POR: TOÑO NERIO.
Ya hemos hablado en otras ocasiones de como la familia bukele se quedó con el dinero que el gobierno de México le regaló al pueblo salvadoreño para establecer entre los agricultores un programa de producción de alimentos y otro para impulsar un programa de primer empleo para la juventud.
No una vez, ¡dos veces!: la primera, en Tapachula (20 de junio de 2019) y la segunda en San Salvador (6 de mayo 2022). Cada vez que Andrés Manuel López Obrador tuvo encuentros con bukele, México regaló decenas de millones de dólares a El Salvador, no por amor sino como una estrategia para generar desarrollo y frenar la migración.
En Tapachula, bukele ofreció como contrapartida cincuenta mil hectáreas para sembrar maíz. En la segunda, declaró haber logrado emplear a decenas de miles de jóvenes y haber conseguido un superávit alimentario. Sin embargo, ninguna auditoría ha podido ser presentada y AMLO está teniendo problemas para justificar ante la Contraloría esos fondos federales.
En oposición a las expectativas mexicanas de ver reducidas las oleadas de migrantes salvadoreños en su frontera sur, lo que vemos es que el río crece porque en su país no hay agricultura ni comida ni empleo ni esperanzas.
“Los agricultores afirman que para el ciclo 2022-2023, el panorama pinta gris una vez más, y prevén una caída del 29.5% en la producción, lo que se traduciría en menos granos básicos para la población y para las familias productoras” se leía en un artículo de la Revista Estrategia y Negocios de La Prensa Gráfica del 06 de mayo del 2022, el mismo día de la visita de AMLO a El Salvador. O sea, tres años después de haber recibido la primera donación, la agricultura y el empleo habían empeorado.
Un año después Moisés Alvarado publicó en El Diario de Hoy el artículo La producción de granos básicos de 2023 fue la más baja en siete años en El Salvador. Y decía que “el país produjo, en el ciclo 2023-2024, 17.2 millones de quintales, insuficiente para alimentar a toda su población. Los expertos vaticinan que la producción irá a la baja en los próximos años por la falta de incentivos de trabajar la tierra”.
Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor explicaba también en esa ocasión que la reducción de la producción “tienen que ver con la cantidad de manzanas que se trabajan, que para el presente ciclo cayeron hasta las 298 mil –un 29% menos- si se le compara con lo registrado dos años atrás, en el exitoso ciclo 2021-2022”.
Durante los dos gobiernos anteriores, encabezados por el izquierdista FMLN la agricultura había recibido un impulso grande, cuyos efectos se prolongaron todavía dos años después, en especial en la producción de granos básicos, frijol y maíz. Porque,
además, para asegurar la soberanía alimentaria se estimulaba la producción y acopio de semilla criolla para la siembra con recursos propios, libres de las semillas transgénicas de las compañías que monopolizan el mercado, que envenenan sociedades y asfixian a las economías de los países pobres como El Salvador.
Sin embargo, lejos de ayudar a los agricultores salvadoreños, tres días después de la visita del presidente mexicano a San Salvador, bukele dio a conocer con todo desparpajo que se había gastado en comprar bitcoines una cantidad exactamente idéntica a la del dinero de la donación que había recibido. Como agravante, la cuenta de los bitcoines del presidente salvadoreño está a su nombre como individuo y no en una cuenta de la República.
Se desconocen los montos en dólares o el número de cripto activos que el presidente ha acumulado comprando con fondos del erario público y donaciones o cuantiosos préstamos que se han añadido a la deuda soberana, más sus respectivos intereses.
Pero a la desviación de los recursos donados por México, hay que agregar que la rama de agricultura del gabinete es una de las que reciben menos asignaciones presupuestales y es una de las que primero sufren recorte de fondos cuando el ejecutivo necesita reforzar otros proyectos de los bukele. Y no solo eso: el ministro de agricultura es un técnico en diseño digital que estuvo preso acusado del delito de plagio cometido por órdenes del hoy presidente.
La promesa del presidente salvadoreño a AMLO de poner cincuenta mil hectáreas como contrapartida a la donación mexicana no solo no fue cumplida, sino que en una decisión de sentido totalmente opuesto, le arrebató ciento dieciséis hectáreas de tierras productivas a decenas de pequeños agricultores que producían maíz y frijol para el mercado interno. Aquellos maizales hoy son la cárcel más grande de Latinoamérica… Y dice que va a construir otra cárcel de iguales o mayores dimensiones.
Pero no conforme con eso, bukele expropió a muchos otros agricultores para regalar la tierra a empresas generadoras de energía eléctrica, solar y eólica, para minar bitcoin. La factura eléctrica para los hogares en El Salvador es la más cara de la región (0.24 Kwh), solo superada por la de Guatemala. De hecho, el servicio eléctrico es casi el doble que en Costa Rica (0.16 Kwh) y ocho veces más caro que en Cuba (0.03 Kwh).
El resultado inmediato es el de miles de agricultores sin tierra para trabajar, aparte de otros muchos centenares que están siendo expropiados para entregarles la tierra a los familiares y socios de la familia bukele dedicados a la industria inmobiliaria y turística.
Todo lo contrario a lo que ocurría en el pasado reciente, durante el gobierno del Profesor Salvador Sánchez Cerén, por ejemplo, cuando gracias al apoyo gubernamental, durante la temporada 2016-2017, la cosecha de maíz permitió la
cobertura del cien por ciento de las necesidades del mercado nacional y de un ochenta por ciento en el caso del frijol.
