(Por: Luis Arnoldo Colato Hernández, educador)
En días pasados conocimos la propuesta de un candidato opositor, para erogar vía congreso el impuesto a la telefonía, que como sabemos se orienta al tema de seguridad, gracias a la cual luego de su implementación en la presente administración, se tienen resultados tales como la reducción hasta de un 50% en muertes violentas, que alcanzara en su peor momento picos de 24 asesinatos por día en años pasados.
Al cierre del año anterior se reducían a 11, siendo el promedio del presente año 9, lo que se traduce en una atmósfera de mayor seguridad y confianza que redunda en más inversión, que al mes de junio habían ya alcanzado el 179% en relación al mismo período en 2017, convirtiendo a nuestro país en «…el más atractivo para la inversión directa extranjera…» de todo el istmo, de acuerdo a las cifras para el mismo ejercicio hechas públicas por el Banco Centroaméricano y el BID, que evidencia lo exitoso del proyecto.
Lamentablemente el aparato judicial carece de la misma agilidad, arrastrando una creciente mora que solo en relación al mismo aparato, es de 700 casos no resueltos por razones obvias, habiendo judicializado apenas otros 80 en los últimos 5 años, lo que descarnadamente revelan su labor.
Es el punto que los males estructurales son los que deben ser abordados y resueltos sin más demora, lo que llanamente propuestas como la del candidato en cuestión no hacen, que de hecho agudizan en su disfraz, puesto que con la excusa de eximir de impuestos «…a los más desposeídos…», es como siempre una vulgar exención al capital, que no beneficiará a ningún descalzo, quienes seguirán pagando tales cuentas al tiempo que las telefónicas sigan haciendo pingües beneficios.
Ello por supuesto porque tal propuesta no es sino un anticipo de lo venidero, en caso de lograr el respaldo del soberano, puesto que los privilegios estatales serán para beneficiar a los pudientes, la gran empresa y el capital en general, siguiéndole la reducción del aparato estatal – lo que redundará en su incapacitación del cumplimiento de sus funciones -, tal cual sucediera en las gestiones de derecha en el pasado, privatizando el agua, salud, educación y seguridad pública.
Dudar que será así se despeja con apenas contemplar lo que ahora mismo sucede en Sur América, donde por ejemplo en Argentina los 2 años de administración macrista se han cobrado con la peor crisis económica luego del corralito, reduciendo al país a mero paría que vendió su soberanía en favor de los financistas internacionales y sectores pudientes que ahora viven de la «renta de los abuelos», como suelen decir en el sur.
Ésta y cualesquier otra propuesta disfrazada no tiene otro propósito que el de poner al Estado al servicio completo de las élites, sumados sus costes a los desposeídos como su completa desprotección, tal y cual la historia demuestra, por lo que no aprobarla no basta, demanda el concurso de las fuerzas vivas que no prosperen estas iniciativas, denunciándolas y poniendo en evidencia su verdadero interés.
