Con frecuencia se confunde la legalidad con la ética. Si bien el cumplimiento de las leyes es una muestra del talante ético de las personas, ética y legalidad no son realidades siempre coincidentes.
En El Salvador, muchos encargados de velar por el Estado de derecho están interpretando las leyes a favor de quienes tienen más poder; por ello, el imperio de la ley está fuertemente golpeado, debilitado por la arbitrariedad de esos funcionarios. Sin ética, o dicho en otras palabras, sin valores comunitarios y solidarios, las leyes sirven de poco. Quienes las aplican e interpretan pueden convertir la legislación en un instrumento de opresión.
La ética parte de la igual dignidad de las personas. La misma dignidad tiene el poderoso y el débil, el armado y el desarmado, el acusador y el acusado. Las responsabilidades legales de cada uno deben regularse desde el respeto a ese principio fundamental. Al privado de libertad a causa de un delito solamente se le pueden aplicar castigos o sanciones que estén debidamente regulados.
Al partido político pequeño debe dársele la misma facilidad para supervisar una votación que la que se da al partido más fuerte. A la empleada del hogar y los campesinos les corresponden los mismos derechos de cualquier otro trabajador. El problema en El Salvador es la larga tradición de catalogar a las personas como superiores o inferiores. Una tradición que ha estado acompañada de una prestación diferenciada de los servicios del Estado.
A lo largo de la historia nacional se ha oscilado entre Estados autoritarios que han convertido la ley del más fuerte en la normativa vigente y otros que, pese al compromiso de no hacer distinciones entre las personas a la hora de brindarles servicios, conservan costumbres que en definitiva burlan la igual dignidad de las personas. A este segundo tipo de Estado los expertos lo denominan Estado de derecho híbrido.
De este estilo fue el que nació de los Acuerdos de Paz. Por eso, por ser incapaz en la práctica de respetar plenamente la igual dignidad de las personas y promover con equidad el desarrollo, cayó en el descrédito y abrió el camino a un nuevo Estado autoritario de fuerte respaldo popular. Esta dinámica de oscilación entre democracias híbridas e incompletas, y populismos autoritarios viene repitiéndose desde la fundación de la República.
En la doctrina social de la Iglesia católica se considera “la sociedad civil como el lugar donde siempre es posible recomponer una ética pública centrada en la solidaridad, la colaboración concreta y el diálogo fraterno”. Frente a la oscilación entre Estado híbrido y Estado autoritario, a la sociedad civil le corresponde impulsar una ética construida sobre la igual dignidad de la persona; solo ello pondrá paro a la desigualdad, el individualismo del sálvese quien pueda y el malestar social y cultural. Cuando la esfera política es incapaz de caer en la cuenta de que hay valores que son innegociables y que la ley debe responder a ellos, toda la esperanza pasa a depender del empuje, las propuestas y la capacidad de diálogo de la sociedad civil.
