En su informe de evaluación de los derechos humanos en El Salvador, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) sostiene que el Gobierno debió iniciar el aumento al salario mínimo en enero de 2020.
De acuerdo a Omar Flores, director de cultura de Derechos Humanos de Fespad, el aumento se tuvo que haber dado previo a la pandemia. “En enero 2020 tendría que haber sido aplicado un nuevo ajuste al salario mínimo, previo a la pandemia y eso no se dio. El primer día del año 2020 iniciamos con estas deudas”, indicó.
El informe también detalla que el 2020 fue un año de retrocesos en derechos humanos y graves violaciones a la dignidad de las personas. Dicha regresión se le atribuye principalmente al Ejecutivo.
“Claras detenciones arbitrarias ordenadas con abuso de poder en violencia a la Constitución y a las leyes vigentes. El debido proceso legal fue totalmente desconocido por los agresores estatales”, comentó Saúl Baños, director ejecutivo de Fespad.
Baños aseguró que hubo violaciones de parte del Ejecutivo al núcleo de libertades. “Hubo violaciones graves al núcleo de libertades compuesto por la libertad de expresión, de tránsito, de prensa y de acceso a la información pública”, expresó.
Por otra parte, Loyda Robles, coordinadora de transparencia y anticorrupción de Fespad dijo que la negativa del presidente de la República, Nayib Bukele, de acatar las medidas de la Sala de Constitucional ha afectado el clima político del país. “La reticencia del mandatario a dar cumplimiento a las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el contexto en el cual la Sala estaba emitiendo resoluciones que no le eran favorables a los intereses del órgano Ejecutivo”, añadió.
El informe de Fespad también asegura que la pobreza aumentó y el acceso al agua disminuyó y esto dificultó la prevención de la covid-19.
