Cristalizado el descarnado fraude electoral, lo que sigue para el régimen es desmontar por completo la legalidad, adelantando una reestructuración constitucional a la medida que establezca como legal todo lo ilegal que se ha hecho y se hará.
Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*
Es el propósito de las mal llamadas reformas que el oficialismo a carrera limpia realizó violentando el marco legal para ello, antes del arribo de la nueva asamblea, cubriendo formalidades como la incómoda refrenda generacional legislativa.
Para sustentarlo debe naturalizar la mitomanía y la corruptela practicada por el oficialismo, lo que es prioritario en esa hoja de ruta.
Para así lograrlo, esa reforma modifica el espíritu mismo de la Constitución, para así legalizar en el nuevo texto la reelección presidencial, o el manejo arbitrario de los recursos económicos públicos sin dar cuenta a nadie de su destino, bajo el supuesto de ejecutarse por “el bien público”.
Muy probablemente alguien suponga que el régimen no hará eso, pero ese buen ciudadano sólo debe examinar lo ocurrido los 5 años anteriores, con los dineros de las pensiones por señalar un solo ejemplo, y podrá calcular a partir de los hechos que redescubrirá, que la afirmación de arriba no es un sin sentido.
Si a pesar de la evidencia alguno sigue creyendo que esos dineros retornaran a los trabajadores, que se siente, se sirva un cafecito y espere.
Por otro lado, estas reformas también facultará al régimen para recompensar legalmente a sus aliados, quienes le apostaron desde la sombra, se han repartido la bancada oficialista de acuerdo a sus intereses, invirtieron desde el anonimato y esperan su compensación.
Para evidenciarlos estimemos el informe de OXFAM que descubre en la oligarquía nacional, alrededor de 160 familias que se han agenciado en esta gestión, el 90% del PIB para su particular beneficio, al primero de esos aliados, que garduñan a su antojo el erario público patrimonialmente.
A estos debemos añadir el capital extranjero que junto a estas acompaña al régimen, en particular la compuesta por el de origen judeo mexicano, y establecido en el golfo, y que son quienes surten al ejército y seguridad pública, para quienes ya hay un primer bocado al transferirles la administración de la lotería nacional.
Quién mueve los hilos detrás del proceso que describimos es por supuesto los EEUU, quién ya aseguró lo que desea: que el estado salvadoreño se alinee incondicionalmente con sus intereses.
Y por supuesto, el gerente de ese consorcio, ese que se autodenomina rey sabio, sin haber parido ideas propias y menos aún producido un ideario con algún sentido más allá de los clichés de su propaganda.
Ese mismo. No solo acomodarán la legislación a estos intereses, sometiendo de paso la soberanía y las prioridades nacionales a los capitales que se rifarán al país, lo entregarán mediante privatizaciones convenidas y amañadas que ya adelantan, enfocándose en salud y educación pública, así como los servicios hídricos.
Confían hacer así de este paisito, el genuino edén de los paraísos fiscales.
*Educador salvadoreño
