El presidente Joe Biden dejó sin efecto la orden de su antecesor Donald Trump de suspender la emisión de visas permanentes de trabajo y residencia, conocidas como green cards, que estaría vigente hasta el 31 de marzo, informó anoche el diario Los Angeles Times.
Trump dispuso esa medida con el argumento de que protege el mercado laboral golpeado por la pandemia del coronavirus, cerrando el paso a mecanismos para la inmigración legal que no había podido recortar. Al tomar esta decisión, Biden argumentó que cerrar las puertas a los inmigrantes “no promueve los intereses” de su país.
“Al contrario, perjudica a Estados Unidos, al impedir que ciertos miembros de familias de ciudadanos estadunidenses y residentes permanentes que cuentan con documentos se unan a sus familias aquí. También perjudica a las industrias de Estados Unidos que utilizan talentos de todo el mundo”, afirmó el presidente.
En tanto, anoche un juez federal prohibió indefinidamente que el gobierno de Biden imponga una moratoria de 100 días a la mayoría de las deportaciones.
El juez federal de distrito Drew Tipton emitió una orden judicial preliminar solicitada por Texas, que alegó que la medida violaba la ley federal y podría suponer costos adicionales para el estado.
Biden propuso la moratoria de 100 días a las deportaciones durante su campaña electoral como parte de una revisión más amplia de las políticas migratorias y un intento de revertir las prioridades del ex presidente Donald Trump.
Biden propuso un proyecto de ley migratoria integral que permitiría la regularización de los aproximadamente 11 millones de personas que se estima viven en el país sin los permisos necesarios. Además, ordenó otros lineamientos para agentes migratorios y fronterizos.
Tipton, que fue nominado por Trump, dictaminó el 26 de enero que la moratoria viola la ley federal sobre procedimientos administrativos y que el gobierno de Estados Unidos no demostró por qué está justificada. Su orden de restricción temporal expiraba este martes.
El gobierno de Biden ha seguido expulsando a migrantes con un proceso separado iniciado por funcionarios de Trump, que invocaron la ley de salud pública por la pandemia del coronavirus.
Por lo pronto, la administración de Biden busca dejar libres a niños migrantes y llevarlos con sus familiares en el país debido a que las instalaciones para su cuidado a largo plazo están casi llenas, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos autorizó a los administradores de los albergues a financiar el transporte de los menores a las viviendas de sus patrocinadores.
A todo esto, después de tres años y medio de vivir en una iglesia de Misuri para evitar ser deportado, el inmigrante hondureño Álex García finalmente salió ayer del lugar, luego de que el gobierno de Biden prometió dejarlo en paz. García, casado y con cinco hijos, iba a ser deportado en 2017, el primer año de gobierno de Trump. Días antes de la fecha programada, la Iglesia Unida de Cristo en Maplewood, le ofreció santuario (refugio).
Sara John, de la Comisión Interconfesional para Latinoamérica, dijo que García decidió dejar el lugar después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) declaró que ya no buscaría su detención ni repatriación.
García no es el único que ha dejado un santuario desde que Biden asumió la presidencia. José Chicas, salvadoreño de 55 años, abandonó una residencia propiedad de una iglesia en Durham, Carolina del Norte, el 22 de enero. Saheeda Nadeem, paquistaní de 65 años, salió de un templo en Kalamazoo, Michigan, a principios de este mes. Y Edith Espinal, originaria de México, abandonó una parroquia de Ohio luego de más de tres años.
