Frente a la perseverante y creciente protesta popular contra los planes de privatización del agua por parte de ARENA, promovidos en el proyecto de la Ley Integral de Agua, elaborada y presentada por la ANEP, el candidato presidencial de dicho partido Carlos Calleja presentó el miércoles 4 de julio de 2018, a la Asamblea Legislativa, una pieza de correspondencia avalada por algunos diputados de ARENA y PCN, en la que proponen reformar el artículo 69 de la Constitución declarando el agua un derecho humano fundamental, con lo cual nos quieren convencer de su letanía y cantos de sirena, de que no quieren privatizar el agua ya que sólo quieren volver eficiente la administración del servicio.
La iniciativa del candidato Calleja evidentemente es electorera, en tanto declarar el agua como derecho humano fundamental no garantiza su no privatización y tampoco hay garantía de que en la próxima legislatura 2021/2024, ARENA no repetirá su traición a la patria negándose a ratificar la reforma, tal como lo hizo en la legislatura 2012/2015, ocasión en la que se negó a ratificar una reforma al artículo 69 que declaraba el agua como un bien público, reforma que había sido propuesta por el FMLN y aprobada el jueves 19 de abril del año 2012, por 81 votos, al final de la legislatura 2009/2012, obviamente el apoyo de ARENA en ese momento también fue una maniobra electorera.
Ahora el FMLN por tercera vez propone la reforma al artículo 69 de la Constitución insistiendo en que el agua sea declarada un bien público, ya que legalmente ello es lo que garantiza que se establezcan controles para evitar las fuentes de agua sean privatizadas. Las dos propuestas de reformas del artículo 69 han sido canalizadas a la Comisión de Legislación de la Asamblea, creando un nuevo tema de debate y de lucha popular.
Hay que tener presente que cualquier reforma al artículo 69 de la Constitución no entra en vigencia de inmediato, hay que esperar que la próxima legislatura la ratifique con mayoría calificada; por lo tanto, en lo inmediato lo que procede es que los diputados de derecha retiren como documento base de discusión la Ley Integral del Agua, proyecto elaborado a conveniencia de los intereses privados y retomen el proyecto de ley consensuado entre gobierno, movimiento popular y la legislatura 2015/2018.
La Ley Integral del Agua, no sólo tiene el problema de la conformación de la entidad Autoridad Nacional del Agua (ANA) que se supone administrará el servicio; su entrada en vigencia deroga artículos de otras leyes que entre otras cosas despoja a la ANDA de todas sus atribuciones actuales y queda como institución decorativa, despoja al Ministerio de Medio Ambiente de todas sus facultades de control y defensa de los mantos acuíferos y lo más grave le quita la naturaleza de bien público a todas las fuentes hídricas superficiales y subterráneas que pasarían a disposición de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) dejando a merced de la voracidad de los capitalistas la explotación de nuestros recursos hídricos, por ello no podemos caer en la trampa política de ARENA de impulsar una reforma a la Constitución que sólo les sirve para ganar tiempo.
El Movimiento popular debe profundizar su lucha y cualquier reforma a la Constitución debe orientarse a garantizar que todas las fuentes de agua sean declaradas como un bien público, se le puede agregar que el derecho al agua es un derecho humano fundamental, no hay problema en eso; no obstante no se puede ceder en la exigencia de que se retire como documento único de referencia de discusión en la Asamblea Legislativa el antipopular proyecto de la Ley Integral del Agua y se retome el documento consensuado de la anterior legislatura.
