas de bioseguridad se necesita tener acceso a agua potable de calidad.
Es por ello urgente una política de gestión del agua con enfoque de derechos humanos, sin embargo, el Legislativo desestimó estas necesidades y archivó propuestas hechas para obtener justicia hídrica.
FESPAD pide a las autoridades del país, generar diálogo entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil en los asuntos ambientales para la protección de los bienes naturales.
Por otra parte, se debe retomar La Ley General de Aguas con enfoque de derechos humanos y ratificar la reforma al artículo 2 y 69 de la Constitución de la República, que reconocen el derecho humano al agua.