Ese apoyo a la agricultura por parte de los gobiernos del FMLN tuvo tres impactos de forma inmediata: reducción de la pobreza rural, mejora del estado nutricional de la población, especialmente infantil, y combate a la inflación en los precios de alimentos.
En sentido opuesto, desde 2019, como resultado del abandono de la agricultura por parte del gobierno de la familia de los voraces palestinos, se observa un aumento sostenido de la pobreza rural, la desnutrición infantil y el incremento imparable de los precios de la canasta alimenticia, en particular de los granos básicos.
Una de las razones de la política de abandono de la población que se dedicaba a producir granos básicos tiene que ver con el interés egoísta del grupo en el poder que es el principal importador de alimentos. Otra, es la de arrebatar las tierras de las manos de los pequeños y medianos agricultores para entregarlas a los monopolios de la gran oligarquía productora de caña de azúcar y exportadora del endulzante. Finalmente, y de manera primordial, la expulsión del campesinado tiene como propósito la concentración de la tierra en manos de los desarrolladores inmobiliarios y empresarios del turismo que operan como lavadores del dinero del crimen organizado internacional.
Los efectos sociales del bukelato: la periodista Irma Cantizzano publicaba el 24 de noviembre de 2023, en La Prensa Gráfica un reporte de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), según el cual una cantidad de doscientos mil salvadoreños se han incorporado a la población que vive en la extrema pobreza en el país centroamericano gobernado por la familia bukele. La tasa de pobreza extrema –es decir, la gente que no alcanza a comprar ni siquiera su comida- creció un tres por ciento desde que llegaron al gobierno los insaciables “turcos” ávidos de riqueza.
El Informe Panorama Social de América Latina de la CEPAL detalla que la región latinoamericana entera ha experimentado una reducción de 1.2% en el promedio de la pobreza que se tenía con anterioridad a la pandemia del COVID19, aunque los niveles de la pobreza extrema continuaban sin variar desde 2019.
Pero la familia bukele se distingue del resto del continente, porque ha conseguido revertir las tendencias en todos los indicadores de avance de los pasados gobiernos. El 21 de julio de 2023 se dio a conocer por la Oficina de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que El Salvador se encuentra entre “los 18 puntos críticos de hambre en el mundo”. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), era coincidente con la FAO en cuanto a las perspectivas de inseguridad alimentaria aguda en El Salvador en su informe para junio-noviembre de 2023.
La tendencia al empobrecimiento de la población bajo el gobierno de la familia bukele es constante, sistemática y, por lo tanto, deliberada, planificada fríamente.
La curva hacia la hambruna es ascendente e inobjetable, si se considera que ya desde el 14 de noviembre de 2021, el informe PROGRESAN SICA II -del Sistema de Integración Centroamericano (SICA)- advertía que en El Salvador había novecientas mil personas experimentando “hambre estacional”, debida a la inseguridad alimentaria aguda que se observaba en el país. El documento precisaba que entre marzo y mayo de 2022, casi un millón de personas estarían “en crisis o emergencia alimentaria (Fase 3 o peor)” en todo el territorio nacional. No obstante, el SICA señalaba que las remesas de los salvadoreños migrantes “podrían evitar un mayor deterioro en la inseguridad alimentaria y nutricional, principalmente en el oriente del país.” Léase bien: por las remesas, no por ninguna política social de los bukele.
Por otra parte, la reportera Marielos Cea de La Prensa Gráfica escribía que “en las primeras nueve semanas de 2024, hubo 83 mil 408 casos de diarreas y gastroenteritis, el doble de lo registrado en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio de Salud.” Y seguía diciendo que eso superaba en 18.5% las cifras del año anterior. Peor, el Ministerio de Salud se niega a revelar los datos de muertes por diarreas y gastroenteritis. Eso es impactante, si se considera que en 2019, cuando bukele recibió el gobierno del país la cifra fue de solo 3 mil 754: ¡hoy son 80 mil más!
La misma periodista, en otra nota, precisaba que aunque el Ministerio de Salud no había publicado desde el 21 de diciembre del 2023 ni en todo el año 2024 el reporte epidemiológico sobre las infecciones respiratorias agudas (IRAS’s) -que debe ser semanal según los protocolos-, si se contaba con el del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y reflejaba que en las clínicas de la institución hay un severo repunte, llegando a un promedio de dos mil 800 casos diarios.
Los datos de los boletines emitidos por el ISSS son alarmantes: en la primera semana de 2024 hubo 15 mil 893 pacientes; y así se ha mantenido durante todo el año; el incremento es constante, de acuerdo con los cinco boletines que se han conocido.
La Oficina Sanitaria Panamericana (OPS), a la cual el gobierno salvadoreño no le puede esconder la información, publicaba el pasado 5 de marzo de 2024 que en El Salvador había un repunte de 29% en los casos de dengue en el inicio del año. Es la cifra más alta desde 2019, decía la OPS, o sea, desde que bukele está a cargo.
Las enfermedades diarreicas agudas (EDA’s) y las infecciones respiratorias agudas (IRAS’s) son dos indicadores de la pobreza. En El Salvador han regresado con fuerza, como resultado de las políticas de saqueo generalizado de la administración bukele. El neoliberalismo produce hambre, enfermedad y migración. Pero está mucho más que comprobado que a los sionistas autócratas eso no les importa: son genocidas.
