Las inspecciones en archivos militares son legales y no perjudican a la Fuerza Armada. Esa fue la conclusión que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo pública esta semana, luego que un capitán y dos jurídicas de la Fuerza Aérea negaran el acceso a los archivos militares, al juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, que investiga la causa de la masacre de El Mozote, de 1981.
Asimismo, por unanimidad, la Sala refuta los argumentos del Ministro de la Defensa, René Merino, quien presentó un amparo para impedir las inspecciones, y le explican que la finalidad de la diligencia no es conocer los planes militares actuales, sino los de 1981.
“No se advierte de qué manera la exhibición de esos registros -de los cuales se ha ordenado su inspección en el contexto de un proceso penal, para investigar la responsabilidad penal de los efectivos militares en esa masacre-ponga en riesgo la seguridad nacional o del Estado por la revelación de planes militares secretos, ya que el objeto de ese procesoe penal es la búsqueda de la verdad sobre los hechos delictivos que acaecieron en esa masacre”, señalan los magistrados.
En ese sentido, la Sala de lo Constitucional le recuerda al ministro Merino, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el 25 de octubre de 2012 a investigar la masacre de El Mozote, por tanto, el Estado salvadoreño está “obligado a realizar todas las tareas necesarias para contribuir a esclarecer lo sucedido a través de herrramientas legales, que permitan llegar a la verdad”.
Delito
La Sala también adviertió al ministro de la Defensa, René Merino, que impedir las inspecciones a los archivos militares puede constituir delito.
El ministro Merino dijo a la Sala de lo Constitucional que las inspecciones no se podían permitir, porque al acceder a los archivos, el juez estaría cayendo en delitos como “revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, revelación de secretos de estado, etc”, dice en la demanda.
Sin embargo, la Sala le responde que la inspección nace de una investigación judicial denominada “Masacre El Mozote y lugares aledaños”, “el cual constituye un acto de prueba y tiene por objeto recabar elementos de prueba para individualizar a los responsables”.
“En ese sentido, el acceso a dichos registros, más que ser una conducta delictiva –como pretende hacerlo ver la parte actora–, constituye el cumplimiento de una orden judicial concreta pronunciada dentro de un proceso penal específico y, por el contrario, obstaculizar la diligencia judicial podría ser constitutivo de delito”, añade la resolución.
