Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
El pasado martes 11/05/2021, la Asamblea Legislativa aprobó la contratación de 730 millones de dólares, adelanto de un total ya pactado con el FMI por 1,400 millones de dólares; de estos 91 se orientarán a los planes de seguridad, más 109 orientados a modernizar a la Fuerza Armada.
Hay que acotar que en materia de seguridad y a pesar de la reducción de asesinatos consecuentes con la violencia social estructural que nos abate, enfrentamos un aumento sustancial de las desapariciones, que el caso del ex policía Ernesto Osorio cuyo hogar utilizara para el enterramiento colectivo de víctimas, y que de acuerdo a la propia Fiscalia General de la República (FGR) podrían contabilizar hasta 47, a lo largo de los últimos dos años, evidencia con crudeza las dimensiones del fenómeno puesto que ése no es un hecho aislado[DW].
Tan bizarra y truculenta información pone en relieve la cruda descomposición social que reproduce asesinos seriales, que como el de arriba aprovechan las debilidades institucionales en materia preventiva, como la desidia estatal en materia educativa.
Como sea el que se utilicen 109 de los 730 millones de dólares para actualizar al ejército, da lugar a reflexionar sobre las prioridades que simplemente la administración actual se niega a atender.
Por ejemplo, de acuerdo al Ministerio de Educación (MINED) solo el 17% de estudiantes pudo realizar una inversión para dotarse de computadoras para hacer frente al modelo en línea, a lo que debemos sumar que hasta el 73% de los estudiantes que se conectaron lo hicieron a través de móviles cargados con paquetes de datos, de entre los cuales apenas el 22% pudo mantener la conexión durante toda la clase, pues no pudo financiar los 45 minutos requeridos, lo que ha obligado a muchos docentes a reducirlas a apenas tres minutos – el mínimo calculado que pueden los estudiantes mantener la conexión – en los cuales no hay posibilidad de ninguna síntesis y si apenas de dejar a los jóvenes tareas investigativas.
En consecuencia, hasta el 80% de estudiantes reconoce “…no haber aprendido nada o casi nada en la emergencia sanitaria…” (MINEDUCTYL), admitiendo el MINED que incluso el 84% del estudiantado nacional y hasta un 90% de educadores no han recibido ni el equipo ni la conexión para realizar un enlace efectivo del ejercicio educativo.
Los datos en materia educativa son de conocimiento público, como la inseguridad estructural que nos amenaza, revelan con crudeza el que la salud mental por un lado y la formativa de la población por el otro, son verdaderas y urgentes prioridades sin el debido abordaje, lo que vuelve más incomprensivo el que esos recursos se orienten al ejército, no a los órganos de seguridad social, que además de ser reproductor histórico de la violencia que nos aflige y aliado incondicional de la impunidad imperante, promueve y estimula más violencia y más impunidad.
Debe, la historia lo impone, la administración revisar las prioridades financieras para favorecer con los escasos recursos a la población, acabando finalmente con los privilegios que erosionan nuestra economía, debilitando más a la reducida democracia que padecemos.
*Educador salvadoreño.
