Relaciones laborales en un ámbito político autocrático

Tratemos de construir una definición de relaciones laborales, en principio se piensa que es algo entre más de una parte—es entre los empleadores (el término más reciente acuñado dentro de la jerga neoliberal) y las personas trabajadoras—es algo más específico que los términos del código del trabajo (1972) que describe las relaciones entre el capital y el trabajo, recordando claramente que son dos partes la que sostienen la relación laboral, y que la legislación nacional e internacional es el marco regulatorio para que esa relación sea de lo más equilibrada y satisfactoria para ambas partes. Y sobre de acatamiento y cumplimiento forzoso (obligatorio).

Por: Róger Hernán Gutiérrez*

En términos de un régimen político con una democracia formal burguesa u oligárquica, a favor del más fuerte de la relación laboral, los que tienen los medios de producción es decir los empresarios, la terminología jurídica para dejar claramente definidos e interpretados los derechos laborales, es todo un montaje de una supuesta legislación equilibrada, pero lo que realmente existe es la anulación, la prescripción, la oscuridad interpretativa en la práctica y un texto claramente a favor de quienes dominan la relación laboral.

Ese régimen democrático oligárquico, que ha prevalecido en su beneficio y garantía de su poder de acumulación capitalista—es decir explotador—ha venido desde la constitución de 1950, caracterizada por incorporar cierto régimen social, en un contexto desarrollista en el país, ha prevalecido dentro de la reforma del 62 y del 83, es decir el capítulo relacionado con el trabajo y la seguridad social, se ha venido encapsulando en algo casi inmutable, en tanto que las relaciones sociales de producción no han evolucionado en lo más mínimo y lo que se impone es la subordinación y control laboral, que en términos sencillos es la anulación y coacción de la relación laboral.

Con la globalización económica (Reagan – Tahtcher) en el mundo, se impuso por la oligarquía y el partido ARENA el uso patrimonialista del Estado (1989), y un favorecimiento del supuesto libre mercado (a la importación, comercio exterior, régimen financiero-bancario-este último una caracterización de la etapa imperialista; que puso en una clara etapa anacrónica a la legislación laboral (1963-1972), que ni el Foro de Concertación Económica (1993) fue capaz de incorporar para una real transformación productiva. Para el caso la introducción de zonas francas para la confección de prendas de vestir e indumentarias (1990), donde el código no incorporó nada, haciendo un régimen laboral paralelo y subordinado a la hacienda pública (aduanas) y economía.

Esa diferente lógica económica, afianzó la relación laboral trastocándola con el impulso de tratados de libre comercio y la estrategia empresarial de la flexibilización y desregulación laboral. El Código del Trabajo, es una herramienta obsoleta y anacrónica, incapaz de desarrollar una efectiva tutela laboral, para colmo en el ejercicio de ARENA, se pretendió imponer el modelo NO SINDICATO, en la base de que ya no era necesario el conflicto de clase y volvíamos a un estado de derecho oligárquico. Y se introdujo terminología como el plan estratégico de país o pactos de nación económico-social, que no fructificaron, la empresa privada introdujo su manifiesto empresarial, que tampoco se retomó en lo más mínimo, siguieron supuestos cambios en el régimen político, se afianzó la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, se rompió con supuestas ventajas en el diálogo social.

Todo eso fue como un sueño que adormiló a toda la población (1989-2019), el FMLN se prestó al continuismo al ocupar sillas edilicias y diputaciones, y dejar desarrollar el neoliberalismo en toda su expresión—el país se ha vendido en su totalidad, y el efecto de todo esto en las relaciones laborales es de una total esterilidad de bienestar económico, un deterioro constante de derechos laborales y ciudadanos conquistados a base de lucha social, definidos legalmente y legitimados por años de historia hacia la liberación definitiva; la institucionalidad pública decayó en altos grados de incompetencia, infuncionalidad, arbitrariedad, manejos administrativos turbios y alta corrupción del funcionariado, asesorías.

En régimen autocrático las relaciones laborales, se deterioran más, se menoscaba la legalidad, el compromiso mútuo, la reciprocidad; presentan una alta verticalidad, son bastante jerarquizadas e impuestas, con escaso diálogo democrático, sin principios de apertura, transparencia, y sobre todo dejando de lado en total marginalidad y exclusión social, la procuración del bienestar colectivo y la puesta en común de la información vital, estratégica para una toma de decisiones efectiva, solidaria y de provecho para los diferentes sectores laborales.

*Sindicalista salvadoreño

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