El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició el fin de semana lo que denominó una «limpieza de casa» destituyendo, con el apoyo del Congreso, a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Ante el rechazo unánime de organizaciones civiles, organismos internacionales e incluso el gobierno estadounidense, Bukele adelantó que planea seguir removiendo funcionarios.
«Al ser depuestos de sus cargos estamos hablando de que se configuró un golpe de Estado. Esta decisión elimina los últimos controles que quedaban para el ejercicio del control político del presidente y nos deja expuestos a graves violaciones a los derechos humanos», expresó en diálogo con Página/12 Eduardo Escobar, director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana.
La primera medida adoptada el sábado por la nueva Asamblea Legislativa, donde los aliados de Bukele tienen 61 de 84 escaños, fue destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y nombrar inmediatamente a sus reemplazantes, en una clara violación a la legislación nacional. La Sala había rechazado varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia al considerar que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía. «La Sala les hizo saber que los decretos que suprimían y limitaban derechos fundamentales debían ser promulgados por la Asamblea Legislativa, en aquel momento con mayoría de partidos no afines al gobierno de turno. Les ordenó también regular que si iba a haber una reactivación económica debía establecer un plan y hacerlo también en conjunto con el Legislativo, pero no quisieron hacerlo», recordó en ese sentido Xenia Hernández Castro, directora ejecutiva de la Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ).
El Parlamento destituyó también al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por una supuesta cercanía con el opositor partido de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Entrada la madrugada del domingo ya habían elegido a su sucesor, Rodolfo Delgado. «Esto simplemente fue una vendetta política. Las causas se pueden resumir en inconformidad con lo resuelto, simplemente es eso», simplificó Eduardo Escobar.
Minutos después de la votación para destituir a los magistrados, el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la medida por atentar contra el sistema de gobierno. Pero, obviamente, el gobierno de Bukele no lo cumplió. «Como estamos en una situación de ruptura del orden constitucional, obviamente esto no se va a cumplir, y si se hubiera intentado cumplir recordemos que el presidente tiene los fusiles de su lado», argumentó Escobar.
El secretario general del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, afirmó en su cuenta de Twitter que el presidente salvadoreño «consuma un claro golpe a la democracia y da un paso más en dirección a la dictadura y autoritarismo». En tanto Rubén Zamora, exdiplomático y político, aseguró: «En mi larga vida política, nunca he visto que en 6/8 horas se viole tantas veces la Constitución ni las leyes del país».
El domingo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la «profunda preocupación» de su gobierno «por la democracia de El Salvador». La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a Bukele que garantice «la separación de poderes y el orden democrático». Por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres, le exigió al mandatario salvadoreño que respete la Constitución y la división de poderes.
A las reacciones de la comunidad internacional, Bukele les respondió con su habitual sorna: «Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia».
Tanto los magistrados destituidos como el fiscal Melara habían sido electos por la anterior legislatura dominada por Arena y el FMLN, los partidos que se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019. «Esto no es improvisado. Hay un descontento con respecto a los últimos 30 años de administraciones que no lograron establecer conexiones directas con la población. El proyecto de la familia Bukele calza perfectamente con ese descontento popular», dijo a este diario el historiador Carlos Cañas Dinarte.
Cañas Dinarte agregó que los enfrentamientos entre la presidencia y la Corte Suprema son históricos, aunque «desde el reestablecimiento de la democracia en 1982 nunca habíamos tenido una situación como la que se ha vivido el sábado». Las consecuencias que esta tensión entre poderes podría tener sobre la población salvadoreña son preocupantes. «Sin institucionalidad independiente no habrá adónde acudir si hay un acto ilegal dado por cualquier institución pública, o si se comete alguna violación de derechos a la vida», planteó Hernández Castro desde la Fundación DTJ.
(Tomado de Página12)
