Una vez asentados los resultados electorales del 3 de febrero pasado, que dieron como Presidente de la República a un nuevo partido y personaje al frente del ejecutivo, las consecuencias empiezan a formarse, y en casi siempre de manera negativa, hay condiciones que están dando una aprensión importante en la clase trabajadora del sector público; en algunas empresas privadas recalcitrantes y anti sindicales, hasta se están subiendo en el carro de ese cambio, aduciendo que hoy si los sindicatos van a desaparecer, en tanto el FMLN ha salido fuera del ejecutivo.
¿Por qué se percibe un estado de aprensión en la clase trabajadora dentro del sector público, tiene varios sustentos: primero, el sector público tiene la característica de ser uno de los que sienten los efectos de los cambios de partido político, sobre manera en las áreas de las alcaldías, en el reciente resultado del 4 de marzo/2018, la llegada de un arenero recalcitrante a la Presidencia del órgano legislativo, arrojó mayores sismas a la estabilidad en la Asamblea Legislativa—con el argumento de que habían demasiados gastos en empleados y que en unas oficinas centrales y descentralizadas habían incrementado de manera des ordenada y presionaba las finanzas e incrementaba el presupuesto—
Esto tiene que ver al igual que la oficina del Tribunal Supremo Electoral, con la presión de la acción de los partidos políticos que quieren tener sus cuotas de empleados—esto es lo que siempre se ha denominado como clientelismo político, que degenera en el nepotismo y la falta de transparencia en el reclutamiento, selección y contratación de personal. Y donde las oficinas de recursos humanos sólo han servido como pasa papeles, anuladas por la forma de gestionar del titular de manera corrupta los recursos humanos.
La nota de que se está pidiendo o acatando instrucciones de la Presidencia de la República, que no hayan acciones administrativas y legales de personal en el sector público, hace que el ambiente sea un caldo de cultivo para la crítica objetiva y subjetiva de todos los sectores sociales diversos. Por cuanto en un “atarrayazo” se pretenden someter a justos por pecadores. ARENA lo hizo, FMLN lo hizo y ahora desde dentro por cuanto aún no ha tomado posesión el nuevo Presidente, ya hay a lo interno caballos de troya que están minando la gestión pública para caer supuestamente parados, cuando inicie la nueva gestión.
Segundo, en toda institución pública hay condiciones estables o inestables que caracterizan las relaciones laborales, conocemos claramente las dificultades ocasionadas en el ejercicio de reivindicar los derechos de trabajadoras, en donde muchos funcionarios(as) del actual gobierno, no han podido ejercer una buena gestión, y han provocado inestabilidad y conflictos laborales que muchos continúan latentes, otros se han ido acumulado hasta convertirse en verdaderas bombas de tiempo—que en el momento menos pensado revientan ocasionando una situación de cuasi ingobernabilidad.
A nuestro entender la gobernabilidad, no viene de los partidos políticos, sino del pueblo, el asunto está en que muchos sectores del pueblo son conducidos demagógicamente—incluyendo a los sindicatos- otros están completamente desinteresados en lo que pasa (48% que no vota); y otros segmentos indignados y hastiados de la situación que se vivencia en la sociedad, son más difíciles de prever. Tercero podemos advertir que muchos derechos laborales se subsumen bajo el derecho administrativo, lo que resulta en un accionar represivo y fuera de todo contexto de desarrollo humano de las personas trabajadoras que atienden los servicios públicos. Los abusos, prepotencias, arbitrariedades de muchos de los funcionarios(as) que se dieron a la tarea de ahogar las reivindicaciones de la clase trabajadora, nos presenta un grave deterioro en los servicios públicos para la ciudadanía.
Y para algunos que buscan pretender mejorar esta situación, lo quieren hacer imponiendo la ley de procedimientos administrativos y la ley de la función pública, que supuestamente pretenden darle poder a las personas que día a día son humilladas, mal atendidas y poco satisfechas en su derecho a servicios públicos que les mejoren sus vidas.
No obstante el reto está en cómo armonizar los derechos laborales y el derecho administrativo, y no es haciendo que la ley se sesgue a favor de la prepotencia y arbitrariedad del funcionario o que haya grupos sindicales ad hoc que el funcionario manipula a sus intereses. Sino que dentro del marco de la ley laboral se respeten a cabalidad los derechos de las personas trabajadoras; de tal forma que contratos colectivos u otros derechos conquistados no se vean mermados por la aplicación de políticas públicas neoliberales o por hacer que se mejoren los servicios públicos, se cometan violaciones generando excesos en la jornada, estancando los salarios, desprotección social o falta de libertades sindicales, inestabilidad laboral, entre otros.
*Sindicalista salvadoreño
