Admisión formal de un delito anunciado: fin de la República

Todas las medidas adelantadas por este régimen, han tenido el propósito descarado de desmontar la institucionalidad, abrazando la ilegalidad y por tanto la ilegitimidad.

Por: Luis Arnoldo Colato Hernández*

Así, el autogolpe que se aplicó para desmontar la corte suprema y cooptar al aparato judicial, son la concreta acción que acaban jurídicamente con la legitimidad del presente gobierno, por lo que por extensión la aceptación de parte de los magistrados corruptos del TSE de la ilegal candidatura tanto del dictador como la del segundón que le acompaña, acaban de facto con la República y sus instituciones, consolidando así la dictadura fascista que arrancó con el autogolpe.

Y es que no solo es cuestión de entender que, al intentar el régimen, darle a su gestión apariencia de legalidad por intermedio de la reelección, hace por principio precisamente lo opuesto, pues al violentar el mandato Constitucional comete desacato.

Tampoco tiene que ver con, supuestamente “…cumplir con la demanda de la población…”, pues el respaldo real con el que cuenta el régimen de parte de la población es apenas del 6,6%, de acuerdo a la última encuesta de la UFG, y no el mítico porcentaje inexistente que siempre ha alegado tiene.

Por otro lado, la demanda de la población por un control social real, no se ha cumplido, porque ello supone a la par de someter efectivamente al vandalismo y la criminalidad, atacar las causas estructurales que la originan, las que esté régimen en cambio ha agravado profundizándolas.

Esto porque no es lo mismo esconder la criminalidad que controlarla, disimularla a someterla, constituyéndose por ello bajo el estado de excepción, en una suerte de olla de presión que en algún punto estallará.

¿Son estos señalamientos entonces, solo palabras movidas por la malicia y los prejuicios de alguien que repudia al régimen?

Revisémoslo. Además de lo señalado arriba, desde el inicio de la presente gestión se han contratado más créditos que en los anteriores 30 años, los cuales empero no pueden constatarse con su equivalente en obras físicas que confirmen su uso en beneficio de la población, negando además el acceso y la vigilancia de estas cuentas, manteniéndolas en reserva, lo que ha derivado en una corrupción aún mayor a la de los regímenes militares y de arena.

Al carecer de ningún plan de gobierno desde su inicio, la improvisación caracteriza al régimen, perdiéndose así las inversiones de todos los inconsultos emprendimientos que ha implementado, mientras a la par ha aumentado exponencialmente la deuda externa del país sin ninguna utilidad.

La intolerancia de la gestión, como su mitomanía y cleptocracia, han derivado en un desprecio desmedido por la vida, lo que se ha traducido en el asesinato a manos de agentes del estado salvadoreño, de más de 200 ciudadanos.

Todo esto es constatable, y observado por la comunidad internacional, que en más de una ocasión llamó al régimen a retornar a la legalidad, por lo que, sumado al intento de reelegirse, son razones harto válidas para cumplir con lo mandatado en este caso por la Constitución.

*Educador salvadoreño

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